La educación presidencial

El 22 de octubre de 1970, un grupo armado abrió fuego en Santiago contra el comandante del Ejército chileno René Schneider. El militar, líder del grupo legalista dentro de las Fuerzas Armadas, murió tres días más tarde en un hospital. No fue un ataque atribuible a grupúsculos terroristas ni a la inseguridad ciudadana. Fue un atentado perpetrado por la derecha más recalcitrante de ese país, alentado y financiado por la CIA y el presidente Richard Nixon, para evitar que Salvador Allende asumiera la primera magistratura y desde allí concretara sus promesas electorales.
La Doctrina Schneider fue la respuesta de militares que, respetuosos de la democracia, no aceptaron el convite de bloquear la llegada de Allende que otro general, Roberto Viaux, el instigador del asesinato, aceptó gustoso. “Nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado”, resumía Schneider. Allende fue derrocado tras meses de acoso político y económico, y ese detalle, que no se ignoraba, fue confirmado en 1998, cuando los Estados Unidos desclasificaron los documentos oficiales sobre aquel oscuro período de la historia latinoamericana.
Probablemente las intentonas de los carapintadas de tiempos de Raúl Alfonsín fueran el último estertor de esos ejércitos imbuidos de la Doctrina de la Seguridad Nacional para imponer democracias controladas en la región. Pero el establishment demostró que tiene recursos para sostenerse más allá de la voluntad de los pueblos.
Así fue que el propio Alfonsín padeció la última estocada a su gestión de manos del poder financiero. Y la Argentina, que había popularizado trágicamente la palabra “desaparecidos”, bautizó también otro término, “golpe de mercado”, para referirse a esa variante antipopular de guante blanco. Con corridas bancarias, escasez de alimentos, hiperinflación, descontento social. El periodista Horacio Verbitsky llamó a este período de “Educación Presidencial”. Los dueños del poder real, ya sea con amenazas uniformadas o desestabilizaciones financieras, dictaban a los dirigentes políticos lo que debían hacer para mantenerse en el sillón.
Lo que vino luego fue el más crudo neoliberalismo (“un salto sin paracaídas”, según el adalid de este proceso, Carlos Saúl Menem). Y al fin de toda esta época nefasta, Néstor Kirchner llegó al gobierno con el índice más bajo de aprobación y sin posibilidades de fortalecerse en el ballottage, porque Menem se bajó antes. Fue entonces que, sin espacio para intentonas armadas, y luego del desastre del sistema financiero en 2001, tomaron la posta los grandes medios.
Se recuerda aún el planteo que un alto directivo de La Nación al futuro gobernante. El plan que le proponía a Kirchner el centenario matutino de los Mitre consistía en un pliego de condiciones, pautas de “sobrevivencia” para una gestión que de otro modo, intimidaba el periódico, no llegaría ni a cumplir un año.
1- El país debe alinearse con los Estados Unidos.
2- No se debe revisar la lucha contra la subversión.
3- El presidente debe recibir en forma urgente a los empresarios.
4- Deben revisarse las relaciones con Cuba.
5- Debe generarse un mejor sistema de control del delito.
El lunes pasado, a pocas horas del triunfo de Ollanta Humala en Perú, el diario El Comercio, la versión andina de La Nación, publicó un severo editorial con un planteo similar hacia el ex militar, “acusado” de querer imponer un “régimen” como el que en Venezuela estableció Hugo Chávez. “Lo que debe y no debe hacer en economía el nuevo gobierno”, amenaza el título. “Lo que hay que hacer”, subraya un subtítulo del texto. Para reducir la pobreza le señala que el mejor camino “es aquel que convierte en empresarios a los pobres, esto es, dar a las personas más necesitadas capacidad para vender (y obtener ingresos) los recursos que tenga”. Y, cosa de que ni piense en cambiar lo que hay, esto es, el país con mayor índice de crecimiento en la década y el de peor distribución de esa riqueza del continente, le dice que para generar inversión es necesario mantener la confianza de los empresarios, “lo que incluye el respeto de las reglas de juego ya establecidas”.
Otro subtítulo, revelador también, explica “lo que no se quiere”. Y claro, no SE quiere la nacionalización de las actividades estratégicas, la creación de una empresa de telecomunicaciones del Estado y de una línea aérea de bandera. “Otra gran preocupación es la idea de reformar el sistema de pensiones, de modo que aumente el aporte al sistema estatal (para financiar una pensión a los mayores de 65 años), dejando como voluntario el aporte a una AFP”, finaliza el ultimátum.
El Comercio es el mismo diario al que renunció el escritor Mario Vargas Llosa días antes de los comicios, porque tenía una posición demasiado sesgada en contra de Humala. Una posición de rechazo lesiva de los elementales cánones del periodismo que horrorizó hasta al Nobel, al que no podría acusarse de populista ni de estatista.
Un ataque similar sufrió durante su campaña la brasileña Dilma Rousseff. Que, por traer un ejemplo, obligó a que Lula da Silva arremetiera contra ese puñado de familias que mantienen el control de los medios en el país más extenso y poderoso de Sudamérica. Algunas de esas familias se reunieron durante ese período de 2010 en un seminario para Democracia y Libertad de Expresión en San Pablo, del que participaron los mandamases de O Globo, Abril, de la revista Veja y de Folha do São Paulo, junto con un grupo de académicos afines.
“Tenemos que ser ofensivos y agresivos, no sirve reclamar después”, sentenció el periodista Arnaldo Jabor. “El PT es un partido contrario a la libertad de expresión. No hay dudas en relación a eso”, declaró suelto de cuerpo el filósofo Denis Rosenfield. “La idea de control social de los medios es oficial en los programas del PT. El partido podría haberse vuelto socialdemócrata, pero decidió que su camino sería el de la restauración stalinista. Y no casualmente el centro de esta restauración stalinista es el ataque verbal a la libertad de prensa y expresión”, completó el sociólogo Demétrio Magnoli.
Leonardo Boff, el legendario ideólogo de la Teología de la Liberación, expulsado de la Iglesia Católica por el todavía cardenal Joseph Ratzinger durante la gestión de Juan Pablo II, resumió aquellos golpes mediáticos contra la candidata petista: “En esta guerra vale todo lo factible, la ocultación de hechos, la distorsión y la mentira directa”, y definió a ese grupete de propietarios de medios como “familias que, cuando ven contrariados sus intereses comerciales e ideológicos, se comportan como “familia” mafiosa. “Son dueños privados que pretenden hablar para todo Brasil y mantener bajo tutela a la llamada opinión pública.”
Esa prensa que no toleró en Brasil el triunfo de Dilma, encontró un resquicio donde colar su agenda desestabilizadora en su jefe del gabinete, Antonio Palocci. Que sin dudas se benefició con la asesoría a empresas privadas –legal, quizás, pero moralmente cuestionable– pero también colaboró para que esas firmas acrecentaran sus propios beneficios. Por eso tal vez el costo que paga la presidencia es sólo político y no padeció un embate de eso que genéricamente se llama mercados.
El que sí los debe enfrentar, aun antes de probarse la banda presidencial, es Humala, quien el mismo lunes en que El Comercio le indicaba una hoja de ruta vio caer la Bolsa limeña más de un 12%. Una caída sin dudas “educativa”.

Tiempo Argentino
Junio 11 de 2011