Las reglas del juego latinoamericanista

La oposición faltó a la cita con el presidente Nicolás Maduro, argumentando que sólo acepta un encuentro para hablar de pacificación "con una agenda de asuntos relevantes al interés nacional, y con la participación de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que facilite, garantice y, de ser necesario, medie, para que ese diálogo sea fructífero". El mandatario interpretó inmediatamente que la dirigencia más radicalizada de la MUD no quiere la paz y busca seguir empiojando las calles y provocar de ese modo reacciones peligrosas para el sistema democrático en ese país.
La cuestión, como se viene diciendo desde estas páginas, excede a Venezuela y se enmarca en el proceso de autonomía que vienen desarrollando los países de la región. De allí que no sea inocente la exigencia de la oposición no sólo de insistir en desconocer el triunfo del chavismo tanto en abril como en diciembre pasado, sino en pedir un mediador externo. En realidad, son dos caras de la misma moneda: "No nos sentamos con un gobierno ilegítimo. Tanto lo es que sólo aceptamos hablar de pacificación con alguien de afuera", sería la traducción del reclamo de la MUD. Suena a esa necesidad que tienen algunas parejas de recurrir a una terapia de ayuda ante una crisis de convivencia. Normalmente, el primer punto será determinar cómo se elige al profesional. Si es por el ofrecimiento de alguien relacionado con uno u otro "contendiente". La experiencia indica, por otro lado, que en el mejor de los casos el terapeuta puede lograr que no se maten, pero no siempre evitará el divorcio.
En ese camino, el gobierno de Panamá, en manos del empresario Ricardo Martinelli, pidió una reunión de la OEA para debatir la situación venezolana. Tal vez en este intríngulis haya un trasfondo fundamental para entender qué se juega en las calles venezolanas. Porque la Organización de Estados Americanos, la entidad formada en 1948 a gusto y necesidad de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, últimamente dejó de tener el peso político y sobre todo ideológico que solía.
Como muestra baste decir que ya no podría quitar la membrecía a Venezuela como sí pudo hacerlo con Cuba en 1962. Pero tras la reincorporación de la isla caribeña en 2009, a insistencia del resto de los países latinoamericanos, a fines de enero pasado, por primera vez tuvo que viajar a La Habana un secretario de la OEA. Y nada menos que para asistir a una cumbre del organismo creado para vaciarla de sustancia, la CELAC, la última contribución de Hugo Chávez a la integración americana… sin Estados Unidos ni Canadá.
El canciller Elías Jaua apuró un viaje a los países del Mercosur para explicar personalmente a los diversos mandatarios cuál es la situación venezolana desde la óptica del Palacio Miraflores. Hasta ahora el gobierno de Maduro había elegido intentar una solución a la crisis política por sus propios medios, entendiendo que recurrir a los instrumentos de protección democráticos de los distintos estamentos regionales podría interpretarse como una muestra de debilidad.
La CELAC todavía no tuvo su bautismo de sangre, como quien dice, pero la Unasur, que nuclea a 12 naciones sudamericanas, probó su eficacia para detener la intentona golpista de la media luna del Oriente boliviano en 2009, y luego el putsch policial contra Rafael Correa en 2010. Era natural que ahora apareciera como paso imprescindible para reforzar a la democracia en Venezuela. Y a eso enfila la minigira de Jaua. Por eso pide una reunión de la Unasur, que es el organismo natural, entre pares, donde debatir su caso.
Ese pedido de Jaua llega al mismo tiempo que desde la OEA se abortaba la convocatoria a los representantes de cada país en su sede de Washington para expresarles el pedido panameño de llamar a una cumbre de cancilleres. La explicación oficial de esta marcha atrás merece entrar en el catálogo de las excusas más sorprendentes: cuando fue realizada la convocatoria, el presidente del Consejo Permanente, el dominicano Pedro Vergés, no se encontraba en el edificio para recibirla, y las normas formales establecen que el funcionario debe estar físicamente presente para recibir el petitorio a una reunión. La suspensión de esta iniciativa es sin fecha. Lo que oculta tamaña puntillosidad es que no había quórum para que los delegados de Estados Unidos y Canadá pudieran "meter baza" en ese foro afín a sus intereses, para debatir la problemática de un adherente rebelde. Y que el rechazo venezolano tiene su peso.
Ayer también se conoció un informe del Departamento de Estado que advierte sobre "la impunidad, las restricciones a la libertad de prensa y la debilidad de los sistemas judiciales" en los países andinos. Un dossier "muy oportuno" que refleja la posición oficial del gobierno de Barack Obama sobre cuestiones muy sensibles para la opinión pública, y que le permite al canciller estadounidense, John Kerry, mostrarse "ecuánime", ya que cuestiona tanto a las autoridades de Ecuador y Bolivia como a las de Perú y Colombia. Ni qué decir sobre Venezuela. Tanto cabe una crítica por la "ineficiencia del sistema judicial" colombiano como la violencia contra  mujeres y niños en el Perú. A Bolivia, un país en permanente tensión con Washington, le achaca "problemas de Derechos Humanos"  por mala aplicación de la ley debido a las condiciones carcelarias de los imputados o condenados.
Como es de imaginar, sobre Venezuela destaca "limitaciones prácticas  en las libertades de expresión y de prensa" y acusa al gobierno de "utilizar el sistema judicial para intimidar y perseguir de manera selectiva a líderes de la sociedad civil que son críticos con el gobierno". Un muy conveniente rosario de reproches para abonar los argumentos de la oposición venezolana, replicado en estas tierras por sectores de la derecha, que cada vez muestran un sesgo más antichavista como reflejo de su inveterado antikirchnerismo. Como la presidenta apoya a Maduro, analizan, es conveniente estar con la oposición para no aparecer como furgón de cola del populismo latinoamericanista.
Si es lícito desplegar sospechas en torno de quienes son los que tienen algo por ganar con un crimen, el gobierno de Obama está mostrando en los últimos tiempos una eficacia en política exterior que ya envidiaría George W. Bush. Porque lo hace sin entrar en una guerra declarada e incluso reduciendo presupuesto. Cierto es que tuvo que "besar la lona" en su deseo de intervenir en Siria. Pero se desquitó con creces del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, donde se supo que Kerry planteó el nombre del que debía ser el nuevo primer ministro, cosa que la dirigencia ucraniana cumplió al pie de la letra.
Tras haber "perdido" en el encuentro de la CELAC en La Habana, podría decirse que se tomó revancha en Sudamérica, haciendo temblar al gobierno brasileño con marchas violentas en las calles, y ahora mantiene en vilo a los impulsores de la integración ensayando un jaque temerario contra el sucesor de Hugo Chávez.
Que la jugada en Venezuela excede los límites del país se verifica también en que, tras el ingreso del último integrante del Mercosur, todavía los miembros del club atlantista no lograron juntarse en una cumbre, un encuentro que se viene demorando desde el intrincado retorno de Paraguay luego de las elecciones que llevaron al poder a Horacio Cartés.
La derecha argentina –pero también las de Paraguay y Uruguay– viene coqueteando, todavía de un modo elemental pero pertinaz, con la Alianza del Pacífico (AP), ese conglomerado de tinte neoliberal que integran Chile, Perú, Colombia y México. Los medios concentrados muestran a la AP como la panacea para todos los males de la economía vernácula. Aunque ocultan que se ofrece como continuadora de la idea del ALCA, la "regional" que capotó en Mar del Plata, en 2005, a instancias de Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva.
Se entiende que el gobierno de Maduro apueste a tratar el hostigamiento a su gestión en la Unasur. Que no será un estricto mediador ni un terapeuta de pareja, pero sí puede servir como freno para las apetencias antidemocráticas de la oposición, tal como lo demostró en los casos boliviano y ecuatoriano. No pudo cumplir un mismo rol en Paraguay para defender a Fernando Lugo, y esa deuda todavía se paga. Pero se supone que ese fracaso también debió de enseñar, aunque en medio del fárrago cotidiano esto aún no sea fácil de determinar.
En este delicado tablero regional, Maduro, está claro, no iría a la OEA para no volver a legitimar su existencia. ¿Irían Henrique Capriles o Leopoldo López a la Unasur, donde deberían comprometerse a acatar las reglas del juego latinoamericanista?

Tiempo Argentino
Febrero 28 de 2014

Piedras en el camino de la democracia venezolana

Las cartas están sobre la mesa. A nadie escapa la importancia política y estratégica que tiene Venezuela para el resto de América Latina y sobre todo para esta etapa del proceso de integración regional. Por eso, los actores de esta trama están poniendo toda la carne en el asador en su intento de modelar el futuro próximo de la región luego de una década de avances que parecían indefinidos. La cruda realidad es que el camino para la construcción de la Patria Grande es largo, sinuoso y está plagado de obstáculos. Sin embargo, es bueno verificar que quienes se oponen a esta necesidad inexorable de los pueblos latinoamericanos no tienen el menor interés en dejar que las cosas transiten plácidamente. Por eso no les preocupa el costo en vidas humanas que pueda dejar la controversia. Como que entre ellos están los cultores de cuanta matanza hubo en este sufrido continente.

La escalada de violencia en Venezuela, no por casualidad, comenzó muy poco después de que el gobierno lograra un triunfo importante en las municipales del 8 de diciembre. Presentada como un plebiscito por la oposición unificada detrás de la MUD, el resultado demostró que una amplia mayoría de la población apoya al chavismo y le dio una diferencia de nueve puntos sobre la oposición (48,69 a 39,34%). Luego del ajustado triunfo de Maduro en abril de 2013 (apenas 1,49% a favor), la tentación de dar un batacazo electoral que permitiera apurar un referéndum revocatorio era grande. Pero no pudo ser y ya no tenían espacio para denunciar fraude, porque la oposición ganó en distritos clave como nunca antes.

Recuerda mucho a lo que ocurrió en el Chile de Allende, cuando el 4 de marzo de 1973 se renovaba el Parlamento. El médico socialista había llegado al poder en 1970 con un muy ajustado margen (1,33% sobre el segundo, aunque sumando el 36,62% de los sufragios). Los cambios que a pesar de esa exigua diferencia había implementado despertaron los peores instintos de la derecha, acostumbrada a cumplir con sus deseos e intereses o, en el peor de los casos, a manipular a los gobiernos que se intentaran rebelar. Casi tres años después, esperaban obtener dos tercios del congreso para hacerle juicio político a Allende. Pero la oposición unificada no pudo superar el 52 por ciento. Lo relevante fue que la Unidad Popular oficialista alcanzó el 46%, diez puntos más que cuando llegó al Palacio de la Moneda.

Como se sabe por los documentos desclasificados del gobierno estadounidense, el Departamento de Estado, entonces a cargo de Henry Kissinger, juntó las cabezas de la derecha más retrógrada y de los medios afines para boicotear desde el primer día al gobierno socialista, generando el caos económico y el escamoteo de productos esenciales, condiciones necesarias pero no suficientes para que la sociedad perdiera capacidad de reacción. Aun así, había apoyado a Allende. No tardaron mucho más de seis meses para hundir al país en un océano de sangre.

Una década antes, en Brasil, João Goulart –que era el vicepresidente de Jânio Quadros y había llegado al poder en 1961 luego de su renuncia y con las facultades políticas mermadas tras un acuerdo bajo presión de militares formateados en la Escuela de la Américas– convocó a un plebiscito para legitimarse ante la ciudadanía. El referéndum no era en apoyo de Goulart; buscaba el acuerdo popular para volver al presidencialismo o continuar con un parlamentarismo a la europea que los uniformados habían forzado con la pistola en la nuca. El 6 de enero de 1963, ganó la propuesta de Goulart por alrededor del 78% (9,4 millones de votos contra 2,1 por el Parlamento). Poco más de un año después, y ante la popularidad que alcanzaba el gobierno con sus medidas progresistas, los militares se sentaron en el Planalto, de donde no se irían hasta 1985. Goulart murió en la provincia argentina de Corrientes en diciembre de 1976. En pocas semanas se confirmará si fue asesinado en el marco del Plan Cóndor, como las presunciones indican.

Otro dato a tener en cuenta es que el golpe de ese año, 1976, en la Argentina, se produjo con un gobierno desprestigiado y en un clima de violencia política, pero cuando se acercaban las elecciones que la desgastada presidenta había anunciado para fin de año como un modo de aliviar la crisis. Y cuando el progresismo avanzaba electoralmente.

En todos los casos, hubo sectores claves de la sociedad que no podían hacerse del gobierno por las buenas y recurrieron a militares formados en la ideología de la Seguridad Nacional en Panamá para mantenerse en el poder. Y con un sólido apoyo de los medios más influyentes (el año pasado, O Globo hizo un mea culpa, tardío aunque sugestivo, de su apoyo a la interrupción democrática del '64).

Cada golpe cruento siguió el mismo libreto, como para no dejar lugar a dudas. La derecha latinoamericana no es democrática y no tiene problemas en recurrir al genocidio con tal de imponer sus intereses. Como colofón, los medios concentrados bailan la misma terrorífica serenata. Y la frutilla del postre: no pueden lograr sus objetivos sin el apoyo externo. Sin este sustento no serían nada.

Algo de eso se ve cotidianamente incluso en editoriales de diarios "serios" como The Washington Post y The New York Times, que suman barro al lodazal en que ubican al populismo, al chavismo en general y a Nicolás Maduro en particular. Desde los medios locales y también en el resto del mundo, un coro de horrorizados actores periodísticos y políticos siguen este guión sin cuestionarlo. Sin rascar un poco en la información que aparece para ver qué tanto de verdad guardan.

Por supuesto que son indefendibles la muerte y el caos. El caso es quién los promueve o, para ser más precisos, a quién beneficia el crimen. Y habrá que coincidir que perjudican principalmente al gobierno de Maduro. Hay influyentes comunicadores que se rasgan las vestiduras hablando del peligro que representa "una sociedad dividida, en medio de una grieta social de imprevisibles consecuencias". Si el sistema es la democracia y en las urnas el oficialismo venezolano salió airoso hace apenas 73 días, ¿qué es lo que se discute en las calles? ¿De qué dictadura hablan, cuando en 15 años de gestión el chavismo fue a las urnas 16 veces y perdió sólo una? Con ese tono de políticamente correctos, desde todas las fronteras sostienen que debe primar el diálogo. Es cierto, en democracia debe primar el diálogo. ¿Cómo se hace para sentar a la misma mesa que Maduro a los opositores que no lo reconocen como presidente porque dicen que ganó en comicios fraudulentos? ¿Por qué esquivan ese dato esencial para comprender el dilema venezolano?

Que la situación política en el país es dramática, nadie lo duda. Que incluso la situación socioeconómica es preocupante, tampoco. Pero está claro que la política de la derecha es respirarle al chavismo en la nuca para hacerle cometer errores. Y sobre todo, para no dejarlo gobernar, con lo cual el caos puede ser aun mayor. No discuten si Maduro es o no el hombre adecuado. La estrategia opositora busca impedir que construya su propio espacio. La sombra de Hugo Chávez es enorme y su figura irremplazable. Pero una buena gestión del sucesor que eligió en su última aparición pública puede construir consensos suficientes como para profundizar la obra que dejó inconclusa. Y eso es precisamente lo que intentan evitar los opositores, tanto el que hasta ahora lideró al sector, Henrique Capriles (que funge de civilizado dirigente, una suerte del Lonardi de la Fusiladora argentina de 1955), como el ahora preso Leopoldo López (el duro de la historia, quizás el Aramburu venezolano).

Es probable que sea un error político, como piensan algunos, haber apresado al ex alcalde de Chacao, porque así se lo convierte en un héroe. Para otros, puede ser una jugada para que salga a la luz como el extremista que es, de modo que termine siendo perjudicial para su propio partido.

Tiene razón Dilma Rousseff en preocuparse por los actos de vandalismo que se puedan generar en las calles brasileñas de aquí al Mundial de Fútbol y más allá. Brasil sufrió como pocas veces en su historia manifestaciones violentas, amparadas en errores de gestión del PT, pero peligrosamente desestabilizadoras. Tiene razón también Rafael Correa cuando advierte sobre la necesidad de estar atentos a los golpes blandos en la región. A esa escalada de tensiones que poco a poco hace crecer la tentación por el facilismo de aceptar una salida por arriba del laberinto. Y mucha más razón tiene cuando recuerda que no se pueden sostener semanas de violencia sin un fuerte financiamiento detrás.

Se suele decir irónicamente que en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajadas de Estados Unidos. Hoy se podría agregar que no hay manifestaciones violentas en las calles de Estados Unidos porque allí no hay embajadas de Estados Unidos ni pululan ciertas ONG de apoyo a la democracia.

Tiempo Argentino

Febrero 21 de 2014

La oposición venezolana dirime su interna en las calles

En el fárrago de violencia en que se convirtió Venezuela en estas horas, habrá que decir que la posición más civilizada resulta ser la del ex candidato presidencial y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles. Porque la oposición venezolana –en un enfrentamiento que salió a la luz en las últimas semanas– está dirimiendo su interna en las calles del país, a un costo en vidas humanas que nadie sabe a cuánto podría ascender.
El estallido que se produjo el miércoles, cuando se celebraba el Día de la Juventud (un homenaje a la Batalla de La Victoria, que el 12 de febrero de 1814 ganaron los patriotas ayudados por jóvenes del Seminario y de la Universidad de Caracas), involucró a miles de muchachos que marcharon en todo el país, al principio en forma pacífica. Pero poco a poco las cosas se fueron de madre entre grupos chavistas y furibundos opositores. El gobierno denunció el incendio de vehículos, muchos de ellos oficiales, y el ataque indiscriminado contra edificios estatales.
Lo más grave, sin embargo, es la muerte, hasta ahora, de tres personas, dos de ellos estudiantes y el otro, un militante del chavismo, Juancho Montoya, un agente policial que estaba de civil y recibió un disparo en la cabeza y otro en el pecho frente al Banco Caroní, de La Candelaria, en el centro de la capital venezolana. Entre las víctimas fatales también hay un chico de 24 años, alumno de la Universidad Alejandro Humboldt, y otro que cursaba Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Al igual que los incidentes registrados en abril del año pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro le ganó a Capriles por escaso margen en el primer comicio sin Hugo Chávez, entre los muertos en los choques con la oposición aparecen militantes del oficialismo. Se computaron, en ese momento, una decena de chavistas caídos. Lo que debería a esta altura ser índice claro de dónde viene la violencia y quiénes la padecen.
Que algo iba a pasar este miércoles, se olía en el ambiente. Durante varios días, los principales referentes de la oposición debatieron la cuestión primero en sordina, luego en tweets y más tarde en forma pública. Los que llevaron la voz cantante fueron María Corina Machado Parisca y Leopoldo López Medina. El ex alcalde de Chacao habló sin tapujos de copar las calles hasta encontrar "una salida inmediata" al gobierno de Maduro. Machado se preguntaba, insidiosamente, "¿hasta cuándo, hasta cuándo vamos a esperar?". Es cierto que suena a apriete destituyente, y que además es una peligrosa jugada golpista.
López es una suerte de Enrique Peña Nieto venezolano: joven, elegante y pintón. A los 42 años, ya fue alcalde en el municipio caraqueño de Chacao por dos períodos consecutivos. Economista, graduado en Ohio y luego en políticas públicas en Harvard, quedó relegado de la función pública tras el intento de golpe de 2002 contra Chávez, que como se recordará estuvo fogoneado por la dirigencia empresarial del país y la cúpula de la empresa PDVSA, que no quería aceptar las nuevas reglas del gobierno. Emparentado con el mismísimo Bolívar y con el primer presidente del país, Cristóbal Mendoza, López fue acusado de haber recibido una donación de la petrolera –donde su madre era gerente de Asuntos Públicos– para una ONG que regenteaba. El caso terminó en la CIDH, que apoyó la moción de López, quien sin embargo sigue interdicto.
La diputada Machado proviene de sectores similares de la sociedad venezolana. Es ingeniera y la mayor de las hijas del empresario del acero Enrique Machado Zuloaga. Se graduó también en Estados Unidos, en su caso en Yale, en el Programa de Líderes Mundiales. George W. Bush la recibió en su despacho en mayo de 2005, provocando la reacción del presidente Chávez.
Cómo será de mal vista la opción de la "lucha callejera" en grandes sectores opositores a Maduro, que Capriles –a quien nadie fuera de sus mismos compañeros de ruta podría acusar de timorato– lo viene cruzando a López desde que se celebraron las municipales, en diciembre pasado. Hace un par de días, en su cuenta de Twitter, el gobernador de Miranda incluso aconsejó a sus seguidores la lectura de un artículo de un periodista de su palo: "A ntros seguidores RT @prodavinci: #LosMásLeídos Venezuela, los dilemas de la Oposición; por Fernando Mires http://is.gd/zkNg53", escribió el 10 de febrero en @hcapriles.
El artículo en cuestión hace un repaso crítico de las controversias de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). "Hay que aceptarlo, es normal, es lógico y puede que hasta sea necesario: la oposición venezolana se encuentra dividida", comienza Mires, que si bien no se permite calificar al dúo López-Machado de golpistas, sí los acusa de recurrir a una respuesta demasiado fácil, como es la de forzar la lucha política en las calles. "López y Machado lo han planteado en términos inequívocos: Se trata de 'La Salida'. En otras palabras, ambos dirigentes (repito, dirigentes, no líderes) están planteando una salida insurreccional, todo lo pacífica, democrática e institucional que se quiera, pero insurreccional al fin. No otra cosa puede ser una 'salida'". Y le recuerda a la senadora una frase del politólogo alemán Max Weber: "La política se hace con la cabeza y no con otras partes del cuerpo."
El planteo central de Mires, virtual vocero de Capriles, es que el perdidoso candidato "planteaba la insurrección constitucional en el caso de una victoria y no en el caso de una derrota plebiscitaria, como hoy intentan hacerlo López y Machado". Es que el resultado de las elecciones municipales del 8D plantea, para los "moderados", un llamado de atención sobre las mejores estrategias para derrotar al chavismo. Lo dice claramente Mires: "¿Cuántos trabajadores dejarán a un lado las banderas del chavismo para sumarse a las de López y Machado?" Es decir, para crecer la derecha necesita seducir a descontentos con el gobierno, en un contexto de inflación y escasez de productos básicos en las góndolas de los supermercados. Y confrontar en forma violenta no le parece el mejor escenario.
Uno de los primeros mensajitos en Twitter de Henrique Capriles después de los violentos incidentes del miércoles, no deja lugar a dudas. "Somos millones q queremos cambio sin sangre y muerte! Algo q nunca comprenderán, extremos! Quieren confundir resultados q no les pertenecen." No fue un aviso para el gobierno de Maduro ni los chavistas en su conjunto. Fue una clara advertencia a López y Machado. Un texto que traducido al porteño básico indica: "Es cierto que no derrotamos a Maduro. Pero el resultado de las municipales fue excelente para la MUD porque yo le puse el lomo al desafío. No se peinen para la foto y menos recurriendo a métodos piantavotos."
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, evaluará la actuación de Machado y su responsabilidad en los incidentes. La jueza caraqueña Ralenys Tovar Guillén dictó la orden de detención contra Leopoldo López pero también contra dos presuntos conspiradores de vieja data: Mario Iván Carratú y Fernando Gerbasi.
Carratú es un vicealmirante retirado que dirigió el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional y, cuando el intento de golpe de Chávez en 1992, siendo jefe de la Casa Militar, salió en defensa del presidente Carlos Andrés Pérez. Gerbasi es un diplomático de carrera que fue embajador en Corea del Norte, la ex República Democrática Alemana, Brasil, Italia y Colombia. Se fue de la función pública en diciembre de 2002 y ayer, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana comenzó a pedir públicamente a su favor.
Las acusaciones contra la dupla López-Machado se explican solas. Contra el otro dúo de conjurados la cuestión viene de más lejos. El gobierno mostró una cinta donde se escucha la voz de ambos en pleno acto de confabulación. En el audio, presuntamente Gerbasi informa a Carratú ("sólo te llamé a ti", explica) sobre planes de la oposición para las marchas del Día de la Juventud, y le indica que va a ocurrir algo similar a lo ocurrido el 11 de abril de 2002, cuando una balacera sirvió de excusa para el efímero derrocamiento de Chávez. "Nada de ir en primera fila, mantente a los lados" recomienda Gerbasi.
"Deben informar quién les dijo lo del 11 de abril y quién los llamó para alertarlos sobre un derramamiento de sangre en Venezuela", se ofuscó Maduro cuando informó sobre el pedido de captura de los agitadores. Gerbasi niega las acusaciones, dice que la conversación nunca existió. Pero en un tweet del 7 de febrero había escrito: "@hcapriles está declarando más como resentido que como líder político. A ponerse las pilas sino su "autobús" lo deja." De más está decir que el autobús que se escapaba era el de las protestas callejeras. "Muchos políticos de la oposición ven al país con encuestas de hace seis meses y no con la realidad de hoy en día", agregó.
"¡Quienes queremos un cambio real y paz en Venezuela no terminaremos secuestrados por grupos violentos!", replicó Capriles. Habrá que ver si le alcanza para frenar el fanatismo de sus cofrades.

Tiempo Argentino
Febrero 14 de 2014

Giro conservador en Francia

A veces los gestos dejan traslucir mucho más de lo que muestran. Que el gobierno de François Hollande haya decidido dejar de lado la discusión sobre una nueva ley de Familia, que permitirá la adopción a parejas homosexuales, en el marco de masivas manifestaciones de los sectores más conservadores de la sociedad, es todo un símbolo.  Cuando se aprobó la ley de Matrimonio Igualitario, el año pasado, la gran sorpresa fue que verdaderas multitudes salieron a las calles a protestar contra lo que sin tapujos llamaron un "ataque a la familia". Sorpresa porque Francia siempre se caracterizó por el espíritu anticlerical y la liberalidad en las costumbres. Pero algo cambió en ese país en forma imperceptible en las últimas décadas, algo que se viene reflejando en un lento pero persistente corrimiento hacia los valores más tradicionales en amplios sectores de la sociedad. Quizás en este corrimiento haya que ubicar también la beligerancia cada vez mayor que muestra el Elíseo en política exterior, a esta altura toda una política de Estado que echa por tierra lo poco que quedaba de las promesas electorales de un presidente que iba a rescatar el ideario de la izquierda luego de varios gobiernos derechistas; promesas que impidieron la reelección de Nicolás Sarkozy, que había colocado al país a la cabeza de las respuestas neoliberales en economía, con un racismo inquietante en lo social mientras al mismo tiempo aprobaba con particular vehemencia las intervenciones militares que propuso la coalición angloestadounidense desde que el inefable mandatario de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) sustituyó a Jacques Chirac en 2007.

Maten a De Gaulle

Recordar que el no menos conservador Chirac fue en 2003 uno de los adalides en la oposición a la invasión del Irak de Saddam Hussein –capitaneada por Estados Unidos y Gran Bretaña pero también por la España de José María Aznar– es toda una lección para cualquier francés de hoy en día. Yendo un poco más atrás en la historia de esa nación, fue durante la gestión del también derechista Valery Giscard D’Estaing, en 1975, cuando se aprobó la ley de aborto. Eran épocas en que Francia mantenía una política exterior «independentista» en relación con el imperio anglo, como solía mencionarlo Charles De Gaulle. Francia ni siquiera participaba de la OTAN –de donde se había retirado en 1966– y mientras el general de la Resistencia vivió, rechazaba el ingreso del Reino Unido a la Comunidad Europea, por la permanente desconfianza hacia Londres. Pero algo fue cambiando en la mentalidad de los descendientes de Astérix para que en 2009 Sarkozy lograra aprobar el regreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el organismo militar creado con la vista puesta en el bloque soviético. Durante la gestión del XXII presidente francés –recordado por su agitada vida privada y su histrionismo en la arena internacional– comenzaron los recortes presupuestarios y se inició el desmantelamiento del Estado de Bienestar, con la excusa de la crisis financiera que se había desatado en 2008, un año después de su llegada al Elíseo. Paralelamente, se iban extendiendo concepciones más extremas en lo social, al punto que el país fue objeto de no pocos tirones de orejas de los organismos de la Unión Europea por el maltrato y la expulsión de las comunidades gitanas rom, que se habían asentado en ese país en busca de una vida mejor al amparo de las políticas de libre circulación de personas que garantiza la integración continental.

Competencia feroz

Cierto es que el giro xenófobo y racista del electorado les marcaba a las autoridades de entonces que algo estaba cambiando en la otrora cuna de los derechos humanos y la igualdad. Pero poco hizo Sarkozy para revertir el discurso retrógrado en la sociedad. Más bien buscó competir con él para mantenerse en el poder.

No le alcanzó en 2012 frente a la oferta de Hollande de volver a los postulados del progresismo. Pero pronto el nuevo gobernante, como se dice, «mostró la hilacha». Y de su ímpetu inicial de voltear el tratado de austeridad que se conoció irónicamente como Merkozy, por la estrecha alianza en los ajustes que habían sostenido la canciller alemana Angela Merkel con su antecesor, pasó sin una transición suave a una política adecuada a los designios de Berlín, aunque con un toque francés. Hubo recortes y el impuesto a las riquezas se quedó a mitad e camino. Además, promovió la creación de una zona euro exclusiva para los socios más influyentes de la Unión Europea (otra vez Berlín-París), luego de haberse presentado como defensor de las castigadas repúblicas del sur (España, Italia, Grecia).

Pero el gobierno de Hollande mantenía al menos el deseo de imponer algunas de sus propuestas sociales. Es el caso de la ley de Matrimonio Igualitario, que, luego de intensos debates en sesiones interminables, fue aprobada en abril pasado. Sin embargo, no había pasado una semana de la puesta en vigencia de la normativa cuando las calles de todo el país se poblaron de cientos de miles de ciudadanos indignados por lo que consideraron un atentado contra los valores de la familia occidental. Según los organizadores de las marchas –agrupaciones ultracatólicas junto con sectores de la derecha más tradicional– sólo en París había un millón de personas, una cifra que la policía rebajó a 150.000. Quizá ninguno de los dos dijo la verdad, pero de cualquier modo se trata de una cantidad abrumadora de ciudadanos que sorprendieron a propios y ajenos dada la imagen de sociedad abierta que Francia se había sabido construir a lo largo de su historia moderna.

Sucede que el partido de Marine Le Pen, la nieta del anciano líder ultranacionalista Jean-Marie Le Pen,  en las elecciones del 2012, había crecido hasta arañar los 20 puntos con un discurso extremo. En un contexto de oscuras expectativas económicas, prende por su rechazo a la «invasión» de gitanos o norafricanos, que en esa versión simplona de la economía les quitan trabajo a los franceses. En setiembre de 2013, incluso, el FN ganó un municipio clave por lo que representa simbólicamente, Brignoles, donde históricamente triunfaban los sectores más progresistas. Pero la desocupación es allí una realidad concreta y demoledora que no permitió  el debate ideológico. Para peor, las encuestas afirman que el partido de Le Pen mantiene una intención de voto cercana al 24% y aparece en primer lugar para las parlamentarias europeas de mayo.

 Gitanos go home

Será por eso que el ministro de Interior de Hollande, Manuel Valls, apareció en el centro de las críticas para esa misma época, cuando ordenó expulsar a una familia gitana. El caso provocó protestas estudiantiles porque entre los deportados estaba Leonara Dibrani, de 15 años, que iba a un colegio destinado a la integración. El gobierno tuvo que salir a relativizar las palabras de Valls, de origen catalán, quien había dicho, sin que le temblara la pera, que los rom tenían que volver a sus países de origen. Los Dibrani son kosovares. En un intento de resolver la cuestión, el gobierno autorizó el regreso de la adolescente, aunque sin sus padres, que están acusados de haber violado las leyes de inmigración.

Al giro en la política económica y en cuestiones de inmigración, Hollande sumó la decisión de mantener el rumbo que le había impreso a la política exterior Sarkozy, uno de los mas fervientes impulsores de la invasión a la Libia de Muammar Khadafi en 2011, a pesar de que el líder árabe –como se reveló por estas semanas– había sido un fuerte sponsor de su campaña para la presidencia en 2007. Hollande no cambió un ápice esta posición, que une a Francia con los anglos de los que De Gaulle recelaba. En tal sentido, exacerbó mucho más que sus «socios» la postura de una intervención armada para derrocar a Bashar al Assad en Siria. Eso sí, ni bien el presidente estadounidense Barack Obama aceptó la gestión de Rusia encaminada a un plan de negociaciones con la oposición, se bajó sin chistar. Ya en enero de 2013 Hollande había mostrado de qué venía su política exterior. Fue cuando desplegó tropas en la república africana de Mali, inmersa en una guerra civil contra grupos salafistas que controlan parte del país. La excusa originaria fue «proteger a sus residentes en Bamako», la capital maliense, y apoyar al mandatario Dioncunda Traoré. Pero las tropas francesas siguen allí, ahora junto con una misión de la ONU.

Antes de terminar el año pasado, Hollande ordenó intervenir en otro conflicto interno en una ex colonia francesa en la misma región, la República Centroafricana. Durante varias semanas hubo enfrentamientos entre militantes de Séléka, que en marzo derrocó al presidente François Bozizé, y las milicias partidarias del mandatario, los «Anti-Balaka» («antimachete» en la lengua oficial del país). Hubo centenares de muertos y Hollande arguyó motivos humanitarios para pedir el apoyo de la ONU y desembarcar soldados en ese territorio.

Como colofón de esta política «anglófila», a fines de enero el presidente galo se reunió en Londres con el premier británico David Cameron para tratar el futuro de la UE  y hablar de «seguridad internacional». El dato más relevante fue el anuncio de que Francia y el Reino Unido construirán aviones no tripulados (drones) y un sistema misilístico en conjunto. «Ambos vemos el vínculo entre nuestra prosperidad interna y ser protagonistas activos en la escena mundial y reconocemos que si aumentamos nuestros presupuestos de defensa, nuestras fuerzas armadas se beneficiarán de un mejor equipamiento y las industrias seguirán siendo las líderes del mundo», se explayó Cameron.

Fue el cierre de un acuerdo aeronáutico como no se veía desde que se clausuró el proyecto  Concorde, el avión de pasajeros supersónico construido por ambas naciones que voló entre 1976 y 2003, pero ahora enfocado en la vigilancia planetaria. Un giro copernicano perfecto.

 

Vidas paralelas

Cecilia Ciganer Albéniz, bisnieta del músico español Isaac Albéniz, fue la esposa legítima de Nicolás Sarkozy hasta pocos meses después de haberse convertido en primera dama. Los rumores de infidelidades circulaban desde la campaña electoral, pero no parecía el mejor momento para romper una relación que llevaba 11 años. Todo se precipitó cuando se difundió que ella mantenía una relación oculta con un publicista. Pero él no le iba en zaga y por entonces vivía un romance con la periodista Anne Fulda, de Le Figaro. Pocos meses más tarde, Sarkozy se casaría, en cambio, con la ex modelo y cantante Carla Bruni.

A fines de enero, y antes de viajar a la cumbre con Cameron en Londres, Hollande anunció que se separaba de la periodista Valérie Trierweiler. Semanas antes había estallado el escándalo cuando se publicó que Hollande –quien había sido esposo de Ségolène Royal, la candidata presidencial por su mismo partido, el PSF, que en 2007 perdió en segunda vuelta con Sarkozy–, vivía un romance con la actriz Julie Gayet. Hollande declaró escuetamente que ya no habría primera dama mientras él estuviera en el Palacio de gobierno.

Revista Acción

Febrero 15 de 2014

El regreso de Bachelet

Como todos auguraban, Michelle Bachelet vuelve al Palacio de la Moneda con un amplio triunfo sobre la derechista Evelyn Matthei. Poco más del 62% de votos tienen la suficiente contundencia como para alentar el proceso de cambio que millones de chilenos esperan. Sin embargo, cerca de 6 de cada 10 ciudadanos habilitados para sufragar prefirieron tomarse el día libre y no fueron  a depositar su voto en las urnas. Los conservadores más beligerantes se apuraron a interpretar que era un pobre triunfo el de la representante socialista en la coalición que triunfó el 15 de diciembre. En síntesis, esa es una pálida muestra de una crisis política que atraviesa a toda la dirigencia trasandina. Pero para el conservadurismo, es una pobre manera de pretender ocultar que los cuatro años de gestión del empresario Sebastián Piñera dejaron un sabor amargo incluso entre sus propios auspiciantes.

Como sea, el retorno de Bachelet es también una vuelta de campana para un país que acaba de cumplir cuatro décadas de la dictadura más violenta que debieron soportar sus habitantes en los dos siglos de existencia independiente. Es cierto que la médica graduada en la Universidad Humboldt de la entonces Berlín oriental ya tuvo una primera gestión que le cedió el lugar a Piñera. Pero la fuerza de los hechos le indica a la hija del general Alberto Bachelet –fallecido en un campo de prisioneros de la Fuerza Aérea– que ya no podrá tener un tranquilo paso por el Palacio de La Moneda. De hecho, su programa dista de aquel que la llevó al poder en 2006: está corrido a la izquierda y, además, amplió los apoyos tradicionales de la centroizquierda desde el regreso del sistema democrático y ahora el PC chileno forma parte de la Nueva Mayoría, el nombre que adquirió esta coalición que suplanta a la Concertación que administró el país por 20 años.

El perfume del poder

De la mano de estas nuevas alianzas, las líderes estudiantiles del PCCh Camila Vallejo y Karol Cariola obtuvieron sendas bancas en la Cámara Baja. Lo mismo ocurrió con dirigentes juveniles de otras tendencias como Giorgio Jackson y Gabriel Boric. No es casual que los ejes que planteara Bachelet cuando ganó la interna de NM para un programa progresista de gobierno incluyeran en primer lugar la reforma educativa y la tributaria. Una está íntimamente ligada con la otra; si no se consiguen más recursos, plantear una educación gratuita y de calidad es ilusorio. El otro eje de la propuesta «bachelista» pasa por la modificación de la Constitución, que con algunos parches sigue siendo sustancialmente la misma que el dictador Augusto Pinochet dejó casi como condición para el retorno de la normalidad institucional, en 1990.

Pero el tema de este nuevo período ya deja hilachas en su entorno. Por el olor a nuevos tiempos que se viene, todos se apuran a señalarle candidatos o a ponerle trabas. Por las dudas. Desde sus aliados de la Democracia Cristiana, el ex presidente del partido, Gutenberg Martínez, le envió un mensaje sin dobles sentidos. «Creo que sería un error incorporar al gabinete a miembros del Partido Comunista», dijo el hombre en un reportaje a Radio Cooperativa que levantó polvareda. Porque Martínez deslizó que el PC no representa al modelo de democracia que sustenta la vieja Concertación. Además, dijo, siguen siendo amigos de los Castro.

Bachelet fue clara al respecto y adelantó que la elección de los secretarios de gobierno será su «exclusiva atribución». El PC, en tanto, por boca de su presidente, Guillermo Teillier, dijo que aún no habían decidido si iban a estar «dentro o fuera» del nuevo gabinete, sin dejar de lado algo que es cierto: es una atribución presidencial convocar o no. Pero es interesante decir que la DC fue a internas abiertas con el PS y perdió, mientras que el PCCh apoyó a Bachelet desde esa misma instancia electoral.

Empresarios inquietos

Sin embargo, los sectores inclinados a la derecha dentro de la NM no fueron los únicos que pretendieron condicionar el futuro gobierno de Bachelet. Lo mismo intentaron hacer desde algunas de las más grandes cámaras empresariales, que saludaron diplomáticamente el triunfo incuestionable, pero comenzaron a deslizar que si algo valoran del sistema chileno es lo tranquilos que habían estado hasta ahora. Así, el presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, Roberto Fantuzzi, políticamente correcto al fin, dijo que la entidad que dirige no está en contra de ningún cambio, aunque consideró que «si la reforma tributaria para financiar la educación produce paz social, un aplauso cerrado, pero dudo». La filial local del banco de inversión estadounidense JP Morgan tampoco se cuidó de establecer sus pautas y transmitió el mensaje de preocupación por cualquier «programa más radical que lo esperado». Desde la Asociación de Exportadores, Ronald Bown consideró que «una Asamblea Constituyente podría ser una solución, pero no es factible ni en el corto ni en el mediano plazo», mientras que Patricio Crespo, de la Sociedad Nacional de Agricultura, pidió mantener las políticas neoliberales porque «nadie invierte en un ambiente enrarecido». El más exagerado sin dudas fue Sven von Appen, con importantes intereses en la industria naviera, quien amenazó con que si la nueva gestión no acierta en la conducción de la economía, «habría que buscar otro Pinochet». Más aún, consultado por la CNN, consideró que, en el anterior mandato, Bachelet «no hizo mucho en materia económica comparado con los que estuvieron antes de ella, especialmente Pinochet».

Divididos

Con todo, los problemas que enfrenta Bachelet se refieren por ahora sólo a la administración de los deseos y las aspiraciones políticas de sus allegados. Peor la pasa Sebastián Piñera y la derecha chilena en su conjunto, que no acierta aún a entender cómo fue que el gobierno se le escapó de las manos tras solamente un período presidencial. Lejos quedaron los «días de gloria», cuando los 33 mineros finalmente volvían a la superficie luego de 70 días a 700 metros de profundidad, a 8 meses de haber asumido, en octubre de 2010.

Ahora los conservadores llegaron al comicio crudamente divididos, primero porque el ganador de la interna, Pablo Longueira, no tardó ni un mes en anunciar que se retiraba de la contienda por problemas depresivos. Fue entonces que Evelyn Matthei –la hija de uno de los integrantes de la Junta de Gobierno de la dictadura, el general Fernando Matthei, a la sazón colega y amigo en algún tramo de su vida de Alberto Bachelet– presionó a Piñera para ser el reemplazo de Longueira. Luego Piñera presionó a la Alianza, integrada por la UDI y el RN, para que aceptara a su candidata. Pero la mujer jamás logró despegar en las encuestas y apenas pasó la primera ronda.

Fue claro que nadie «salvaría la ropa» cuando en la misma noche de la derrota («la noche de los cuchillos largos», como ironizó alguno) comenzaron a escucharse las primeras y feroces críticas a los responsables del fracaso: Evelyn en primer lugar, pero inmediatamente detrás, el propio Piñera.

Entre las críticas, estuvo en primer lugar la de no haber sabido oír el reclamo de los estudiantes en las calles, que expresaban un cambio de paradigma como no se había vivido desde la vuelta a la democracia. Tampoco registraron que a 40 años de su muerte, la figura del presidente derrocado, Salvador Allende, alcanzaría ribetes de heroísmo en defensa de un modelo que de un modo sanguinario cambió la dictadura.

Esa es una de las razones para que los conservadores ahora estén arrojando por la borda, como un lastre inútil, a los viejos dirigentes que tuvieron participación y simpatías demasiado cercanas con Pinochet. Es el caso del propio Longueira, que ya se había retirado de la candidatura. Pero también anunciaron que se van de la política el ex presidente del Senado Jovino Novoa, el ministro del Interior Andrés Chadwick y el dos veces candidato presidencial Joaquín Lavín.

Curiosamente –o no– esta movida del pinochetismo coincide con el recambio en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile. A 10 años de haber saltado a la fama por haber investigado las cuentas secretas y el origen de la fortuna del dictador Pinochet, el juez Sergio Muñoz Gajardo dirigirá el supremo tribunal chileno.

Muñoz Gajardo inició su carrera judicial en 1982, y, entre sus primeros casos, estuvo la investigación del asesinato de Tucapel Jiménez, líder sindical eliminado por agentes de la policía secreta pinochetista ese mismo año. Liego probó que los Pinochet se hicieron de 24 millones de dólares en forma ilegal.

En estos días, también, la justicia chilena sobreseyó la causa abierta contra el general Matthei, por la muerte de su colega Alberto Bachelet, muerto en 1974 tras una sesión de tortura. Los únicos acusados por el crimen son los coroneles en retiro de la Fuerza Aérea Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera. La querella había sido presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos pero no por la familia de Alberto Bachelet, uno de los pocos militares que se opusieron al golpe contra Allende y que estaba preso en la Academia de Guerra Aérea, entonces dirigida por Matthei.

La integración regional

En su primer encuentro con la prensa extranjera, Michelle Bachelet envió mensajes bien nítidos hacia el resto de los países latinoamericanos.
Bachelet recordó que cuando se puso en marcha el Arco del Pacífico –antecedente inmediato de la Alianza del Pacífico, que Chile integra con Perú, Colombia y México– el bloque tenía el carácter de un «proyecto comercial hacia la otra ribera del Pacífico, pero nunca como algo contra el Atlántico». Es decir, no era un ariete del neoliberalismo como lo presentan ahora los medios de comunicación concentrados.
Bachelet –la primera presidenta pro témpore de Unasur, con un rol fundamental en la respuesta de ese organismo frente al intento destituyente contra Evo Morales en 2009– recordó que «siempre trabajamos con los gobiernos de Uruguay, Argentina y Brasil pensando en todos los mecanismos de conectividad que permitieran que, a través de los puertos de Chile y de toda la zona del borde del Pacífico de América, pudiéramos ser un puente hacia el Asia Pacífico».
No por nada los primeros saludos de beneplácito por su triunfo provinieron precisamente de los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela. Pero, aclaró, Chile es miembro asociado de lo que llamó «el Mercosur político», puesto que «en lo comercial tenemos algunos desarrollos distintos que hacen muy difícil que Chile pueda ser un miembro permanente» del bloque atlántico sudamericano. Es que los acuerdos comerciales que el país tiene con el resto del mundo serían un impedimento de peso para acceder al Mercosur.
Entre las primeras cuestiones que deberá abordar en su segundo «inquilinato» en La Moneda figura el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que el 27 de enero entregará su fallo sobre el diferendo limítrofe con Perú. La mandataria electa ya adelantó que apoya lo «hecho y dicho» por Piñera y que, por lo tanto, acatará lo que se dictamine en Holanda. La piedra en el zapato será, como hace décadas, la salida al mar que reclama Bolivia.

Revista Acción

1 Enero 2014