La llegada de Mariano Rajoy al gobierno hace
justo un año estuvo enmarcada en ese proceso de caída libre, que se
inició con la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos
pero que repercutió de un modo letal en la península, habida cuenta de
que el modelo que el neoliberalismo presentaba como exitoso se basaba en
la cultura «del ladrillo» con fines especulativos. Y al estallar la
burbuja nada había detrás de qué agarrarse.
El PSOE, que había tenido notorios avances en materia social con
la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa en 2004, se fue
enmarañando en soluciones a la crisis financiera pergeñadas en Bruselas
que terminaron por poner en controversia hasta las raíces del Estado de
Bienestar que representaba el socialismo democrático ibérico.
Hubo una semana clave en su gestión, con una cadena de hechos
simbólicos que dejaron entrever el futuro español: a mediados de mayo de
2010, el principal grupo de medios, propietario del diario El País, uno
de los emblemas de la España posfranquista, dejaba su mayoría
accionaria en manos de un grupo inversor con capitales de Estados
Unidos. El anuncio se hizo el mismo día en que el juez Baltasar Garzón
era suspendido por el Supremo Tribunal a raíz de su intento de juzgar
los crímenes del franquismo y Zapatero anunciaba el primer recorte
presupuestario para reducir el déficit fiscal. Fue como un tiro en el
pie.
Un año más tarde las protestas y el incremento en la desocupación
lo obligaban a adelantar los comicios. Que fijó para el 20 de noviembre:
justo el día en el que se cumplían 36 años de la muerte del Caudillo.
Ganó, como todos los pronósticos anunciaban, el líder del Partido
Popular (PP), Mariano Rajoy, quien asumió su cargo el 21 de diciembre,
con promesas de llevar adelante un plan económico que sacara al país de
la encrucijada. Un regalo de Navidad que finalmente luego de un año
demostró no sólo que era un programa de recortes sin fin, sino que
además, tenía como trasfondo la restauración conservadora de España.
Todo peor
En este año de gestión, las variables de la economía no paran de
empeorar, a lo que se suman las respuestas que van tomando diferentes
sectores de la sociedad ante las escasas perspectivas en un plazo
previsible. Así, las calles de las principales ciudades del país son el
reflejo de las tensiones que se acumulan. De manera que, entre reclamos
de discapacitados por los recortes en el sistema sanitario y una
votación que podría encaminar hacia un referendo independentista en
Cataluña, terminaba el período para un amplio y «generoso» blanqueo de
capitales que, como suele suceder, beneficiaba largamente a los que
evadieron sus responsabilidades fiscales en detrimento de los que o no
tienen más remedio que pagar los impuestos o consideran que es una
obligación moral hacerlo, que no son pocos en ninguna parte del mundo.
En tal sentido, incluso, el gobierno de Rajoy tocó –a pedido de
Bruselas– una de las variables que desencajó otro clavo en la maquinaria
económica. Aumentó el IVA de 18 a 21%, lo que repercutió negativamente
en el índice de precios de setiembre. Por ley, el gobierno tenía que
incrementar las jubilaciones y pensiones en una cifra equivalente, pero
no lo hizo «por cuestiones presupuestarias».
El IVA es más fácil de cobrar que otros impuestos porque en algún
momento de la cadena económica siempre hay alguien que termina
aportando, por más mecanismos de evasión que se inventen. Por otro lado,
reducir ingresos a los jubilados es casi un deporte para economistas
neoliberales, como bien lo saben los retirados argentinos que lo
padecieron en tiempos no tan pretéritos. El problema, como marcaron los
dirigentes de las dos principales centrales obreras españolas,
Comisiones Obreras (CCOO) y la UGT, es que con una desocupación que
supera holgadamente el 25% y mantiene a casi 5 millones de personas sin
trabajo, hay miles de familias que viven del sueldo del jubilado.
A todo esto se suman los recortes, en general en el sistema de
salud, que pusieron primero la mano en el bolsillo de los beneficiarios
porque obligan a un copago de servicios que hasta abril eran gratuitos, y
se dejaron afuera del sistema de protección a extranjeros e ilegales.
Con decir que hasta las ambulancias de los traslados deben pagarse no
hace falta agregar mucho más. De allí la masividad de la manifestación
de discapacitados que el 3 de diciembre llenó las calles céntricas de la
capital española en reclamo por lo que también ellos perdieron en este
año.
Regiones alzadas
Pero no sólo de variables económicas se trata el modelo que viene
desarrollando el Partido Popular desde que recuperó el poder a fines del
año pasado. Así es que a principios de diciembre la noticia era el
rechazo de Cataluña al proyecto de reforma educativa que lleva adelante
Madrid de la mano del ministro José Ignacio Wert, que mediante la
reforma de la ley educativa, con el archiconocido propósito de adecuar
la enseñanza a un mundo que necesita jóvenes preparados en nuevas
especializaciones, impone como idioma prioritario el castellano en todo
el país.
Sobre llovido mojado: a pocos días de una elección clave en Cataluña
que abre paso –aunque no tan velozmente como pretendían sus impulsores–
a un referendo independentista, el remarcado centralismo madrileño se
parece bastante a una provocación. La región más rica de España sufre
recortes y la sociedad protesta porque aporta casi el 20% de los
ingresos totales de de la administración central y recibe un poco más
del 14%. Según la perspectiva catalana, allí reside el colosal déficit
que llevó a la región a pedir salvataje a Madrid y a ser la segunda
región más endeudada del país.
La ola independentista podría arrastrar al País Vasco, que tiene
viejos reclamos independientistas aunque no tan teñidos de aroma
impositivo porque logró en su momento lo que se llama el sistema de
concierto, que le permite recaudar y girar al gobierno central una cuota
para la coparticipación. Para el resto de las comunidades, el sistema
es más parecido al argentino: el Estado nacional recauda y luego
distribuye. Con el adicional de que lo hace con un prudencial retardo,
que se alarga mucho más en tiempos de crisis.
Tampoco para Rajoy son buenas épocas en política exterior. Al
principio de su gestión, el canciller José Manuel García-Margallo
declaró con un tono nacionalista que el nuevo gobierno iba a luchar por
el Gibraltar español. El peñón es para España una espina clavada en el
corazón de su orgullo. Y a pesar de tratados y acuerdos que permitieron
construir una organización como la Unión Europea, al igual que en
Malvinas, los británicos se niegan a hablar de soberanía con sus vecinos
amparados en el Tratado de Utrecht de 1713. El ímpetu nacionalista de
García Margallo a poco del tercer centenario de aquella afrenta se fue
opacando a medida que el primer ministro, David Cameron, también buscó
untarse de una pátina patriótica en medio de ajustes presupuestarios
ordenados desde Bruselas y con la mano rigurosa de los alemanes. Así que
un viaje oportuno del príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa,
Sophie Rhys-Jones, sirvió para apaciguar las cosas y sólo quedó el
reclamo de que los pescadores españoles puedan seguir su faena en aguas
que los ingleses consideran suyas, como hasta entonces.
Cuestión de códigos
La recuperación argentina de la petrolera YPF también fue un golpe
al orgullo herido de los españoles. Al menos así lo entendieron los
medios de comunicación y el gobierno, que primero amenazó con las peores
consecuencias por el desafío. Pero andando el tiempo la temperatura fue
bajando tanto en los despachos oficiales como en la ex compañía matriz,
Repsol, que ahora decidió hacer reclamos económicos más que imponer
trabas políticas. Mucho no pueden alardear los empresarios hispanos en
vista de la detención del que fue el titular de la principal cámara
patronal del país, nada menos que por lavado de dinero y ocultamiento de
bienes para evitar hacerse cargo de millonarias deudas de su empresa
Marsans. Gerardo Díaz Ferrán fue en su momento presidente de la
privatizada Aerolíneas Argentinas y tanto de este lado del Atlántico
como del otro, siempre tuvo micrófonos a mano para protestar por el
«despojo» al que lo habría sometido el gobierno argentino cuando
nacionalizó la compañía de bandera sin pagarle nada en retribución,
argumentando que el español había vaciado la línea de bandera.
Cierto es que la España que tomó Rajoy no estaba en su mejor
momento. De otro modo la derecha no se habría alzado con el triunfo
electoral aquel 20N. Pero el PP no hizo más que empeorar los índices
económicos, con lo que justificó la aplicación de una política de shock
que aceleró el desguace del Estado de Bienestar y abrió la posibilidad
de terminar de destruir todo lo que de progresismo dejó Zapatero tras su
paso por la presidencia del gobierno. Además lo hace con verdadero
deleite.
Por ahora el PP no puso el foco en la reforma de la ley del aborto,
una de las promesas electorales, ni en el matrimonio gay. Pero sí
reformó el Código Penal para endurecer aún más las de por sí impiadosas
penas (que para los delitos más graves pueden llegar hasta 40 años).
Además, introduce la figura de la «Prisión permanente revisable», que en
teoría permite reducir condenas a cadena perpetua, pero luego de haber
pasado no menos de 25 años entre rejas.
Añade luego la llamada «Custodia de seguridad», una medida por la
que se suman hasta 10 años más de prisión a un preso que haya cumplido
su condena cuando el tribunal sentenciador crea que se trata de un
individuo de «especial peligrosidad».
Mientras tanto, y a pesar de que crece exponencialmente la cantidad
de víctimas de desalojos por deudas hipotecarias impagas (ya hay más de
350.000 familias que lo perdieron todo en estos 4 años) no hubo acuerdo
para cambiar la legislación que reglamenta la dación en pago, es decir,
que el banco o el acreedor se quede con la propiedad del deudor, que de
este modo se liberaría de su compromiso. Esto es, si al momento de
entrar en mora la propiedad vale menos que cuando el incauto la compró,
la diferencia se le sigue computando como deuda. En una sociedad con
crisis laboral, eso significa que deberá pagar hasta el fin de sus días.
Revista Acción
Diciembre 15 de 2012
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