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El diablo metió la cola en Brasil



La presidenta Dilma Rousseff tuvo que salir a aclarar que América Latina es prioridad absoluta de la política exterior de Brasil. Fue cuando le tomaba juramento a su nuevo ministro de Relaciones Exteriores, nombrado a las apuradas luego del escándalo por la fuga de un senador condenado por corrupción en Bolivia. Luego del paso de Lula da Silva por el Palacio del Planalto, el mandato de su sucesora apareció más bien deslucido en torno a la necesaria profundización del proceso de integración regional. Necesaria para los vecinos tanto como para el propio Brasil, que a pesar de estar jugando en las grandes ligas internacionales –como el grupo BRICS– necesita como el agua tener las espaldas cubiertas en lo geopolítico –uno nunca sabe– tanto como preservar sus mercados naturales. Es que en los últimos años la economía brasileña, de la mano del auge de la producción primaria, fue cediendo impulso a su crecimiento industrial, y Latinoamérica y algunos países africanos son su única opción de comercio de bienes manufacturados.
Eso no impide que grupos retrógrados desde lo cultural, pero muy bien enquistados en las burocracias gubernamentales –y principalmente en la Cancillería– hayan puesto un palo en la rueda de las relaciones de Bolivia con Brasil. Como era de esperarse, ese grano en las relaciones con un aspirante a ingresar al Mercosur y proveedor fundamental de energía al polo paulista, venía de antes. De cuando el pastor evangelista y senador opositor boliviano Roger Pinto Molina ingresa a la Embajada de Brasil en La Paz, el 28 de mayo de 2012, para pedir asilo. Alegó ante el entonces embajador Marcel Biato que era un perseguido político. Las protestas del gobierno de Evo contra Brasil no se hicieron esperar.
Pinto, sin embargo, cargaba 21 acusaciones de corrupción. Y no sólo eso: como íntimo allegado al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, también pesan sobre él las sospechas por el asesinato de trece campesinos a manos de grupos paramilitares apoyados por la oligarquía de la rica "Media Luna" de Bolivia en 2008, en lo que se conoció como la Masacre de Pando. De hecho, Fernández fue condenado como autor intelectual de aquella matanza cuando la derecha pensaba en voltear a Morales o al menos producir la secesión del país. Pinto, que se presenta como pastor evangélico, siempre estuvo a la derecha del dial. Primero, en el partido del ex dictador (1971-78) y luego mandatario (1997-2001) Hugo Banzer; y más tarde, con el sucesor y delfín de aquel, Jorge Quiroga (2001-02). Fue juez y también gobernador del ganadero distrito de Pando en los '90 y llegaría al Senado antes de la llegada de Morales al poder. Se acercaría luego a otro gobernador de la región, el cochabambino Manfred Reyes Villa, quien también caería en desgracia judicial, aunque fue más rápido y se exilió en Estados Unidos antes de rendir cuentas en su país de origen.
Las causas contra Pinto Molina van desde la venta irregular de tierras estatales al traspaso ilegal de fondos públicos y "daño económico al Estado" cuando era gobernador de Pando y director de la Zona Franca de Cobija, la capital de la provincia (2000), y supuestamente habría desviado irregularmente recursos a la Universidad Amazónica de Pando. Su defensa alega que en todos los casos se trata de procesos políticos sin sustento judicial. Hablan de persecución.
Hubo tres hechos en los últimos meses que aceleraron la fuga de Pinto. Uno es que en junio, un tribunal de sentencia lo condenó a un año de cárcel por una de las causas en su contra que implicaba el manejo ilícito de 11 millones de pesos bolivianos. En ese mismo mes el embajador Biato fue retirado y la sede diplomática quedó en manos del encargado de Negocios, Eduardo Saboia.
El otro dato es que un mes más tarde, en la última reunión de Mercosur, se emitió una declaración donde se garantizaba que los países miembros se comprometen a respetar el derecho de asilo. Bolivia era uno de los firmantes de ese compromiso en su condición de país que pidió el ingreso al organismo y que espera la ratificación de los restantes miembros. La declaración hacía referencia al pedido de asilo de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, pero a Pinto le cabían las generales de la ley, y a la posibilidad de que Edward Snowden hiciera lo propio desde Moscú.
Hasta acá todo se podría haber resuelto por una vía diplomática. La tesis de Itamaraty podría traducirse como dejar que el tiempo pase y en algún momento convencer al gobierno de Morales –o a algún sucesor– de que le otorgaran el salvoconducto al ex senador boliviano para que viajara a Brasil. Pero como el diablo siempre mete la cola, Saboia parece haberse conmovido por la situación que atravesaba Pinto, literalmente preso en el edificio de la embajada durante 454 días, y decidió una operación más propia de Hollywood que de relaciones entre países hermanos en un contexto de integración regional. Como se sabe, escuchó la voz de Dios y metió al pastor evangelista en un vehículo oficial custodiado por fusileros navales, justo a las 14:30 del sábado 24 de agosto –Pinto se sacó una foto donde muestra en primer plano el reloj pulsera– y lo llevó a atravesar el país para cruzar la frontera con Brasil 22 horas más tarde. No porque la distancia sea tan grande, sino porque los caminos son difíciles en llanura pero mucho más en la montaña desde La Paz hasta Corumbá, en el estado de Matto Grosso.
Allí esperaba al dúo una avioneta contratada por el senador del PMDB Ricardo Ferraço, que lo llevó a su casa en Brasilia. El dirigente de Espíritu Santo pensaba llevar a Pinto al Senado en Brasilia, donde preside la comisión de Relaciones Exteriores, para que explicara su situación. Pero el escándalo era demasiado grande como para que los legisladores pisaran el palito. El PMDB es socio del PT en el gobierno y aportó apoyo legislativo y, primordialmente, al vicepresidente Michel Temer. Pero la relación con Bolivia no es para boicotear así como así para el trabalhismo. Y menos con un gobierno que proviene de la dirigencia gremial como es el de Evo Morales.
Cierto que no es la primera vez que hay choques entre La Paz y Brasilia desde que Lula llegó al gobierno. No se debe olvidar que la derecha brasileña –que no es poca ni silenciosa precisamente– despotricó contra el metalúrgico cuando el gobierno de Evo nacionalizó y ocupó militarmente las instalaciones de Petrobras, o cuando a raíz de las protestas de comunidades indígenas se suspendió el contrato con la empresa OAS para la construcción de una carretera por el TIPNIS. En el último encontronazo estuvo presente Ferraço, cuando hinchas del Club Corinthias, del que es "torcedor", protagonizaron incidentes en el estadio de Oruro, que dejó como resultado la muerte de un simpatizante del local San José, en febrero pasado.
El que fue a interceder entonces por los doce "corinthianos" detenidos por el crimen fue el bueno de Saboia. Pero allí tomó partido por su caso el senador Ferraço, que denunció la investigación como una represalia por el asilo a Pinto Molina. Nadie duda de que aprovechando esa visita es que se armó el operativo de fuga que ya le costó la cabeza al canciller Antonio Pariota, que en un enroque de esos que caracterizan a las reglas del buen arte político, trocó su puesto con el embajador de Brasil en la ONU, Luiz Alberto Figueiredo Machado.
La ONU no es un puesto menor para ningún diplomático de ese país, habida cuenta de que Brasil aspira a reformar su carta orgánica para ingresar en el selecto grupo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Quiere entrar como representante de América Latina. Una posición bien diferente a la que plantea la Argentina, actual presidente pro témpore de ese suborganismo, que propone la desaparición de la figura de miembro con derecho a veto, porque lo entiende como un privilegio antidemocrático.
En relación con Siria, ambos gobiernos mostraron también sus diferencias: no aceptan una intervención militar, aunque Itamaraty dice que hasta que la ONU no dé el aval. La Cancillería local, en cambio, señaló que no quiere ser cómplice de nuevas muertes en ese país. Mientras tanto, el presidente Barack Obama, dice su gobierno, está decidiendo cuándo y cómo intervenir. Él también quisiera dejar que todo sucediera sin que nadie haga demasiadas olas. Por eso todavía no resolvió si en Egipto hubo un golpe militar, dato central para mantener la ayuda a los militares que gobiernan nuevamente de facto ese país. Pero no siempre resulta fácil dejarse llevar por la corriente.

Tiempo Argentino
Agosto 30 de 2013

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