Threadneedle Street es una muy antigua callecita del centro de Londres
donde por más de tres siglos se asentaron las instituciones más
poderosas del Imperio Británico, lo que es como decir del mundo
desarrollado. No se sabe muy bien de dónde proviene el nombre. Calculan
los eruditos que puede tener su origen en una palabra en anglosajón
antiguo, threadn, que significa "prosperar". Otros estiman que es una
contracción de Three Needle Street, la "calle de las tres agujas". O,
quizás más probable, sea una denominación surgida de una asociación de
sastres establecida en 1347, que tenía como símbolo hilos y agujas, (que
eso quiere decir Thread Needle).
La Bolsa de Comercio mantuvo un edificio en esa calle hasta 2004. Allí
también parece ser que se cantó por primera vez "God Save the Queen", el
himno británico, en 1607. Y entre 1711 y 1850 tuvo su sede la South Sea
Company (SSC, Compañía de los Mares del Sur) protagonista de lo que
tal vez sea la primera gran burbuja financiera que explotó con negocios
hechos de este lado del mundo.
Fundada por Robert Harley, Conde de Oxford y de Mortimer y a la sazón
jefe del Partido Conservador, la SSC obtuvo el monopolio sobre el
comercio con las colonias españolas en América. Harley, hábil y con
buenas conexiones, consiguió cambiar bonos de deuda pública del Tesoro
británico por 10 millones de libras mediante la emisión de acciones a
una tasa del 6% anual sobre el capital sin límite de tiempo. Era un
negocio redondo que prometía a los inversores una renta interesante de
por vida.
Fue un boom y si bien no hubo grandes ganancias en los primeros años,
lograron convencer a los inversores de que todo marchaba viento en
popa. Así fue que en 1717 se hizo otra emisión de acciones por diez
millones de libras en bonos públicos. La burbuja fue de tal magnitud que
acciones que en enero de 1720 se podían comprar a 128 libras, en mayo
no bajaban de 550 y en junio ya estaban por los 890, a pesar de que las
relaciones con el Imperio Español no garantizaban grandes ganancias en
el comercio en sus colonias.
En agosto, cuando las acciones pasaban las 1000 libras, la tendencia
cambió repentinamente cuando se vinieron abajo varias compañías
coloniales de Holanda y Francia: de golpe los papeles se cayeron hasta
menos de 100 libras. El estallido dejó en la ruina a miembros del
gobierno y el propio Isaac Newton, el físico que descubrió las leyes de
gravitación universal, perdió 20 mil libras. “Puedo predecir el
movimiento de los cuerpos celestes con precisión, pero no la locura de
las bolsas de valores”, fue la amarga queja del genio matemático. Unos
meses después, el Parlamento decidió tomar el control de la compañía
para evitar nuevos escándalos y ordenó la detención de los directores,
acusados de fraude. En 1850 la SSC cerró sus puertas definitivamente.
Allí también, en esa histórica calle londinense, está el Banco de
Inglaterra, pomposamente conocido como la Vieja Dama de Threadneedle
Street. Nacido también en aquellos tiempos fundacionales del Imperio, el
Banco de Inglaterra surgió en 1694 y fue nacionalizado en 1946, para
ser privatizado otra vez en 1997. En la práctica fue el primer Banco
Central del mundo y pasó por todo en estos 318 años. Desde guerras hasta
períodos de corralito, como entre 1797 y 1821 (conocido como Período de
Restricción), cuando el gobierno le prohibió pagar deudas en oro.
Tanto prolegómeno intenta ser una presentación de Sir David Walker, de
72 años, designado nuevo presidente del Consejo de Administración del
banco Barclays, otro viejo integrante de la city londinense, fundado en
1690 a metros de la Vieja Dama, en el 54 de Lombard Street. Walker
remplazará en noviembre a Marcus Agius, que debió renunciar junto con la
cúpula de la entidad luego de que saliera a la luz la investigación en
los Estados Unidos y Gran Bretaña por la manipulación de las tasas de
referencia Libor. Para acallar las críticas, el Barclays acordó el pago
de multas por 290 millones de libras (454 millones de dólares). Una
forma explícita de reconocer su culpabilidad.
Walker, educado en las mejores instituciones de la isla, fue ungido
caballero de la reina en 1994. En su dilatada carrera, presidió el
Morgan Stanley International, fue subgobernador del Banco de Inglaterra
y encabezó durante el gobierno de Gordon Brown una investigación sobre
el sistema bancario británico. Para analistas usualmente esquivos al
elogio de banqueros ligados al establishment, es el hombre adecuado para
encauzar un entuerto que enchastra a todo el negocio, luego de que en
2007 estalló la burbuja de las subprimes.
Como se recordará, la luz de alarma la encendió el francés BNP Paribas
cuando suspendió los giros de capital desde tres fondos al descubrir que
cerca de un tercio de sus posiciones eran en bonos respaldados por
créditos tóxicos. No tardaron en entrar en la pendiente las entidades
hipotecarias como el Fannie Mae y Freddie Mac y como el Bear Sterns o el
Lehman Brothers, que terminó quebrando y cuya cartera quedó en gran
medida en manos del Barclays.
Esa crisis también golpeó de lleno en el Goldman Sachs, protagonista de
otra manipulación, la de la deuda griega, que terminó poniendo en riesgo
la misma existencia de la moneda común europea. Eso no es todo, el GS
(que supo ser propietario de un 18% del grupo Clarín) fue acusado de
engañar a sus clientes cuando les vendió bonos respaldados por hipotecas
basura por 1300 millones de dólares en 2006.
Apremiado por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos
(SEC), en julio de 2010 GS accedió a solucionar el entuerto mediante el
pago de una multa, esta vez por 550 millones de dólares. En el acuerdo
GS admite haber cometido un "error" al dar "información incompleta" a
sus clientes. Nada de mala intención.
Hasta que en abril de 2011 un subcomité del Senado presidido por el
demócrata Carl Levin terminó un informe con denuncias que sostienen que
GS realizó operaciones con papeles tóxicos incluso durante la crisis,
sin haber advertido convenientemente a sus clientes del lodazal en el
que los estaban metiendo.
En base a ese dossier de 639 páginas, Levin presentó una denuncia ante
el Departamento de Justicia estadounidense para que se abriera una
investigación penal contra los directivos de Goldman Sachs.
Ayer, un escueto comunicado de las autoridades señaló que "no existe una
base viable para actuar penalmente contra Goldman Sachs o sus
empleados”. Mientras tanto, en Londres, Barclays anunciaba ganancias
por 4000 millones de libras y, tras la designación de Sir Walker, espera
salir airoso del escándalo de las tasas Libor.
"Pedimos disculpas por los problemas que han surgido en las últimas
semanas, y reconocemos que hemos decepcionado a nuestros clientes y
accionistas", admitió el actual presidente del directorio, Marcus Agius,
luego de prometer un retorno del 13% sobre el capital a sus
accionistas.
Parece que le creyeron.
Tiempo Argentino
Agosto 11 de 2012
lunes
sábado
El pasado que no termina de cerrar
La difusión de archivos secretos de la dictadura pinochetista removió el
avispero en la política chilena como hace tiempo no ocurría. Porque
implican la demostración de que ese oscuro pasado que acosa a los países
del Cono Sur americano es una herida que no termina de cerrar. Y que
algunos de aquellos responsables de delitos de lesa humanidad no sólo
siguen vivitos y coleando, sino que en el caso del país trasandino,
conservan su influencia en lugares clave. Como ocurre con el actual jefe
de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Alberto Cardemil,
viceministro del Interior de Augusto Pinochet y que, de acuerdo a la
información "filtrada" a la agencia alemana dpa estos días, señalaba a
los organismos de seguridad a los opositores al régimen.
Esos archivos revelan, además, las operaciones represivas del gobierno no sólo en Chile sino en varios países del mundo, incluida la Argentina. En esos documentos, escaneados en tres CD que, dice la agencia noticiosa, "están repletos de información", aparecen minutas de encuentros con dignatarios del Vaticano dispuestos a neutralizar a los sectores de la Iglesia Católica que criticaban las políticas criminales que llevaba a cabo la dictadura militar.
Un capítulo importante en términos históricos de esos archivos publicados por dpa son las elucubraciones de la Junta Militar cuando era evidente que tendrían que entregar el poder y contaban como prácticamente único respaldo político a la constitución digitada por los uniformados en 1980, a la que –como ahora hacen los militares egipcios para demorar la entrega plena del poder a las fuerzas políticas condicionar la salida democrática.
Una de las claves de los represores chilenos era preservar en la Constitución que inevitablemente deberían reformar en 1989 a instancias de los partidos políticos de centroizquierda que habían formado la Concertación, era "el principio de autoridad", para lo cual hicieron innegociables algunos artículos del entramado legal pergeñado por Pinochet.
Viene a cuento entonces detallar algunos de esos puntos tan importantes para mantener el esquema social armado desde que tomaron el poder en forma cruenta, el 11 de setiembre de 1973.
El artículo 8 de la Constitución pinochetista consideraba como delito a "todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases". El artículo 9, a su vez, consideraba contrario a los Derechos Humanos al "terrorismo, en cualquiera de sus formas". Pero dejaba en manos de una ley de quórum calificado (una figura legal creada a tal efecto que obliga a contar con la mayoría absoluta de los legisladores) la definición de qué actos o conductas serían consideradas terroristas. Mientras tanto, regía la voluntad del déspota de turno, que ya se había cobrado miles de víctimas sin juicio previo ni derecho a la defensa.
Podrían decir los constitucionalistas de entonces que era una ley, la de Pinochet, respetuosa de los elementales Derechos Humanos, ya que la Carta Magna garantizaba "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer".
La Constitución, de más está decir, era un cuerpo legal tendiente a cristalizar el Estado represivo creado por los militares, convencidos de que disputaban la batalla final contra el comunismo y en defensa de "los valores occidentales y cristianos". Se sustentaba, por lo tanto, en la Doctrina de la Seguridad Nacional difundida desde la Escuela de las Américas a todos los ejércitos de la región.
Por lo tanto, no extraña que entre los organismos estatales más importantes figurara el Consejo de Seguridad Nacional, con atribuciones –luego derogadas por la democracia–, en algunos casos, superiores a los legisladores y al Poder judicial. El alcance de sus competencias se detalla en el artículo 96 de la Constitución pinochetista. El artículo 97 –en una muestra indudable de que una cosa se sigue de la otra– determina las incumbencias del Banco Central. Allí destaca que será "un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico (… que) sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con Créditos directos o indirectos del Banco Central."
Firmaban aquella ley máxima, que con decenas de modificaciones todavía rige al país, los funcionarios del régimen. Entre ellos, José Piñera Echenique, ministro del Trabajo y Previsión Social. Es el hermano del actual presidente Sebastián Piñera Echenique e introductor en el continente del sistema privado de jubilaciones, que copió Domingo Cavallo y no pudo derogar la presidenta Michelle Bachelet en 2008.
A veces la realidad entrega algunas pinceladas, quizás para resaltar alguna trama dramática. Porque el martes pasado la derecha chilena celebró el centenario del tal vez máximo teórico del golpe, el estadounidense Milton Friedman. Como se sabe, el Premio Nobel de Economía de 1976 fue el fundamento para las políticas neoliberales que aplicó la dictadura y luego se extendieron al resto de Suramérica. Monetarista y uno de los fundadores de la llamada Escuela de Chicago, propugnaba entre otras cosas, su modelo como forma de estabilizar economías atravesadas por procesos inflacionarios. Es la contrapartida de las teorías keynesianas y Chile fue el primer experimento de ese pensamiento que para entonces ya tenía más de 20 años de vigencia en laboratorio.
Friedman, con los años, intentó desligarse de las violaciones a los derechos y aseguró que sus teorías no necesitaban de la represión para imponerse. Dijo, también, que su pensamiento no buscaba otra cosa que la libertad del individuo, en sociedades atribuladas por regulaciones que asfixiaban las fuerzas creativas del hombre. Tan liberal era que llegó a proponer la legalización de la marihuana. Decía que prohibir el cannabis era inmoral porque impide a la gente usar su cuerpo libremente. Hace un par de semanas un ex guerrillero uruguayo recogió el guante. Fue el presidente uruguayo José Mujica, al que la dictadura oriental mantuvo 14 años en prisión.
Tiempo Argentino
Agosto 4 de 2012
Esos archivos revelan, además, las operaciones represivas del gobierno no sólo en Chile sino en varios países del mundo, incluida la Argentina. En esos documentos, escaneados en tres CD que, dice la agencia noticiosa, "están repletos de información", aparecen minutas de encuentros con dignatarios del Vaticano dispuestos a neutralizar a los sectores de la Iglesia Católica que criticaban las políticas criminales que llevaba a cabo la dictadura militar.
Un capítulo importante en términos históricos de esos archivos publicados por dpa son las elucubraciones de la Junta Militar cuando era evidente que tendrían que entregar el poder y contaban como prácticamente único respaldo político a la constitución digitada por los uniformados en 1980, a la que –como ahora hacen los militares egipcios para demorar la entrega plena del poder a las fuerzas políticas condicionar la salida democrática.
Una de las claves de los represores chilenos era preservar en la Constitución que inevitablemente deberían reformar en 1989 a instancias de los partidos políticos de centroizquierda que habían formado la Concertación, era "el principio de autoridad", para lo cual hicieron innegociables algunos artículos del entramado legal pergeñado por Pinochet.
Viene a cuento entonces detallar algunos de esos puntos tan importantes para mantener el esquema social armado desde que tomaron el poder en forma cruenta, el 11 de setiembre de 1973.
El artículo 8 de la Constitución pinochetista consideraba como delito a "todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases". El artículo 9, a su vez, consideraba contrario a los Derechos Humanos al "terrorismo, en cualquiera de sus formas". Pero dejaba en manos de una ley de quórum calificado (una figura legal creada a tal efecto que obliga a contar con la mayoría absoluta de los legisladores) la definición de qué actos o conductas serían consideradas terroristas. Mientras tanto, regía la voluntad del déspota de turno, que ya se había cobrado miles de víctimas sin juicio previo ni derecho a la defensa.
Podrían decir los constitucionalistas de entonces que era una ley, la de Pinochet, respetuosa de los elementales Derechos Humanos, ya que la Carta Magna garantizaba "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer".
La Constitución, de más está decir, era un cuerpo legal tendiente a cristalizar el Estado represivo creado por los militares, convencidos de que disputaban la batalla final contra el comunismo y en defensa de "los valores occidentales y cristianos". Se sustentaba, por lo tanto, en la Doctrina de la Seguridad Nacional difundida desde la Escuela de las Américas a todos los ejércitos de la región.
Por lo tanto, no extraña que entre los organismos estatales más importantes figurara el Consejo de Seguridad Nacional, con atribuciones –luego derogadas por la democracia–, en algunos casos, superiores a los legisladores y al Poder judicial. El alcance de sus competencias se detalla en el artículo 96 de la Constitución pinochetista. El artículo 97 –en una muestra indudable de que una cosa se sigue de la otra– determina las incumbencias del Banco Central. Allí destaca que será "un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico (… que) sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con Créditos directos o indirectos del Banco Central."
Firmaban aquella ley máxima, que con decenas de modificaciones todavía rige al país, los funcionarios del régimen. Entre ellos, José Piñera Echenique, ministro del Trabajo y Previsión Social. Es el hermano del actual presidente Sebastián Piñera Echenique e introductor en el continente del sistema privado de jubilaciones, que copió Domingo Cavallo y no pudo derogar la presidenta Michelle Bachelet en 2008.
A veces la realidad entrega algunas pinceladas, quizás para resaltar alguna trama dramática. Porque el martes pasado la derecha chilena celebró el centenario del tal vez máximo teórico del golpe, el estadounidense Milton Friedman. Como se sabe, el Premio Nobel de Economía de 1976 fue el fundamento para las políticas neoliberales que aplicó la dictadura y luego se extendieron al resto de Suramérica. Monetarista y uno de los fundadores de la llamada Escuela de Chicago, propugnaba entre otras cosas, su modelo como forma de estabilizar economías atravesadas por procesos inflacionarios. Es la contrapartida de las teorías keynesianas y Chile fue el primer experimento de ese pensamiento que para entonces ya tenía más de 20 años de vigencia en laboratorio.
Friedman, con los años, intentó desligarse de las violaciones a los derechos y aseguró que sus teorías no necesitaban de la represión para imponerse. Dijo, también, que su pensamiento no buscaba otra cosa que la libertad del individuo, en sociedades atribuladas por regulaciones que asfixiaban las fuerzas creativas del hombre. Tan liberal era que llegó a proponer la legalización de la marihuana. Decía que prohibir el cannabis era inmoral porque impide a la gente usar su cuerpo libremente. Hace un par de semanas un ex guerrillero uruguayo recogió el guante. Fue el presidente uruguayo José Mujica, al que la dictadura oriental mantuvo 14 años en prisión.
Tiempo Argentino
Agosto 4 de 2012
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