Refundación de Bolivia

Referendo por la reforma constitucional

Una camiseta de más de 50 metros de largo, con un altisonante No y el deseo de ingresar al libro Guiness de los records, fue el comienzo de campaña que pergeñaron los prefectos que buscan derrotar en las urnas a la Nueva Constitución Política de Estado boliviano (NCPE). «Siento que ya no hay opositores, que se han reducido a algunos grupos de los jerarcas de la Iglesia Católica y algunos grupos de la prensa burguesa; los dos opositores son la Iglesia y la prensa», resumió el presidente Evo Morales. Dos caras, dos aspectos de una encrucijada que el 25 de enero culminará con el referendo aprobatorio de una Carta Magna que tiene espíritu refundacional, en lo que nadie duda es la más grande transformación en la historia boliviana desde la conquista.
Ni siquiera en la revolución de 1952 o con la efímera presidencia de Marcelo Quiroga Santa Cruz se llegó a tanto. Por eso la enorme camiseta pretende mostrar la unidad de los departamentos de la Media Luna próspera, con el objetivo de mantener el control de los recursos y las riquezas en las mismas manos de siempre. Esas manos que se comprometieron a elaborar cada parte de la inmensa prenda en un distrito diferente y alejadas de la violencia que las caracterizó hasta no hace tanto.
En el Movimiento al Socialismo (MAS) sostienen que el epicentro de esta dura pelea que se lleva a cabo desde que Morales llegó al poder, en 2006, es el reparto de las tierras. Porque la batalla por los recursos ya se vino desarrollando en estos dos años, a pesar de la brutal oposición de nativos y extraños por la nacionalización de los hidrocarburos, entre otras cosas. Una brutalidad que se llevó vidas y haciendas sin el menor escrúpulo, como quedó demostrado con la masacre de Pando.
El discurso de Morales, como se ve, pone el eje en los que con perspicacia percibe como sus verdaderos enemigos de la hora. Sin dudas, desde que la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) marcó la cancha al antagonismo salvaje de los prefectos y los comités cívicos estableciendo que no hay espacio para conatos golpistas en la región, y desde que el Gobierno expulsó a los organismos y representantes de Estados Unidos que terciaban en la cuestión, la representación de la oposición más acérrima se encarna en los medios de comunicación dominantes y en el cardenal Julio Terrazas, el primado de Bolivia, puesto en líder de los sectores más conservadores, tras haber comenzado este proceso ofreciendo sus servicios de mediación entre gobierno y rebeldes.

Cambio radical
«En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores», así comienza el poético preámbulo de la NCPE que se votará en algunos días. En una síntesis de la historia de Bolivia, el texto agrega: «Jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia». Y para que no queden dudas, asegura que en esta instancia se deja «en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal» para asumir «el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario». La forma de hacerlo efectivo, promete, es «cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios».
No es ocioso este preámbulo. Expresa el sentido que se le quiere dar a la ley fundamental. Un sentido de nuevo reparto de roles y beneficios en un país marcado por la discriminación y la explotación de la gran mayoría de sus habitantes. De allí la resistencia que genera y el enorme costo en vidas que lleva hasta el momento.
Es que un cambio tan radical en la orientación de las decisiones administrativas genera un lógico escozor entre quienes están acostumbrados a que esos que ahora legislan sobre la cosa pública sean aquellos mismos que «nacieron para obedecer», acompañados por un grupo cada vez mayor de criollos «subversivos».
El obstáculo más grande a esta revolución que se pretende pacífica fueron los comités cívicos (grupos de choque de orientación neonazi) y los prefectos de la zona más rica del país. Obligados por los gobiernos de los países de la región mediante la Declaración de la Moneda (ver recuadro), firmada en Chile, tuvieron que sentarse a negociar con las autoridades centrales el futuro de la democracia boliviana. Se acordaron modificaciones en el texto que se había aprobado un año antes, y de este modo fue posible llevarlo a plebiscito e iniciar esta nueva etapa en la vida institucional y cultural lo antes posible.
Sin embargo, «no hubo cambios demasiado importantes en la nueva constitución. Para nosotros es un triunfo haber logrado sentar a la mesa a los prefectos y que apoyaran el referendo», desliza Sacha Llorenti, el aguerrido viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. El funcionario, militante de organizaciones de derechos humanos y a cargo de gestionar las acciones de las organizaciones sociales y civiles, es a estas horas el vocero más caracterizado en la puja con la Iglesia, luego del propio Morales. Llorenti, de paso por Buenos Aires, reconoció que la postura de Unasur fue fundamental para detener el proceso destituyente de la derecha. «La idea de nuestro presidente es que Unasur vaya reemplazando a la OEA y que se constituya también en un organismo de defensa regional», añadió. Pero la sustitución de ese organismo, creado a instancias de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, genera resquemor más allá de las fronteras, y el rechazo tajante de la derecha fronteras adentro de Bolivia.
La expulsión de la DEA y del embajador Philip Goldberg «generó un ambiente de desmejora en las relaciones con Washington –admitió el ministro de Defensa, Walker San Miguel, durante una visita a la capital argentina– pero nosotros reclamamos una adecuada comprensión de la realidad, que haya respeto por nuestras decisiones soberanas». El funcionario desgrana entonces la tesis del avance regional en materia de seguridad: «Es hora de que el subcontinente tenga un concepto de defensa y la facultad para asumir políticas conjuntas de defensa hemisférica. Hemos vivido centurias de tutelaje y creemos que nuestros países están maduros para asumir ese rol. Por eso apoyamos el lanzamiento del consejo de defensa sudamericano».
Coincidente en que por estas horas Bolivia se lanza a apoyar en forma democrática y participativa el cambio más trascendental de su historia, San Miguel recordó que la NCPE, al incorporar nuevos principios y derechos, «deberá cambiar de cuajo al menos 200 leyes, que tendrán que adecuarse al nuevo marco legal». Entre ellas están precisamente las que darán cabida y sustento al intrincado sistema de autonomías culturales, comunitarias y regionales que propone.

Santa madrecita
Cuando el diario español El País decidió nombrar los 100 personajes del año, seguramente no fue por inocencia que colocó al cardenal Terrazas entre el chacarero argentino Alfredo de Angeli y la chilena Isabel Guerrero, la vicepresidenta regional del Banco Mundial que asegura pertenecer al «organismo más preparado para combatir la pobreza». El cura se convirtió a lo largo de estos dos años de Evo en el poder en la figura más respetable entre sus opositores, que como se ha visto lucen impresentables.
De origen humilde, el sacerdote pasó gran parte de su carrera eclesiástica en Vallegrande y Oruro, donde convivió y apoyó largamente los reclamos de las comunidades indígenas. Su pasado es irreprochable, si se tiene en cuenta el rol que ocuparon otros ministros de Dios en tiempos de las dictaduras latinoamericanas: Terrazas fue el principal adversario de Hugo Banzer Suarez en los 80 y desde entonces se supo ganar un lugar de respeto entre los defensores de la democracia.
Pero la llegada al poder de un aymara, con fuerte apoyo en la población nativa, que pretende una constitución que promueve la libertad de culto en un país sometido al catolicismo desde la colonia, cambió las cosas. El viceministro Llorenti marca este giro eclesiástico de manera contundente: «El cardenal puso en cuestionamiento la existencia de esclavitud en haciendas del oriente boliviano».
Esta puja con la Iglesia, sin embargo, genera hacia adentro del Movimiento al Socialismo ciertos temores, justamente por el calibre del oponente. Hay quienes por lo bajo cuestionan la oportunidad del enfrentamiento y temen por la influencia que mantiene sobre gran parte de la comunidad. Filemón Escobar, un ex dirigente sindical que participó en los orígenes del MAS es uno de los que habla en público de la cuestión. «Terrazas defendió a los sectores más humildes, entre ellos mineros y cocaleros. Recuerdo al Cardenal cuando era arzobispo de Oruro, en la época de la guerrilla del Che Guevara», evocó el viejo líder sindical. Pero las cartas ya están jugadas y el sacerdote no hace mucho por acercar posiciones. Como cuando votó en el plebiscito de autonomía cruceña o cuando dijo, en una homilía, que Bolivia “se va convirtiendo en el espacio donde están dominando los narcotraficantes, sin Dios y sin ley”».
Más que la lucha por los minerales, lo que marca la historia boliviana desde tiempos inmemoriales es la lucha por un poco de tierra cultivable, en un territorio bastante avaro con esa riqueza. El primer gran intento de apertura en la forma de propiedad de la tierra data de 1953, con el gobierno de Víctor Paz Estensoro. Aquella Ley de Reforma Agraria pretendía eliminar el trabajo forzado, ilegalizar los latifundios y dar títulos de propiedad a la mayoritaria población campesina del país. Pero no logró otra cosa que consolidar en el oriente enormes extensiones en manos de pocos pero poderosos terratenientes, principalmente amigos del poder premiados en cada período histórico. «Fue la única reforma agraria que permitió feudos de hasta 100.000 hectáreas», critican desde varios sectores. Se dice que 55 millones de hectáreas quedaron para un puñado de familias y cientos de miles de campesinos debieron repartirse otras 45 millones. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 100 familias en Bolivia tienen en la actualidad 25 millones de hectáreas, mientras dos millones campesinos apenas disponen de 5 millones de hectáreas.
En 1996 se dictó la llamada Ley INRA (por el Instituto Nacional de Reforma Agraria), cuya principal exigencia es que toda propiedad tenga algún uso productivo, ya sea para vivienda, ganadería, tierra comunitaria o cultivo. La norma estableció un proceso administrado por el Estado durante el cual se iban a redistribuir las unidades que no cumplieran con esta prerrogativa. Es el proceso denominado de «saneamiento», aún en vigencia.
Pero en la práctica las cosas no fueron tan idílicas como fijan los textos legales. Los números más creíbles hablan de que entre 1996 y 2003 se distribuyeron 79 millones de hectáreas de grandes extensiones a 40.000 personas mientras que para unos 55.000 campesinos quedaron 10 millones en campos de hasta cinco hectáreas.
En la misma consulta popular para aprobar la NCPE se decidirá también de qué tamaño serán las propiedades agrícolas máximas permitidas en esta nueva fase de la historia boliviana. Las opciones son 5000 o 10000 hectáreas.

Otros vientos
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, está encargado de negociar con los poseedores de muchas de esas grandes extensiones la aplicación de la Ley INRA. Hasta ahora logró acordar una agenda de discusión mínima que piensa extender luego del referendo. La NCPE define la función económico-social de la tierra. Hacia allí va el gobierno, que hasta el momento logró sólo debatir «la servidumbre ecológica», como se conoce a la prohibición de explotar tierras que se encuentran en las riberas de ríos, lagunas y cerros.
Durante los incidentes de los últimos meses, en el oriente fueron quemados edificios públicos del gobierno central. Una forma de protesta contra el centralismo paceño, dijeron a la ligera los medios hegemónicos. Gran parte de los registros del INRA pasaron a ser cenizas en esos crudos días. En La Paz dicen que eso no es problema, porque tienen forma de reconstruir los expedientes, pero es una traba que demora la entrega de campos cultivables. Y mientras tanto esos campos, que ahora se cotizan a precios altísimos por el boom de la soja, siguen generando divisas para los grandes latifundistas, que mayoritariamente son ilegales.
Es el caso de uno de los líderes de los cívicos, el tenebroso empresario de origen croata Branko Marinkovic, que permanece prófugo de la justicia. El periódico croata Vjesnik se enorgullece de presentarlo como un connacional de fuerte impronta «anticomunista» que mueve 300 millones de dólares al año entre total. La periodista Sandra Veljkovic computa a la familia Marinkovic 40.000 hectáreas repartidas equitativamente entre arroz, soja, girasol y maíz, más unas 15.000 cabezas de ganado, la fábrica de aceite IOL –que factura 100 millones de dólares– y el Banco Económico.
Marinkovic pasó a la clandestinidad, en medio de la debacle de la derecha golpista. «Voy a viajar a Europa para denunciar el acoso y la persecución política en mi contra», declaró a medios amigos. Evo Morales y la fiscalía lo acusan de terrorismo, sedición y atentado contra los bienes y la seguridad del Estado. Pero la crítica más categórica viene de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) –el grupo de matones que financió hasta hace poco– y de sus colegas en «la contra», que le piden se presente a declarar y no huya del país, como prometió desde la guarida donde se oculta. «No es posible que a estas alturas esté diciendo que se va porque corre peligro. Todos estamos corriendo peligro, que sea valiente», le reclamó David Cejas, el no menos oscuro presidente de la UJC, que también está clandestino.
El que puso el dedo en la llaga fue el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, cuando estimó que «es muy fácil ser dirigente y promotor de acciones violentas cuando están las buenas». Lo difícil es hacerse cargo cuando los vientos cambian de rumbo. Como parece que inexorablemente está sucediendo en Bolivia.

Alberto López Girondo
Acción, enero de 2009