Jacques Chirac tiene 79 años y, según informes periciales presentados por sus defensores, padece “severos problemas de memoria” y comete “importantes errores de juicio y razonamiento”. Razón suficiente para que la justicia francesa –que lo encontró culpable de una serie de delitos que se traducen en malversación de fondos públicos para financiar a militantes de su partido– no lo mande a prisión.
El tema de los ñoquis, que no es otra cosa, en términos rioplatenses, el acto de corrupción que se le achaca al conservador Chirac, ameritó en Francia un debate que se zanjó blanqueando la forma de financiar la política mediante aportes estatales. Hasta entonces, era práctica común recurrir a subterfugios presupuestarios para que el puntero político tuviera un ingreso que le permita vivir mientras se dedica a la militancia. De otro modo, la política se convierte en un lujo para millonarios que se ganan el sustento por otros medios, alegan los defensores de estas prácticas. Alguno de los ministros de los que Dilma Rousseff tuvo que desprenderse está acusado de haber desviado fondos para financiar a partidos aliados del gobernante PT.
El caso de Chirac, de todas maneras, se convirtió en un fallo emblemático que seguramente manchará su legado histórico y sobre todo a la dirigencia francesa, poco acostumbrada a pasar por los tribunales, desde el sonado caso del colaboracionista Henri-Phillipe Petain, condenado al fin de la guerra por traición a la patria.
Los abogados de Chirac no pudieron salvarlo del oprobio, pero demoraron la condena bastante, ya que la denuncia inicial había sido radicada en 1992. Y eso que hasta los fiscales terminaron por aceptar el criterio de que ya había pasado suficiente tiempo para llevar al ex mandatario al estrado. “Si lo condenan estarán diciendo que Francia estuvo dirigida durante 12 años por un oscuro cajero inescrupuloso”, chicaneó el abogado Georges Kiejman a los jueces. Pero de todas maneras Chirac la sacó barata.
La corona española, mientras tanto, padece su propio escandalete, tras la explosión del caso Urdangarin, el yerno del rey Juan Carlos, implicado en una trama para desviar fondos de dos comunidades españolas, aunque no para militantes sino para su propio bolsillo. Iñaki Urdangarin, esposo de la princesa Cristina, fue estrella del handball profesional, bronce olímpico en Atlanta 1996 y Sydney 2000, y ahora duque consorte de Palma de Mallorca.
Fue separado de los actos oficiales de la familia real el martes, cuando el caso atronaba los medios de información, ante una sociedad española especialmente erizada por una crisis económica que elevó a niveles insostenibles el índice de desocupación e implica reducciones presupuestarias y ajustes en todos los estamentos.
Primero se dijo que la maniobra de Urdangarin, que conseguía aportes del Ayuntamiento de Valencia y del gobierno de las Islas Baleares a través de Instituto Nóos, entidad sin fines de lucro que presidió entre 2004 y 2006, había desviado 5,8 millones de euros. Pero ayer trascendió que la suma podría ser mayor a 17 millones. Y que la participación de la infanta Cristina no fue la de simple esposa que ignora las actividades de su marido corrupto, sino que la consultora inmobiliaria Aizoon, pertenece en un 50% al ex deportista y la otra mitad a su real esposa. Y que desde allí también se llegaron a emitir facturas falsas para disfrazar el giro de millones del erario público al paraíso fiscal de Belice.
Como consecuencia del affaire, además de apartar el yerno díscolo de la foto familiar, Juan Carlos de Borbón decidió blanquear los gastos de la monarquía a través de la página web real.
En la península, al mismo tiempo, se ventila el caso Gürtel, una trama urdida por el empresario Francisco Correa (Gürtel en alemán) por la cual obtenían fondos estatales derivados luego a negocios privados. Que se acrecentaban esquivando prohibiciones edilicias para erigir emprendimientos inmobiliarios. A cambio, aparece un ex presidente de la comunidad valenciana, Francisco Camps, del PP, acusado –y con pruebas bastante contundentes, de haber comprado trajes de unos 12 mil euros pagados generosamente por la organización de Correa. El abogado del Camps llegó a justificar los regalos en que su defendido era bastante “racanillo” (pijotero) para comprase algo de calidad por sí mismo.
El presidente alemán, Christian Wulff, también está en el candelero desde que se conoció su políticamente incómoda relación con el empresario Egon Geerkens. Según parece, Geerkens le había prestado 500 mil euros al mandatario cuando era gobernante de Baja Sajonia. Al asumir la presidencia, Wulff “olvidó” mencionar ese detalle, lo que lo pone en la mira de los ciudadanos que buscan relaciones más cristalinas en el poder. El empresario salió en defensa del demócrata-cristiano y explicó que el dinero era para la compra de una nueva vivienda, sin ponerse colorado: “Todo el mundo sabe que los divorcios son caros, y Christian necesitaba rearmar su vida.”
Casos que bordean lo insólito se producen en todas partes, por lo que se ve. Como le pasó al presidente de los Estados Unidos, que por poco no termina enchastrado por el que fuera gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, condenado hace unos meses por haber intentado “subastar” al mejor postor la banca que dejaba vacante Barack Obama en el Senado cuando asumió la presidencia, en 2009.
Si bien se trata de corrupción, es de un tipo bien diferente la que se revela en el informe dado a conocer en Holanda, donde se muestra que unos 800 religiosos de la Iglesia Católica de ese país habrían cometido entre 10 mil y 20 mil abusos sexuales a menores internados en colegios, orfanatos y seminarios.
Al igual que la enorme mayoría de aquellos niños holandeses, Miguel Montes Neiro también tiene un origen pobre. Y la suerte lo acompañó poco en su vida. Cayó por primera vez preso en 1966, a los 16, pero se desbarrancó definitivamente diez años más tarde, estando en el servicio militar de aquella España que salía de la feroz dictadura franquista e intentaba la vida en democracia con el recién coronado Juan Carlos de Borbón.
Montes Neiro fue acusado del robo de un fusil, que luego apareció. Irritado, arrojó el uniforme en un rincón y decidió desertar. Capturado al poco tiempo, entró en prisión en octubre de 1976, y desde entonces fue acumulando días tras las rejas y delitos sobre delitos (robo, fraude, hurto, evasión, medio Código Civil, en fin). Aunque nunca hizo correr sangre ni utilizó violencia, por esas cuestiones leguleyas que sólo se aplican a los que no pueden pagar bufetes más renombrados, se le sumaron todas las sentencias.
Montes Neiro es el decano de los presos españoles: lleva 16.822 días en prisión, y los pocos momentos de libertad fueron esos 1400 días que sumó al cabo de cinco escapes y un par de veces que consiguió una condicional, hasta que se le cruzaron unas joyas ajenas en el camino. Pudiendo haber salido en 1998, debería quedarse hasta 2021 tras las rejas. Ahora el gobierno socialista lo indultó y podrá volver con su familia.
Si es que en medio no se encuentra con alguna encrucijada de esas que los encumbrados no suelen padecer.
Tiempo Argentino
Diciembre 17 de 2011
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