El Secretario de Asuntos Hemisféricos del gobierno de Barack Obama, Arturo Valenzuela Bowie, es uno de esos personajes que desde la cuna tienen doble pertenencia. A la tierra que los vio nacer y a la sangre. A la lengua de origen y a la que le hablaba su madre. A la política y a la teología.
Hijo de Raimundo Valenzuela Arms, quien fuera obispo de la Iglesia Metodista de Chile, y de la misionera estadounidense Dorothy Bowie, luego impulsora de una terapia conocida como hipnosis clínica, vivía en Concepción cuando el gran terremoto de 1960 echó literalmente abajo sus expectativas. Es que el edificio del liceo donde estudiaba fue demolido por un sismo de magnitud 9,5 que destruyó gran parte del país, mató a más de 2000 personas y dejó sin hogar a otros 2 millones.
Valenzuela viajaba regularmente a los Estados Unidos, como toda su familia, ya que mantenían lazos con los sectores protestantes de aquel país. Pero esa vez, a los 16 años, se quedó para completar sus estudios. Allí, el adolescente conoció a Martin Luther King, y resultó fuertemente impactado por su asesinato, en 1968. Había querido ser pastor, como su padre, su abuelo y su bisabuelo. Pero en el Norte se doctoró en Ciencia Política y Política Comparada por la Universidad de Columbia. En ese centro de estudios había participado del movimiento estudiantil por la integración multirracial y contra la Guerra de Vietnam.
Su parentela, mientras tanto, apoyaba en Chile la candidatura de Salvador Allende. El obispo Valenzuela Arms, incluso, fue representante de la Iglesia Metodista en el primer Tedeum del gobierno de la Unidad Popular, en 1970. “Eran pro Allende porque querían un mayor equilibrio de la riqueza, pero no en un sentido partidista”, contó alguna vez su hermana, Flor Valenzuela.
Más tarde, Arturo cultivaría amistad con los líderes de la oposición pinochetista, y fue introduciéndose en el Partido Demócrata. Fue entre otras cosas, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, miembro de Human Rights Watch Americas Advisory Committee, de Inter-American Foundation, y consultor de organizaciones como la Fundación Ford, la Fundación Interamericana, la Freedom House y la Free Foundation.
O sea, es un cuadro del establishment cultural que desde los Estados Unidos sostiene una posición latinoamericanista afín a los intereses de Washington. Con un toque liberal y una sólida convicción religiosa que tanto atrae en aquellas latitudes. Por eso no extraña su opinión sobre las democracias del continente, de las que, dice, “están interrumpidas” desde la caída de las dictaduras en los ’80. Porque muchos de estos gobiernos, piensa, “perdieron credibilidad” y es necesario “recuperar el espíritu democrático” en la región.
Fue consejero en Asuntos Hemisféricos en el Departamento de Estado con Bill Clinton y en mayo de 2009 Obama lo nombró secretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, en remplazo de Thomas Shannon.
En su última visita a la Argentina se había generado un entredicho cuando varios medios publicaron el “malestar” que le habían transmitido empresarios argentinos frente a la política oficial. Con el furor de las filtraciones WikiLeaks se conoció el cable confidencial 1311, fechado el 31 de diciembre de 2009, en que la embajadora Vilma Martínez se mostraba sorprendida por la repercusión que había alcanzado una charla del diplomático ante una docena de periodistas nativos. “A pesar de la amplia gama de temas abordados por Valenzuela, los medios de comunicación argentinos se concentraron exclusivamente en su observación sobre la preocupación de la comunidad empresarial estadounidense por la inseguridad jurídica y la gestión económica local.”
Valenzuela apoyó a fines de julio pasado una presentación del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe ante la OEA, sobre el presunto apoyo de Hugo Chávez a las FARC. “La denuncia del gobierno colombiano es muy seria”, consideró el chileno-estadounidense. El incidente entre Colombia y Venezuela se licuó tras la intervención de quien fuera secretario de la Unasur, Néstor Kirchner.
Hace unos días, tildó de “antidemocrática” la Ley Habilitante que da poderes especiales al mandatario venezolano y afirmó que viola la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Siempre preocupado por esa “amenaza” a la democracia, aceptó un pedido de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, para que el “Departamento de Estado cese de inmediato de ejercer una influencia indebida sobre los funcionarios hondureños que han sido electos y que están actuando de acuerdo con las leyes hondureñas.”
En consonancia, declaró que Porfirio Lobo “ha preparado el terreno para el reingreso de Honduras a la OEA”. Y agregó que en 2010 Honduras protagonizó un “significativo progreso” para cumplir las exigencias de la comunidad internacional tendientes “a la reconciliación nacional, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y los Derechos Humanos”.
El país centroamericano fue suspendido por la OEA en julio de 2009 luego del golpe contra Zelaya. Lobo es persona no grata para la Unasur, que impidió su presencia en las últimas dos Cumbres de Países Iberoamericanos. El hondureño fue especialmente “no invitado” a la asunción de Dilma Rousseff y esta parte del continente no reconoce su gobierno ni mantiene relaciones diplomáticas. El secretario general de la OEA, el también chileno José Miguel Insulza, opina que Honduras “debe” reincorporarse “lo más pronto posible”, e igualmente cuestionó la Ley Habilitante de Chávez.
Representantes de los tres poderes hondureños, Jorge Alberto Rivera Avilés (por el Judicial), Juan Orlando Hernández (por el Legislativo) y el propio Lobo (por el Ejecutivo) se reunieron con el pastor Evelio Reyes en una jornada de oración en la Iglesia Vida Abundante, donde oraron por un buen año 2011 para Honduras.
Mientras tanto, el periodista Esdras Amado López, director y propietario del Canal 36, denunciaba que un coronel lo había amenazado de muerte. El canal, conocido como Cholusat Sur, fue cerrado y militarizado en varias ocasiones por condenar el golpe de Estado y las violaciones a los Derechos Humanos en el régimen de facto. En el año que terminó fueron asesinados diez periodistas en Honduras. Es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la profesión.
Valenzuela llega a Buenos Aires el domingo, en una minigira que además incluye a su país natal, Chile. Informó que su visita tiene como objetivo “profundizar las relaciones con esos socios clave de la región”. Le pidió audiencia al canciller argentino. “Voy a escucharlo”, dijo Héctor Timerman.
Tiempo Argentino
Enero 8 de 2011
domingo
Evo derogó el decreto que eliminaba un subsidio de Banzer
"Hemos decidido, en esa conducta de mandar obedeciendo, derogar el Decreto 748. Quiero decir que todas las medidas quedan sin efecto. No hay justificación para subir los combustibles y todo vuelve a la situación anterior.” Acompañado por su vicepresidente, Álvaro García Linera, y el canciller David Choquehuanca, el presidente boliviano puso fin a varios días de revueltas en todo el país contra el alza en los combustibles de hasta un 83%, generada por la anulación de un subsidio impuesto hace 13 años, mucho antes de que el Movimiento al Socialismo llegara al Palacio Quemado.
“Durante estos días he escuchado y entendido a mis compañeros que decían que era importante promulgar el decreto, pero que no era oportuno ni era el momento. He entendido perfectamente estas recomendaciones y por eso se abroga el Decreto 748”, explicó Evo Morales, al borde de 2011.
Menudo problema el que acosaba al mandatario aymara, luego de que el gobierno decidiera poner fin a una medida dictada por el general Hugo Banzer en 1997 y que generó una pérdida para el Estado boliviano valuada en más de 1800 millones de dólares en el último quinquenio, y unos 300 millones de dólares sólo en el año que acaba de terminar. La cifra sale de contrastar el costo del petróleo en el mercado internacional –90 dólares el barril estos días– y el compromiso de venta puertas adentro de Bolivia, 27 dólares, diferencia que debe afrontar el erario público.
Fuentes gubernamentales admitieron a Tiempo Argentino que el ahora derogado decreto era seguramente la medida más impopular que había decidido Morales desde que llegó al poder. Pero también remarcaron que era inevitable para eliminar una distorsión que alcanza ribetes escandalosos, en el marco de una economía que no paró de crecer y una sociedad que, poco a poco, va percibiendo el resultado de políticas de distribución por vía de mayores oportunidades de desarrollo social y personal, y mediante formas alternativas de ingresos a los diferentes grupos familiares. Ya sea por créditos para emprendimientos como por bonos de incentivo al estudio –el Juan Pinto– o la Renta Dignidad, a los jubilados.
Semejante desnivel en los precios del combustible, en un país productor, permitió varias asimetrías peligrosas para la economía boliviana. Por un lado, miles de pobladores de las fronteras armaron un negocio extra con el tráfico hormiga (cruzar con tanque lleno para vender el contenido del otro lado permite ganar hasta 7 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina, entre los 3,74 bolivianos que cuesta de un lado y los 10,52 que se paga en Brasil. El provecho fronterizo incluye el cruce de micros y camiones sólo para llenar los tanques.
Paralelamente, las petroleras dejaron de invertir en exploración y producción puertas adentro, “desalentadas” por los costos reducidos en el mercado interior. Con lo que florece el desabastecimiento. Evo Morales lo dijo claramente cuando recordó que en el último ejercicio se importó combustible por unos 666 millones de dólares. “Compramos en el exterior el litro de gasolina al equivalente a 8 bolivianos para venderlo a 3,74 en Bolivia”, aclaró.
Entre el domingo pasado y el viernes, mientras duró el Decreto 748, el contrabando de gasoil y naftas en las zonas fronterizas disminuyó a la mitad, según indicó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), Carlos Villegas.
El gasolinazo fallido sirvió para mostrar errores en la forma de comunicar las decisiones del gobierno, factura que se cobraron algunos ex aliados. Por un lado, el anuncio del decreto lo hizo el vicepresidente durante un viaje de Morales a Venezuela. En el entorno presidencial afirman que a instancias del propio García Linera, que propuso no exponer a Evo ante la opinión pública con una medida que sabían fuente de rechazo.
“Es un buen momento político, no hay elecciones cerca, la derecha está totalmente derrotada y el oficialismo cuenta con las tres cuartas partes de ambas cámaras”, evaluaron. Los datos macroeconómicos también acompañan. “Sobre 400 bolivianos que era el salario mínimo en 2005, estamos ahora con 800 bolivianos”, resaltó un funcionario de Evo Morales. Y añadió: “en 2005 las reservas fiscales ascendían a 3000 millones de dólares. A fines de 2010, esas reservas superan los 9000 millones de dólares, y el Estado estaría en condiciones de saldar su deuda y tener reservas similares a la de los gobiernos neoliberales del pasado. Es decir, el Estado Plurinacional de Bolivia es solvente, sin posibilidades de entrar en crisis.”
Pero entre los que encabezaron la protesta –donde hubo refriegas, heridos, edificios apedreados y gases lacrimógenos– figuran antiguos aliados del MAS, como el Movimiento Sin Miedo (MSM), de Juan Del Granado y Luis Revilla, quienes se sucedieron como alcaldes de La Paz, y amplios sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) –sobre todo de los mineros– que habían amenazado con marchas hacia la capital, remedando otras épocas de triste memoria.
“Así como (el empresario de derecha cruceño) Branko Marinkovic organizaba ataques a las entidades del Estado, hemos visto cómo que se ha procedido ahora; se atacó al Ministerio de Trabajo, a Desarrollo Sostenible, Justicia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Boliviana de Aviación (BoA), que es de todos los bolivianos, Vías Bolivia fue incendiada, la Alcaldía de El Alto, organizaciones sociales…”, enumeró el ministro de Gobierno, Sacha Lorenti. Tanto Granado como Revilla están acusados de delitos que investiga la justicia, pero más allá de la pureza política de todos ellos, las protestas se montaron sobre un escenario real. El notable aumento en el precio del carburante incide directamente en el bolsillo de los más humildes de manera simbólica, y los incrementos salariales difícilmente puedan contrarrestar esa sensación de que la anulación de un subsidio tiene tintes neoliberales en el país que más avanzó en remediar sus consecuencias. “Es obligación del gobierno cuidar nuestros recursos económicos, pero justamente compensando con políticas sociales, aumentando el salario mínimo nacional”, había anunciado Morales.
¿Por qué el recorte en el subsidio no se hizo de manera gradual? El que responde en este caso es el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. “Pensamos en un principio en hacerlo de esa forma, pero la gradualidad en nuestro país se traduce en la viveza criolla, se traduce en acciones que uno asume para tomar ventaja de algo. Estoy seguro de que habría escaseado el diesel, la gasolina…”.
Morales declaró hace algunos días que esperaba superar este primer tramo de quejas generalizadas por el famoso decreto. Que en su gestión había aprendido a que “cuando explicamos con sinceridad y transparencia los compañeros entienden y después manda la racionalidad y no los caprichos de cualquier sector”. Y que, otro aprendizaje, “después de la pelea, viene el cariño, el amor”.
Habrá que ver como recompone el cariño de su pueblo sin que una medida de Banzer siga representando una sangría para su economía.
Tiempo Argentino
Enero 2 de 2011
“Durante estos días he escuchado y entendido a mis compañeros que decían que era importante promulgar el decreto, pero que no era oportuno ni era el momento. He entendido perfectamente estas recomendaciones y por eso se abroga el Decreto 748”, explicó Evo Morales, al borde de 2011.
Menudo problema el que acosaba al mandatario aymara, luego de que el gobierno decidiera poner fin a una medida dictada por el general Hugo Banzer en 1997 y que generó una pérdida para el Estado boliviano valuada en más de 1800 millones de dólares en el último quinquenio, y unos 300 millones de dólares sólo en el año que acaba de terminar. La cifra sale de contrastar el costo del petróleo en el mercado internacional –90 dólares el barril estos días– y el compromiso de venta puertas adentro de Bolivia, 27 dólares, diferencia que debe afrontar el erario público.
Fuentes gubernamentales admitieron a Tiempo Argentino que el ahora derogado decreto era seguramente la medida más impopular que había decidido Morales desde que llegó al poder. Pero también remarcaron que era inevitable para eliminar una distorsión que alcanza ribetes escandalosos, en el marco de una economía que no paró de crecer y una sociedad que, poco a poco, va percibiendo el resultado de políticas de distribución por vía de mayores oportunidades de desarrollo social y personal, y mediante formas alternativas de ingresos a los diferentes grupos familiares. Ya sea por créditos para emprendimientos como por bonos de incentivo al estudio –el Juan Pinto– o la Renta Dignidad, a los jubilados.
Semejante desnivel en los precios del combustible, en un país productor, permitió varias asimetrías peligrosas para la economía boliviana. Por un lado, miles de pobladores de las fronteras armaron un negocio extra con el tráfico hormiga (cruzar con tanque lleno para vender el contenido del otro lado permite ganar hasta 7 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina, entre los 3,74 bolivianos que cuesta de un lado y los 10,52 que se paga en Brasil. El provecho fronterizo incluye el cruce de micros y camiones sólo para llenar los tanques.
Paralelamente, las petroleras dejaron de invertir en exploración y producción puertas adentro, “desalentadas” por los costos reducidos en el mercado interior. Con lo que florece el desabastecimiento. Evo Morales lo dijo claramente cuando recordó que en el último ejercicio se importó combustible por unos 666 millones de dólares. “Compramos en el exterior el litro de gasolina al equivalente a 8 bolivianos para venderlo a 3,74 en Bolivia”, aclaró.
Entre el domingo pasado y el viernes, mientras duró el Decreto 748, el contrabando de gasoil y naftas en las zonas fronterizas disminuyó a la mitad, según indicó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), Carlos Villegas.
El gasolinazo fallido sirvió para mostrar errores en la forma de comunicar las decisiones del gobierno, factura que se cobraron algunos ex aliados. Por un lado, el anuncio del decreto lo hizo el vicepresidente durante un viaje de Morales a Venezuela. En el entorno presidencial afirman que a instancias del propio García Linera, que propuso no exponer a Evo ante la opinión pública con una medida que sabían fuente de rechazo.
“Es un buen momento político, no hay elecciones cerca, la derecha está totalmente derrotada y el oficialismo cuenta con las tres cuartas partes de ambas cámaras”, evaluaron. Los datos macroeconómicos también acompañan. “Sobre 400 bolivianos que era el salario mínimo en 2005, estamos ahora con 800 bolivianos”, resaltó un funcionario de Evo Morales. Y añadió: “en 2005 las reservas fiscales ascendían a 3000 millones de dólares. A fines de 2010, esas reservas superan los 9000 millones de dólares, y el Estado estaría en condiciones de saldar su deuda y tener reservas similares a la de los gobiernos neoliberales del pasado. Es decir, el Estado Plurinacional de Bolivia es solvente, sin posibilidades de entrar en crisis.”
Pero entre los que encabezaron la protesta –donde hubo refriegas, heridos, edificios apedreados y gases lacrimógenos– figuran antiguos aliados del MAS, como el Movimiento Sin Miedo (MSM), de Juan Del Granado y Luis Revilla, quienes se sucedieron como alcaldes de La Paz, y amplios sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) –sobre todo de los mineros– que habían amenazado con marchas hacia la capital, remedando otras épocas de triste memoria.
“Así como (el empresario de derecha cruceño) Branko Marinkovic organizaba ataques a las entidades del Estado, hemos visto cómo que se ha procedido ahora; se atacó al Ministerio de Trabajo, a Desarrollo Sostenible, Justicia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Boliviana de Aviación (BoA), que es de todos los bolivianos, Vías Bolivia fue incendiada, la Alcaldía de El Alto, organizaciones sociales…”, enumeró el ministro de Gobierno, Sacha Lorenti. Tanto Granado como Revilla están acusados de delitos que investiga la justicia, pero más allá de la pureza política de todos ellos, las protestas se montaron sobre un escenario real. El notable aumento en el precio del carburante incide directamente en el bolsillo de los más humildes de manera simbólica, y los incrementos salariales difícilmente puedan contrarrestar esa sensación de que la anulación de un subsidio tiene tintes neoliberales en el país que más avanzó en remediar sus consecuencias. “Es obligación del gobierno cuidar nuestros recursos económicos, pero justamente compensando con políticas sociales, aumentando el salario mínimo nacional”, había anunciado Morales.
¿Por qué el recorte en el subsidio no se hizo de manera gradual? El que responde en este caso es el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. “Pensamos en un principio en hacerlo de esa forma, pero la gradualidad en nuestro país se traduce en la viveza criolla, se traduce en acciones que uno asume para tomar ventaja de algo. Estoy seguro de que habría escaseado el diesel, la gasolina…”.
Morales declaró hace algunos días que esperaba superar este primer tramo de quejas generalizadas por el famoso decreto. Que en su gestión había aprendido a que “cuando explicamos con sinceridad y transparencia los compañeros entienden y después manda la racionalidad y no los caprichos de cualquier sector”. Y que, otro aprendizaje, “después de la pelea, viene el cariño, el amor”.
Habrá que ver como recompone el cariño de su pueblo sin que una medida de Banzer siga representando una sangría para su economía.
Tiempo Argentino
Enero 2 de 2011
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