Grecia, la historia continúa

Son muchos los que comparan al primer ministro Alexis Tsipras con el ex presidente Fernando de la Rúa. Por haber cedido a todas las imposiciones de los organismos financieros internacionales y a los caprichos del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. Pero los integrantes de Syriza, la coalición de centroizquierda que ayudó a crear, lo ven más cercano a Carlos Menem, que llegó al gobierno con promesas de revolución productiva y terminó convertido en una "paloma de iglesia", porque –hablando con cierta elegancia- les enchastró la ropa a los fieles.

Probablemente los 39 miembros de Syriza que rechazan el nuevo paquete de ajustes que logró aprobar el miércoles Tsipras sean la versión helena del Grupo de los Ocho, por los diputados peronistas que nunca aceptaron las privatizaciones, integrado por el recordado Germán Abdala, Carlos Chacho Álvarez, Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro entre otros. Conviene recordar que, a nivel nacional, lo de esos legisladores fue un gesto de dignidad que sin embargo no impidió el remate el patrimonio público. El planteo de los rebeldes griegos va por ese camino. Con el ex titular de Finanzas, Yanis Varoufakis, a la cabeza de las protestas, porque estuvo en la línea de fuego en las conversaciones con los durísimos negociadores de la troika y pudo contarles las costillas a cada uno.

Esta praxis acelerada para un académico de fuste como Varoufakis, lo llevó a sostener que el ala recontradura del Eurogrupo, capitaneado por su archienemigo Schäuble, logró un triunfo a lo Pirro, por el general cartaginés que luego de una batalla ganada al costo de la vida de más de 4000 de sus hombres, exclamó: "Otra victoria como esta y estoy perdido."

Más allá de los análisis que puedan hacerse sobre las razones de Tsipras para aceptar ese feroz ajuste y de someterse a la humillación de hacerlo votar luego de ganar el referéndum donde pedía lo contrario, el bloque proalemán venció, pero no convenció, parafraseando el discurso de Miguel de Unamuno a un general franquista. Y ese éxito pasajero tiene destino de derrota futura para el proyecto europeísta. Logró apoyos para "pegarle al caído" pero enfrentado a socios como Francia e Italia, que pretenden morigerar los efectos de la crisis griega.

También el FMI mostró su distanciamiento del bloque germano, al insistir en que el plan que le obligan a cumplir a Atenas es inviable a menos que haya una quita al monto de la deuda. Lo mismo desliza ahora el director del Banco Central Europeo, una de las patas de la troika, Mario Draghi. Como toda respuesta, la canciller Angela Merkel secundó a su inefable ministro y dice que no ve con malos ojos alejar a Grecia, aunque sea temporalmente, del euro.

El Grexit es la solución que quiso evitar Tsipras, porque teme el costo político y social de implementar un bono – emulando los vernáculos patacones, o un pagaré como le recomendó Varoufakis - para que la economía funcione a pesar del euro. En este caso, el ejemplo que suele ponerse es el de Ecuador, que adoptó al dólar como moneda de circulación interna en el año 2000. Desde la llegada de Rafael Correa, académico también él, se especula con que su gobierno vuelva a tener una divisa local. Sin embargo el mandatario, que pateó el hormiguero en todos los rincones de la política ecuatoriana, sigue considerando como un riesgo muy fuerte para la sociedad salirse del dólar.

La moneda común europea surgió en enero de 1999, poco antes que la dolarización ecuatoriana y para la misma época en que el creador de la convertibilidad argentina, Domingo Cavallo, era asesor del gobierno de Abdalá Bucaram. Nació en medio de convulsiones en los mercados mundiales. Eran los tiempos del efecto Caipirinha en Brasil, del Vodka en Rusia, una ola que había comenzado en 1997 en Corea y Tailandia.

Con los años, esa romántica posibilidad de unificación europea pensada como colofón a siglos de guerras, se convirtió en un corset que aprieta a los países menos competitivos del sur del continente y atosiga a Francia e Italia, las dos naciones más industrializadas de la zona luego de Alemania.

Muchos comentarios circularon en estos días sobre la explícita humillación con que Berlín somete a Grecia. Un poco en castigo al gobierno de Tsipras porque desafió al Eurogrupo con un referéndum sobre nuevos ajustes. Y otro poco porque pretende disciplinar a los ciudadanos de otros distritos que pretendan salidas democráticas como la que intentó Atenas. Apuntan a Syriza para pegarle a Podemos en España.

El propio Varoufakis se encargó de aclarar cómo son las cosas. Dijo que en sus cinco meses de gestión conoció qué es el poder. Que cada vez que le explicaba a Wolfgang Schäuble las consecuencias de los recortes que pedía, el alemán le decía que si, que era cierto, pero que lo iban a tener que hacer igual, les gustara o no.

El germano, además, dijo que los planes económicos habían sido aprobados por anteriores gobiernos y que no podían cambiar las reglas cada vez que hay elecciones en alguno de los 19 países.

-Si es así entonces quizás tendríamos que dejar de tener elecciones- le comentó irónicamente el economista.

-Sí, esa sería una buena idea, pero muy dificultosa de poner en práctica, así que firme sobre la línea punteada o salgase del euro- dice Varoufakis que le insinuó Schäuble.

Si de nada vale una elección en los temas que pesan, y si los gobiernos apenas son administradores de lo ya establecido, poco queda del sentido profundo de la democracia. Mucho menos sentido tiene que Tsipras piense que a pesar de haberlo entregado todo aún le queda un resquicio por donde poder hacer algo fuera del libreto.

Un proceso de integración regional como el europeo tuvo como objetivo la construcción de un estado supranacional. Era federal, la suma de sus partes. La foto de hoy muestra a los alemanes saliéndose con la suya luego de dos terribles guerras perdidas, empeñados en la construcción de un supraestado unitario que pretende sojuzgar a todos los países de la Eurozona a través del control de la moneda, un fluido vital en toda sociedad capitalista.

Es lo que marcan los críticos del brutal castigo a Syriza. Que un verdadero federalismo no puede tener como solución que uno de sus miembros sufra la expulsión, aunque sea temporal. Como en aquellos juegos infantiles en los que, curiosamente, los que perdían tenían que ir "al Berlín".

Vaya un ejemplo de la época del menemismo. Funcionarios del ministerio de Economía de aquellos años comentaban que uno de los problemas de la convertibilidad era que algunas provincias no eran "viables". Esto es, que no tenían economías adecuadas para funcionar con eficiencia en un esquema de paridad con el dólar. Anotaban en esta lista a Catamarca, Formosa, el Chaco y La Rioja, entre otras. Este mismo concepto se escucha de economistas ortodoxos en relación con Grecia. Por eso la quieren echar del euro. Pero hablando sensatamente, la posibilidad de que con semejantes recortes pueda tener superávit presupuestario para algún día pagar su deuda es prácticamente nula.

Una pregunta clave si se habla de federalismo y de integración: ¿Cómo soluciona un país solidario los problemas en alguno de sus distritos? En Argentina hay una ley de coparticipación federal mediante la cual las provincias más productivas, como Buenos Aires, aportan para un pozo común que distribuye de acuerdo a un esquema de fomento a las otras. En Estados Unidos sucede algo similar. A ningún ocupante de la Casa Blanca se le ocurriría expulsar del dólar a un estado con déficit. Pueden quebrar y refinanciar sus deudas pero no quedar afuera de la Unión. Es como si en 1861 hubieran aceptado la secesión de los estados del sur. Hubieran evitado la guerra civil, pero tendrían la mitad del territorio.

Merkel y Schäuble ganaron a lo Pirro, ya se dijo. Por ahora Tsipras recibe los cascotazos y luce una imagen desgajada. Pero quién sabe cómo será el próximo capítulo de esta novela. Quien crea que la historia llegó a su fin, no tiene la menor idea del devenir.

Tiempo Argentino

Julio 17 de 2015

Ilustró Sócrates

Disputas judiciales

El juez Carlos Santiago Fayt tiene prestigio en ámbitos judiciales no solo por su extensa trayectoria, sino por haber mantenido sus convicciones políticas a lo largo de su extensa vida. Se jacta de haber cuestionado tanto al radicalismo yrigoyenista  como al «peronismo de Perón» en los años 50. Autor de más de 30 libros y cercano al socialismo «de Nicolás Repetto y Alfredo Palacios», fue designado en la Corte Suprema de Justicia en 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín.

Tuvo épocas difíciles, cuando fue parte de una «minoría digna» que en tiempos neoliberales votó en contra desde la escandalosa privatización de Aerolíneas a los indultos dictados por el presidente Carlos Menem.

También forzó, con los años, una acordada de la Corte para que a él no le cupiera el límite de edad que establece la Constitución Nacional reformada en 1994, que impone un tope de 75 años para los ministros supremos. Nacido en 1918, Fayt tiene 97 años y repentinamente ese dato se convirtió en un tema de debate público. Ya la cuestión de su edad había merecido objeciones editoriales del diario Clarín en 1999 –en

los últimos meses del menemismo– cuando se avecinaba el recambio presidencial que llevó a Fernando de la Rúa al gobierno. Cuatro años más tarde sería Eduardo Duhalde, ungido presidente provisional tras la crisis de 2001, quien cuestionaría su insistente presencia en la Corte, ya que para entonces Fayt superaba los 82 años. El cómo y por qué ahora resurge con mayores ímpetus la cuestión etaria del decano de los miembros de la Corte es una muestra del nivel de parte de la discusión política que por estos días se expresa en la Argentina. Y el rechazo del propio Fayt a presentar la renuncia, también.

Esta Corte es lo que queda de aquel profundo y recordado cambio que inició Néstor Kirchner en mayo de 2003 ni bien llegó a la Casa Rosada con un caudal bien escaso de votos. Aun en ese escenario, forzó la renuncia de los más impresentables de la Corte de la «mayoría automática» y se abstuvo por decreto de la nominación de los futuros miembros, detalle que reservó a una suerte de concurso de antecedentes. Fue allí que se configuró un tribunal incuestionable tras el ingreso de Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, dos prestigiosos juristas de dilatada trayectoria, que junto con Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti más Enrique Petracchi, que venía de la vieja guardia, le dieron brillo al tribunal.

Pero durante 2014 se estremeció el viejo edificio del Palacio de Justicia: murieron Argibay y Petracchi, y Zaffaroni renunció en un gesto de sometimiento a la Constitución por cumplir los 75 años. Para completar el cuadro, el Gobierno había renunciado voluntariamente a completar los nueve que formaban la denostada corte menemista y por ley, ante las bajas por deceso o retiro, decidió que la cifra volviera a la tradición de cinco miembros.

Las bajas simultáneas de pronto convirtieron a los estrados máximos del país en un campo de disputa territorial. Porque para nombrar nuevos miembros se necesita la aprobación de los dos tercios del Senado, algo que el oficialismo no tiene. La oposición en conjunto se comprometió entonces a no aceptar a ningún candidato que propusiera el Gobierno hasta el recambio presidencial de diciembre próximo. Una jugada que sienta un peligroso precedente, como marcaron desde sectores afines al kirchnerismo. Porque el período presidencial culmina el 10 de diciembre de 2015 y no antes. Y porque deja abierta la puerta a que el actual oficialismo, en represalia, tampoco apruebe a ningún candidato en la próxima gestión, cualquiera que sea, con lo cual el país quedaría en el futuro con un poder disminuido por meros caprichos de las dirigencias partidarias.

El Frente para la Victoria (FPV) entendió entonces que el lugar de Fayt podía ser un sitial adecuado para destrabar una situación insólita generada por una estrategia comenzada por sectores que dicen representar los valores más altos de la república. Si en lugar de un solo sillón debieran cambiarse dos, sería más probable que alguno de los sectores de la oposición –el radicalismo, por caso– aceptara negociar un puesto para cada uno.

Idas y vueltas

En este esquema habría que interpretar al apuro de Ricardo Lorenzetti en hacerse nombrar presidente del tribunal por un nuevo período con casi un año de antelación. Para colmo, con la ausencia física de Fayt pero con su firma en un documento que sin embargo lo daba como presente. Tan cuestionable fue la acordada que, luego de que el periodista Horacio Verbitsky hiciera público lo ocurrido, debieron llamar al anciano ministro para que se diera a conocer ante las cámaras para la firma de otro documento, en términos similares, en el que no hubo necesidad de tergiversar el trámite. En otro paso de esta suerte de comedia, Lorenzetti anunció que renunciaba a la presidencia pero luego fue reconfirmado.

No fue el único traspié del magistrado rafaelino, quien luego de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –en octubre de 2013– vio cómo los medios le daban difusión a una revelación de Jorge Lanata –que la diputada Lilita Carrió apuntaló entusiasta– que mostraba oscuros negociados cuando era socio de una gerenciadora de salud que trabajaba con PAMI, un caso que involucraba a uno de sus hijos.

El escándalo fue silenciado luego de que el hombre que preside la Corte desde 2004 fuera dando muestras de mayor flexibilidad ante artilugios legales para demorar la aplicación de dicha ley para el grupo Clarín. Como sea, Lorenzetti ya se venía alineando en la interpretación opositora del rol de la Justicia desde antes. Acaudilló el rechazo a la reforma judicial que impulsaba el Gobierno y propició la declaración de inconstitucionalidad del nombramiento de conjueces para suplir a los ministros de la Corte en caso de necesidad. Sin embargo, logró que nadie cuestionara el manejo del presupuesto judicial, que la ya mencionada reforma constitucional asigna al Consejo de la Magistratura.

Resistencias

Los entredichos con el Poder Judicial no son nuevos y seguramente el «caso Fayt» sea solo uno más en esa serie. Tras la publicación de Verbitsky en Página/12, donde se reveló que el magistrado no tendría toda la lucidez que se requiere para el cargo, la comisión de Juicio Político de Diputados aprobó

–con el rechazo de la oposición– una investigación para determinar si el juez está en condiciones de ocupar el puesto. Lo que sería el preámbulo de un juicio político.

Mientras tanto, los medios concentrados y la oposición mantienen la presión sobre los otros avances que propulsa el Gobierno, como el nuevo Código Procesal Penal. Tanto este caso puntual como el resto de las reformas a la Justicia se hallan en un enfrentamiento feroz entre quienes quieren mantener el sistema actual y quienes lo cuestionan por su carácter «monárquico». Esto es, porque son cargos de por vida, con potestades superiores a los poderes elegidos por el voto popular, y mantienen privilegios como el no pago de impuesto a las ganancias, por mencionar al más conocido.

Quienes cuestionan al Código Procesal señalan que aumenta el poder de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En realidad, el nuevo sistema les da mayor poder a los fiscales, sobre quienes recaerá la responsabilidad de acusar e investigar y deja a los jueces la potestad única de juzgar. «Hay sectores de la Justicia que no quieren el cambio porque quieren tener el poder de investigar y juzgar, que no es lo que prevé la Constitución y no es lo que conviene. No quieren transparentar la Justicia», argumentó la procuradora.

Por otra parte, las marchas de protesta contra la violencia de género del 3 de junio también apuntaron contra el sistema judicial. Parte de la masiva manifestación porteña en reclamo de «Ni una menos» se acercó al frente del Palacio de Justicia para señalar a los jueces como responsables de un hecho que interpela a todos los poderes. «Los que imparten justicia deben dejar de ser garantes de impunidad y machistas», dijo la diputada por el FPV Mayra Mendoza. Las luces del edificio fueron apagadas, lo mismo que las de la plaza Lavalle. Al día siguiente Elena Highton de Nolasco convocó a las autoridades judiciales a elaborar un Registro de Femicidios en el país. Dos meses antes, por orden de Lorenzetti, se había desplazado a los miembros del Instituto de Investigaciones creado por Zaffaroni, que monitoreaba casos de conflictividad violenta, con especial atención en crímenes de género.

Revista Acción

Junio 1 de 2014

Justicia, clima preelectoral y satélite argentino

Si hay una virtud que propios y ajenos le reconocieron a la gestión del ex presidente Néstor Kirchner fue la forma en que modificó la Corte Suprema de Justicia. Aquel tribunal que avaló el desguace del Estado y obvió los modos espurios con que se consiguieron las mayorías legislativas para el proyecto neoliberal del presidente Carlos Menem, cambió rotundamente cuando, entre las primeras acciones que tomó el gobierno de Kirchner, promovió un juicio político a los miembros de la denominada «mayoría automática» del menemismo.
Se hacía eco de un reclamo popular que llegó a las puertas del Palacio de Justicia, donde también se escuchó el «que se vayan todos». Como se recordará, Menem amplió entre gallos y medianoche la cantidad de jueces supremos de los 5 con que tradicionalmente había funcionado el tribunal a 9. Un sencillo expediente que le permitió –tras la renuncia de los jueces Jorge Antonio Bacqué y José Severo Caballero, en rechazo a la súbita medida– designar a 5 jueces propios, con lo que tomó el control del máximo organismo judicial del país. Por eso el reclamo surgido el 20 y 21 de diciembre de 2001 incluía a la Corte.
La novedad que incorporó Kirchner fue que se autolimitó en las atribuciones que la Constitución le dejaba al presidente y mediante el decreto 222 de 2003 creó un mecanismo por el cual los postulantes a jueces del máximo tribunal deben someterse a un sistema de impugnación público. El Poder Ejecutivo publica los antecedentes del candidato elegido en los principales medios de comunicación del país para que cualquier ciudadano pueda hacer las impugnaciones que considere oportunas. Luego, el Senado debe aprobar la designación con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Un avance en la senda de la transparencia que figura aún hoy en el haber del fallecido ex mandatario.
Así llegaron a la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Reemplazaron en sucesivos ingresos a algunos que habían elegido retirarse antes que someterse al veredicto legislativo, como Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López y otros que fueron destituidos por el Congreso: Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor.
Si algo caracterizó a la Corte de la era kirchnerista es que nunca se la pudo tildar de afín al Gobierno. Más bien, en muchos casos los miembros que para los analistas políticos podrían considerarse más cercanos al Ejecutivo, como es el caso de Zaffaroni, votaron en sentido contrario a las aspiraciones del Gobierno nacional.
La muerte de Argibay y de Enrique Petracchi con pocos meses de diferencia y el anunciado retiro de Zaffaroni en enero de 2015, cuando cumple 75 años, plantean el fin de una etapa. El cambio se cursa en medio de disputas electorales que se adelantan aunque falta mucho para las elecciones presidenciales. Desde la oposición, con el senador radical Ernesto Sanz a la cabeza, se apresuraron en sostener que el gobierno debería abstenerse de designar al reemplazante de Zaffaroni. El argumento, sin asidero legal, consiste en que no le corresponde nombrar un juez porque es un gobierno que está en el segmento final de su mandato. Para que Fernández de Kirchner deje el cargo faltarán en enero once meses y ningún artículo en la Constitución dice que hay un fin de gestión antes de que venza el período para el cual un gobierno es electo.
Este clima de fin de época adelantado, más como expresión de deseos que como realidad, hizo tropezar a encumbrados precandidatos, como el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; el diputado bonaerense Sergio Massa; el santafesino Hermes Binner o el mencionado Sanz. Representantes de espacios diferentes pero que convergieron en prometer la derogación de leyes sancionadas por el Congreso Nacional durante las gestiones kirchneristas. Massa fue más lejos y dijo haber formado una comisión dentro de su espacio, el Frente Renovador (FR), integrada por miembros de su equipo económico junto con la diputada Graciela Camaño para «desarmar el tejido de chavismo normativo» que, según el ex alcalde de Tigre, fue creando el kirchnerismo. El líder del FR ya se había puesto a la cabeza de las críticas contra el proyecto de reforma del Código Penal, que se había elaborado mediante un equipo de trabajo conformado por representantes del PRO, el socialismo, la Unión Cívica Radical y el justicialismo. Como sea, el «discurso derogador» levantó críticas desde el oficialismo, que alertaron sobre la verdadera intención de los dirigentes que promovieron esa consigna. «¿Sobrevivirán la movilidad jubilatoria, las asignaciones sociales, seguirán los planes Procrear y los planes de empleo joven?», deslizó de un modo nada inocente el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. «Es importante precisar de qué leyes hablan, porque eso «revela al pueblo qué derechos piensa quitar la oposición y revela las omisiones que tienen que ver con los derechos humanos», abundó el abogado laboralista.

De inmediato, los precandidatos opositores intentaron salir de una trampa a la que nadie los había empujado. Se revisarán leyes, dijeron, pero no las medidas que afecten a las clases populares, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por ejemplo. Desde el FR desafiaron entonces a que el Gobierno imponga la AUH por ley. Todos prefirieron decir que mantendrán YPF en manos estatales y que el sistema de jubilaciones no volverá a caer en manos privadas, pero nadie desmintió que entre las leyes revisables está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Un dato adicional: los precandidatos aspiran a unir cabezas para definir las candidaturas cuando se hagan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Otra ley cuestionada en su momento pero a la que todos ahora encuentran virtudes y a la que recurrirán en la medida en que no hay liderazgos lo suficientemente sólidos como para obviar ese escalón en la búsqueda de consensos partidarios.

Alto en el cielo
El lanzamiento desde la Guayana Francesa del satélite Arsat 1 motivó también la satisfacción del oficialismo por el significativo logro de una política de apoyo al desarrollo científico, y demostró, una vez más, la importancia estratégica de la fuerte presencia estatal en esta materia. Por otra parte, quedaron expuestos ciertos planteos en clima preelectoral. A principios de setiembre, Macri, que encarna abiertamente el discurso neoliberal, había dicho que «hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan». Unos días antes, el 31 de agosto, Sergio Massa había publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente: «Pagarles el 82% móvil a los jubilados no, poner una heladera en órbita sí». Un mensaje irónico sobre las decisiones del gobierno de Cristina Fernández. Por entonces se ultimaban los detalles del inminente lanzamiento del satélite, el primero fabricado en Argentina con tecnología propia y que se fue desarrollando gracias al impulso de los técnicos e ingenieros que trabajan en INVAP, una empresa estatal de alta tecnología creada en 1976 con recursos del gobierno de Río Negro y de la Comisión de Nacional Energía Atómica. El proyecto Arsat representa un desafío porque pone al alcance del país productos y servicios cuya adquisición en el exterior requiere importantes recursos. Adquirir la capacidad de producirlos localmente instala al país en un escenario de alta presencia internacional. Por caso, si Brasil pudo desarrollar la fábrica de aviones Embraer es porque también supo aprovechar este nicho. INVAP, en tanto, tiene en producción el satélite Arsat 2, planifica el Arsat 3 y ya fabricó radares y exportó equipos de medicina nuclear.
No fueron pocos los medios que primero trataron de invisibilizar el lanzamiento del satélite, pero cuando advirtieron el alto nivel de audiencia que alcanzaban los canales donde se transmitía en directo, se dieron cuenta de su error. Al igual que había ocurrido en el festejo del Bicentenario y como sucede cotidianamente en Tecnópolis, subsiste un renovado sentimiento de orgullo nacional que el Gobierno supo interpretar mejor que la oposición. Macri, Massa y los demás precandidatos, entonces, también aplaudieron el esfuerzo y la pericia de los trabajadores de la empresa estatal y celebraron el acontecimiento. Lo mismo hicieron los medios, aunque sin tanto entusiasmo. Cristina Fernández, por su parte, no perdió la ocasión de ironizar diciendo que el satélite no se podrá derogar.

Revista Acción

Octubre 24 de 2014