La industria bélica

La escalada de Uribe tiene hondas razones ideológicas y estratégicas. Pero también puede entenderse como una forma de crear razones para tranquilizar a los accionistas de un puñado de empresas privadas.

Las relaciones entre Colombia y Venezuela no eran una maravilla este jueves, cuando Hugo Chávez aprovechó la visita de Diego Maradona para anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas. Ni lo habían sido días antes, cuando Álvaro Uribe prometió presentar pruebas de que en territorio venezolano reciben apoyo y protección efectivos de las FARC y el ELN, las dos organizaciones guerrilleras colombianas. De hecho, los presidentes se habían enfrentado el año pasado, cuando Uribe firmó la extensión de los acuerdos militares con los Estados Unidos, que implicaron la creación de siete bases militares en territorio colombiano. Lo que puede asegurarse ahora es que la llegada del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos quedará fuertemente condicionada por lo que la mayoría de los medios tradicionales prefieren tomar como bravuconadas de Chávez y Uribe de cara a sus propios frentes internos.
Santos fue el ministro de Defensa que ordenó el ataque sobre territorio ecuatoriano en 2008, donde fue muerto el número 2 de las FARC, Raúl Reyes, junto con otras 16 personas. Desde entonces las relaciones con Ecuador también estaban rotas y Santos es investigado en relación con aquella incursión armada. Las tres son naciones bicentenarias surgidas bajo el influjo de Simón Bolívar, que comparten –con detalles– la bandera bolivariana y que alguna vez conformaron el intento de una gran nación construida sobre la base del virreinato de Nueva Granada. Naciones con las que Santos se comprometió a una política de buena vecindad.
Las relaciones de Colombia y los Estados Unidos no debieran ser precisamente amistosas, si se recuerda que Washington promovió la independencia de la provincia de Panamá porque no logró que el gobierno colombiano del 1900 aprobara que tropas estadounidenses vigilaran el flamante Canal. Sin embargo, por lo menos desde 1952 los lazos con la clase dominante colombiana se fueron estrechando y, desde 1974 –con el argumento de la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla– culminaron en pactos militares.
En 1998, cuando faltaban pocos meses para que el canal fuera devuelto a los panameños tras los acuerdos Torrijos-Carter, el ex presidente Andrés Pastrana anunció el Plan Colombia, “un programa de desarrollo económico sin drogas”. La conducción estratégica de las fuerzas militares estadounidenses sabía que ya no habría espacio para nuevas camadas de militares formados en la Escuela de las Américas de Panamá, y Colombia ofrecía todos los condimentos para ser su avanzada en la región. Por la mezcla de fuerzas insurgentes y producción de narcóticos que sólo podrían verse en Afganistán o el Extremo Oriente, entre otras explicaciones.
La violencia se potenció de tal manera desde entonces –sin entrar en demasiados detalles bastante conocidos que involucran a tropas regulares, paramilitares, mercenarios, cárteles y narcotraficantes– que según la ACNUR, la organización de la ONU que atiende a los refugiados, desde 2004 el número de desplazados internos se incrementa en 250 mil personas por año hasta superar actualmente los tres millones, y los refugiados sobrepasan los 650 mil personas, sobre todo en Ecuador y Venezuela, por la obvia cercanía fronteriza.
Hasta el 11 de septiembre de 2001, las guerrillas colombianas eran catalogadas por el Departamento de Estado como “fuerzas políticas beligerantes”. Desde entonces están en el rango de “organizaciones terroristas”. Y a medida que en los Estados Unidos se fueron incrementando los presupuestos para la lucha contra el terrorismo en todo el mundo, también fue aumentando la injerencia de los civiles contratados por Washintgon, no sólo como fuerzas armadas sino como servicios de espionaje.
Para 2002, se modificó una cláusula del convenio original que permite el ingreso de “subcontratistas” de seguridad sin límite. Esa es figura legal para los mercenarios y agentes civiles con permiso y protección de las leyes estadounidenses que actúan en este país sudamericano.
Entre los contratados figura personal de compañías como DynCorp y XE, la antigua Blackwater, la más grande empresa de seguridad global privada, con ingresos de unos 1000 millones de dólares al año y 40 mil empleados, la mayor parte de ellos en Irak y Afganistán. Estos contractors son conchabados por el Departamento de Estado, el Pentágono o la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo.
El diario The Washington Post publicó durante tres días un profuso informe denominado “EE UU secreto”. Es una investigación sobre el mundillo de las agencias de inteligencia. Durante dos años, un equipo de unas 17 personas al mando de Dana Priest y William Arkin fue desmenuzando un conglomerado que, según publicaron en el tal vez más influyente diario de los Estados Unidos, desde los atentados a las Torres Gemelas creció hasta ocupar hoy a 854 mil agentes. Son pocas las ciudades argentinas que llegan a esa población (Buenos Aires, Córdoba y Rosario). De esa cifra, 265 mil son contratados y pertenecen a las 1931 empresas privadas del rubro, que compiten con 1271 organizaciones gubernamentales.
“La floreciente industria de la inteligencia corporativa se lleva a los trabajadores más calificados del gobierno con mejores salarios y bonificaciones. Los contratistas pueden ofrecer el doble de dinero a empleados experimentados del gobierno federal”, dice el Post. “Los contratistas componen el 29% de la fuerza de trabajo en las agencias de inteligencia, pero cuestan el equivalente del 49% de su presupuesto de personal”, concluye el matutino. Al mismo tiempo, se multiplicaron los edificios donde se realizan tareas secretas y se desarrolló toda una industria para la construcción de salas de seguridad equipadas con alarmas, sistemas de comunicación protegidos y aparatos para la vigilancia que recuerdan en mucho a las películas más imaginativas del género.
No es la primera investigación sobre el tema en los Estados Unidos, aunque sí la primera que aparece en alguno de los medios top. Porque el periodista Jeremy Scahill había investigado sobre Blackwater. Y su colega Tim Shorrock había hecho lo propio en un libro que llamó Spies for Hire (Espías de alquiler).
Precisamente fue Shorrock quien en un reportaje radial se asombró el jueves de que nadie haya protestado antes por lo que estaba ocurriendo. “Las empresas privadas venden acciones en el mercado, se ufanan ante sus inversores de las altas ganancias, tienen edificios lujosos con el logo en la puerta y páginas web donde vuelcan sus logros. Hacen todo a la vista del público”, dijo. Esto es tan así que a principios de este año el fundador de Blackwater, el ex marine Erik Prince, habló efusivamente de sus negocios en una nota de tapa de la revista Vanity Fair, como si fuera un divo.
Durante décadas, la economía de los EE UU funcionó sobre la base de la asignación de recursos del Estado a través de la industria bélica. Los analistas más sensatos venían advirtiendo sobre los riesgos que para la democracia implica este tipo de relación con el aparato industrial militar. Ahora se le agrega esta nueva variable del complejo empresarial del espionaje.
Un complejo de tal magnitud necesita incrementar su tasa de ganancia continuamente, como cualquier empresa privada. Y sus ingresos provienen de la capacidad que puedan ofrecerles a los gobiernos para la resolución de conflictos. Como le pasaría a cualquier sofisticado técnico que vende su mano de obra supercalificada, en la medida en que se solucionan las fallas desaparecería también su posibilidad de conseguir contratos y el negocio se termina.
Son muchos los funcionarios de las áreas de inteligencia de los Estados Unidos que pasaron por la actividad privada y al término de su gestión volvieron a su anterior empleo. Uno diría que son técnicos de los que conviene desconfiar.
La escalada de Uribe tiene hondas razones ideológicas y estratégicas que van más allá de la guerrilla y apuntan directamente al corazón del gobierno chavista. Pero también pueden entenderse como una forma de crear razones para tranquilizar a los accionistas de un puñado de empresas privadas.
Las mismas que acercaron las presuntas pruebas esgrimidas por su embajador en la OEA.

Tiempo Argentino
25 Julio 2010

Evo Morales: "Estados Unidos se ha convertido en un basurero de delincuentes"

En una entrevista exclusiva, el presidente boliviano repasa parte de su pasado como dirigente sindical, cuenta cómo se hace política sin dinero y critica la cobertura que reciben dirigentes derechistas que huyeron al Norte.

Evo Morales impacta. Por una sencillez que en nada refleja el cargo que ocupa ni el lugar en la Historia que sin dudas ya se ganó. Por los logros desde que se dio a conocer como dirigente campesino, allá por los finales del siglo XX. Porque se empecina en cumplir con las promesas electorales de cambiar en profundidad y definitivamente a un país atravesado por la injusticia y el racismo. Y porque, aunque se niegue, podría dar lecciones de cómo amalgamar voluntades e intereses contrapuestos en beneficio de un bien común. La Constitución del Estado Plurinacional es un ejemplo, que recién se está poniendo en marcha luego de la aprobación de las cuatro leyes fundamentales.
Morales recibió a Tiempo Argentino el martes pasado, en su habitación del hotel Alkazar, de San Juan, donde había estado en la Cumbre de Presidentes del Mercosur. De sport, mientras se preparaba para un acto ante la comunidad boliviana afincada en Cuyo. Con poco tiempo, como le ocurre desde hace décadas desde que se metió en la dirigencia gremial de los campesinos cocaleros.
Responde parco, cuidando las palabras, se diría que tenso. Hasta que la conversación deriva en cuestiones personales, de esas que le dan dimensión de hombre, y entonces se relaja, se suelta. Ahí aparece un hombre consciente de su destino, con un pasado muy rico en vivencias. Que de un origen humilde como hijo de un trabajador golondrina, construyó luego una fuerza política capaz de convertirse por primera vez en una alternativa de poder, para la absolutamente mayoritaria población indígena de la nación fundada por Sucre y bautizada en honor a Bolívar.
−Usted contó la emoción que le producía haber estudiado en un colegio de Calilegua, sin saber siquiera el idioma, a haber llegado a recibir el título honoris causa de dos universidades en San Juan. ¿Cómo vivió ese momento?
−Pues conmovido, claro. Hay muchas cosas que pasaron. Y mira las que pasaron después de Calilegua.
−Vendió helado, jugó al fútbol, nada hacia suponer este presente.
−Vendía Picolé (palito de agua), y bastante vendía. Mi padre era muy trabajador, porque a veces había paro de trabajadores, entonces mi padre trabajaba sábados y domingos, esperando continuamente que hubiera paro.
−Claro, si había paro no podía cobrar.
−Ahí descansaba, claro.
−Usted recordó con agradecimiento a Kirchner y lo catalogó más que como secretario, como presidente de la Unasur. ¿Por qué?
−En 2006, cuando yo empecé, estaba de presidente Néstor Kirchner. Y en nuestras reuniones él me alentó, me inspiró, me orientó, me animó, me impulsó mucho en mi presidencia. Yo recién electo, y en mis primeros meses de presidente. Ha sido muy solidario conmigo. Y en mis primeros meses, mi primer opositor fueron las inundaciones, y él fue muy solidario en febrero, marzo, con helicópteros, fuerzas armadas ayudando a la gente por las inundaciones. Una larga historia. Y en el momento más difícil de amenazas por las trasnacionales después de la nacionalización del petróleo, después del 1 de mayo de 2006, cuando la oposición decía “no va a haber inversión, no va a haber nuevos campos petroleros, no va a haber exploración, se van a espantar los inversores”, ahí estaba Néstor Kirchner diciendo “no se preocupe, acá estamos nosotros, todos juntos”. También cuando desde el Oriente nos impedían la llegada de alimentos, aceite, estuvo presente, se ocupó de que nada nos faltara.
−¿Y con Lula cómo es la relación? Porque el tema del petróleo no fue fácil…
−(Sonríe) Con Lula, después del 1 de mayo de 2006, tuvimos problemas. Yo intenté en varias oportunidades comunicarme, y ha sido difícil comunicarme telefónicamente. Yo quería comunicarme, decirle que “vamos a tomar la propiedad”. Como no podía, decidí ejercer la propiedad como Estado. Expropiar, por supuesto. Ahí momentáneamente hubo un problema y ahí el mismo compañero Kirchner nos convocó a cuatro presidentes: él, yo, Chávez y Lula, bajo la dirección de Kirchner, en una ciudad de la Argentina, no me acuerdo exactamente, lo resolvimos.
−¿Qué les dijo?:“Pónganse de acuerdo”?
−Discutimos, yo le expliqué de manera detallada. Una vez que nos entendimos, ya mejoramos las relaciones y en diciembre de 2006, en la Cumbre de Jefes de Estado de Europa, Latinoamérica y el Caribe, en Viena, hemos superado eso. Nos sentamos a ver cuáles son nuestras diferencias. Y yo le dije: “Tengo un mandato del pueblo y el mandato del pueblo es ejercer el derecho de propiedad como socios, no con patrones.” Y uno de los contratos ilegales e inconstitucionales que decía (recita de memoria): “el titular −que es la transnacional− adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo”. Y nos dicen los gobiernos neoliberales “cuando está bajo tierra sigue siendo nuestro, pero cuando sale de boca de pozo, ya parece que son de las trasnacionales petroleras”, y acabamos eliminando eso.
−¿Ahora la relación es buena?
−No… está bien. Con Lula ahora tenemos excelentes relaciones. Compartimos ideales, él como presidente obrero, yo como presidente originario. Esa es también la diversidad de Sudamérica
−Bueno, son los dos presidentes que vienen de más abajo.
−Así es, ambos venimos de abajo, pero yo mucho más abajo que él. (Risas)
−Qué le diría a Obama si lo tuviera adelante?
−Le diría que como uno de los discriminados, como es su sector social, que no discrimine a otros latinoamericanos en los Estados Unidos. Le diría que como excluido, marginado, perseguido, como afroamericano que es él, ¿cómo puede permitir normas como las de Arizona para expulsar a los latinoamericanos? Que por encima de nuestra diferencias de no al capitalismo ni al imperialismo, esto es algo social importante. Seguro que mañana voy a enviar una carta a Obama que estoy elaborando, ahí va a ver. (Efectivamente, la carta fue anunciada dos días después, está fechada el jueves 5 de agosto.)
−¿Cambiaron algo los Estados Unidos entre Bush y Obama?
−Para nada. Hasta ahora, para nada. Sólo la expectativa de su presencia en la presidencia, pero yo siento que no cambia nada. Sigue el bloqueo económico a Cuba, siguen esas políticas del capitalismo en crisis. Eso yo no puedo entender. Como vengo de una familia pobre, cuando hablamos de capitalismo se habla de gente millonaria, de Estados ricos, y que tengan semejantes crisis económicas. Las quiebras, la crisis, las nacionaliza Obama. Aquí nosotros nacionalizamos la riqueza, pero no la pobreza ni la crisis. Esa es también nuestra diferencia.
−¿Qué le aconsejaría ante las crisis? Porque Latinoamérica tomó otros rumbos y le fue bastante mejor.
−Mira, yo no soy quién para aconsejarle ni dar lecciones sobre políticas económicas. Respeto sus políticas si son democráticas, por supuesto, pero lo que no aceptamos es en este nuevo milenio a los imperios, a las monarquías, oligarquías o jerarquías. Estamos en el tiempo de los pueblos. Por lo tanto habría que implementarse políticas que beneficien a los pueblos y no simplemente a grupos de los pueblos. Esa es nuestra profunda diferencia. Tarde o temprano, estoy convencido, el capitalismo va a caer, y los pueblos se levantarán. Entonces, antes de que sean rebasados por los pueblos, es mejor encabezar esas profundas transformaciones.
−Otro dato de la realidad es que mientras en Bolivia se aprobaba la Ley de Autonomía (último eslabón para implementar los cambios de la nueva Constitución), donde se reconocen 36 nacionalidades, en España se discute con fuerza la nacionalidad catalana.
−Es todo un proceso ese de las transformaciones democráticas, los cambios estructurales, los cambios orgánicos de las distintas estructuras del Estado. En Bolivia tenemos un Estado plurinacional, no un Estado colonial. Un Estado con autonomías departamentales, regionales, pero en el marco de la unidad del país. Esa es la transformación que hacemos, felizmente con el acompañamiento del pueblo. En Bolivia ya estamos en la tercera etapa de esa Asamblea Constituyente, que es la implementación de la Nueva Constitución. Felizmente acabamos ya con las leyes orgánicas, ahora vienen las leyes laborales, sociales, productivas, para garantizar estas transformaciones profundas de Bolivia. No faltaron en los pasados años quienes entendían la autonomía como independencia, o autonomía para pequeños grupos que después de perder a nivel nacional, se metieron en las regionales para que esas autonomías sean las oligarquías. Se equivocaron, y nosotros estamos buscando autonomía para los pueblos y no para las oligarquías. Esa es la profunda diferencia. Ahora, cuando ya empezamos a implementar autonomías para los pueblos, hay resistencia en los departamentos (o provincias, como los llaman aquí), resistencia porque no quieren soltar la plata allí.
−¿Cómo marcha eso? ¿Cómo cree que cambiará la sociedad?
−Mira, yo sé que cuesta cambiar. Por eso yo digo, podemos cambiar con alguna dificultad normas, leyes, una Constitución, pero lo que no se puede cambiar es la mentalidad. Eso es lo más difícil para mí. Ahí tenemos muchas diferencias. Y quienes venimos de las luchas sociales, que somos dirigentes sindicales o de cualquier movimiento social, sabemos que fundamentalmente la función pública es servicio, es sacrificio, es compromiso con el pueblo. No pensar en uno o en dos, mientras que hay alguna gente que ya no son de compromiso, de sacrificio para los pueblos, eso es lo peor. Aquí se requiere de una profunda reflexión, educación, orientación si pensamos en nuestra querida Bolivia. Y mejor todavía si pensamos en integrarnos a Sudamérica, a nuestra querida Latinoamérica. Yo sigo convencido de que somos la esperanza para el mundo. Entonces ¿qué hacer ahora?
−La lucha más fuerte la tiene entonces dentro de sus propias filas. Cambiar al hombre, como pedía el Che Guevara.
−Sí, sí, eso es, estoy convencido: cambiar al hombre, un nuevo hombre, con una nueva mentalidad. Eso empieza desde la niñez. Hay ciertas estructuras como la justicia o la policía, donde a veces es muy duro, muy duro, muy duro... Porque es el Estado colonial, y el Estado colonial es la mentalidad, y esa mentalidad que está representada en el Estado colonial es el egoísmo, es la ambición personal, que no es una buena ambición para la patria.
−¿Cuándo se pensó como presidente? Imagino que no cuando estaba en Calilegua.
−No, para nada. Ni cuando fundamos ese instrumento político de la liberación económica y social. ¿Cuándo pensé? En 2002, para mi primera candidatura. Con otros dirigentes especialmente del sector campesino hicimos un programa, que era como un pliego único de la Central Obrera Boliviana. No era un programa-programa (repite con énfasis). Nos presentamos, no teníamos plata y nos sorprendemos. Cinco partidos en total eliminé: Bolivia Libre, un supuesto Partido Socialista que se va con la derecha, otro pequeño de Oruro, cinco legalmente reconocidos juntos con la cabeza del MNR de Gonzalo Sánchez de Losada. Nos ganaron con menos del 1% y nos robaron el triunfo.
−Le hicieron un gran favor, suele decir.
−Pero me quedé tranquilo y contento, porque no estábamos preparados para gobernar porque hemos dado la sorpresa.
−¿Pero pensaban que podían ganar?
−No. Las encuestas decían que tendríamos alrededor del 5% máximo, cuando hemos sido los primeros, y solos, y no como el MNR, eliminando a 5 partidos aliados entre sí. Y ahí dije: “En cualquier momento soy presidente, hay que prepararse.”
−¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue eso de prepararse? ¿Se trataba de cuadros, de una preparación personal?
−Mira, ese año ganamos en el departamento de Potosí, sin candidatos, hemos ganado senadurías sin candidatos.
−¿Cómo es eso?
−Mira, en un departamento el ganador tiene dos senadores y yo tenía dos candidaturas a senadores. Sin embargo, faltando dos semanas el segundo candidato renunció y solo hemos ido con un candidato. Ganamos el departamento y nos correspondían los dos senadores, pero no teníamos a los dos senadores… Igualmente ocurrió en el departamento de La Paz. Y lo más importante, mis compañeros del campo, mis hermanos, hermanas, dejaron de trabajar escuchando la radio voto a voto. Mirando, mirando… Faltaba poquito para ganar (junta la uña del pulgar a la punta del índice derechos). Esa es la alegría. Y yo tenía miedo. Pero eso fue un error de la derecha-derecha (vuelve a enfatizar). El error de los Estados Unidos. Si yo hubiera sido el enemigo de ese momento político, hubiera metido al Evo Morales como Presidente en 2002, cuando todavía no estábamos preparados, y además de los 130 diputados teníamos apenas 27, lo mismo nos pasaba en Senadores. Éramos minoría y todavía sin ninguna preparación. Y ellos, mayoría, con su bancada, me hubieran eliminado.
−¿Y qué pasó?
−Pues mira, qué hizo ahí el ex embajador de los Estados Unidos, Manuel Rocha, ese que dijo que yo era el Bin Laden andino, de los cocaleros a los talibanes. Pues faltando dos semanas para la elección, dijo: “No voten por Evo Morales, y si lo votan no habrá apoyo internacional.” ¿Y qué hizo?, Juntar a dos partidos que son de la derecha, pero eran enemigos entre ellos: el MIR y el MNR. ¿Quiénes eran los operadores para estas alianzas? Uno condenado por narcotráfico, Oscar Eid Franco, y otro también narcotraficante, el delincuente Carlos Sánchez Berzaín, que se escapó a los Estados Unidos, y su secretaria fue encontrada con más de cuatro toneladas de cocaína en el aeropuerto de El Alto. Estos dos delincuentes eran operadores políticos, uno a nombre del MIR, otro a nombre del MNR. Y ellos hablando a nombre de la democracia, y yo, ahhh, asco (espanta con la mano derecha). Yo digo felizmente, si el embajador de los Estados Unidos hubiera sido inteligente le metía al Evo Morales, y en un año estábamos servidos. Parlamentarios de la oposición en mayoría, todavía sin ninguna experiencia, sin un programa. Hubiera pasado lo que con (Hernán) Siles Suazo, que no tenía mayoría parlamentaria y se volcaron los movimientos sociales contra él por una cuestión económica.
−¿Cómo hizo para hacer política sin plata?
−Todo organización, todo concientización, debate con los movimientos sociales, toda esa estructura. En mi sector, el del Trópico fundamentalmente, se movilizó para la campaña a nivel nacional. Hubo aportes sindicales, aportes de otras formas en las comunidades. Se gasta algo de propaganda en televisión, se gasta algo en las radios, algo en panfletería y en la movilización. Movilizarse con el aporte de cada uno. No es que el jefe del partido y el que es presidente va a poner plata. ¿Qué plata yo puedo poner? Cuando empezamos en el 95, en Chapare especialmente, nuestra primera participación en elecciones municipales, decisión orgánica, sindical, elección desde las bases de concejales, no teníamos plata para hacer panfletos ni afiches. La derecha nos inundó de propaganda y algunos compañeros ponían esos afiches de la derecha y nosotros decíamos: “Qué pasa compañero, ese no es nuestro partido, estamos haciendo propaganda para nuestro partido.” Y el compañero de base nos decía “pero ustedes también traigan su propaganda”. Y ahora qué hacemos. No tenemos plata. Por sindicato, por la central campesina un aporte. Hicimos todos un aporte, ya para banderas, ya para afiches. Nos alcanzó para 15 mil afiches, en la región, y los compañeros en vez de repartir, en vez de colocar, se lo llevaron dentro de sus casas (risas).
−¿Como recuerdo?
−Como recuerdo, como si fuera de nuestros libertadores. Y yo no era candidato. Me acuerdo siempre de una compañera, Herminia Mamani, no teníamos banderas de Izquierda Unida. Habíamos ido con la Izquierda Unida, así, a la prestada, y la bandera de un partido que se llamaba Movimiento Bolivia Libre era roja y amarilla, y la de Izquierda Unida era como la tricolor de Bolivia, amarillo, rojo y verde. Pero nosotros no teníamos nada. Herminia, nos comentó, fue decirle a una compañera: “Usted vaya a hablar contra el Evo Morales, contra el instrumento político, y diles que eres de Movimiento Bolivia Libre y que te den todas sus banderas.” Y habló contra mí, contra Izquierda Unida, y en el MBL le dieron todo. La compañera se había conseguido una tela verde, que las cosieron y así han tenido la bandera tricolor de Izquierda Unida. Le puedo comentar bastante de esto.
−Esos son los gestos que construyen, ¿no?
−Eso es, compromiso.
−¿Qué le falta construir aún?
−Seguir trabajando por la igualdad, por los sectores más abandonados. Según las Naciones Unidas, la extrema pobreza ha bajado del 40 al 30%, y es muy alentadora esta cifra. Evitamos la deserción escolar, con un bono llamado Juancito Pinto. La Renta Dignidad para los abuelos, que ahora son los abuelos de verdad porque disponen de un poco de dinero. Porque ahora en el campo los abuelos tienen para pagar las tarifas de energía eléctrica con su renta que reciben mensualmente. Es poco, pero tiene mucho significado para ellos. Quiero mejorar eso, esa es una forma de cómo ayudar a la gente no pudiente, a la gente abandonada históricamente. Otro deseo que tenemos es que los niños sean bien alimentados. Sin hambre. Estamos haciendo algunas industrias sobre procesos de cítricos, leche y otros productos, para mover las economías regionales y eso es alimento para niños en edad escolar.
−¿Cómo se posiciona la derecha? ¿Hay alguna posibilidad de levantamiento?
−Ninguna. Está totalmente derrotada. El último de sus líderes, mi contrincante Manfred Reyes, un delincuente, un maleante, se escapó a los Estados Unidos. Lamentablemente, los Estados Unidos, bajo la presidencia de Obama, se convierten en el basurero de los delincuentes de Latinoamérica. Los delincuentes se escapan allá y él no hace nada. ¿Cómo puede recibir a los delincuentes y darles asilo político? Desde Goñi, González de Losada y tantos otros. Los ministros que acá robaron, siguen escapándose a los Estados Unidos.
−¿Quién es hoy el principal enemigo de todo este proceso revolucionario?
−Algunos grupos oligárquicos, por supuesto, pero sobre todo es el capitalismo, el imperialismo de los Estados Unidos. Mediante la agencia norteamericana Usaid se infiltran en algunas alcaldías, algunos movimientos sociales, con prebendas, tengo cantidad de documentos sobre ese tema. Tratan de confundir, de enfrentar algunos departamentos entre ellos. Siempre ha sido así la historia, antes enfrentaron a La Paz con Chuquisaca y ahora quieren enfrentar a Oruro con Potosí. Pero son bien orquestados, bien organizados, para tratar de confundir este proceso. En 2007 o 2008, hablaron de que necesitábamos tener dos tercios para aprobar la Constitución, ahora tenemos dos tercios en diputados, dos tercios en senadores, dos tercios en alcaldes, dos tercios en gobernadores.
−¿Y no les resulta suficiente?
−Como ahora tenemos dos tercios, nos tratan de totalitarios, de autoritarios, de dictadores. ¿Qué culpa yo tengo si la gente nos apoya y tenemos dos tercios en todas las estructuras?

Tiempo Argentino
8 Agosto 2010

Rescatando al soldado Manning

‘Quiero que la gente vea la verdad’, dijo el joven analista de inteligencia al famoso hacker, que lo delató al Ejército. Había copiado centenares de miles de documentos sobre la guerra desde Irak. Estuvo preso en Kuwait.


El muchacho se presentó ese verano de 1969 en el aula magna del Haverford College, de Filadelfia, atestada de pelilargos indignados por el curso de una guerra que había definitivamente dividido a la población de los Estados Unidos y despertaba protestas en todo el planeta.
“Mi nombre es Randy Kehler, soy graduado de la Universidad de Harvard –dijo el joven, de 25 años recién cumplidos–. Mi país depende de que personas como yo se conviertan en dirigentes de empresas, que sirvan en oficinas públicas. Mi país depende de que lo dirijan personas como yo.” En el auditorio, entre los estudiantes rebeldes, había un correcto funcionario del gobierno federal, de 38 años, atravesado por una duda existencial.
“Lucho por causas justas –continuaba Kehler–, y no creo que nuestra causa en Vietnam sea una de ellas. Por eso no iré a pelear allá. Soy americano y me niego a servir en otro país para defender intereses personales. Dentro de unos días iré a prisión. Creo que la mejor manera, la única manera de luchar, es sacrificándome.”
Daniel Ellsberg, analista de la Rand Corporation que trabajaba para el Departamento de Estado se revolvía en la grada, junto a cientos de jóvenes que buscaban la forma de combatir lo que entendían como una barbarie. Ellsberg también era un brillante egresado de Harvard, y estaba en las filas de Robert McNamara, quien de la Ford Motor Company pasó a la Secretaría de Defensa durante los años más dramáticos de Vietnam, y luego sería director del Banco Mundial.
Kehler era lo que se llama un objetor de conciencia. Como Muhammad Alí, ese extraordinario boxeador de peso completo nacido Cassius Marcellus Clay que en la plenitud de su carrera había tomado dos decisiones fundamentales: se convirtió al islamismo y se negó a hacer el servicio militar en Vietnam. “No tengo ningún conflicto con el Vietcong, nunca un Vietcong me insultó llamándome niger”, decía. Alí fue despojado de su título mundial, y durante cuatro años no pudo boxear porque le retiraron la licencia.
Hay una larga tradición en los Estados Unidos en torno a la objeción de conciencia que encuentra un gran exponente en otro egresado de Harvard, Henry David Thoreau. Escritor y filósofo, en 1849 se negó a pagar impuestos porque se oponía a la guerra contra México y a la esclavitud, por lo que pasó una temporadita entre rejas. Sus ideas están volcadas en La desobediencia civil.
“Cuando salga de la prisión –adivinaba Kehler desde el estrado del Haverford– quedaré marcado. Nunca seré un ejecutivo. Nunca podré servir en una oficina pública. Nunca más seré confiable para muchos. Esa marca quedará en mí... pero la llevaré con orgullo.” Era el tipo de discurso que necesitaba Ellsberg para decidirse a fotocopiar los cerca de 7000 documentos sobre Vietnam que había atesorado en su oficina. Algunos de esos expedientes los había elaborado personalmente, ya que para tener información de primera mano se había internado por meses en las selvas del Extremo Oriente con las tropas de su país.
Ellsberg era un patriota y quería saber en qué se estaban equivocando, por qué razones estaban empantanados en una guerra que creía necesaria en favor de la libertad, la democracia y la civilización. “En Vietnam no estamos del lado equivocado. Somos el lado equivocado”, descubrió amargamente. Y eso pretendió explicar en despachos de funcionarios de alto rango de la administración central y de legisladores en el Capitolio. Pero la realidad le demostró que, si quería cambiar las cosas, debería hacer circular esa información ante el público. La sociedad tenía que saber por qué morían de a miles los hijos de su país y en qué se dilapidaban los fondos públicos.
Corría el año 1971 cuando Daniel Ellsberg envió el material a The New York Times y al Washington Post. Que los dieron a conocer como “Los papeles del Pentágono”. Fue a prisión, por traición a la patria. El gobierno de Richard Nixon demandó a los diarios, que lograron un fallo de la Corte Suprema a favor de la libertad de prensa que se usa como jurisprudencia en varios países del mundo.
Nixon no era precisamente una hermana carmelita. Lo corroboró por esos meses, cuando un grupo de “plomeros” instaló micrófonos para espiar la convención demócrata en el Hotel Watergate, donde se elegiría al candidato para las presidenciales de ese año. Investigando el caso, dos curiosos periodistas del Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, se toparon con información que les pasaba un misterioso personaje que les hizo jurar a rajatabla que mantendrían su anonimato.
El informante, bautizado “Garganta Profunda”, en alusión a una famosa película pornográfica de la época, les fue dando las pistas que permitieron recomponer la maniobra de espionaje, y sobre todo la responsabilidad presidencial. Nixon tuvo que renunciar en medio del escándalo, en 1974. La fuente anónima había sido William Mark Felt, número dos del FBI al momento del escándalo Watergate. Lo confirmaron luego de que el propio Felt se diera a conocer en 2008, cuando le quedaban pocos meses de vida.
En estas tierras también hubo personajes dispuestos a todo en defensa de causas justas. Tal vez el más emblemático sea el coronel Felipe Varela, catamarqueño de Valle Viejo, que se plantó contra el gobierno porteño para oponerse a la guerra contra el Paraguay. No tuvo empacho, Varela, en vender sus propiedades y ponerse al frente de un sentimiento popular muy arraigado. La de la Triple Infamia era una guerra de Mitre, el imperio brasileño y los comerciantes británicos contra los pueblos rioplatenses. Un genocidio.
“¡Basta de víctimas inmoladas al capricho de mandones sin ley, sin corazón, sin conciencia!... ¡Abajo los traidores de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de los cruces de Uruguaiana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina y oriental!...¡ Abajo esta guerra premeditada, guerra estudiada, guerra ambiciosa de dominio, contraria a los santos principios de la Unión Americana, cuya base fundamental es la conservación incólume de la soberanía de cada República!”, escribió Varela en el Manifiesto a los Pueblos Americanos.
El mismo espíritu es el que animó ese milico que, en medio de una partida, descubrió que el gaucho al que intentaban reducir no merecía morir ante esos soldados del gobierno. “¡Cruz no consiente / que se cometa el delito / de matar ansí un valiente!”, dice el verso del Martín Fierro. Jorge Luis Borges, en su biografía apócrifa de Isidoro Tadeo Cruz, reflexiona: “Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.”
Ese momento le llegó hace unos meses a Bradley Manning, un analista de inteligencia de la Segunda Brigada de la Décima División del Montaña del Ejército de los Estados Unidos apostada en Irak, de apenas 22 años. El chico conoce todos los secretos de la tecnología web, estaba en contacto con información privilegiada y admiraba a Adrián Lamo, un hacker condenado por violar los sistemas informáticos de Microsoft, The New York Times y Yahoo.
En un correo electrónico le describió su conmoción al ver de qué modo la policía iraquí detenía a un grupo de personas que imprimían panfletos que catalogaban de antipatrióticos. “Después de eso... vi las cosas de manera diferente. Estaba activamente implicado en algo con lo que estaba totalmente en contra”, escribió, según la agencia AP.
“Si tuvieses acceso a redes clasificadas 14 horas al día y siete días a la semana durante más de ocho meses, ¿qué harías?”, quiso saber en otro mail. Y mientras escuchaba a Lady Gaga, copió centenares de miles de expedientes y videos que mandó a Wikileaks, el sitio creado por Julian Assange. “Quiero que la gente vea la verdad”, se justificó ante Lamo. Pero el hacker lo delató al ejército.
Manning fue arrestado en mayo pasado, luego de que circulara un video llamado Daño colateral, donde se muestra un ataque desde un helicóptero estadounidense en Bagdad, en julio de 2007, en que fueron masacrados desde el aire una docena de civiles, entre ellos dos periodistas de Reuters.
El Pentágono dice que Mannig fue el responsable de la filtración de 92 mil documentos sobre la Guerra de Afganistán que aparecieron en la Web. Hace dos meses fue detenido y estuvo preso en un centro de detención de Kuwait. El viernes lo transladaron a Virginia. La única imagen que se conoce de él es una con boina militar y sonrisa de niño recién salido del secundario.

Tiempo Argentino
1 Agosto 2010

Trabas burocráticas

Las burocracias de los países latinoamericanos tienen una concepción del mundo que va a contrapelo de lo que proponen los actuales gobernantes. Una visión subalterna para cada una de las naciones con el poder central.


Una regla elemental de la diplomacia dice que los mandatarios deben llegar a un encuentro cumbre para la firma los documentos que han elaborado antes los funcionarios menores. No es norma del buen arte que los acuerdos se alcancen sobre la hora y bajo el impulso personal de los signatarios. Cuando eso ocurre, algo anda mal en el engranaje de las relaciones.
Este momento excepcional de los países sudamericanos obedece a circunstancias históricas poco comunes, pero fundamentalmente a la coincidencia en tiempo y espacio de un grupo de presidentes con similares visiones del mundo, un consenso interno importante y, sobre todas las cosas, la voluntad política de construir territorios de integración sólidos y duraderos, que subsistan más allá de su propio paso por este mundo.
El Mercosur prosperó de voluntades similares entre el gobierno de Raúl Alfonsín y José Sarney cuando a mediados de los ’80 firmaron la Declaración de Iguazú, que plasmaba el deseo frustrado de Perón, el brasileño Getúlio Vargas y el chileno Carlos Ibáñez del Campo en los años cincuenta. La fecha de nacimiento establecida para el Mercado Común del Sur, sin embargo, es la firma del Tratado de Asunción entre los cuatro miembros iniciales, la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay.
Pero la simple enumeración de quienes dieron el puntapié inicial a ese esbozo de integración ya indica sobre qué bases se sustentaba. Carlos Saúl Menem, Fernando Collor de Melo, Andrés Rodríguez y Luis Alberto Lacalle Herrera fueron notorios representantes de la concepción neoliberal que primaba hace 19 años, y uno de ellos, el paraguayo, ni siquiera puede decirse que había llegado al poder democráticamente.
La última cumbre, que se desarrolló en San Juan esta semana, mostró de un modo categórico la realidad de un grupo de presidentes que buscan formas de avanzar en la integración. Pero también el nivel de oposición que encuentran en esta etapa clave, tanto de los sectores más conservadores de cada sociedad como de los estamentos intermedios en la burocracia diplomática de cada país.
Los detalles de esta puja se dejaron ver el lunes, cuando los cancilleres anunciaron los acuerdos políticos más trascendentes en años, pero aún faltaba la frutilla del postre, que era consensuar el Código Aduanero. Para los medios concentrados nacionales y muchos periodistas especializados, la demora en rubricar ese documento era una prueba de divergencias insalvables, de que las negociaciones estaban estancadas. Esa mirada burlona y prejuiciosa desmerece siempre cualquier resultado que pueda obtener ese puñado de gobernantes de sesgo progresista en el subcontinente.
Porque ese día se había anunciado la creación del Instituto Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDDHH), un organismo que tiene como objetivo explícito “contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en los Estados Partes, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en Derechos Humanos, y a la consolidación de los Derechos Humanos como eje fundamental de la identidad y desarrollo del Mercosur”. La institución funcionará en la ESMA, el predio que simboliza como pocos la represión de los ’70 en el Cono Sur a través del Plan Cóndor, ese otro Mercosur, pero de la barbarie.
También se aprobó el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, que define a esa preciada reserva natural como un “recurso hídrico transfronterizo” del que los países del Mercosur “son los únicos titulares”. Esto es, son los únicos dueños de una de las reservas de agua más grandes del planeta y determinarán el uso y explotación que se le dará “de acuerdo con sus disposiciones constitucionales y legales, y de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables”.
Recién el martes, tras la llegada de los presidentes, se avanzó en los aspectos más trascendentes de la parte económica y “se destrabó” el esperado Código Aduanero. Quienes lograron “destrabarlo”−sin entrar en detalles− fueron la presidenta Cristina Kirchner y el uruguayo José Mujica. Otros aspectos que hacen a la política común y que cristalizaron en el documento final de la Cumbre fueron “destrabados” por Cristina y el brasileño Lula da Silva.
Lo que no se ve tanto es quiénes son los que traban este tipo de compromisos. El ex dirigente metalúrgico paulista reveló una parte de la cuestión, cuando dijo que los presidentes “sufren muchas presiones” de los sectores económicos y de empresarios de cada país, que “quieren vender pero no comprar”. Y agregó, lapidario: “eso no es comercio internacional”.
Lo que sigue es un catálogo de expresiones que muestran dónde se ocultan los enemigos de la unidad. Lula y Cristina coincidieron en que “el comercio entre naciones debe ser equilibrado, tener un camino de doble mano”. El brasileño destacó varias veces en la conferencia de prensa conjunta que los avances del Mercosur, “son una respuesta a quienes se oponen al bloque”. Y abundó: “Existe una confianza mutua que no existía tiempo atrás.” A modo de aclaración, Cristina dijo que se habían “saldado los diferendos que teníamos”. Y resaltó que “muchos no creían que se pudiera llegar a firmar el Código”, sin mencionarlos.
Hace pocas semanas, Mujica y Cristina habían dado un paso enorme para “destrabar” otro conflicto no menos determinante para el futuro de la unión continental, como lo es el corte del puente de Gualeguaychú por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos. También en este caso, la respuesta vino del diálogo directo de los mandatarios entre ellos y con los vecinos de la asamblea popular que durante tres años bloquearon la ruta al puente internacional.
“No hay que temerle a los conflictos, hay que temerle a la esterilidad de los conflictos, cuando son nada más que mera confrontación. Toda superación tiene contradicción”, filosofó Mujica. El uruguayo destacó la actitud para “dejar atrás el chauvinismo, en el que cada país se creía el centro del universo” y apostar por la integración. Lo que ninguno de ellos creyó conveniente decir es que la solución no vino de los cuerpos diplomáticos de carrera sino de los superiores políticos, y de una relación personal entre ambos mandatarios que superó diferencias y promovió avances decisivos.
Las burocracias de los países latinoamericanos tienen una formación y una concepción del mundo que va a contrapelo de lo que se proponen los actuales gobernantes. Una visión subalterna para cada una de las naciones con relación al poder central. La oposición en muchos rincones de los cuerpos diplomáticos va desde el “cajoneo” de los temas fundamentales hasta el “teléfono descompuesto”, que provoca irritaciones innecesarias. Y puede llegar hasta las “denuncias graves”, como la supuesta “diplomacia paralela” entre la Argentina y Venezuela.
Como si las relaciones entre países que forman parte de un bloque de integración no se debiera realizar en todos los niveles del aparato estatal... Integración significa que los países deben coordinar la diplomacia para el trato con el resto de las naciones del mundo, y no para aplicar la desconfianza entre compañeros. Nadie pretendería canales diplomáticos para tratar divergencias entre las provincias argentinas, por poner un ejemplo. Tampoco debería haberlos en el Mercosur, la Unasur, o las instituciones que vayan surgiendo a futuro. Para eso están los organismos respectivos de cada área.
Salvo que se reduzca al país hermano a un mero socio comercial del que hay que defenderse porque tiene un apetito voraz, que es la tesis que defiende el candidato opositor para las elecciones brasileñas de octubre próximo. “Lula se subordina a Chávez”, dijo José Serra, seguramente pensando en canalizar las aspiraciones de muchos empresarios paulistas, donde gobernó hasta hace unas semanas. “Basta de perder tiempo con el Mercosur y no hacer respetar los intereses de los exportadores brasileños a la Argentina”, es su mensaje de campaña. Posición que extraña, porque es evidente la fuerte influencia de las empresas brasileñas en este lado del mapa, donde en los últimos años compraron una parte sustancial del aparato productivo local.
“Debemos avanzar hasta que el Mercosur sea algo de lo que nadie tenga la menor duda: de que somos amigos en la construcción de un bloque político, económico, social y cultural”, dijo Lula cuando recibió el martillo del Mercosur de manos de la presidenta argentina, Cristina Fernández. De eso se trata.

Tiempo Argentino
7 Agosto 2010

El negocio de la paz

Parece, a la ligera, una frase típica de algún senador cordobés o de un jefe de Gabinete quilmeño. Pero fue la fórmula que encontró el ministro del Interior y Justicia colombiano, Germán Vargas Lleras, para definir el atentado frente al edificio de Radio Caracol, en Bogotá. “Quieren medirle el aceite al nuevo gobierno.” Un golpe, agregó, destinado a “inaugurar” la gestión de Juan Manuel Santos Calderón, asumido apenas hace una semana, en medio de un conflicto que él no había creado con el gobierno de Venezuela.
Sabe de qué habla el flamante funcionario, porque fue víctima de dos atentados en su vida política. Uno de ellos, muy cerquita de allí, en octubre de 2005, al salir de una entrevista en la misma radio, hoy propiedad del grupo español Prisa. Esa vez, resultaron heridas nueve personas, entre ellas, algunos miembros de su custodia.
Ese bombazo enfrentó al entonces senador del Partido Liberal con Álvaro Uribe, a la sazón presidente. El mandatario, fiel a su talante de fanático converso, se apuró a atribuir el golpe a las FARC, antes de haberle preguntado una opinión al seguro destinatario del ataque. Y resulta que Vargas Lleras tenía datos que ubicaban a los agresores en una posible alianza de dirigentes políticos con paramilitares.
Es interesante seguir la carrera de Vargas Lleras, miembro de una de las familias más tradicionales de Colombia. Porque este abogado por la añeja Universidad del Rosario, de Bogotá, y doctor en Gobierno y Administración Pública por la Complutense de Madrid, es nieto de Carlos Lleras Restrepo, presidente entre 1966 y 1970, el período en que nació y se fue extendiendo la guerrilla creada por Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”.
Para 1998, Vargas Lleras fue reelegido senador por el PL, y devino en acérrimo crítico de las negociaciones de paz con las FARC que impulsaba el entonces presidente Andrés Pastrana. Esta posición lo acercó a Álvaro Uribe. En 2002, era senador por tercera vez –ahora con un partido independiente– cuando recibió un regalo fatal que le cambiaría la vida: abrió despreocupadamente un libro bomba que le enviaba un supuesto admirador y perdió varios dedos de la mano izquierda. Se lo alcanza a ver en algunas fotos con una prótesis muy ostensible en el dedo mayor, pero no suele hablar mucho del tema.
En las últimas elecciones fue de candidato a presidente. Proponía continuar con la política de mano dura contra la guerrilla, pero sin Uribe, de quien como se dijo, se había distanciado. Derrotado en primera vuelta al frente de su partido Cambio Radical, Vargas Lleras, sin embargo, fue una sorpresa, porque logró 1,4 millón de votos. No tantos como para entrar al ballotage, pero suficientes para que Santos lo llamara a formar parte de su equipo de trabajo en ese gabinete concebido como de unidad.
Fiel a su principio, Vargas Lleras no se apuró a atribuir el atentado del jueves a nadie en particular. Sólo apeló, al igual que Santos, a considerarlo genéricamente obra de “grupos terroristas”, y a calificarlo como un atentado muy bien planificado para, como quien dice, marcarle la cancha a la nueva administración. En línea con su actual jefe político, insistió en que están dispuestos a dialogar con todo el mundo, pero sobre la base del abandono de la lucha armada, para empezar.
En la Radio Caracol, en cambio, no demoraron en lanzar una hipótesis para la que no parecían, hasta ayer, contar con demasiados datos, según se desprende de un cable de la agencia Efe, que también sufrió el ataque: el atentado podría ser obra de un cabecilla de las FARC, Germán Briceño, alias “Grannobles”, “que según informes de inteligencia habría impartido la orden de atacar un medio de comunicación”. El detalle que faltaba es que “Grannobles”, según la denuncia de Uribe en la OEA que ahora Santos desactivó, estaría refugiado en Venezuela.
Como se dijo hasta al hartazgo en estas semanas, Colombia vive en situación de violencia extrema desde hace décadas y está atravesada por una maraña de grupos que se disputan cada uno parte del poder y de la economía, legal e ilegal. A las dos agrupaciones guerrilleras de izquierda, el ELN y las FARC, se suman las bandas de narcotraficantes, organizaciones paramilitares de ultraderecha, y también los equipos militares estadounidenses legales, ilegales, contratados, mercenarios y profesionales que pululan en las siete bases que aprobó Uribe. Un cóctel explosivo en el que, es fácil prever, son muchos los que basan su subsistencia en la permanencia del statu quo vigente.
También se dijo hasta el cansancio que muchos miembros de la clase política, entre los que están funcionarios del anterior gobierno y el propio Uribe, aparecen implicados en varias causas, por ligazones no siempre claras con paramilitares o negocios non sanctos con el tráfico de sustancias prohibidas.
Al actual mandatario le caben las generales de la ley. Fue denunciado por la incursión de tropas del otro lado de la frontera ecuatoriana para atacar un campamento de las FARC y por el caso de los falsos positivos, aquel horroroso negocio del asesinato de civiles inermes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y cobrar la recompensa que ofrecía el gobierno. El anterior presidente aparece involucrado con los negocios de la droga en un lapidario informe de la DEA.
Uno de los grupos irregulares, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, las Triple A caribeñas), de extrema derecha, fueron declaradas terroristas y, luego de muchos cabildeos, alcanzaron un acuerdo por el que unos 30 mil miembros aceptaron entregar las armas a cambio de impunidad, en 2003. Políticamente se habían convertido en una molestia luego del Plan Colombia, que derramó unos 7000 millones de dólares en “ayuda militar” estadounidense desde 2002.
Sin embargo, que muchos de ellos hayan aceptado una desmovilización formal no quiere decir que hayan abandonado el combate ilegal de la guerrilla. Hay vigentes un puñado de bandas organizadas a las que las autoridades colombianas agrupan bajo el nombre genérico de Bacrim (Bandas criminales emergentes). Para los servicios de espionaje, entran bajo esta denominación tanto paramilitares de derecha como narcos y miembros desviados de la guerrilla.
Algunos de estos grupos podría ser el autor del atentado. Y las razones no son muy difíciles de sospechar, al menos desde la perspectiva de ese escenario de violencia consuetudinaria. La guerra es un formidable negocio, y cualquier señal en contrario afecta intereses reales y concretos.
Entre ellos, los millones de dólares que se destinan al Plan Colombia y que embolsan las empresas bélicas privadas, los millones en seguridad que se van en protección y vigilancia de personas y haciendas. Los millones que se destinan a la lucha contra el cultivo de coca, marihuana y amapolas, y la elaboración y transporte de narcóticos. Y, quizás más importante, los millones de excusas para mantener bases desde las que desplegar tropas hasta Tierra del Fuego en pocas horas.
Es decir, si Santos y Vargas Lleras, a quienes nadie podría atribuir vecindad ideológica con la guerrilla y la izquierda en general, llegaran a consolidar acuerdos de paz duraderos, muchos deberían buscarse otra forma de vida o nuevas estrategias de ocupación.
¿Es posible que este Vargas Lleras –nieto de presidente y de prosapia liberal– junto con Santos Calderón –sobrino nieto de Eduardo Santos Montejo, también liberal y presidente, aunque entre 1938 y 1942– logren avanzar hacia acuerdos de paz?
Tienen una enorme ventaja sobre cualquier otro negociador. No son intermediarios, vienen del poder real de Colombia. Son el establishment, sin la menor duda.
Conviene recordar a esta altura que no fueron los demócratas estadounidenses los que lograron la paz en Vietman y se acercaron a la China de Mao Tsé-Tung. Fue con el republicano extremo Richard Nixon y el no menos derechista Henry Kissinger como secretario de Estado.
Un dato que seguramente no escapa a quienes pusieron la bomba en el Chevrolet Swift 1994 color gris, patente BOO 483, cargado con 50 kilogramos de explosivo anfo que estalló minutos antes de las seis de la mañana en Carrera Séptima con calle 19, como dicen los colombianos.
El caso es si para ellos la paz es negocio.

Tiempo Argentino
14 Agosto 2010

Tierra arrasada

Es importante entender que un soldado combate por ganarse su paga, o porque su gobierno lo obliga a hacerlo. ¿Qué pueden perder los que siguen a los rebeldes, aparte de su vida? Nada, no tienen nada que perder.


Los sesenta estaban llegando a su fin con su estela de transformaciones y protestas sociales en casi todo el mundo. Había pasado el Mayo Francés y varias camadas de estadounidenses habían conocido las desventuras de una guerra tan bárbara como inútil, en el sudeste asiático. Ya habían asesinado a John y Robert Kennedy y a Martin Luther King cuando Marlon Brando, en su momento de esplendor, quiso dar un vuelco a su carrera para interpretar en la pantalla esa rebeldía que se manifestaba en las calles. Fue en ese clima que conoció la obra del italiano Gillo Pontecorvo, quien venía de filmar La Batalla de Argel.
El director, a su vez, se había interesado en la historia real de una masacre ejecutada por los españoles en una isla del Caribe en 1520, cuando sofocaron una revuelta indígena eliminando a la población nativa para remplazarla por esclavos negros luego de incendiarlo todo. Pontecorvo se juntó con Franco Solinas y Giorgio Arlorio y surgió el guión de Queimada, una joya del cine de aquellos tiempos, con un inmejorable Brando. El actor encarna a William Walker, un agente inglés contratado por el directorio de una compañía azucarera que, mediante amañados acuerdos comerciales, es la virtual dueña del país, independizado de Portugal poco antes.
El gobierno de Queimada enfrenta la insurrección de un grupo de trabajadores negros y mulatos acaudillados por José Dolores, que se refugian en las montañas y ataca a las plantaciones. Dolores, armado convenientemente por Walker, había protagonizado la independencia, una década antes.
El film, visto a la distancia, puede parecer un tanto denso, por momentos pesado. Dicen incluso que Brando terminó sin hablarse con Pontecorvo, porque no se ponían de acuerdo sobre el perfil que correspondía darle a Walker. En todo caso, el ex miembro del almirantazgo británico devenido en lo que hoy sería un “contratista privado”, aparece con una dosis bastante exacerbada de cinismo como para dejar a lo largo de las poco más de dos horas algunas lecciones de política que viene bien a cuento ahora que el gobierno de Barack Obama inició el retiro de las tropas de combate de Irak. Y su remplazo por contratistas y asesores privados. Mientras tanto, Afganistán sigue siendo una arena movediza de la que les resultará imposible retirarse con alguna elegancia.
“Estoy aquí, en calidad de consejero militar, invitado por el gobierno de Queimada, encargado por la Antilles Sugar Company y autorizado por el gobierno de Su Majestad Británica”, le dice Walker-Brando a los directivos de la empresa y las autoridades del imaginario país. El “asesor” insiste:
“Tenemos que meternos en la cabeza, que si tenemos éxito en eliminar a José Dolores, no será porque seamos más valientes que él, o más heroicos que él; sino sólo porque tenemos más armas y más hombres que él. Es importante también entender que un soldado combate por ganarse su paga, o porque su gobierno le obliga a hacerlo. (…) ¿Qué pueden perder los que siguen a Dolores, aparte de su vida? Usted, en cambio, General, tiene mucho para perder: esposa, hijos, casa, carrera, ahorros, sus hábitos, placeres y aspiraciones normales. No hay de qué avergonzarse, pero es así. De hecho, según sus informes, José Dolores tiene unos pocos centenares de hombres, pocas armas, muy poca munición, y ningún equipamiento. Usted, en cambio tiene miles de soldados y armas y equipamiento modernos. Sin embargo, en seis años, no han logrado ninguna victoria. ¿Por qué? Porque las bases de ellos están en la Sierra Madre. Y allí no hay posibilidades de sobrevivir. Ni un árbol, ni un pedazo de hierba. Y los únicos animales son víboras y escorpiones. (…) A pesar de ello, hace seis años que los guerrilleros tienen allí sus bases. ¿Cómo es posible? Porque hay una serie de pequeñas aldeas, en las pendientes de la Sierra. Gente pobre con condiciones de vida miserables, que no tienen nada que perder. Los guerrilleros son su única salvación.”
Según la información oficial, la última brigada “de combate” estadounidense cruzó las fronteras de Irak pero 50 mil tropas “no combatientes” se quedarán para capacitar a las Fuerzas Armadas iraquíes. Entre ellos habrá probablemente unos 7000 contratistas privados. Son 7000 Walkers diseminados en un territorio devastado luego de siete años de una invasión con la excusa de terminar con el gobierno de Saddam Hussein –el ex amigo entrenado y armado por Washington– y su inexistente arsenal de armas de destrucción masiva. Luego de cientos de miles de muertos entre la población civil, y oficialmente unos 4500 uniformados estadounidenses, se registran regularmente atentados suicidas, como el que el martes dejó 60 muertos en un centro de reclutamiento para las tropas iraquíes.
Obama concentrará ahora todos los esfuerzos bélicos en Afganistán, ocupado desde octubre de 2001, en este caso bajo el argumento de la búsqueda de las bases de Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden –también entrenado por los Estados Unidos– a quienes se acusó de los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York. Pero allí también hay grupos irregulares que, como no tienen nada que perder, resultan imposibles de derrotar.
A pesar de tanta parafernalia bélica hollywoodense y de estrategias de márketing político, los Estados Unidos vivieron más fracasos que éxitos en el plano militar en las últimas décadas. Algo insólito tratándose de la primera potencia mundial, con un poderío bélico y una capacidad de destrucción jamás conocidos en la historia de la Humanidad. Porque en la práctica, la última batalla en la que pudo haberse sentido ganador fue la Segunda Guerra Mundial.
Pruebas al canto: tras el fin de esa contienda multinacional, se registró la Revolución China, con la toma del poder de Mao Tse Tung, el 1 de octubre de 1949. Pocos meses más tarde, en junio de 1950, en uno de los primeros conflictos de la Guerra Fría entre Washington y Moscú estalló la guerra de Corea. No viene muy al caso el detonante de conflicto, lo concreto es que, como la definición se demoraba, el general Douglas MacArthur, una suerte de virrey de Japón, propuso arrojar una bomba atómica en China. Una locura que el presidente Harry Truman y el Congreso no aceptaron por el riesgo para la salud del planeta, teniendo en cuenta que del otro lado estaba Stalin. Truman destituyó a MacArthur, a pesar de las protestas de la derecha republicana. Y a la muerte del líder soviético, en julio de 1953, se firmó el Armisticio de Panmunjon, que implicó un empate y consolidó la partición del país a la altura del paralelo 38.
Pero los Estados Unidos no tardaron mucho en inmiscuirse en Vietnam, donde los franceses habían sido derrotados por los ejércitos del general Vo Nguyen Giap, en 1954. La escalada bélica se desarrolló a partir de 1959 y fue el más grande de los fracasos en la historia estadounidense. No sólo por la cantidad de vidas que se llevó la contienda, sino por lo que implicó en términos de debate sobre el rol del país como superpotencia imperial y las consecuencias sociales y culturales que arrastró.
Luego de haber extendido la guerra a Laos y Camboya, el 27 de enero de 1973 representantes de los Estados Unidos, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte concluyeron las negociaciones de la Conferencia de París con los acuerdos que marcaron la retirada de los ejércitos estadounidenses. Una rendición, el triunfo de David frente a Goliat.
Desde entonces, salvo que se compute un éxito rotundo a la invasión de Granada en 1983, o la de Panamá en 1989 para expulsar del poder a su ex agente Manuel Noriega, el resto de las intervenciones armadas terminaron en bochornos más o menos evidentes. Comenzando por la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Luego vendrían participaciones en Somalía, en 1993, en Haití en 1994 y 2004, en los Balcanes, desde 1995.
En todos estos casos el resultado fue el mismo: a partir de la presencia de tropas estadounidenses quedó tierra arrasada, estados destruidos o inexistentes. Pero se incrementó el negocio de la guerra en manos privadas. Los mercenarios ganaron la partida a pesar de perder la guerra. Quizás porque la guerra consistía sólo en eso, en dejar tierra arrasada.
Como en Queimada.

Tiempo Argentino
21 Agosto 2010

Bosques en peligro de extinción

LA LUCHA CONTRA LOS DESMONTES EN EL NORTE

En esta historia se junta la voluntad de resistir a las topadoras de varias comunidades criollas y aborígenes con una inusitada resolución de la universidad pública salteña que, luego de mucho batallar, lograron instalar el caso en la Corte de Justicia de la Nación. Como resultado de esa determinación, se pudo frenar preventivamente el desmonte de algo así como un millón de hectáreas de tierras. Pero los intereses en juego son de tal magnitud que nadie sabe cómo continuará esta partida, que podría definirse como la lucha por la defensa de los bosques nativos contra una concepción del desarrollo económico que poco repara en la devastación ecológica y mucho menos en las consecuencias sociales de eso que asépticamente suele llamarse “la expansión de la frontera agrícola”.

Algunos de los personajes involucrados en esta lucha contra poderosos intereses económicos y lobbies políticos son Stella Maris Pérez de Bianchi, nativa de Berazategui que se fue a Salta, dice, con el impulso de los 70´s, intentando construir un país mejor. Lo mismo habían hecho a su manera, hace casi un siglo, los abuelos de Alfredo Riera, que como muchos europeos corridos por la miseria, encontraron tierras aprovechables para subsistir dignamente allá lejos, al otro lado del mar, en el Chaco salteño. Es diferente el caso de Dino Salas, integrante de la comunidad wichí, que junto con varias etnias aborígenes vienen siendo desplazados de su habitat natural desde hace siglos y ahora ya no tienen espacio para continuar escapando hacia el este.

Tampoco hay más espacio, dicen especialistas y militantes de ONGs, para seguir devastando ese enorme “territorio de caza” -según la traducción más aceptada del término Chaco- desmontando los bosques nativos para una explotación industrializada irracional. “Antes nos corrieron con el Remington, ahora es con la topadora”, resumió hace no mucho Otorina Zamora, una mujer wichí que sabe muy bien de qué está hablando.
“Acá se autorizaron desmontes con las excusas más insólitas, como cuando en 2004 se vendió el llamado Lote Pizarro, un área protegida, con la excusa de que el dinero se iba a utilizar para hacer una ruta. En 10 años se autorizaron 1.200.00 hectáreas de tierras aptas y ahora quedarían quizá un millón más que podrían aprovecharse. Pero hay otros cuatro millones que no deberían tocarse”, advierte Pérez de Bianchi, rectora de la Universidad Nacional de Salta, que presentó institucionalmente una demanda contra el estado provincial ante el Supremo Tribunal de la Nación.
“Este es un territorio ancestral y de uso tradicional. Subsistimos porque sabemos que el monte nos da para subsistir - cuenta ante Acción Dino Salas, cacique de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola - el desmonte nos hace emigrar a las ciudades y pasarla mal. Los chicos que se van no tienen su vida. Emigran sin ayuda, sin oficio”. Con un tono cansino pero firme, aclara que su posición le viene con la sangre: “Como los bichitos del monte cuidan su territorio, nuestros ancestros nos enseñaron que cada uno debe tener su territorio. Así nos fuimos viniendo desde Formosa, desde Santa Fe, en busca del nuestro. Nos vienen arriando desde allá, y como no tenemos tranquera, nos pasamos a otra toldería y ahí nos quedamos”.

Sin papeles
“Mis abuelos vinieron a Ícman (por Hickman) en 1925. Criaban ganado menor, como cabras y ovejas, porque sin heladera carnear una vaca era un desperdicio”, relata Alfredo Riera, titular de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco salteño, unas 500 familias desperdigadas en torno de cuatro distritos provinciales de los alrededores de Orán, en Salta. “Aquí –dice Riera- nació mi padre y aquí nací yo y si no fuera por nosotros, cuando desapareció el tren, en 1992, esto se hubiera convertido en un páramo”, agrega, como una justificación a quienes pretenden despojarlo de su medio de vida con documentación conseguida en los despachos oficiales de la capital provincial.

“Existe lo que se llama un título perfecto de propiedad y un título precario. El título es perfecto cuando existe la documentación legal y la posesión de la tierra. Si una persona prueba que vivió acá desde hace décadas, por más que no haya regularizado su situación puede lograr la tenencia de la tierra”, explica Gabriel Seghezzo, director de Fundapaz, una ONG uno de los directores de Fundapaz, una ONG oriunda de Vera, Santa Fe, surgida por una donación original de las Hermanas del Sagrado Corazón hace 35 años pero que ahora se reconoce como laica. Obviamente, las comunidades indígenas no tienen papeles que prueben su propiedad, pero las leyes contemplan sus derechos preexistentes a fundación del país.

Justamente alrededor de este problema centenario “se fueron nucleando varias comunidades aborígenes y criollas en torno del Obispado de Oran, por ese entonces a cargo del obispo Jorge Lugones”, explica María Reynoso, religiosa de la orden de las Franciscanas Misioneras de María. El prelado convocaba cada 30 de agosto, el día previo al santo patrono de la diócesis, Ramón Nonato, a discutir la mejor forma de resolver ese problema crucial para las comunidades residentes. Lugones, jesuita, también era el titular de las Pastorales Social y Aborigen, de modo que estaba al tanto de la problemática. En el año 2008 se sumó como preocupación fundamental el desmonte.

Tala voraz
En América del Sur, la reserva boscosa más importante está precisamente ubicada en lo se conoce como el Gran Chaco Americano, unos 625.000 km2 donde habitan más de siete millones de personas diseminadas en tres países: Argentina, Paraguay y Bolivia. De este lado del río Pilcomayo está el 57 % de ese espacio y la gran mayoría de los habitantes, poco más de seis millones, de los cuales un 8 % son indígenas.
Como para tener una muestra de la extensión de este enorme región, baste decir que ocupa el 22 % de la superficie continental argentina y se extiende sobre Formosa, Chaco y Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, el este de las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan y el noroeste de Corrientes.

“En 2008 se registraron más de 90 conflictos en la región chaqueña argentina. Sólo 35 de esos casos involucran 1,3 millón de hectáreas de tierras y 96.000 personas. Esto es sólo una pequeña muestra de la magnitud del problema”, advierte la Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), una ONG nacida en Reconquista, en el norte santafecino, en esa zona donde las fronteras políticas son apenas un dato catastral. Allí donde hasta hace no tanto La Forestal hizo un paciente trabajo de destrucción masiva de recursos naturales que quedó en la memoria de los argentinos como una clara señal de lo que es la depredación descontrolada.

Un gran escollo para ponerle freno a este tipo de devastación irracional es que la Reforma de la Constitución de 1994 otorgó a las provincias potestades que antes no tenían para tomar decisiones que indirectamente pueden afectar al resto de los habitantes de la Nación. Algo de eso ocurre con la autorización para la tala y el desmonte de enormes extensiones de tierras boscosas. Por un lado se trata de tierras ancestralmente ocupadas por aborígenes o, de manera más reciente, por “criollos” -tercera o cuarta generación de blancos nacidos en esas regiones- - que constituyeron en su momento la única avanzada “productiva” pero que nunca legalizaron su situación patrimonial porque esas eran confines de la Patria con poca rentabilidad, comparadas por supuesto con la ubérrima Pampa Húmeda, y por lo tanto con escasas perspectivas de crecimiento. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad de ampliar las extensiones dedicadas al cultivo dieron vuelta a esta situación histórica. Ahora esas tierras sí valen y sí convocan el interés de poderosos conglomerados económicos.

Un intento de ponerle remedio a este peligroso caos fue la sanción de la “Ley de presupuestos mínimos ambientales para la Protección de los bosques nativos”, dictada en noviembre de 2007, que promueve la clasificación de los bosques nativos con colores rojo (de exclusiva conservación), amarillo (de producción sustentable) y verde (de transformación libre). La normativa obliga a los diferentes distritos a realizar una evaluación seria y estricta de su territorio forestal para luego determinar el tipo de explotación que debería autorizarse. Y a respetar, por supuesto, el uso de esos territorios.

Borrar huellas
Sin embargo, muy poco antes de que el Congreso de la Nación aprobara esa normativa -que se conoce por el nombre del diputado que la promovió, Miguel Bonasso-, en algunas provincias aceleraron la entrega de permisos de explotación ante la certeza de que luego las cosas no resultarían tan fáciles. El viejo recurso de los hechos consumados en un área tan sensible como esa, generó quejas desde todos los sectores involucrados, pero principalmente de quienes serán afectados por esas explotaciones, que siempre incluyen desmontes sin ningún control.

En Salta, por mencionar un ejemplo, se otorgaron autorizaciones por casi un millón de hectáreas en los tres meses previos al fin de 2007, cuando, además, estaba culminando su mandato Juan Carlos Romero. Una medida que exasperó a un grupo de comunidades afincadas en los alrededores de Orán y movilizó hasta la Universidad Nacional de Salta en sendos pedidos de acciones concretas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Quisieron borrar todo rápido. Pasarle con la topadora para que no quedara ningún vestigio de que alguna vez hubo un ser humano por ahí”, acota el productor Riera.

Fue entonces que en el obispado de Orán, quizás la zona más afectada en este período, un grupo de actores locales- son 18 comunidades de criollos, aborígenes, las iglesias católica y anglicana y diversas ONGs- se unieron en lo que se conoce como la Mesa de Tierra, con el propósito de materializar un frente común en defensa del entorno natural y de legalizar la tenencia de la tierra.

“Somos uno de los poderes del Estado, y no podíamos quedar al margen. Hicimos lo posible por las vías del dialogo con las autoridades provinciales, pero no obtuvimos la respuesta esperada”, justifica Stella Maris Pérez de Banchi, rectora de la Universidad Nacional de Salta. La casa de estudios presentó un pedido de inconstitucionalidad de la ley provincial que autorizó la devastación ante la Corte Suprema de la Nación y se constituyó en uno de los escasos ejemplos en el país de semejante compromiso académico con un reclamo social y ambiental. “La expansión de la frontera agrícola en Salta fue terrible- alerta Pérez de Bianchi- en 10 años autorizaron desmontar 1.200.00 hectáreas de tierras aptas. Ya no queda mucho sin causar graves e irreparables daños ambientales. Lo que ocurrió en Tartagal a principios de este año es una muestra”, agrega la rectora.

La medida más concreta de la Mesa de Tierra fue la de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir un amparo que impidiera la tala autorizada en aquellos meses febriles en que se debatía la ley de bosques. Tal vez una casualidad, quizás una forma de dar testimonio de su posición sobre el impulso del prelado oranense, el Papa Benedicto XVI designó a Lugones como obispo de Lomas de Zamora y en su lugar nombró a Marcelo Daniel Colombo, hasta ese momento párroco de la Catedral de la Inmaculada Concepción, de Quilmes. Colombo todavía no se hizo cargo de su nuevo destino eclesial, por lo que aún se ignora si hará cambios en la orientación del obispado. Pero, especulan, el nuevo presbítero fue ordenado por el legendario padre Jorge Novak, lo que le da un aura de sensibilidad social favorable a este tipo de lucha.

Producción o muerte
“Nosotros no planteamos ir contra el desarrollo, nadie dice que no se puede hacer nada, pero no se puede hacer cualquier cosa”. La frase, en boca del ingeniero agrónomo Gabriel Seghezzo, coordinador en Salta de Fundapaz, tiene su sustento, ya que la ONG trabaja la problemática del Chaco desde hace 35 años y conoce al dedillo de cuestiones ambientales, productivas. Pero agrega a continuación que devastar irracionalmente puede convertir al Chaco salteño en un desierto, como ya ocurrió en otras regiones. Como ejemplo, despliega una hoja de cuaderno sobre el escritorio de la ONG en la capital salteña y hace un dibujo elemental para ilustrar su preocupación.
“En el Chaco llueven 600 milímetros por año y en el verano hay hasta 48 grados de temperatura a la sombra. Muchas veces hay 90 grados en un piso sin cobertura. Por evapotranspiración –abunda, docente- hay una pérdida de humedad del suelo de 1200 milímetros, o sea que hay un déficit de 600 milímetros de agua anuales. Si yo saco la cobertura boscosa, que entre otras cosas baja la temperatura a nivel del suelo, mitiga la pérdida de agua, el sol pega a 90 grados y produce la muerte bacteriológica del suelo, lo esteriliza”.

El suelo, aclara Seghezzo, tiene una parte viva, que son todos los microorganismos, una parte muerta, los minerales, y aire. “A esa temperatura la parte viva desaparece”, alerta. Pero eso no es todo: el suelo es bastante salino en el Chaco. Los arboles toman agua desde lo profundo de la tierra, con lo que se mantiene la capa freática a niveles subterráneos. Pero si se saca la cobertura vegetal la evapotranspiración hace de bomba, sube toda la salinidad y eso genera la desertificación. “Que pueda estar mitigado por la siembre directa es verdad- admite el experto- pero en un año de extrema sequía como este empiezan a aparecer manchones de salinidad y cuando pasa eso a los 4 o 5 años se ven campos abandonados totalmente desertificados, donde ya no se puede plantar más nada. Recuperarlos cuesta muchísimo”.

Suprema respuesta
Lo cierto es que para sorpresa de los demandantes, auspiciados por los abogados Alicia Oliveira y Raúl Ferreyra, el Supremo Tribunal aceptó el reclamo de las comunidades y suspendió –en diciembre de 2008- la tala de un millón de hectáreas en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados en el último trimestre de 2007, y paralizó todos los permisos posteriores a esa fecha.
Pero además, dispuso una audiencia pública, que se desarrolló en febrero pasado, donde cada parte involucrada en la cuestión pudo dar su posición frente al problema. En la página web de la institución, en el apartado correspondiente al Centro de Información Judicial (http://www.cij.gov.ar/multimedia.html) puede verse el video grabado oficialmente aquel caluroso día en el remozado Palacio de Talcahuano y Viamonte.

Del debate participaron representantes de la provincia, de la Nación y de las comunidades criolla y aborigen. Tras un exhaustivo interrogatorio de los magistrados, quedó claro que hubo un sospechoso apuro en el trimestre anterior a la aprobación de la Ley de Bosques, que coincide con el último tramo de gestión de Romero. Y que no se sabe claramente qué puede suceder con el entorno ambiental de aceptarse semejante nivel de depredación forestal. “Ustedes tienen estudios en cada zona autorizada pero no un estudio de impacto total acumulado de todos los desmontes”, reclama el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti al representante provincial, luego de recordarle que no se puede alegar que los permisos se otorgaron en otro gobierno, ya que, le indica, “hay una continuidad del Estado”.

Fue visible la preocupación –sobre todo de Raúl Zaffaroni y de Juan Carlos Maqueda- por averiguar si se estaba cumpliendo la prohibición de talar los bosques. Y también por saber si se había consultado antes de la medida original a los residentes.
Finalmente, la Corte extendió el amparo y ordenó a que las autoridades políticas realicen un estudio del impacto total de los desmontes y consulten con las comunidades implicadas las medidas a tomar. No es fácil saber cómo seguirá esta historia, pero todos están esperanzados porque, insisten, “es la primera vez que alguien del Estado nos escuchó”, como dijo el cacique wichí Dino Salas a Acción.
En esa región del territorio nacional, donde ni trenes circulan ya, ese detalle no es poco.

Lo que vendrá
Dino Salas habla en voz muy baja. Se para frente a lo que llama su toldería, donde vive con su familia -que incluye una docena de hijos- protegido por la profusa arboleda que resguarda del sol impiadoso de un otoño inusual. El monte, que no solo ampara rigores astrales, también da de comer y aporta para la construcción de los sencillos ranchos que ocupan. Salas habló ante la Corte como representante de las etnias que viven en esta tierra, unas 4700 familias wichi y guaranies y otras 4600 familias coyas.

Salas, dice, alguna vez trabajó en el ingenio Tabacal, a fines de los años 50, y allí conoció la explotación desde adentro. “No teníamos nada, ni protección, ni seguridad social, no teníamos beneficios”. Ahora, espera que su exposición ante los jueces e sirva para encaminar la cuestión en beneficio de su pueblo y de los lugareños en general. “Ya no nos queda adónde ir y no queremos molestar a las municipalidades teniendo lugares donde trabajar, acá en el monte”.
Riera, quien es también miembro de la Federación Agraria “disidente”, como le gusta decir con sorna, es ganadero como la casi totalidad de los criollos de estos rincones. El hombre se queja por la aparición de nuevas enfermedades como el dengue y el hantavirus, o el retorno de la vinchuca, que atribuye a la desaparición paulatina del monte autóctono. Y dice que desde el 2001 se hizo más evidente la codicia empresarial sobre los campos que vienen utilizando para pasturas desde hace casi un siglo. “Sobre todo desde que se fue el tren”, añade Riera. La casa de material está, precisamente a un costado de esa franja asfaltada que cruza trasversalmente el Chaco, frente a la estación del ferrocarril que iba de Embarcación a Formosa. Hace un calor inusual, que también atribuyen al factor humano. Hay mosquitos revoloteando alrededor. El mate amargo circula de mano en mano en la galería cubierta por una enredadera.

“Yo estoy demandado por un tipo que me acusó de usurpación del campo que tengo. Dije que siempre viví aquí, que aquí nací y aquí nacieron mis padres. Ahora dejé de ser usurpador para aquellos jueces, pero tengo un juicio civil, un interdicto, y este juez me dice que me tengo que ir”.
-¿Así como así, se tiene que ir?
-Yo creo que esto lo hacen porque nosotros hemos denunciado ante la provincia y en la Corte. Hace tres años que se inició esto y ahora se aceleró de golpe. No estamos contra el desarrollo, pero con la gente adentro, reconociendo los derechos de las personas, que es lo que no ocurre Acá o tenés dinero o te morís, para toda cosa, en salud o en lo que sea. No tenés plata, te morís.


Protesta académica
Stella Maris Pérez de Bianchi es ingeniera agrónoma, nativa de Berazategui, y recibida en La Plata, según revela a Acción “Me vine con mi esposo a trabajar en el INTA y luego comencé a dar clases es la Universidad, que recién había abierto, en 1974”.
-¿Cómo fue surgiendo la inquietud de ir a la Corte?
- Estábamos esperanzados en la Ley de Bosques, que tiende a conservar los montes nativos. Pensábamos, quizás ingenuamente, que había llegado la hora de ordenar, supusimos que esta vez sí se iba a poder hacer. No pensamos que se iban a detener los desmontes del todo, porque la agricultura y la ganadería siempre han avanzado sobre los bosques nativos. Pero se dieron las condiciones para una ley de ordenamiento de bosques nativos de Salta. Fue todo muy rápido en la legislatura provincial, y se resolvió entre un jueves y un martes. Un jueves lo modificó senadores y el martes lo ratificó diputados. Nos costó conseguir el proyecto dictado por el Senado y allí vimos lo que para nosotros es técnicamente un sinsentido, porque se opone no solo a la Ley Bonasso sino a la Constitución Nacional, a las normas de jerarquía internacional con raigambre constitucional y al convenio de la OIT sobre comunidades aborígenes. Ese martes teníamos la última sesión del Consejo Superior Académico y lo pusimos como orden del día para la sesión del jueves, pero ese día la ley provincial estaba consumada. Por eso en primer lugar el Consejo pidió el veto del gobernador y si no hubiese lugar recomienda reclamar a la Corte, que es lo que hicimos.
-Pero no es usual que una Universidad se haga cargo de estos reclamos.
-La UNSa tiene un grupo de docentes e investigadores en Humanidades y ecólogos y geólogos que en trabajos de campo e investigación d e años sumaron antecedentes. Cuando uno ve imágenes satelitales de hasta donde ha llegado la frontera agropecuaria y cuando ve lo que pasó en Tartagal uno se pregunta ¿donde esta la gente que habitaba ese lugar? La nuestra no es una postura verde extrema, nuestra mayor preocupación es la gente. Las comunidades aborígenes están como invisibles para los gobiernos y el desarraigo que sufren es fatal, porque se tienen que ir a las ciudades o quedan relegadas a sectores del monte cada vez mas deteriorados. No tienen lugares para recorrer y caminar, sobre todo en las culturas de monte chaqueñas, que son cazadoras y recolectoras, y resultan las más afectadas.
-¿Se sabe cuántos son?
-Los docentes de Humanidades presentamos dos libros cofinanciados con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Inadi. Allí relevaron a unas 23.000 personas en muy malas condiciones. Hoy estamos preocupados porque tengan acceso a sus tierras. Porque hay otra ley que no se cumple, que es la de Determinación Territorial Aborigen. Sin eso es muy difícil hablar de ordenamiento. Lo que hay es una expulsión total. La preocupación de la institución sobre la gente es muy grande. Y la verdad es que estas comunidades se están muriendo.
-¿Lo que sucedió en Tartagal se puede atribuir al desmonte indiscriminado?
-Esta es una zona de sierras subandinas, donde nacen los ríos que van a alimentar el acuífero Guaraní y la Cuenca del Plata. Todo fenómeno de deforestación va a causar problemas, entre ellos los grandes aluviones que produjeron las inundaciones. Porque más allá de que en Tartagal el suelo es malo, que hay un basamento de arcillas frágiles y de que llueve mucho, como corresponde a la zona. Esos suelos se desmoronan con facilidad, pero allí se hace tala selectiva, y si los árboles de los bosques son muy jóvenes y el lugar de 40 centímetros de raíz tienen 20 menor, poseen menor capacidad para detener el agua y al carecer de infiltración en la tierra aumenta velocidad agua, que viene de la montaña en grandes aluviones, en riadas, en inundaciones.
-¿Se podría haber evitado de alguna manera?
-Tartagal era la segunda ciudad en importancia de Salta. Tenía una poderosa clase media, profesionales y técnicos ligados a YPF en su mayoría. Nosotros tenemos allá una sede que casi tuvimos que cerrar porque cuando se fue la petrolera nos quedamos sin docentes, que eran todos de la empresa. En Tartagal se ve muy bien lo que significa el abandono del Estado. Ya no hay pluviómetros arriba, para ver cuanto llovió y tomar las medidas, no hay quien prevea la defensa del río, no hay Servicio Meteorológico. Se fueron todos y se quedaron muy solos, en Tartagal. Todos nos quedamos muy solos.

Joyas verdes
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el país perdió durante el siglo XX alrededor del 70 % de sus bosques nativos. En datos algo más concretos, en 1900 había 105 millones de hectáreas forestadas y hoy, con suerte, podrían computarse 33 millones. Pero el dato más alarmante es que, según informes recogidos por la organización Greenpeace, cada año se están desmontando 250 mil hectáreas, en una aceleración que resultaba hasta no hace mucho muy difícil de evitar. En la provincia del Chaco, por mencionar un caso, el Instituto de Colonización señaló que en 1999 había 1.938.547 hectáreas de tierras fiscales –casi todas forestadas naturalmente- y en el 2005 sólo quedaban 687.053.
La selva misionera también es una joya preciada para la explotación intensiva. Allí queda apenas un 7 % de la superficie selvática original. En la zona correspondiente a Paraguay y Brasil la situación es peor aún, ya que no queda prácticamente nada de selva. Un riesgo similar se registra en las Yungas, que ocupa el norte tucumano, parte de Salta y de Jujuy y se interna en el sur de Bolivia. La selva de Amazonas, por su parte, es fuente continua de debates y pujas entre aborígenes, hacendados y nuevos inversores, con grado de violencia física que no se conoce por estos lares.
En muchos casos, la topadora se manifiesta como el avance de la soja. Pero no son pocos los campos que se destinan a cultivos de otras especies e incluso se promueven explotaciones ganaderas con la más alta tecnología. Como la que muestra con orgullo Franco Macri en El Yuto, ahí cerquita de Embarcación, Salta, unas 20.000 hectáreas adquiridas en 1997 donde con asesoramiento de la Universidad Ben Gurión, se invirtieron –de acuerdo a anuncios del grupo Socma- algo más de 30 millones de dólares para producir algodón, poroto, maní y cártamo, bajo riego, y de paso cereales, tomates, pimientos, zapallitos, melón, sandías, cebollas, berenjenas, granadas, miel y criar ganado. Un negocio que habría de facturar 350 millones de dólares anuales según publicó en su momento el lobista sojero Héctor Huergo en el diario Clarín. Pero en la zona también hicieron sus inversiones otros poderosos grupos económicos radicados en Buenos Aires, Córdoba y Rosario o fondos de inversiones sin bandera conocida.

Alberto Lopez Girondo
Para Acción