Desde los originarios "pactos preexistentes" de la vieja Constitución de
1853 hasta el del Bicentenario que propuso el recién asumido gobierno
de Cristina Fernández en 2008 –pasando por el Gran Acuerdo Nacional que
la dictadura de Alejandro Lanusse quiso imponer al peronismo en los 70–
mucha agua corrió bajo los puentes. Sin embargo, para grandes sectores
de la dirigencia política y empresarial, la panacea para todos los males
sigue estando en los míticos Pactos de La Moncloa, al que ahora agregan
el promovido por el mexicano Enrique Peña Nieto hace un par de años.
Para agregar algo de "achuras" a este asado, tanto dirigentes como
comunicadores sociales suelen incorporar el ejemplo de modelos
económicos que figuran como exitosos en el prospecto de recomendaciones
para los gobiernos de turno y los que puedan venir. El problema es que
la realidad raras veces es como quisieran esos cultores del espejismo y
con frecuencia, incluso, es totalmente opuesta al discurso de cúpulas
más habituadas a manipular datos que a responder a problemáticas
concretas.
Muchos de esos temas volvieron a estar en el tapete a raíz del documento
que el llamado Foro de Convergencia empresarial presentó como
plataforma para la futura gestión presidencial. Más allá de reclamos
puntuales y la perspectiva desde la que se analiza este momento del
país, se destacan los comentarios ad hoc tanto de dirigentes como de
periodistas afines. Que los hubo en abundancia.
"Este documento no da detalles de las medidas. Proponemos que nuestros
equipos técnicos trabajen con los equipos técnicos de los partidos
políticos y así se definan las propuestas. Necesitamos pactos como el de
México o el de La Moncloa", señaló en conferencia de prensa Miguel
Blanco, presidente de IDEA, una de las instituciones que adhirió a la
propuesta con más fervor.
Ricardo Romano –subsecretario general de la Presidencia en el segundo
mandato de Carlos Menem, (1995 -1999) y ex vicepresidente de la
Internacional Demócrata de Centro (IDC)– escribió en una columna en
Infobae que "los Pactos de La Moncloa consagraron la supremacía del
conjunto respecto de los intereses de la parte. El punto de partida fue
la coincidencia en el diagnóstico respecto de la situación del país".
El Pacto de La Moncloa –por el palacio madrileño donde atiende el
presidente del gobierno español– fue un compromiso multipartidario de la
dirigencia peninsular en un momento clave de su historia moderna. La
muerte del dictador Francisco Franco implicaba que desaparecía el hombre
que por 39 años había gobernado con mano de hierro tras haber ganado la
Guerra Civil. Por tal razón, firmaron el Partido Comunista, el PSOE, el
franquismo y el centrista Adolfo Suárez "recientemente fallecido y muy
homenajeado por su contribución a estos entendimientos (…que
comprendieron…) que no había futuro sin unidad", acota Romero. Parte
central del Pacto es que no se volvería a un proyecto republicano sino a
una monarquía, la de Juan Carlos de Borbón.
Es por lo menos extraño que sigan vendiéndolo como un "modelo", cuando
es evidente que desde hace tiempo el Pacto ya no es garante del progreso
económico que durante un cuarto de siglo vino a representar para los
españoles, algo evidente desde la crisis de 2008. Pero sobre todo
resulta increíble que sus propagandistas escamoteen que también
trastabilla en su intento de mantener la unidad nacional. Basta decir
que en Madrid se discute por estas horas cómo enfrentar el referéndum
independentista que los catalanes convocaron para el 9 de noviembre
próximo. Cómo mantener la unidad de la nación, claro.
A diferencia del de La Moncloa –que "aguantó" algo más de 40 años– el
Pacto por México fue firmado ni bien el PRI volvió a poder con Peña
Nieto, en diciembre de 2012. Propone también una hoja de ruta tanto en
lo económico como en lo social y político que la dirigencia debe apoyar
más allá de cambios electorales. Pero a un año de andar, el PRD, el
movimiento de izquierda liderado por Cuauhtemoc Cárdenas y el ex jefe de
gobierno del DF, Marcelo Ebrard, decidió dar un portazo en protesta por
un proyecto de reforma política que, dicen, no cumple con las
condiciones consensuadas y sobre todo contra una ley energética que
amenaza a la propiedad pública de la petrolera estatal Pemex. El espejo
que devuelve el pacto mexicano tampoco resulta tan alentador.
Otro gran ejemplo para latinoamericanos desprevenidos es el de
países con "una gran solidez institucional", como Costa Rica y Chile, lo
que según esta visión idílica, asegura per se inversiones y
prosperidad.
El país centroamericano tuvo una corta guerra civil que en 1949 culminó
con la firma de otro pacto, el Ulate–Figueres, por Otilio Ulate Blanco y
José Figueres Ferrer, los dirigentes que acordaron resolver los
conflictos mediante la lucha política y se repartieron la presidencia
alternativamente hasta 1974.
Curiosidades del caso: Figueres Ferrer era hijo de catalanes y su lengua
materna fue el catalán. A pesar de haber sido militar y protagonista
del golpe que devino en la contienda, fue luego el responsable de haber
abolido el ejército en ese país. Casado en dos ocasiones –ambas con
norteamericanas– uno de sus hijos, José Figueres Olsen, también llegaría
a ser presidente, entre 1994 y 1998.
Una de sus mayores "obras" fue su participación para introducir a Costa
Rica en el exclusivo club de los elaboradores de microchips. Fue así que
logró que en diciembre de 1996 Intel anunciara la radicación de una
planta de Ensamble y Prueba. Eran los tiempos del Pentium II y la
localización fue motivo de debate en todo el continente.
En Argentina, muchos dirigentes lamentaban semejante pérdida para el
país, que iba ingresando en lo peor del proceso neoliberal, mientras
Domingo Cavallo dejaba el gobierno de Menem y crecía exponencialmente la
desocupación al ritmo de las empresas que se deslocalizaban hacia otros
horizontes. Pero donde más "castigó" aquella decisión empresarial fue
en Chile, que había estado compitiendo por esa bendita planta. Así lo
cuenta Daniel Vásquez Barría, asesor en Tecnologías de la Información y
Comunicación del gobierno chileno: "Corría el gobierno de Eduardo Freí
Ruiz Tagle, en la época de los 90 éramos los jaguares de Latinoamérica
(cuando) Intel decidió crear una planta de procesadores en
Latinoamérica, y los dos países candidatos eran Chile y Costa Rica (…);
por el lado chileno jamás nadie aceptó la culpa por la pésima
negociación del país, pero en Costa Rica las negociaciones las hizo
personalmente el presidente del país, en una visión que marcó la
productividad y economía del país para siempre".
Tanto la empresa, con base en Santa Clara, en California, como analistas
de toda laya, coincidieron en que Costa Rica entraba a jugar en las
grandes ligas y dieron sus explicaciones para el milagro. Mike Forrest,
el gerente general de la firma en ese pequeño país, dio sus razones para
explicar la presencia la nación centroamericana: "Hay cosas básicas que
buscamos para fabricar. Una de ellas es la educación, que es un
componente clave. Además, se trata de la democracia más longeva de la
región y cuenta con una adecuada legislación fiscal."
"¿Por qué escogió Intel a Costa Rica para construir su primera planta en
América Latina?", se preguntaba en enero de 1997 Rigoberto Stewart,
presidente del Instituto para la Libertad, una ONG de corte liberal.
"Algunos dicen que se debe a la alta calificación de nuestra mano de
obra, la estabilidad social del país, las favorables condiciones de vida
y la cercanía a Norte América.”
Costa Rica, que en 2007 aprobó un TLC con Estados Unidos en referéndum y
mantiene como estatales a las empresas de telecomunicaciones y
proveedoras de electricidad, pasó a ser centro de inversiones
tecnológicas, con Hewlett Packard a la cabeza. Y fue la envidia de sus
vecinos, a pesar de que, como Stewart señalaba hace 17 años, "Intel
ingresará al país bajo el régimen de Zona Franca, lo que implica que
operará como si no estuviera en Costa Rica: no pagará impuestos ni
aranceles y gozará de otros beneficios. Además, el gobierno le otorgó un
nivel tarifario preferencial, mediante el cual el monopolio estatal le
venderá el servicio eléctrico a un costo de 0,05 dólares por kilovatio, a
pesar de que el costo real es de 0,069 dólares, situación que
representará un subsidio anual de unos 3,8 millones de dólares".
Tanto no estaba ubicada en el país que hace unos días confirmó que se va
de Costa Rica. No por problemas internos del país, según aclararon los
voceros de Intel. Sucede que la empresa viene con un par de ejercicios a
pérdida y encuentra más conveniente trasladar su planta costarricense a
Vietnam. Intel representaba casi el 6 % del PBI "tico" y el 20% de sus
exportaciones. Deja en la calle a 1500 trabajadores especializados.
Detrás de ella también se va el Bank of América, que expulsará a 1500
personas de su sede de servicios, también en la zona franca.
Luis Guillermo Solís, un historiador y docente universitario –que
quebró el bipartidismo iniciado con Figueres padre con un sorpresivo
triunfo y asumirá la presidencia de Costa Rica el próximo 8 de mayo– es
considerado un progresista "moderado". Comienza su gestión con un
problema que ningún nuevo pacto va a solucionar.
En Chile, el otro "modelo" exitoso, Michelle Bachelet volvió al gobierno
con la promesa de cambiar un sistema educativo privatista, para lo cual
deberá hacer una reforma impositiva. Ya envió al Congreso un proyecto
para cambiar la ley electoral que diseñó Pinochet. Debería celebrar que
el país se salvó de la planta de Intel.
Tiempo Argentino
Abril 25 de 2014
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