Integradores y desintegrados

Hubo un tiempo en que Europa era un paraíso, pero como suele suceder, no lo sabía. Hasta que la crisis económica se extendió desde el sur del continente a raíz de la explosión de la burbuja inmobiliaria, y quedaron al descubierto ciertas inconsistencias macroeconómicas que los intereses neoliberales se encargaron de magnificar para llevar agua hacia su molino.
En ese tiempo dorado, los europeos, que acababan de levantarse de las ruinas que había dejado la Segunda Guerra Mundial, construían a pasos agigantados un Estado de Bienestar que era mirado desde este lado del mundo con "la ñata contra el vidrio", como quien dice.
Ese arquetipo ideal se formó en torno a sociedades dispuestas a superar diferencias históricas que habían dejado  millones de cadáveres y bajo el influjo de dirigencias políticas que apostaban a un modelo que repartía para conservar. Dirigencias que habían decidido que era mejor negocio aceptar que todos estuvieran económicamente mejor al precio de mantener la paz y el progreso como posibilidades de futuro.
Con la crisis, el modelo cambió rotundamente y ahora muestra un neoliberalismo extremo, que expresa muy bien la alemana Angela Merkel pero que se monta sobre consensos tecnocráticos que van de Bruselas a Frankfurt, de la sede del gobierno europeo a la del Banco Central, sin escalas. Y que castigan a los que, dentro de ese marco conceptual, aparecen como menos eficientes. En esa "bolsa" colocan a las naciones del sur del continente, como España, Portugal e Italia.
Antes, en aquellos buenos viejos tiempos, ganara quien ganara una elección daba lo mismo para las grandes mayorías, porque las garantías sociales eran inconmovibles. Nadie les iba quitar los derechos laborales, o a la salud y la educación,  o a una jubilación digna.
No es que con la crisis se perdieron consensos, más bien que los acuerdos inconmovibles ahora son en perjuicio de los que menos tienen. Da lo mismo quien gane una elección, el caso es que siempre van a implementar un plan de ajustes permanentes y darán de baja conquistas sociales afianzadas en la sociedad.
Lo saben ya los socialistas franceses, que pensaron que François Hollande era la esperanza de recuperar viejas consignas y ahora llegan a decir que apoyan a otro François, el Papa Jorge Bergoglio, toda una señal en un partido que tiene entre sus fundamentos la creación de una sociedad laica. Los van sabiendo también los italianos, que comienzan a develar el camino que emprende Mateo Renzi, por ahora algo más tímidamente.
Como contrapartida a todo eso, surgen movimientos que por ultraderecha rechazan la construcción paneuropea. Porque ante la imposibilidad de cambiar el curso de las cosas por medio de las urnas, son pocas las alternativas a las que puede aspirar una sociedad que por primera vez en décadas ve que sus hijos vivirán peor que ellos. Son grupos que promueven retirarse de la Unión Europea y azuzan tendencias xenófobas de las distintas sociedades. Así crecen el UKIP en Gran Bretaña, el Frente Nacional en Francia y grupos más o menos extremos de Holanda y Grecia, sin ir más lejos.
América Latina, y especialmente los países del Cono Sur, padecieron las políticas del consenso de Washington, aquel proyecto que la Casa Blanca acometió  durante los '90 y que extendió el proyecto neoliberal por todo el continente, con las consecuencias que se conocen sobremanera.
En lo que va del siglo, la región cambió su eje y creó instituciones que se convirtieron en herramientas de cambio, a instancias de un puñado de mandatarios que supieron  interpretar el momento y fueron consecuentes con las medidas que se necesitaban. En el caso del Mercosur, Lula y Néstor Kirchner fueron esenciales para modificar el enfoque aduanero de los '90 por una línea más inclinada a la defensa del trabajo local y del crecimiento con inclusión social. Algo que, por consiguiente, llevó a mantener políticas comunes y posiciones coordinadas en las relaciones exteriores.
Se cumplen nueve años desde que con el apoyo de Hugo Chávez se le dijo No al ALCA, aquel proyecto de mercado común para único beneficio de las multinacionales y el poder financiero.
Las elecciones en Brasil y Uruguay y el clima preelectoral que se vive en Argentina son un espejo donde contrastar la idea de integración que aún mantiene su llama ardiente en Europa y la que defienden los candidatos de las derechas locales.
Aparecen en ese marco electoral voces que claman por abandonar los organismos regionales y que basan su discurso y propuesta en soluciones individualistas. Cierto que la crisis económica deja sus consecuencias incluso de este lado del océano, lo que provocó un menor crecimiento en los principales países y cierto debilitamiento externo en el bloque en general.
Esta realidad permite que empresarios poderosos de todos los rincones del continente ensalcen las posibles ventajas de acomodarse con los centros de poder, como han hecho toda su vida. Un mensaje explícito que distribuyen los medios de comunicación, acicateados por los grupos concentrados que se beneficiaron en los '90 y son conscientes de que su única posibilidad de mantener los privilegios sería la "desintegración" regional.
No es casualidad que la derecha más acérrima fomente la condena a muerte del Mercosur y que sostenga, sin poder dar una sola prueba consistente, las ventajas que habría en ceñirse a las reglas de los organismos internacionales.
Es preocupante, por otro lado, que los grandes fogoneros ideológicos apuesten a destruir eso que con paciencia y oportunidad se fue construyendo desde que Raúl Alfonsín y José Sarney dieron el puntapié inicial al Mercado Común del Sur cuando firmaron el  Tratado de Asunción, en noviembre de 1988.
Es preocupante que esa idea de salvación individual haya prendido como para que propuestas como esas hayan alcanzado importantes cuotas electorales en Brasil y en Uruguay y que incluso se presenten como panaceas electorales. En momentos en que la influencia de los estrategas de campaña es tan determinante para las diligencias políticas, sobre todo entre los candidatos de la derecha, se sabe que nadie se peina sin antes consultar a su asesor de imagen. Los hay que cambiaron la dentadura con la ilusión de ganar un voto.
De modo que ese mensaje antiintegración, que sin dudas busca endulzar los oídos del establishment  –que aporta a los fondos electorales y sustenta los medios de comunicación amigos–, también llega a importantes capas de la población. Seguramente no todos los que votaron por Aécio Neves el domingo pasado lo hayan hecho por su promesa de acercarse a la Alianza del Pacífico y de firmar tratados de libre comercio con Europa por fuera del Mercosur. Pero esa información no los detuvo a la hora de depositar la papeleta. Y fueron más de 50 millones de personas.
También en Europa son muchos los que se quieren bajar del colectivo y de hecho en Gran Bretaña el líder conservador David Cameron promete un referéndum para determinar si los británicos quieren seguir dentro de la Unión Europea. Los grupos xenófobos buscan en el fondo algo parecido, pero en Europa ellos son la derecha de la derecha y no representan a las abrumadoras mayorías. El consenso, con las críticas que cosechan los planes de ajuste, es que la Europa será unida o no será. Hay quienes lo dicen de un modo algo más brutal: "al fin de la Segunda Guerra, el continente estaba cubierto con 25 millones de cadáveres. Ahora son 25 millones de desocupados. Es duro y cruel, pero es un avance."
En América Latina no hubo guerras como esas y las diferencias culturales y nacionales son mínimas. No hay que construir una nacionalidad, hay que reconstruir una Patria Grande que contenga a "todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar este suelo", como dice el preámbulo de la Constitución.
Cierto es que en Brasil y en Uruguay, al fin y al cabo, las elecciones mostraron un consenso mayoritario a favor de la integración y en contra de los medios y de la derecha. Y que además todos y cada uno de los que votaron sí saben lo que eso significa. Pero sigue siendo un dato a tener en cuenta el perfil pro dependiente en muchos sectores de la ciudadanía, acicateados por un establishment que se indigna con el populismo, pero en estos años dorados latinoamericanos "la juntó en pala" sin rubores. Sigue siendo preocupante, en definitiva, esa sensación de que aspiran a llegar al poder para tirar todo abajo y volver al pasado, disfrazado de "cambio de ciclo".

 Tiempo Argentino
Octubre 31 de 2014

Ilustró Socrates

Justicia, clima preelectoral y satélite argentino

Si hay una virtud que propios y ajenos le reconocieron a la gestión del ex presidente Néstor Kirchner fue la forma en que modificó la Corte Suprema de Justicia. Aquel tribunal que avaló el desguace del Estado y obvió los modos espurios con que se consiguieron las mayorías legislativas para el proyecto neoliberal del presidente Carlos Menem, cambió rotundamente cuando, entre las primeras acciones que tomó el gobierno de Kirchner, promovió un juicio político a los miembros de la denominada «mayoría automática» del menemismo.
Se hacía eco de un reclamo popular que llegó a las puertas del Palacio de Justicia, donde también se escuchó el «que se vayan todos». Como se recordará, Menem amplió entre gallos y medianoche la cantidad de jueces supremos de los 5 con que tradicionalmente había funcionado el tribunal a 9. Un sencillo expediente que le permitió –tras la renuncia de los jueces Jorge Antonio Bacqué y José Severo Caballero, en rechazo a la súbita medida– designar a 5 jueces propios, con lo que tomó el control del máximo organismo judicial del país. Por eso el reclamo surgido el 20 y 21 de diciembre de 2001 incluía a la Corte.
La novedad que incorporó Kirchner fue que se autolimitó en las atribuciones que la Constitución le dejaba al presidente y mediante el decreto 222 de 2003 creó un mecanismo por el cual los postulantes a jueces del máximo tribunal deben someterse a un sistema de impugnación público. El Poder Ejecutivo publica los antecedentes del candidato elegido en los principales medios de comunicación del país para que cualquier ciudadano pueda hacer las impugnaciones que considere oportunas. Luego, el Senado debe aprobar la designación con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Un avance en la senda de la transparencia que figura aún hoy en el haber del fallecido ex mandatario.
Así llegaron a la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Reemplazaron en sucesivos ingresos a algunos que habían elegido retirarse antes que someterse al veredicto legislativo, como Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López y otros que fueron destituidos por el Congreso: Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor.
Si algo caracterizó a la Corte de la era kirchnerista es que nunca se la pudo tildar de afín al Gobierno. Más bien, en muchos casos los miembros que para los analistas políticos podrían considerarse más cercanos al Ejecutivo, como es el caso de Zaffaroni, votaron en sentido contrario a las aspiraciones del Gobierno nacional.
La muerte de Argibay y de Enrique Petracchi con pocos meses de diferencia y el anunciado retiro de Zaffaroni en enero de 2015, cuando cumple 75 años, plantean el fin de una etapa. El cambio se cursa en medio de disputas electorales que se adelantan aunque falta mucho para las elecciones presidenciales. Desde la oposición, con el senador radical Ernesto Sanz a la cabeza, se apresuraron en sostener que el gobierno debería abstenerse de designar al reemplazante de Zaffaroni. El argumento, sin asidero legal, consiste en que no le corresponde nombrar un juez porque es un gobierno que está en el segmento final de su mandato. Para que Fernández de Kirchner deje el cargo faltarán en enero once meses y ningún artículo en la Constitución dice que hay un fin de gestión antes de que venza el período para el cual un gobierno es electo.
Este clima de fin de época adelantado, más como expresión de deseos que como realidad, hizo tropezar a encumbrados precandidatos, como el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; el diputado bonaerense Sergio Massa; el santafesino Hermes Binner o el mencionado Sanz. Representantes de espacios diferentes pero que convergieron en prometer la derogación de leyes sancionadas por el Congreso Nacional durante las gestiones kirchneristas. Massa fue más lejos y dijo haber formado una comisión dentro de su espacio, el Frente Renovador (FR), integrada por miembros de su equipo económico junto con la diputada Graciela Camaño para «desarmar el tejido de chavismo normativo» que, según el ex alcalde de Tigre, fue creando el kirchnerismo. El líder del FR ya se había puesto a la cabeza de las críticas contra el proyecto de reforma del Código Penal, que se había elaborado mediante un equipo de trabajo conformado por representantes del PRO, el socialismo, la Unión Cívica Radical y el justicialismo. Como sea, el «discurso derogador» levantó críticas desde el oficialismo, que alertaron sobre la verdadera intención de los dirigentes que promovieron esa consigna. «¿Sobrevivirán la movilidad jubilatoria, las asignaciones sociales, seguirán los planes Procrear y los planes de empleo joven?», deslizó de un modo nada inocente el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. «Es importante precisar de qué leyes hablan, porque eso «revela al pueblo qué derechos piensa quitar la oposición y revela las omisiones que tienen que ver con los derechos humanos», abundó el abogado laboralista.

De inmediato, los precandidatos opositores intentaron salir de una trampa a la que nadie los había empujado. Se revisarán leyes, dijeron, pero no las medidas que afecten a las clases populares, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por ejemplo. Desde el FR desafiaron entonces a que el Gobierno imponga la AUH por ley. Todos prefirieron decir que mantendrán YPF en manos estatales y que el sistema de jubilaciones no volverá a caer en manos privadas, pero nadie desmintió que entre las leyes revisables está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Un dato adicional: los precandidatos aspiran a unir cabezas para definir las candidaturas cuando se hagan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Otra ley cuestionada en su momento pero a la que todos ahora encuentran virtudes y a la que recurrirán en la medida en que no hay liderazgos lo suficientemente sólidos como para obviar ese escalón en la búsqueda de consensos partidarios.

Alto en el cielo
El lanzamiento desde la Guayana Francesa del satélite Arsat 1 motivó también la satisfacción del oficialismo por el significativo logro de una política de apoyo al desarrollo científico, y demostró, una vez más, la importancia estratégica de la fuerte presencia estatal en esta materia. Por otra parte, quedaron expuestos ciertos planteos en clima preelectoral. A principios de setiembre, Macri, que encarna abiertamente el discurso neoliberal, había dicho que «hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan». Unos días antes, el 31 de agosto, Sergio Massa había publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente: «Pagarles el 82% móvil a los jubilados no, poner una heladera en órbita sí». Un mensaje irónico sobre las decisiones del gobierno de Cristina Fernández. Por entonces se ultimaban los detalles del inminente lanzamiento del satélite, el primero fabricado en Argentina con tecnología propia y que se fue desarrollando gracias al impulso de los técnicos e ingenieros que trabajan en INVAP, una empresa estatal de alta tecnología creada en 1976 con recursos del gobierno de Río Negro y de la Comisión de Nacional Energía Atómica. El proyecto Arsat representa un desafío porque pone al alcance del país productos y servicios cuya adquisición en el exterior requiere importantes recursos. Adquirir la capacidad de producirlos localmente instala al país en un escenario de alta presencia internacional. Por caso, si Brasil pudo desarrollar la fábrica de aviones Embraer es porque también supo aprovechar este nicho. INVAP, en tanto, tiene en producción el satélite Arsat 2, planifica el Arsat 3 y ya fabricó radares y exportó equipos de medicina nuclear.
No fueron pocos los medios que primero trataron de invisibilizar el lanzamiento del satélite, pero cuando advirtieron el alto nivel de audiencia que alcanzaban los canales donde se transmitía en directo, se dieron cuenta de su error. Al igual que había ocurrido en el festejo del Bicentenario y como sucede cotidianamente en Tecnópolis, subsiste un renovado sentimiento de orgullo nacional que el Gobierno supo interpretar mejor que la oposición. Macri, Massa y los demás precandidatos, entonces, también aplaudieron el esfuerzo y la pericia de los trabajadores de la empresa estatal y celebraron el acontecimiento. Lo mismo hicieron los medios, aunque sin tanto entusiasmo. Cristina Fernández, por su parte, no perdió la ocasión de ironizar diciendo que el satélite no se podrá derogar.

Revista Acción

Octubre 24 de 2014