El juez Carlos Santiago Fayt tiene prestigio en ámbitos
judiciales no solo por su extensa trayectoria, sino por haber mantenido sus
convicciones políticas a lo largo de su extensa vida. Se jacta de haber
cuestionado tanto al radicalismo yrigoyenista
como al «peronismo de Perón» en los años 50. Autor de más de 30 libros y
cercano al socialismo «de Nicolás Repetto y Alfredo Palacios», fue designado en
la Corte Suprema de Justicia en 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín.
Tuvo épocas difíciles, cuando fue parte de una «minoría
digna» que en tiempos neoliberales votó en contra desde la escandalosa
privatización de Aerolíneas a los indultos dictados por el presidente Carlos Menem.
También forzó, con los años, una acordada de la Corte para
que a él no le cupiera el límite de edad que establece la Constitución Nacional
reformada en 1994, que impone un tope de 75 años para los ministros supremos.
Nacido en 1918, Fayt tiene 97 años y repentinamente ese dato se convirtió en un
tema de debate público. Ya la cuestión de su edad había merecido objeciones
editoriales del diario Clarín en 1999 –en
los últimos meses del menemismo– cuando se avecinaba el
recambio presidencial que llevó a Fernando de la Rúa al gobierno. Cuatro años
más tarde sería Eduardo Duhalde, ungido presidente provisional tras la crisis
de 2001, quien cuestionaría su insistente presencia en la Corte, ya que para
entonces Fayt superaba los 82 años. El cómo y por qué ahora resurge con mayores
ímpetus la cuestión etaria del decano de los miembros de la Corte es una
muestra del nivel de parte de la discusión política que por estos días se
expresa en la Argentina. Y el rechazo del propio Fayt a presentar la renuncia,
también.
Esta Corte es lo que queda de aquel profundo y recordado
cambio que inició Néstor Kirchner en mayo de 2003 ni bien llegó a la Casa
Rosada con un caudal bien escaso de votos. Aun en ese escenario, forzó la
renuncia de los más impresentables de la Corte de la «mayoría automática» y se
abstuvo por decreto de la nominación de los futuros miembros, detalle que
reservó a una suerte de concurso de antecedentes. Fue allí que se configuró un
tribunal incuestionable tras el ingreso de Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni,
dos prestigiosos juristas de dilatada trayectoria, que junto con Elena Highton
de Nolasco y Ricardo Lorenzetti más Enrique Petracchi, que venía de la vieja
guardia, le dieron brillo al tribunal.
Pero durante 2014 se estremeció el viejo edificio del Palacio
de Justicia: murieron Argibay y Petracchi, y Zaffaroni renunció en un gesto de
sometimiento a la Constitución por cumplir los 75 años. Para completar el
cuadro, el Gobierno había renunciado voluntariamente a completar los nueve que
formaban la denostada corte menemista y por ley, ante las bajas por deceso o
retiro, decidió que la cifra volviera a la tradición de cinco miembros.
Las bajas simultáneas de pronto convirtieron a los estrados
máximos del país en un campo de disputa territorial. Porque para nombrar nuevos
miembros se necesita la aprobación de los dos tercios del Senado, algo que el
oficialismo no tiene. La oposición en conjunto se comprometió entonces a no
aceptar a ningún candidato que propusiera el Gobierno hasta el recambio
presidencial de diciembre próximo. Una jugada que sienta un peligroso
precedente, como marcaron desde sectores afines al kirchnerismo. Porque el
período presidencial culmina el 10 de diciembre de 2015 y no antes. Y porque
deja abierta la puerta a que el actual oficialismo, en represalia, tampoco
apruebe a ningún candidato en la próxima gestión, cualquiera que sea, con lo
cual el país quedaría en el futuro con un poder disminuido por meros caprichos
de las dirigencias partidarias.
El Frente para la Victoria (FPV) entendió entonces que el
lugar de Fayt podía ser un sitial adecuado para destrabar una situación
insólita generada por una estrategia comenzada por sectores que dicen
representar los valores más altos de la república. Si en lugar de un solo
sillón debieran cambiarse dos, sería más probable que alguno de los sectores de
la oposición –el radicalismo, por caso– aceptara negociar un puesto para cada
uno.
Idas y vueltas
En este esquema habría que interpretar al apuro de Ricardo
Lorenzetti en hacerse nombrar presidente del tribunal por un nuevo período con
casi un año de antelación. Para colmo, con la ausencia física de Fayt pero con
su firma en un documento que sin embargo lo daba como presente. Tan
cuestionable fue la acordada que, luego de que el periodista Horacio Verbitsky
hiciera público lo ocurrido, debieron llamar al anciano ministro para que se
diera a conocer ante las cámaras para la firma de otro documento, en términos
similares, en el que no hubo necesidad de tergiversar el trámite. En otro paso
de esta suerte de comedia, Lorenzetti anunció que renunciaba a la presidencia
pero luego fue reconfirmado.
No fue el único traspié del magistrado rafaelino, quien
luego de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual –en octubre de 2013– vio cómo los medios le daban
difusión a una revelación de Jorge Lanata –que la diputada Lilita Carrió
apuntaló entusiasta– que mostraba oscuros negociados cuando era socio de una
gerenciadora de salud que trabajaba con PAMI, un caso que involucraba a uno de
sus hijos.
El escándalo fue silenciado luego de que el hombre que
preside la Corte desde 2004 fuera dando muestras de mayor flexibilidad ante
artilugios legales para demorar la aplicación de dicha ley para el grupo
Clarín. Como sea, Lorenzetti ya se venía alineando en la interpretación
opositora del rol de la Justicia desde antes. Acaudilló el rechazo a la reforma
judicial que impulsaba el Gobierno y propició la declaración de
inconstitucionalidad del nombramiento de conjueces para suplir a los ministros
de la Corte en caso de necesidad. Sin embargo, logró que nadie cuestionara el
manejo del presupuesto judicial, que la ya mencionada reforma constitucional
asigna al Consejo de la Magistratura.
Resistencias
Los entredichos con el Poder Judicial no son nuevos y
seguramente el «caso Fayt» sea solo uno más en esa serie. Tras la publicación
de Verbitsky en Página/12, donde se reveló que el magistrado no tendría toda la
lucidez que se requiere para el cargo, la comisión de Juicio Político de
Diputados aprobó
–con el rechazo de la oposición– una investigación para
determinar si el juez está en condiciones de ocupar el puesto. Lo que sería el
preámbulo de un juicio político.
Mientras tanto, los medios concentrados y la oposición
mantienen la presión sobre los otros avances que propulsa el Gobierno, como el
nuevo Código Procesal Penal. Tanto este caso puntual como el resto de las
reformas a la Justicia se hallan en un enfrentamiento feroz entre quienes
quieren mantener el sistema actual y quienes lo cuestionan por su carácter
«monárquico». Esto es, porque son cargos de por vida, con potestades superiores
a los poderes elegidos por el voto popular, y mantienen privilegios como el no
pago de impuesto a las ganancias, por mencionar al más conocido.
Quienes cuestionan al Código Procesal señalan que aumenta el
poder de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En
realidad, el nuevo sistema les da mayor poder a los fiscales, sobre quienes
recaerá la responsabilidad de acusar e investigar y deja a los jueces la
potestad única de juzgar. «Hay sectores de la Justicia que no quieren el cambio
porque quieren tener el poder de investigar y juzgar, que no es lo que prevé la
Constitución y no es lo que conviene. No quieren transparentar la Justicia»,
argumentó la procuradora.
Por otra parte, las marchas de protesta contra la violencia
de género del 3 de junio también apuntaron contra el sistema judicial. Parte de
la masiva manifestación porteña en reclamo de «Ni una menos» se acercó al
frente del Palacio de Justicia para señalar a los jueces como responsables de
un hecho que interpela a todos los poderes. «Los que imparten justicia deben
dejar de ser garantes de impunidad y machistas», dijo la diputada por el FPV
Mayra Mendoza. Las luces del edificio fueron apagadas, lo mismo que las de la
plaza Lavalle. Al día siguiente Elena Highton de Nolasco convocó a las
autoridades judiciales a elaborar un Registro de Femicidios en el país. Dos
meses antes, por orden de Lorenzetti, se había desplazado a los miembros del
Instituto de Investigaciones creado por Zaffaroni, que monitoreaba casos de
conflictividad violenta, con especial atención en crímenes de género.
Revista Acción
Junio 1 de 2014