La mano no tan invisible del papa

Hablar en el Capitolio de poner fin a la pena de muerte y a las guerras suena a osadía. Porque no pocos de los congresistas que aplaudieron conmovidos y derramaron lágrimas frente al Papa Francisco reciben –legalmente, eso sí- fondos para sus campañas de proveedores del Pentágono y de servicios para las cárceles privadas de Estados Unidos. Sonaría a inocente pensar que el Sumo Pontífice ignora esos datos. Por eso sus frases alcanzan la real dimensión del desafío del Papa argentino.

"¿Por qué las armas letales son vendidas a aquellos que pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la sociedad?", se preguntó en el congreso estadounidense. "Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es simplemente por dinero; un dinero impregnado de sangre, y muchas veces de sangre inocente. Frente al silencio vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y acabar con el tráfico de armas", dijo a la industria bélica. "Cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad sólo puede beneficiarse de la rehabilitación de aquellos que han cometido algún delito", señaló a los empresarios penitenciarios.

Jorge Bergoglio causó impacto en Estados Unidos, donde desplegó su caudal de recursos para seducir audiencias y convencer a dirigencias poco propensas al entusiasmo. Por estos días, ese país será el centro de las miradas por el inicio de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Si esto dijo ante los legisladores norteamericanos, habrá que ver qué tiene bajo la manga para los líderes mundiales que se darán cita en el edificio de Nueva York.

Uno de los que asistirá –además de la presidenta argentina Cristina Fernández, en su última incursión en ese ámbito- será Juan Manuel Santos. El presidente colombiano dio un paso importante el miércoles al estrechar la mano del líder guerrillero Timoleón Jiménez, Timoshenko, para sellar el acuerdo alcanzado luego de casi tres años de arduas negociaciones entre su gobierno y las FARC. Despejar el tema más árido en el proceso de paz como es el de la justicia transicional y la reparación de las víctimas, abre el camino para un acuerdo final y definitivo de paz que ponga fin a más de 50 años de fratricidio en los seis meses que se pusieron como plazo.

"Esto demuestra la madurez que ha alcanzado este proceso", destacó Santos en la capital cubana. "Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa (este acuerdo) abre las posibilidades de ofrecer verdades halladas y plenas", añadió Timoshenko. "Aun quedan dificultades enormes por superar, pero tenemos la certeza de que serán vencidas. La paz en Colombia no sólo es posible; es indispensable", abundó a su turno Raúl Castro, el anfitrión para este proceso y el que celebró, mano sobre mano, los tres vestidos de color claro, las históricas coincidencias alcanzadas.

Tiene razón Castro al decir que falta un trecho difícil todavía. No es la primera vez en la historia colombiana que la paz parece posible y algo o alguien conspiran para boicotear la salida. El fabuloso negocio de las armas mueve miles de millones de dólares y alimenta una maquinaria productiva difícil de disolver. En pocas palabras, hay muchos que viven de la muerte en todo el mundo. Y Colombia no fue una excepción en este medio siglo largo de enfrentamientos feroces.

Por lo pronto, hubo un extraordinario apoyo al documento firmado el miércoles entre todos los dirigentes internacionales. Desde el gobierno de Obama hasta el de Noruega –uno de los dos garantes en la mesa de diálogo- pasando por la Casa Rosada, que mostró su satisfacción por la novedad.

El que rechazó de plano este avance fue el ex presidente Álvaro Uribe. En una andanada de tuits protestó con su latiguillo de siempre desde que comenzaron los diálogos, en noviembre de 2012. "Se ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales."

El tema de la justicia es crucial para la construcción de una nueva Colombia. ¿Cómo se juzgan los delitos que puedan haberse cometido en estos años? ¿Quién se hace cargo de reparar el daño cometido? Si es que los guerrilleros tienen parte de culpa, sin dudas tanto el Ejército como las fuerzas de seguridad colombianas tienen su grado de responsabilidad. Mayor incluso porque contaron no sólo con el poder de fuego de un estado constituido sino porque desde fines del siglo pasado, a través del Plan Colombia, disponen de millones de dólares de apoyo en dinero líquido, armamento e incluso mercenarios pagados por Estados Unidos.

En el documento de La Habana, las FARC se comprometen a la "dejación de armas" al cabo de dos meses posteriores a la firma del acuerdo final, que sería, según los plazos establecidos, a más tardar el 23 de marzo de 2016. Uribe cuestiona este detalle en una batalla semántica. "En lugar de exigir entrega de armas, Gobierno ha aceptado la palabra dejación", tuiteó. "La palabra dejación equivale a que el terrorismo mantenga las armas y las use cuando quiera", y añade: "Gobierno no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a las víctimas."

El otro actor político en contra del acuerdo fue el director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco. El acuerdo "permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión", señaló el polémico abogado, en una nueva muestra de rechazo al proceso de paz en su conjunto. Insólito en una organización que debería apoyar iniciativas para descomprimir conflictos y arribar a soluciones pacíficas, aunque Vivanco siempre estuvo en contra de varios aspectos del proceso de paz.

El sorpresivo viaje de Santos a Cuba se produjo a pocas horas de que Francisco terminara su visita a la isla. Nada es casualidad en política internacional, y menos a ese nivel. No se puede decir que el Papa haya hecho contactos con los negociadores en La Habana e incluso trascendió que no dio lugar a una entrevista que le habían solicitado los representantes de las FARC. Pero el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, aclaró los tantos: "Si ustedes recuerdan, el domingo el Papa hizo una llamada muy fuerte a que se encontrase una solución al problema." Douglas Cassel, profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame y uno de los tres abogados del gobierno en La Habana le explicó a la agencia The Associated Press que "incluso sin estar físicamente en la sala, el Papa fue una presencia muy importante" en ese tramo del diálogo.

Santos mostrará en Nueva York el documento alcanzado luego de febriles 20 horas de debatir la letra fina por los negociadores y sus equipos de asesores. Desde su oficina de prensa se encargaron de recalcar que allí destacará que esta nueva realidad convierte a Colombia en un destino apetecible para inversores de todo pelaje porque les dará previsibilidad y garantizará confianza de cara al futuro.

La mano invisible del mercado necesitó de la mano no tan invisible del Papa argentino, que se convirtió en un catalizador de expectativas. No es milagro, mal que les pese a sus seguidores más fieles. Es simplemente conocer el revés de la trama y aprovechar que todos los implicados en un conflicto necesitan a alguien confiable para poder deponer extremismos sin aparecer renunciando a principios. Siempre en el marco del evangelio y no de alguna inclinación izquierdista como le endilgan los más retrógrados conservadores dentro y fuera del catolicismo.

Como dijo Nancy Gibbs la subdirectora de la revista Times -que lo tendrá de tapa por cuarta vez desde que fue ungido, en marzo de 2013- Francisco "hizo algo notable (en la iglesia): no cambió las letras, pero sí cambió la música".

Tiempo Argentino

Setiembre 25 de 2015

Alzate, alumno dilecto de Petraeus en contrainsurgencia

El general Rubén Darío Alzate, a los 55 años, tiene un historial que puede llenar de orgullo a sus pares. Estudioso, decidido, hizo cursos de liderazgo y de contrainsurgencia en la academia de Fort Leavenworth, en Kansas, y el Army War College (AWC), de Pensilvania. En un país tan íntimamente ligado a Estados Unidos, la carrera de Alzate (nombre simbólico si los hay para un general latinoamericano) puede decirse brillante. Para lo cual necesita, claro, olvidar que se trata de la misma nación que para obtener beneficios leoninos con la construcción del Canal Interoceánico, inaugurado hace justo un siglo, forzó la independencia de la provincia de Panamá.
Como parte de los acuerdos Torrijos-Carter, en 1999 el canal pasó a manos del gobierno panameño. Para la misma fecha, Bill Clinton y Andrés Pastrana firmaban el Plan Colombia, con el objetivo de "terminar con el conflicto armado y crear una zona antinarcótica".  Diez años más tarde, Barack Obama firmaba otro acuerdo con Álvaro Uribe que, ante el cierre de la base de Manta en Ecuador, otorgaba a las tropas estadounidenses prácticamente el control total de siete bases militares desde las que se puede vigilar todo el subcontinente y enviar aviones de guerra a cualquier rincón en pocas horas. El contrato era incluso más leonino que el del viejo Theodore Roosevelt en 1903 y la Corte suspendió su vigencia en 2010.
Los acuerdos que se suelen considerar en todo nuevo "contrato" hablan de los pactos militares previos desde 1952, tras la Segunda Guerra, y no olvidan cuestiones económicas ni el cada vez más creciente combate al tráfico de drogas. Casi la misma edad tiene la guerrilla en ese país.
 El desafío de Juan Manuel Santos de pacificar a Colombia colisionó desde el principio con quien fuera su mentor, Uribe. Convencido de que la paz es el mejor negocio, Santos fue quien más avanzó en negociaciones con los grupos insurgentes y quien más garantiza el cumplimiento de los documentos que se firmen. En este marco desarrolló su carrera el general Alzate.
Como se dijo, es un hombre muy preparado para la guerra y con mejor instrucción aun para trabajar sobre poblaciones civiles en conflictos armados internos. Según recordaba Joshua Goodman, de la agencia AP, Alzate hizo su tesis en el AWC sobre el modo de actuar en escenarios de insurgencia. Para lo cual se basó en textos de Mao Tse Tung y de un intelectual francés, David Galula. Goodman destaca que el alto oficial recibió la insignia de general de manos de otro de esos militares estudiosos, el estadounidense David Petraeus.
Eran los tiempos de crecimiento profesional de ese hijo de un holandés emigrado a Nueva York, quien alcanzaría su zenit y también su caída en la era Obama. Petraeus formó parte de un grupo de oficiales de élite y sólida ilustración que desde la guerra de Bosnia en adelante el Pentágono desplegó en Oriente Medio y Afganistán. Integraba este selecto club otro general de cuatro estrellas y alcance mediático, Stanley McChrystal.
Hay una historia interesante que involucra a este dúo en maniobras y manipulaciones de grueso calibre que en gran medida explican el fracaso de Estados Unidos en sus últimas incursiones armadas. Todo comienza con el almirante William Fallon, designado durante la gestión de George W. Bush comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para las guerras de Irak y Afganistán.
En marzo de 2008 la revista Esquire publicó el artículo "El Hombre entre la Guerra y la Paz" donde el autor, que mantuvo un contacto muy estrecho con el militar, lo describe como contrario a la estrategia de imponer medidas más duras contra Teherán por su plan nuclear. Fallon tuvo que renunciar y su lugar fue ocupado por Petraeus.
Meses más tarde, otro "top", Stanley McChrystal, se hacía cargo de ambos frentes de batalla. Era el inicio de la administración Obama y todo apuntaba a que el nuevo mandatario iba a cumplir con su promesa de que las tropas volvieran a casa.
 En junio de 2010 la nota de tapa de la revista Rolling Stone (RS) causaba estupor en la Casa Blanca. En un extenso artículo firmado por Michael Mahon Hastings, McChrystal se despachaba con todo tipo de críticas y brulotes contra el gabinete demócrata y ridiculizaba especialmente al vicepresidente Joe Biden. Convocado de urgencia a Washington, tuvo que dimitir.
Muchos entendieron que no había sido inocente al aceptar la entrevista, como tampoco habían creído en la ingenuidad de Fallon dos años antes. Eran sin dudas señales del descontento por cómo se estaban llevando a cabo las acciones en los dos países asiáticos, invadidos luego de los atentados a las Torres Gemelas.
Petraeus popularizó desde las arenas de Irak la que tal vez haya sido su contribución más importante a la estrategia militar estadounidense. Su doctrina de contrainsurgencia, basada en los mismos textos de las guerrillas en Vietnam y Malasia pero con signo inverso, buscaba captar a las poblaciones locales con políticas de seducción más que la sola aplicación de la violencia. Fue como una Biblia que convenció a la dirigencia política de que había una forma de que iraquíes y afganos amaran a los estadounidenses. Y además, que se amaran entre sí, sin diferencias entre talibanes, moderados, chiítas y sunnitas.
"Petraeus casi redefinió el concepto de guerra en un nuevo manual de su autoría (Counterinsurgency Field Manual) que puso en práctica en Irak. Su idea principal era que los Estados Unidos no podían salirse de la guerra. Tenían que proteger y ganarse a la población, vivir entre ellos, para que un gobierno estable y competente pudiera prosperar. El nuevo soldado, según él, debía ser un trabajador social, un planificador físico, un antropólogo y un psicólogo", lo definió Hastings en RS.
Catalogado no sólo como intelectual sino también deportista y de costumbres austeras, Petraeus llevó su experiencia a la CIA, donde fue nombrado director en abril de 2011. Fue su cuarto de hora: el mundo le sonreía y parecía girar según sus predicciones. Daba para confiar en que al dejar Irak y Afganistán las tropas estadounidenses dejarían dos sociedades estables y agradecidas. Si todo hubieses seguido así, Petraeus estaba destinado a ser el nuevo Dwight Eisenhower que le pronosticaban los asesores de imagen. Pero ese soldado adusto y frugal tenía una debilidad. Y cuando en noviembre de 2012 se publicó que mantenía una relación extramatrimonial con una mujer que estaba escribiendo un libro sobre su vida, que para colmo, también era casada, su final quedó echado. Estas horas de violencia en la región prueban que ni siquiera su plan estratégico era lo que hizo creer.
Hastings murió en un accidente automovilístico en junio de 2013 en Los Ángeles, a la edad de 33 años. Poco antes había dejado otro hallazgo, también en la RS, cuando escribió que desde una unidad militar estadounidense se habían puesto en marcha operaciones de inteligencia y manipulación psicológica para conseguir dinero y apoyo político destinado a las guerras asiáticas. Las víctimas habrían sido, según Hastings, desde el senador republicano John McCain hasta el propio jefe de las fuerzas armadas, Mike Mullen. Uno de los mandos de esas operaciones citados en la revista, el teniente coronel Michael Holmes, explica su tarea como "acciones psicológicas aplicadas a la cabeza de la gente para conseguir que el enemigo se comporte como nosotros queremos que se comporte".
El domingo pasado. Alzate, actualmente jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, un grupo de élite contrainsurgente conocido como Titán,  junto con un cabo primero y una abogada que trabaja en esa institución navegaban en bote, vestidos de civil  por el río Atrato. El botero les avisó que estaban cruzando un área de conflicto, pero el general lo hizo seguir. Un poco más adelante fueron detenidos por efectivos de las FARC.
Pudo pasar cualquier cosa, pero los guerrilleros simplemente dejaron ir al botero y se llevaron a los demás. El primero en hablar del secuestro de un general fue el solicito Uribe. Santos confirmó la noticia más tarde, pero agregaba algo que pone las cosas en perspectiva. "Mindefensa y Cdte Gral: quiero que me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja", tuiteó el presidente, para anunciar luego que suspendía el diálogo de paz en La Habana.
Todo indica que los tres "retenidos" serán liberados en breve y las negociaciones continuarán. Y sí, el alumno dilecto de Petraeus  y sus jefes deberán dar explicaciones. El caso se parece demasiado a una operación "para que el enemigo se comporte como nosotros queremos que se comporte". Por suerte las FARC no pisaron el palito.

Tiempo Argentino
Noviembre 21 de 2014

Ilustró Sócrates

El trabajoso camino hacia la paz

El presidente Juan Manuel Santos asumió su segundo mandato con la expectativa de lograr el supremo anhelo de la mayoría de los colombianos: sellar una paz definitiva con los grupos guerrilleros. Con ese objetivo y principal oferta de campaña, Santos ganó la segunda vuelta y aceleró  las negociaciones con las FARC en La Habana, que comenzaron en 2012 en Oslo, para terminar con las últimas puntadas de un acuerdo sostenible en el tiempo.
Es que hubo otros acuerdos con la guerrilla en el medio siglo que pasó que terminaron en verdaderas cacerías humanas. La derecha más cerrada de Colombia necesita del estado de guerra permanente para mantenerse en el poder. El Pentágono necesitó el conflicto para extender sus tentáculos a América del Sur a través de sus  bases militares. Los intentos de personajes como Álvaro Uribe por petardear cualquier acercamiento han sido ostensibles y hasta descarados. Pero por sobre el discurso del miedo y el militarismo que proponía el candidato uribista, en la sociedad primó la promesa de un futuro de armonía para todos.
Como regalo para el nuevo mandato, ayer la Corte Constitucional de Colombia le aprobó a Santos el proyecto que autoriza la participación política de los guerrilleros que se desmovilicen para incorporarse en la vida democrática. La reinserción de los rebeldes es un tramo tan espinoso de resolver como imprescindible para lograr un marco de convivencia civilizada en un país atravesado por décadas de violencia. Por eso, los jueces se apuraron a aclarar que el beneficio será para quienes no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Según cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en 2013, la guerra civil dejó desde 1958 más de 220 mil muertos y produjo casi 6 millones de desplazados. "El reloj de la violencia no letal registra, según datos acumulados, que entre 1985 y 2012 fueron desplazadas 26 personas cada hora como consecuencia del conflicto armado, mientras que cada 12 horas fue secuestrada una persona. El período 1996-2005 fue más crítico: una persona fue secuestrada cada ocho horas, y un civil o un militar cayeron cada día en una mina antipersonal", señalaba el voluminoso informe de 400 páginas titulado Basta Ya. La coordinadora del estudio, Martha Nubia Bello, explicó las razones por las cuales resultaba imposible determinar exactamente la cantidad total de víctimas. "Uno de los objetivos principales de los actores armados es el de invisibilizar. Que no se vea, que no se noten los muertos", dijo.
Contra la conocida sentencia del teórico alemán Carl von Clausewitz de que "la guerra es la continuación de la política por otros medios", el filósofo francés Michel Foucault deslizó en un curso que dio en 1975 que "la política es la continuación de la guerra por otros medios".  Es cierto que una de las condiciones para desatar una guerra es que la política no esté en condiciones de resolver un conflicto. Otra es que los dos bandos estén de acuerdo en batallar. "Se necesitan dos para bailar un tango", resumía Perón.  Una guerra, finalmente, es la forma violenta de obligar a que el enemigo acepte las condiciones del ganador.
Sin embargo, ninguna guerra puede ser eterna. Y es aquí donde por fatalidad de los hechos se debe retornar a la política como forma de canalizar las divergencias. El grueso de la dirigencia colombiana, al igual que los líderes guerrilleros, se fueron encaminando hacia la mesa de negociaciones cuando percibieron que la guerra no llevaba hacia ningún lado. Que nadie la podía ganar en un tiempo razonable. Que es mejor negocio la paz.
En estas horas, negociadores de Israel y Palestina intentan prolongar un alto el fuego que evite nuevas matanzas en la Franja de Gaza. El conflicto en Medio Oriente no es mucho más antiguo que el de Colombia, porque el nacimiento del Estado de Israel –14 de mayo de 1948– coincide casi exactamente con el asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán –9 de abril de 1948– que dio origen a levantamientos armados que algunos años más tarde resultaron en las FARC.
Las cifras de víctimas en Palestina también son escalofriantes: se estima que desde ese 1948 se registraron al menos 51 mil muertos y un total de desplazados que supera a los 700 mil palestinos que aún se reclama en los foros internacionales. Sólo en los últimos dos grandes operativos israelíes, Plomo Fundido de 2009 y el actual Borde Protector, hubo un total de 3200 palestinos muertos y 80 israelíes.
Uno de los puntos para cumplir con la Resolución 181 de Naciones Unidas que repartió el territorio de Palestina en dos estados, es el reconocimiento de las naciones árabes al Estado judío. Lo que a su vez derivó en el no reconocimiento de las fronteras palestinas. La guerra de los Seis Días no hizo sino profundizar el antagonismo, ya que las tropas israelíes ocuparon territorios asignados para la creación de un Estado árabe. La construcción de asentamientos en esos territorios fue, con el tiempo, otro punto de choque. En ambos casos hay resoluciones de la ONU y del tribunal de La Haya que especifican la ilegalidad de la ocupación.
Para los sucesivos gobiernos israelíes, es crucial el reconocimiento del Estado judío y el fin de atentados cometidos por grupos extremistas, como es el caso de Hamas, que ganó la elección en Gaza en 2005 desafiando el poder de Mahmud Abbas en Cisjordania.
Para lograr acuerdos duraderos y sostenibles es indispensable una firme voluntad política y el apoyo mayoritario de la sociedad. Algo que se logra con fuertes liderazgos en cada uno de los sectores en pugna. El primer ministro Benjamín Netanyahu se puso a la cabeza de este operativo, luego un par de hechos relevantes: en abril Al Fatah, el grupo moderado que gobierna Cisjordania, acordó la formación de un gobierno de unidad con Hamas. Luego vendría el asesinato de tres jóvenes israelíes y la represalia contra un muchacho palestino. Después, un planteo del canciller Avigdor Lieberman acusando de tibieza al premier ante un clima agravado por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. No hace falta abundar en detalles del operativo militar.
¿Qué pasó luego? Para el escritor estadounidense Norman Finkelstein, un conocedor del tema: "Netanyahu, básicamente opera bajo dos limitaciones: la restricción internacional –es decir, hay límites a las muerte y destrucción que se puede infligir en Gaza– y luego la restricción interna. La sociedad israelí no tolera un gran número de combatientes muertos". ¿Por qué no hubo un freno antes? Otra vez conviene escuchar a Finkelstein: "Cada vez que Obama dijo que Israel tiene derecho a defenderse, fue la luz verde para continuar con el bombardeo en Gaza (…) El límite fue cuando Israel empezó a concentrarse en los refugios de la ONU y la presión comenzó a acumularse." Fue entonces que Ban Ki-moon tildó a esos hechos de acto criminal y Obama de "deplorables".
¿Hay alguna vía de solución? Sería difícil dar una respuesta concluyente. Por lo pronto, el ex presidente Jimmy Carter –que en 1979 logró el acuerdo entre Egipto e Israel que firmaron Anwar el-Sadat y Menahem Begin– escribió un artículo con la ex presidenta de Irlanda y luchadora por los Derechos Humanos Mary Robinson donde dan una posibilidad, que por ahora suena horrorosa a los oídos de la extrema derecha israelí. Carter y Robinson, miembros de la ONG The Elders (Los Ancianos), creada por el fallecido líder sudafricano Nelson Mandela, recomiendan reconocer a Hamas como actor político en Palestina. La alianza de abril con Al Fatah, considera el dúo de ex mandatarios, "fue una concesión importante de Hamas hacia la apertura de Gaza al control conjunto bajo un gobierno tecnocrático que no incluyó a ningún miembro de Hamas. El nuevo gobierno también se comprometía a adoptar los tres principios básicos exigidos por el cuarteto de Medio Oriente –Naciones Unidas, Estados Unidos, Unión Europea y Rusia–: la no violencia, el reconocimiento de Israel y la adhesión a los acuerdos de paz."
Los israelíes, por lo pronto, reclaman en esta ronda de El Cairo la desmilitarización de Hamas, mientras que los representantes palestinos exigen el levantamiento del bloqueo sobre Gaza y la creación de un puerto. Si bien no se habían visto cara a cara, había una delegación de Hamas en la ronda de diálogo. Una forma indirecta de reconocimientos mutuos de resultado incierto.

Tiempo Argentino
Agosto 8 de 2014

Otro pequeño paso hacia la democracia en Colombia

Es hora de respirar tranquilo. Para Juan Manuel Santos, porque el triunfo le deja las manos libres para concretar una vieja aspiración de los colombianos: terminar con décadas de matanzas y de inestabilidad política. Es que un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros –hace unos días se anunció la apertura de negociaciones con el ELN, que se sumarán así a un proceso que ya desarrollan las FARC en La Habana- permite pensar en un horizonte verdaderamente más democrático para Colombia.  Entender que la lucha armada no era un capricho de rebeldes le permitió a Santos –un notorio hombre de la derecha– comprender que el país, así como estaba, no podía seguir.  A menos que se profundizara la guerra civil con las consecuencias que ya se conocen. 

No puede haber democracia cuando una parte sustancial del territorio no está bajo el control del estado central. Tampoco puede hablarse de democracia cuando un sector importante de la población no acepta que el poder se reparta entre las pocas manos de siempre. Y negociar con los grupos insurgentes es hablar de nuevas reglas de juego, no solo de la incorporación de milicianos a la arena política.

El desafío para Santos es grande. Deberá frenar a los extremistas de derecha que siempre apostaron por la continuidad del conflicto. Las FARC y el ELN, a su vez, no olvidan que se juegan la vida en el intento, porque la historia les demuestra que la visibilidad pública los puede convertir en blancos móviles.

El continente también respira tranquilo. Más allá de la posición política de cada gobierno, todos saben que un triunfo del uribismo hubiese significado el riesgo de extender el conflicto hacia los vecinos, Venezuela y Ecuador en primer lugar. Muchos colombianos habrán elegido a Santos con un broche en la nariz, como el mal menor. Pero estos pequeños pasos hacen camino hacia un futuro promisorio para los latinoamericanos.

Tiempo Argentino

Junio 16 de 2014

Colombia va a las urnas con el ruido de fondo de la guerra

Que este domingo se juega la posibilidad de alcanzar una paz duradera en Colombia no es un secreto para nadie. Ni para el presidente Juan Manuel Santos, que representa el ala más acuerdista dentro del establishment colombiano, ni del lado de Óscar Iván Zuluaga, el uribista que espera desplazar al mandatario en la segunda vuelta y echar tierra sobre el diálogo que se desarrolla en La Habana.
Tanto es así que luego del triunfo en primera vuelta con un discurso deliberadamente "antipacifista", Zuluaga ahora dice que no es cierto que fomente la guerra eterna. Sólo que pretende imponer condiciones muy duras a la guerrilla para integrarse a la vida política. Un discurso que no da garantías para resolver una disputa que ya lleva 50 años en la tierra de García Márquez, como la propia cúpula de las FARC se encargó de señalar: "No quieren la paz, quieren que nos sometamos."
El cambio de perspectiva del uribismo obedece no tanto a un enfoque diferente como a la necesidad de sacarse de encima el brulote de que no quiere la paz, algo que parece haberse registrado en las últimas encuestas. Por eso Santos duplica la oferta y anunció el inicio de conversaciones también como el ELN, la otra fuerza irregular que controla parte del territorio colombiano.
Los acuerdos de paz son un trabajoso proceso para poner fin a un conflicto bélico que en 50 años costó más de 220 mil muertos, 25 mil personas desaparecidas y casi cinco millones desplazados, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia. Como toda guerra civil, más allá del precio en vidas humanas y bienes materiales, están las secuelas para una sociedad que quiera encaminarse a la reconciliación. Aquí es donde aparecen los aspectos más miserables de esta cuestión, como es quiénes son los que lograron ventaja en estos años y por lo tanto perderían si el país alcanzara normas de convivencia civilizadas. O sea, quiénes perderían con la paz.
Zuluaga es el delfín del ex presidente Álvaro Uribe, uno de los más interesados en una respuesta militar sin concesiones. Como se recordará, Uribe fue un fuerte defensor de la mano dura contra la guerrilla y sostuvo a rajatabla  el llamado Plan Colombia, un acuerdo firmado en 1999 por su antecesor Andrés Pastrana con Bill Clinton para militarizar el país siguiendo los planes estratégicos del Pentágono.
El argumento político para presentar este modelo de ocupación territorial consentida fue la lucha contra los grupos guerrilleros y el narcotráfico. Era un reconocimiento de que el Ejército formal de Colombia no era capaz de derrotar a los insurgentes, de allí que esta ronda de negociaciones que abrió Santos –bueno es recordar que también fue delfín de Uribe, pero luego cambió de postura– haya sido boicoteada por los vestigios de uribismo que circulan entre los pliegues de la burocracia estatal y de seguridad colombiana.
Con la consolidación de las instituciones regionales como Unasur y Celac, la alianza EE UU-Colombia se convirtió en un hueso duro de roer para el resto de las naciones, que rechazan la permanencia en el continente de tropas foráneas y sobre todo de bases con la mayor tecnología que permiten vigilar "y castigar" en muy poco tiempo cualquier movimiento en alguno de los países de la región. Pero también permiten controlar los recursos, un tema que se debatió en Buenos Aires en estos días en un foro de la Unasur.
Como parte de los convenios del Plan Colombia, Estados Unidos se comprometía a aportar 3500 millones de dólares y el gobierno sudamericano otros 4000 millones. En 2007 se firmó una suerte de Plan Colombia II, que implicó luego el asentamiento de siete bases militares en territorio de ese país. Estudios recientes del estadounidense Adam Isacson – integrante de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, en castellano) y uno de los mayores expertos en temas de defensa, relaciones cívico-militares y asistencia estadounidense hacia la región– señalan que el aporte de Estados Unidos para este proyecto se redujo, por los recortes presupuestarios en el norte, a 400 millones de dólares anuales. De todas maneras, el aparato militar colombiano suma la friolera de casi 500 mil hombres para un continente que desde el encuentro de la Unasur en Bariloche de 2009 se define como zona de paz. ¿Serían necesario tantos el día de mañana?
Otros que perderían con la pacificación son los terratenientes surgidos del abandono de tierras por parte de campesinos corridos por la violencia o directamente amenazados en un contexto de "todo vale". Por eso uno de los puntos más ríspidos de los acuerdos ya logrados en La Habana fue el de la tierra. Y es sin dudas uno de los más resistidos por la oligarquía bélica.
En cuanto al combate del narcotráfico, también en este aspecto hubo acuerdos en el diálogo en Cuba y si existen acusaciones de vínculos con los productores instalados en la selva, lo cierto es que las FARC se comprometieron a romper todo tipo de relación ni bien se seque la tinta con que se firme el documento final de la paz. De todas maneras, según el grupo Colectivo contra el imperialismo, nunca desde que comenzó el Plan Colombia "se persiguió a las grandes empresas transnacionales que trafican los componentes químicos como el permanganato de potasio", un compuesto básico elemental para producir cocaína.
Otra cuestión en danza es la participación política de los guerrilleros. La historia de Colombia es particularmente clara sobre lo que ocurrió en otros tiempos con los milicianos que intentaron reincorporarse a la vida civil: fueron eliminados sin misericordia. Unión Patriótica en los 80 sufrió la baja de dos candidatos presidenciales, decenas de legisladores y unos 4000 militantes. Marcha Patriótica, otra agrupación de izquierda, denunció que una treintena de integrantes fueron asesinados desde la fundación del partido, en 2012. En este caso, es claro que quienes debieran analizar ventajas y desventajas son los milicianos.
Pero incluso si los guerrilleros se insertaran institucionalmente, también deberían hurgar en la historia para decidir los pasos a seguir. Que les cuente el alcalde de Bogotá, el ex miembro del M19 que fue destituido por "desprivatizar" el servicio de recolección de residuos de la capital colombiana. Gustavo Petro se metió con otro de los fabulosos negocios que se reparten los oligarcas colombianos.
La basura es una manera muy eficaz para hacer fortuna en todo el mundo, que fructifica en manos de corporaciones mafiosas de aceitados contactos con el Estado. En Italia, sin ir más lejos, menos de 200 familias controlan la mitad de la gestión de los residuos urbanos en el sur de Italia y gran parte de Albania Bulgaria y Esolovaquia.
En el caso de Colombia, uno de los principales afectados por la decisión de Petro fue William Vélez Sierra, un hombre que amasó su riqueza recostado en el poder y al que se vincula con grupos paramilitares. De hecho quienes lo denunciaron son líderes de grupos fascistas creados para combatir a la guerrilla con armas poco amigables con las convenciones de Ginebra, como Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche.
En el negocio no está solo la recolección de la bolsita familiar anudada en la puerta de cada casa. Está fundamentalmente en el reciclado de material aprovechable en las ciudades y el retiro de contaminantes industriales. Y los Uribe, una familia donde cada uno de sus integrantes tiene al menos alguna denuncia por sus relaciones con el tráfico de drogas o los grupos paramilitares, no se quisieron perder esa veta.
Todavía es recordada la batalla de dos hijos del ex presidente, Tomas y Jerónimo, contra al menos 70 mil familias de cartoneros a los que desplazaron cuando formaron la empresa Residuos Ecoeficiencia SA. "Un grupo de recicladores llevaba cinco años haciendo la recolección de basura en las zonas francas, pero en un mes llega una empresa a hacer ese trabajo, y a las 40 personas que trabajaban les dicen que no vuelvan. Así nos damos cuenta directa de que es la empresa de los hijos del presidente", se quejó entonces Nora Padilla, miembro de la Asociación de Recicladores de Bogotá.
Y si, la cercanía con el poder de los muchachos –laboriosos emprendedores, según los describe el padre– les abrió puertas. Lo mismo le ocurrió a Vélez Sierra. Dos más de las posibles "viudas" que dejaría un acuerdo de paz.
Este contexto se entiende que para los sectores más progresistas de esa sociedad, Santos sea la mejor opción. Será derechista, tendrá un pasado indefendible por los métodos que usó para combatir a la guerrilla cuando ministro de Defensa de Uribe. Pero es lo mejor que hay para cambiar la historia de Colombia por la vía civilizada.  

Tiempo Argentino
Junio 13 de 2014

Ilustró Sócrates

Una comisión que no debería no funcionar

No es casual que el primer viaje de la flamante presidenta chilena sea a Buenos Aires y Brasilia. Es cierto que comparte 5300 kilómetros de frontera con la Argentina y que Brasil es la potencia económica regional. Pero no es menos cierto que en los últimos cuatro años esos parámetros fueron los mismos y Sebastián Piñera hizo poco y nada para acercarse a los vecinos del Mercosur. Más bien aceleró el impulso para desarrollar lazos "neoliberales" con la Alianza del Pacífico, ese grupo más afín a la estrategia del Departamento de Estado puesto en marcha el 28 de abril de 2011, esto es, el presente griego con el que Alan García le entregó el poder a Ollanta Humala, justo dos meses más tarde.
Es interesante observar las movidas políticas de estos días en América Latina para comprender mejor el momento que vive la integración regional. Y también desempolvar algunas cuestiones que por sabidas no viene mal tener presentes, por eso de que el negocio de los medios es sacarlas de contexto para mostrarlas como hechos puntuales e irrelevantes.
El domingo pasado, Colombia fue a las urnas para elegir al nuevo Parlamento. El que debería aprobar eventuales acuerdos de paz con las FARC, que aceptaron sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos ante un pedido muy fundamentado de Hugo Chávez. Venezuela y Colombia estuvieron a punto de trenzarse en una guerra unas semanas antes de que Álvaro Uribe entregara la banda presidencial a Santos. Si no llegaron a las armas fue por la intervención de Néstor Kirchner, por entonces secretario general de la Unasur, que logró acercar a Santos y Chávez, desde entonces dos nuevos mejores amigos, según palabras del líder bolivariano.
Uribe, como el peruano García, le quiso dejar un presente griego muy difícil de digerir a Santos, que la oportuna reacción regional pudo evitar a tiempo. Uribe se presentó este domingo como candidato a senador. Las encuestas lo daban como ganador seguro de su banca, cosa que ocurrió. Pero aspiraba a un resultado importante para, desde su escaño, controlar el Congreso y desde allí trabar cualquier acuerdo pacifista y, de paso, condicionar la reelección de Santos este 25 de mayo. Ante el resultado puesto, Uribe no tuvo mejor idea que denunciar fraude.
Un triunfo rotundo o más o menos impactante de Uribe hubiese significado, además, una muy mala noticia para Venezuela, que tiene también una larga frontera común, de 2200 kilómetros. Como ocurre entre todos los países de la región, ese confín no es un verdadero límite, ya que a través de esa línea cruzan bienes y haciendas, al punto que hace un par de meses, ambos gobiernos firmaron acuerdos para perseguir el contrabando. Pero también cruzan paramilitares que se inmiscuyen en la crisis que desató la oposición derechista venezolana.
Santos mantuvo una posición de una relativa ambigüedad en torno al conflicto vecinal. No salió a defender a todo trapo a Nicolás Maduro, y habló elípticamente de mantener el diálogo entre las partes y respetar a las instituciones. Pero en la reunión de la OEA de la semana pasada en Washington, apoyó la posición mayoritaria a favor de respaldar la democracia y el espacio de diálogo que abrió el gobierno. Lo que levantó las esperables quejas de Uribe. En Perú, por haber adoptado una posición igualmente intermedia, García acusó a Humala de estar pagando las deudas de su campaña con Chávez. Ambos "ex" aspiran a una intervención que nadie aceptaría por estos lados.
Mientras tanto, en Chile asumía Bachelet y se conformaba una comisión de cancilleres de Unasur para que "acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo para recuperar la convivencia pacífica en Venezuela". Coincidieron los ministros de Relaciones Exteriores en que este comité fue propuesto a pedido del gobierno de Maduro y que de lo que se trata es de buscar una salida a una crisis que atenta contra la democracia y la Constitución. Y como dijo Bachelet, que no se aceptarán golpes de estado en esta parte del mundo. Que lo haya dicho la hija de una víctima de la dictadura pinochetista, que recibió la banda presidencial de la hija del mandatario constitucional que murió antes que dejar el poder en manos de golpistas y criminales, algo significa.
A Juan Domingo Perón, conocedor del alma humana tanto como de las mañas de la política, se le atribuye una frase que dejó huella: "Cuando quieras que algo no funcione, creá una comisión." Sin embargo, la realidad del Mercosur desmiente ese aserto. La Unasur nació como un deseo de los presidentes que coincidieron en el poder en 2004 –fundamentalmente Chávez, Kirchner y Lula da Silva–, pero su nacimiento se oficializó el 23 de mayo de 2008. Por una cuestión orgánica –se quiso crear una instancia que tuviera el mayor consenso–, sólo alcanzaría estatus institucional cuando al menos nueve de los parlamentos de los 12 países lo hubiesen refrendado. Y eso ocurrió recién en marzo de 2011, cuando lo ratificó Uruguay. Luego lo harían Colombia y Paraguay.
Unasur era como quien dice un sello de goma cuando Bachelet se hizo cargo de la primera presidencia pro témpore del organismo. En ese 2008, la Argentina padecía el embate de la Mesa de Enlace, que el 12 de marzo había desensillado con la primera reunión para oponerse a las retenciones móviles. Paralelamente, el gobierno de Evo Morales sufría la embestida de la derecha de la Media Luna Fértil del Oriente, que buscaba directamente la secesión de los ricos territorios donde ahora fructifica la soja.
Como resultado de las protestas contra Evo –al que descalificaron básicamente por ser el primer presidente aymara en la historia de un país mayoritariamente indígena–, el 11 de setiembre hubo una matanza de campesinos en la localidad de El Porvenir, cerca de Cobija, la capital de departamento de Pando. Grupos ultraderechistas habían atacado la sede de las oficinas del Instituto de la Reforma Agraria donde estaban depositados los títulos de propiedad de los campos. Eliminando los registros, se demoraba la política de repartir tierras estatales a campesinos pobres. Tierras que la oligarquía sojera aprovechaba para su usufructo.
Ese 11 de setiembre hubo una marcha de campesinos que fue baleada y apaleada, tanto por efectivos policiales como por paramilitares. El gobierno local estaba –como en el resto del Oriente boliviano– en manos de la derecha, a través del prefecto Leopoldo Fernández. En la matanza cayeron 20 campesinos y otros cinco fueron desaparecidos. El gobierno de Evo ordenó detenerlo una semana más tarde, cuando los testimonios indicaban la responsabilidad de las autoridades de Pando por haber ordenado parar la marcha a como diera lugar, o por no haber hecho nada para impedir la masacre.
De más está recordar lo que se publicó sobre la detención del mandatario departamental. La sensación generalizada era que se venía un golpe en Bolivia. El problema es que para voltear al gobierno se necesita de las fuerzas armadas, y los uniformados ya habían dado muestras de que no querían más aventuras golpistas. Por otro lado, en este caso puntual podría haber implicado terminar fomentando una secesión, cosa que ningún militar habría aceptado.
Rápida de reflejos, Bachelet estrenó su cargo poniéndose en contacto con los demás presidentes e impulsó la creación de una comisión investigadora de lo que se llamó la Masacre de Pando. Al frente de ese organismo, y a sugerencia de Cristina Fernández, se nombró a Rodolfo Mattarollo, un militante por los Derechos Humanos desde la dictadura de Alejandro Lanusse que luego tuvo que exiliarse en Francia y posteriormente participó en investigaciones sobre delitos de lesa humanidad en varios países del mundo, con organismos dependientes de la ONU. En diciembre de ese año, Mattarollo, que fue acompañado por expertos de nueve países, entregó el informe donde se corroboraban las denuncias previas y se indicaba al gobierno de Evo Morales la necesidad de investigar a fondo. "La comisión expresa la convicción intelectual y moral según la cual el 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir  y otros sitios de Pando, Bolivia, se cometió una masacre", sentenciaba el documento, de 63 páginas.
La situación en Venezuela se asemeja mucho. Otro Leopoldo, López, fue detenido acusado de instigar las guarimbas, esas marchas violentas que ya se cobraron 28 víctimas. Cada una de esas vidas perdidas, la prensa concentrada se las imputa al gobierno, aún cuando entre las víctimas hay no pocos chavistas. La derecha boliviana se quedó sin argumentos y casi sin posibilidades políticas luego de aquel ataque. Con que esta comisión creada bajo la indudable influencia de Bachelet repita el accionar de su antecesora, también desmentirá la frase que se atribuye a Perón.
Por lo pronto, la presión mediática se acelera por estas horas y también las emboscadas criminales. Y es que mucho más que el gobierno nacional se juega en las calles venezolanas.

Tiempo Argentino
Marzo 14 de 2014

Colombia: un sinuoso camino hacia la paz

Favorito para la reelección, el presidente Juan Manuel Santos está enfrentado con quien fue su mentor, Álvaro Uribe, y con la derecha, que sabotea los acuerdos con las FARC.

 A menos de cien días de las elecciones presidenciales –que se llevarán a cabo el 25 de mayo y en las que aparece como favorito para lograr la reelección– Juan Manuel Santos tuvo que reemplazar la cúpula de las fuer-zas armadas tras un nuevo escándalo
dentro de las filas castrenses. Esta última turbulencia comenzó a desplegarse luego de que a principios de febrero la revista Semana publicara información muy detallada y documentada sobre espionaje de miembros de Inteligencia del Ejército colombiano a los negociadores por la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en La Habana, y luego continuó con la publicación de contratos amañados y coimas para jefes militares.
Detrás de esta nueva ronda de chuzadas (pinchaduras telefónicas, como se las conoce en el país de García Márquez), está la mano siempre presente del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, y, junto con él, de todos los que tienen mucho más por perder que por ganar con el fin de una guerra civil que ya lleva cuatro décadas, más de 100.000 muertos y cerca de 4 millones de desplazados.
La primera vez que se levantó polvareda con el espionaje telefónico fue durante los últimos meses de la gestión Uribe, cuando el mismo semanario publicó que desde una oficina del Departamento Administrativo  de Seguridad, la temible policía secreta DAS, se había vigilado al sucesor de Uribe, el propio Santos, y a sus allegados más íntimos.
Si bien Santos había sido ministro de Defensa del ultraderechista Uribe y le cabe su responsabilidad en el cuestionado ataque a un campamento de las FARC en Ecuador que costó la vida del entonces líder guerrillero Raúl Reyes y otros 16 integrantes del grupo el 2 de marzo de 2008, desde que llegó al poder dio un giro hacia posiciones políticas más «civilizadas». Por empezar, asumió en medio de una escalada belicosa de Uribe contra el venezolano Hugo Chávez, que, gracias a la intervención del ex secretario de Unasur, Néstor Kirchner, pudo saldarse con un encuentro entre ambos el mismo día del cambio de mando, el 7 de agosto de 2010.
Desde entonces, con sus altibajos, no solo mejoró la relación entre Colombia y Venezuela, sino que el propio Chávez fue un factor determinante para el inicio de conversaciones de paz serias y positivas con las FARC, primero en Oslo y desde setiembre de 2012 en La Habana. Pero la espada siempre afilada de los uribistas y de los grupos más reaccionarios dentro del espectro político-militar colombiano pende sobre todo este proceso de un modo dramático.

El procurador
En este contexto es que se deben enmarcar las actitudes de un personaje tan controvertido como retrógrado: el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado. Miembro convencido del Partido Conservador, es un militante católico desde su más tierna infancia. Por ejemplo, participó, cuando todavía no tenía 24 años, el 13 de mayo 1978 –día de la Virgen de Fátima– de una quema de libros organizada por la sociedad San Pío X en su Bucaramanga natal. El abogado y jurista lo explicó cuando tuvo que dar cuenta de su pasado ante la comisión del Senado que debía aprobar su designación como Procurador, en setiembre de 2009. Dijo, entonces, que efectivamente, con un grupo de compañeros de escuela, habían salido a quemar libros y publicaciones que consideraban pornográficos. Alguien rescató la octavilla de invitación a ese acto, que catalogaba a ese material de «revistas pornográficas y publicaciones corruptoras» y convocaba al acto incendiario para las 8 de la noche de ese día en el parque San Pío X «en desagravio a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra». Su tesis doctoral en la Universidad Santo Tomé, de Bogotá, del año 1979, tenía el sugestivo título de «Presupuestos fundamentales del Estado Católico». No hace falta agregar que es un ferviente opositor al matrimonio igualitario y a la legalización del aborto.
Pero al margen de extremismos, la cuestión no es tanto cómo y por qué un fundamentalista accede a un puesto tan delicado en cualquier sistema democrático. El tema de fondo es que, tras la reforma constitucional de 1991, el cargo ofrece la oportunidad de deshacerse de enemigos políticos o ideológicos con precisión quirúrgica y pasando por sobre la voluntad de los ciudadanos. Porque, oculto bajo el argumento de que un régimen político democrático debe contar con una institución que vele por la transparencia y la ética públicas, se le dieron a la Procuraduría las potestades no sólo de destituir al más encumbrado dirigente ejecutivo o legislativo, sino de inhabilitarlo para cualquier cargo público sin derecho a una demanda en una instancia superior.
En tal sentido, el récord que acumuló Ordóñez es impactante: desde 2009 se «sacó de encima» a 981 alcaldes, 709 concejales, 59 gobernadores, 18 diputados, 12 senadores y 10 representantes. Argumenta que los hay de todos los partidos. Sin embargo, los casos más sonados fueron el de la senadora Piedad Córdoba, destituida en 2010 e inhabilitada por 18 años a raíz de sus contactos con las FARC, y el de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, acusado de «desprivatizar» el servicio de recolección de residuos de la capital.
Córdoba sigue siendo una de las más enconadas luchadoras por la pacificación en el país y, en ese sentido, mantuvo reuniones con representantes de la guerrilla para acordar condiciones de de diálogo con el gobierno. Algunos de esos contactos, según el enfervorizado fiscal, estaban registrados en la computadora que había pertenecido a Raúl Reyes y que fue encontrada en el ataque a territorio ecuatoriano.

Desprivatizador expulsado
El segundo caso de relevancia fue el que en diciembre pasado recayó sobre el alcalde de Bogotá. Petro fue exonerado del cargo en el que lo había puesto el electorado bogotano e inhabilitado para la función pública por 15 años. ¿Su delito? Se habían vencido los contratos para la recolección de basura, y Petro decidió implementar un sistema público. Las empresas contratistas –alguna de ellas incluso de origen argentino– que según contrato debían dejar el servicio pero también los camiones que estaban utilizando, hicieron una chicana judicial para demorar la entrega de los vehículos. Durante una semana de transición, el gobierno capitalino no tuvo cómo recoger los desperdicios y la bella ciudad amaneció con montañas de basura acumulada en las calles, hasta que la cosa se solucionó contratando otros camiones privados. Para la Procuraduría, la «desprivatización» fue motivo suficiente para considerar como desastrosa la administración de Petro y expulsarlo del gobierno. Y, además, para alejarlo de cualquier pelea posterior en la arena política por tres lustros.

Si la expulsión de Córdoba era leída como un ataque a la posibilidad de acuerdos con la guerrilla para poner fin a más de cuatro décadas de matanzas, la causa contra Petro lo terminó de confirmar: el alcalde había sido militante del grupo M-19 y pasó dos años preso hasta que, nuevamente en libertad, fue uno de los firmantes de los acuerdos que permitieron en 1987 el primer proceso de pacificación en ese país. Convertido en partido político como Alianza M-19, el grupo fue diezmado por ataques que le costaron la vida a la cúpula partidaria; entre ellos, a un candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, en 1990. Un año más tarde, sin embargo, Petro y el resto de los militantes que quedaban fueron partícipes de la reforma constitucional que, paradojas mediante, elevó el cargo de Procurador poco menos que al de un dictador sin posibilidades de ser vetado.
De allí que, ni bien se supo de la destitución del alcalde, los negociadores de la guerrilla en La Habana, de la mano de Iván Márquez, amenazaron con retirarse de la mesa de diálogo. No era para menos: entre la amplia agenda de debate, uno de los puntos más relevantes para cualquier acuerdo es el de la reinserción de los guerrilleros en la arena política. Si dejan las armas es, obviamente, para continuar su lucha por medios de una agrupación política. Si desde un estamento del Gobierno como es la Procuraduría se sabotea esta posibilidad, no queda mucho más por discutir. Por otro lado, los antecedentes de lo que había pasado con el M-19 y los ataques sufridos por los movimientos políticos afines (ver recuadro) no son cuestiones menores.
Para colmo de males, la prensa reveló que desde la tapadera de un restaurante en Bogotá se espiaban las conversaciones de los negociadores del gobierno ante las FARC. Podría haber resultado entendible que lo hicieran con los guerrilleros; después de todo, el aparato montado con apoyo del Pentágono para combatir a los grupos insurgentes –hay otra pata que es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que quiere entrar también en el diálogo– cuenta con los elementos más sofisticados para vigilar los menores intersticios de la sociedad en su conjunto. Entre ellos están los dispositivos para rastrear o interceptar cualquier comunicación electrónica, como demostró Edward Snowden sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense en todo el mundo.
Lo curioso es que también «chucen» a los enviados del gobierno de Santos; una prueba de que el actual presidente no es confiable para los que manejan los hilos detrás del poder en Colombia, y una señal de preocupación para quienes esperan acuerdos de paz duraderos y respetados en ese país.

Antecedentes a tener en cuenta

La ex senadora Pilar Córdoba, una de las fundadoras de Marcha Patriótica, una agrupación que busca canalizar las expectativas de la centroizquierda y de quienes aspiran a pacificar el país y terminar con la sangría que sufre la población desde hace décadas, denunció la muerte de una treintena de militantes sólo en 2013.
Cuando a fines de los 80 el M-19 firmó un acuerdo de paz con las autoridades colombianas, también hubo una masacre contra quienes pretendían insertarse en un sistema político que dejara espacio para todas las ideas.
Pero el antecedente más grave de lo que puede ocurrir si los acuerdos de las FARC y el gobierno de Santos no resultaran respetados por los grupos más extremistas de la derecha datan de mediados de los 80. Para esa época se había creado el partido Unión Patriótica (UP) como el canal para que los grupos guerrilleros pudieran integrarse al sistema democrático. Formaron parte de él miembros del movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), del ELN y de las FARC pero también participó el Partido Comunista Colombiano (PCC). Grupos ultraderechistas asesinaron en un corto lapso a dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5.000 militantes de base.
Cualquier acuerdo implica, hoy día, una amplia amnistía para los guerrilleros, que cargan con procesos judiciales de toda laya. En este contexto, el presidente Santos logró aprobar una ley denominada Marco Jurídico para la Paz. El inefable procurador Ordóñez declaró que esa normativa «es un instrumento mediante el cual se privilegia al victimario y se sacrifica a la víctima en el altar de la impunidad». No pudo evitar que se aprobara, pero sabe cómo hacer para boicotearla.

Revista Acción

Marzo 1 de 2014

Los superhéroes del márketing político

A fines del siglo pasado, Argentina se desayunaba con la llegada de asesores de imagen estadounidenses para la campaña que llevó al gobierno al radical Fernando de la Rúa. Su principal contendiente, Eduardo Duhalde, se había traído a la estrella del momento, James Carville, gestor de la campaña que llevó al poder a Bill Clinton. La Alianza no se había quedado atrás y convocó a Dick Morris, que había trabajado para los republicanos. Ante las pocas posibilidades que mostraba el candidato peronista, llegó el brasileño Duda Mendonça, que se había posicionado junto a Lula da Silva en 2002, pero tampoco pudo hacer mucho por el ex gobernador bonaerense que, sin embargo, de todas maneras ocuparía el sillón de Rivadavia un par de años más tarde. Otros consultores de marketing político tendrían su cuarto de hora de fama hasta llegar al inefable ecuatoriano Jaime Duran Barba.
Por estas horas, un experto en vender candidatos se ufana de haber hecho otra marca en la culata de su Colt: se trata del venezolano Juan José Rendón Delgado, más conocido como JJ Rendón o directamente JJR, un caraqueño que ostenta un récord de 26 candidatos ganadores y sólo tres derrotas: las tres en su país natal y a manos del chavismo. El presidente Nicolás Maduro lo tildó hace poco de "piltrafa humana" no sólo por las características de sus campañas –decirles sucias puede sonar a flojo– sino por la saña en contra del modelo chavista que despliega en todo el mundo. Como es de rigor, JJR reside en Miami. Y su vuelta a Venezuela se torna complicada en virtud de una causa por violencia de género abierta en un juzgado que pidió a Interpol su captura.
JJR fue el hombre detrás de la campaña de Juan Orlando Hernández, proclamado presidente electo en Honduras. Ya había asesorado a Porfirio Lobo Sosa, el hombre del Partido Nacional que ganó los comicios de 2009 tras el derrocamiento de Manuel Zelaya. Dice que la democracia corre riesgo en América Latina y que en Venezuela directamente hay una dictadura. Pero, al mismo tiempo, aplaude el fervor democrático de la dirigencia hondureña, ignorando el golpe de 2009. JJR tiene otros galardones en su haber. Entre ellos, las campañas de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en Colombia y la de Enrique Peña Nieto en México. Su debut había sido con Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en su patria.
Hernández no perdió tiempo este domingo, luego de declararse ganador, para enviar un mensaje de reconocimiento al que considera factótum de su éxito electoral. Y, como un futbolista, que suelen hablar en infinitivo, declaró: "Agradecer a un gran amigo, a un artífice de dos victorias consecutivas del Partido Nacional como estratega general de la campaña, a JJ Rendón, que hoy no está aquí presente por un montaje que le hicieron (por la causa penal), por defender los derechos civiles de todo el mundo, esto nos demuestra que la gente no vota por los ataques a los consultores, vota por lo candidatos y yo le digo a JJ, allá en Estados Unidos: te esperamos para la toma de posesión el 27 de enero que será tu cumpleaños, y eso será también algo que vamos a compartir, y a todos los miembros del equipo de JJ que lucha incansablemente por la democracia para que prevalezca y no retroceda en nuestro continente; mi cariño y aprecio de siempre." JJR devuelve gentilezas diciendo que "seguir hablando de un gobierno espurio, sacado de un proceso irregular, es desconocer lo que realmente pasó en Honduras".
Hernández es un empresario hondureño proveniente de una familia de clase media rural lo suficientemente próspera como para alimentar y dar estudio a 17 hermanos (JOH es el número 15). Abogado de profesión y nativo del departamento de Lempira, que es el nombre de un cacique que luchó contra los españoles cuando la conquista y fue asesinado mientras estaba negociando un acuerdo de paz con los invasores. Lempira es también es, en su honor, el nombre de la moneda nacional, que cotizaba ayer a 20 por dólar. JOH estudió en el Liceo Militar del Norte y tras graduarse en Tegucigalpa hizo un máster en Administración Pública en Estados Unidos. Desde 1998 es elegido diputado al Congreso Nacional, lo que no impidió que siguiera creciendo su fortuna. Tiene plantaciones de café, hoteles y un pequeño grupo de radios y televisoras en su distrito. Tras el golpe ocupó altos cargos en la asamblea y fue presidente del Congreso con Lobo en el gobierno. Sus críticos dicen que se manejó de un modo tan autoritario que hasta el rico dirigente empresarial Adolfo Facussé, uno de los que más hizo para voltear a Zelaya, lo llamó "pequeño dictador en ciernes".
JJR le diseñó a JOH una campaña bastante sencilla que le alcanzó para ganar y quebrar una tendencia histórica: a un gobierno del PN le seguían dos del Partido Liberal. Zelaya fue presidente por el PL pero, esta vez, su esposa Xiomara Castro fue con su propia agrupación, Libre, con la que le mordió los talones a JOH –todo indica que oficialmente terminarán 35 a 29 por ciento–. Si Libre y el PL hubiesen ido juntos, habrían sumado un 49%, un triunfo sí demoledor. Pero algo pasó en Honduras en estos años.
Las consignas de JJR pueden verse en una foto que circuló por la Web donde el consultor aparece, didáctico, frente a un cartel con algunas frases. "Repita después de mí, JOH, *izquierda radical, *los violentos son ellos, *la crisis del 2009, *pleito entre liberales, *dónde está XCZ, *soy inteligente."
Son latiguillos que todo partidario de JOH debía repetir aunque no viniera a cuento: XCZ (Xiomara Castro de Zelaya) es la izquierda radical, los violentos son ellos, que también produjeron la crisis de 2009 (fue una crisis, no un golpe, se entiende). Votar a XCZ o al representante del PL es meterse en un pleito entre liberales, la candidata no aparece y, finalmente, soy inteligente. Es decir, voto a JOH porque soy inteligente. Con eso sedujo a poco más del tercio de la población.
JJR se fue de Venezuela luego de que Chávez ganara el referéndum revocatorio, en 2004. Cuando recaló en Colombia, la revista Semana le dedicó una amplia cobertura a sus antecedentes. Mostraba el CV que él mismo había colgado en su web, donde se presenta como recibido en Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, con un posgrado en Desarrollo Organizacional y especializaciones en Psicología de la Comunicación y Masas, Planificación Estratégica y Gerencia en Publicidad y Mercadeo, además de estudios en Rumorología, Memética, Cinético-Proxémica y Liderística, todas ellas disciplinas seudocientíficas laterales a la Psicología. También dice que obtuvo un posgrado en Italia en Ontopsicología.
Según los difusores de esta novedosa rama de las Ciencias Sociales, "la Ontopsicología forma parte de una postura filosófica oficial de la teología vaticana que intenta retomar la conducción de la cultura en el ámbito greco-latino". Y agrega que esta orientación resulta ser "un reciclaje de la metafísica escolástica, pretendiendo con ello retomar el control de toda la cultura, través del manejo psicológico de extensos grupos sociales (Santibañez-H. 1997, Wojtyla, J. Pablo II, 1998)".
En su ya tradicional disputa con el chavismo y ahora con Maduro, en uno de sus últimos tuits JJR le recomienda al presidente bolivariano que escuche las lecciones de economía del español Jesús Huerta de Soto Ballester, uno de los más notorios seguidores en la península del pensamiento del ultraneoliberal austríaco Ludwig von Mises.
Según Semana, hasta octubre de 2007 JJR era poco conocido en Colombia, cuando el congresista Nicolás Uribe de la U, "lo amenazó con destruir su carrera política e inventarle una historia en la que lo vincularía en líos con prostitutas (…) con el objeto único que intercediera por la destitución de un funcionario del alto Gobierno". Tres años más tarde, y cuando la justicia desechó una denuncia penal por el caso, su abogado dijo que, pudiendo presentar una demanda por calumnias contra el ex legislador, "mi cliente, en su inmensa generosidad ha decidido no interponer ninguna acción legal".
JJR recibió condecoraciones por su "contribución a la democracia". En 2011 le entregó una medalla Porfirio Lobo, "por su incursión en los procesos democráticos en América Latina y su experiencia en el área del marketing político". Un año después, los alcaldes y un congresista del sur de Florida, en Estados Unidos, le entregaron otro premio en el Hotel Intercontinental Doral de Miami. "Por sus exitosos 25 años de defensa y construcción de la democracia", era el lema. "Por su afirmación de que trabajaba sólo para candidatos opuestos al eje castro-chavista", explicaban.
El otro latinoamericano que pretende anotarse para el podio del marketing político, Duran Barba, estuvo en Honduras junto con su socio Rodrigo Lugones, confirma el diario La Prensa. No le fue bien, su "pollo" Mauricio Villeda (tocayo de Macri) salió tercero con poco más de 20% de los sufragios, según el TSE. Duran Barba y Lugones están acusados en la causa por la campaña sucia contra el padre de Daniel Filmus en 2011, que todavía duerme en un despacho judicial. Lugones también tiene su carrera: comenzó con De la Rúa y luego trabajó para los demócratas en Estados Unidos.

Tiempo Argentino
Noviemnre 29 de 2013