No es casual que el primer viaje de la flamante presidenta chilena sea a
Buenos Aires y Brasilia. Es cierto que comparte 5300 kilómetros de
frontera con la Argentina y que Brasil es la potencia económica
regional. Pero no es menos cierto que en los últimos cuatro años esos
parámetros fueron los mismos y Sebastián Piñera hizo poco y nada para
acercarse a los vecinos del Mercosur. Más bien aceleró el impulso para
desarrollar lazos "neoliberales" con la Alianza del Pacífico, ese grupo
más afín a la estrategia del Departamento de Estado puesto en marcha el
28 de abril de 2011, esto es, el presente griego con el que Alan García
le entregó el poder a Ollanta Humala, justo dos meses más tarde.
Es interesante observar las movidas políticas de estos días en América
Latina para comprender mejor el momento que vive la integración
regional. Y también desempolvar algunas cuestiones que por sabidas no
viene mal tener presentes, por eso de que el negocio de los medios es
sacarlas de contexto para mostrarlas como hechos puntuales e
irrelevantes.
El domingo pasado, Colombia fue a las urnas para elegir al nuevo
Parlamento. El que debería aprobar eventuales acuerdos de paz con las
FARC, que aceptaron sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno de
Juan Manuel Santos ante un pedido muy fundamentado de Hugo Chávez.
Venezuela y Colombia estuvieron a punto de trenzarse en una guerra unas
semanas antes de que Álvaro Uribe entregara la banda presidencial a
Santos. Si no llegaron a las armas fue por la intervención de Néstor
Kirchner, por entonces secretario general de la Unasur, que logró
acercar a Santos y Chávez, desde entonces dos nuevos mejores amigos,
según palabras del líder bolivariano.
Uribe, como el peruano García, le quiso dejar un presente griego muy
difícil de digerir a Santos, que la oportuna reacción regional pudo
evitar a tiempo. Uribe se presentó este domingo como candidato a
senador. Las encuestas lo daban como ganador seguro de su banca, cosa
que ocurrió. Pero aspiraba a un resultado importante para, desde su
escaño, controlar el Congreso y desde allí trabar cualquier acuerdo
pacifista y, de paso, condicionar la reelección de Santos este 25 de
mayo. Ante el resultado puesto, Uribe no tuvo mejor idea que denunciar
fraude.
Un triunfo rotundo o más o menos impactante de Uribe hubiese
significado, además, una muy mala noticia para Venezuela, que tiene
también una larga frontera común, de 2200 kilómetros. Como ocurre entre
todos los países de la región, ese confín no es un verdadero límite, ya
que a través de esa línea cruzan bienes y haciendas, al punto que hace
un par de meses, ambos gobiernos firmaron acuerdos para perseguir el
contrabando. Pero también cruzan paramilitares que se inmiscuyen en la
crisis que desató la oposición derechista venezolana.
Santos mantuvo una posición de una relativa ambigüedad en torno al
conflicto vecinal. No salió a defender a todo trapo a Nicolás Maduro, y
habló elípticamente de mantener el diálogo entre las partes y respetar a
las instituciones. Pero en la reunión de la OEA de la semana pasada en
Washington, apoyó la posición mayoritaria a favor de respaldar la
democracia y el espacio de diálogo que abrió el gobierno. Lo que levantó
las esperables quejas de Uribe. En Perú, por haber adoptado una
posición igualmente intermedia, García acusó a Humala de estar pagando
las deudas de su campaña con Chávez. Ambos "ex" aspiran a una
intervención que nadie aceptaría por estos lados.
Mientras tanto, en Chile asumía Bachelet y se conformaba una comisión de
cancilleres de Unasur para que "acompañe, apoye y asesore en un diálogo
político amplio y constructivo para recuperar la convivencia pacífica
en Venezuela". Coincidieron los ministros de Relaciones Exteriores en
que este comité fue propuesto a pedido del gobierno de Maduro y que de
lo que se trata es de buscar una salida a una crisis que atenta contra
la democracia y la Constitución. Y como dijo Bachelet, que no se
aceptarán golpes de estado en esta parte del mundo. Que lo haya dicho la
hija de una víctima de la dictadura pinochetista, que recibió la banda
presidencial de la hija del mandatario constitucional que murió antes
que dejar el poder en manos de golpistas y criminales, algo significa.
A Juan Domingo Perón, conocedor del alma humana tanto como de las mañas
de la política, se le atribuye una frase que dejó huella: "Cuando
quieras que algo no funcione, creá una comisión." Sin embargo, la
realidad del Mercosur desmiente ese aserto. La Unasur nació como un
deseo de los presidentes que coincidieron en el poder en 2004
–fundamentalmente Chávez, Kirchner y Lula da Silva–, pero su nacimiento
se oficializó el 23 de mayo de 2008. Por una cuestión orgánica –se quiso
crear una instancia que tuviera el mayor consenso–, sólo alcanzaría
estatus institucional cuando al menos nueve de los parlamentos de los 12
países lo hubiesen refrendado. Y eso ocurrió recién en marzo de 2011,
cuando lo ratificó Uruguay. Luego lo harían Colombia y Paraguay.
Unasur era como quien dice un sello de goma cuando Bachelet se hizo
cargo de la primera presidencia pro témpore del organismo. En ese 2008,
la Argentina padecía el embate de la Mesa de Enlace, que el 12 de marzo
había desensillado con la primera reunión para oponerse a las
retenciones móviles. Paralelamente, el gobierno de Evo Morales sufría la
embestida de la derecha de la Media Luna Fértil del Oriente, que
buscaba directamente la secesión de los ricos territorios donde ahora
fructifica la soja.
Como resultado de las protestas contra Evo –al que descalificaron
básicamente por ser el primer presidente aymara en la historia de un
país mayoritariamente indígena–, el 11 de setiembre hubo una matanza de
campesinos en la localidad de El Porvenir, cerca de Cobija, la capital
de departamento de Pando. Grupos ultraderechistas habían atacado la sede
de las oficinas del Instituto de la Reforma Agraria donde estaban
depositados los títulos de propiedad de los campos. Eliminando los
registros, se demoraba la política de repartir tierras estatales a
campesinos pobres. Tierras que la oligarquía sojera aprovechaba para su
usufructo.
Ese 11 de setiembre hubo una marcha de campesinos que fue baleada y
apaleada, tanto por efectivos policiales como por paramilitares. El
gobierno local estaba –como en el resto del Oriente boliviano– en manos
de la derecha, a través del prefecto Leopoldo Fernández. En la matanza
cayeron 20 campesinos y otros cinco fueron desaparecidos. El gobierno de
Evo ordenó detenerlo una semana más tarde, cuando los testimonios
indicaban la responsabilidad de las autoridades de Pando por haber
ordenado parar la marcha a como diera lugar, o por no haber hecho nada
para impedir la masacre.
De más está recordar lo que se publicó sobre la detención del mandatario
departamental. La sensación generalizada era que se venía un golpe en
Bolivia. El problema es que para voltear al gobierno se necesita de las
fuerzas armadas, y los uniformados ya habían dado muestras de que no
querían más aventuras golpistas. Por otro lado, en este caso puntual
podría haber implicado terminar fomentando una secesión, cosa que ningún
militar habría aceptado.
Rápida de reflejos, Bachelet estrenó su cargo poniéndose en contacto con
los demás presidentes e impulsó la creación de una comisión
investigadora de lo que se llamó la Masacre de Pando. Al frente de ese
organismo, y a sugerencia de Cristina Fernández, se nombró a Rodolfo
Mattarollo, un militante por los Derechos Humanos desde la dictadura de
Alejandro Lanusse que luego tuvo que exiliarse en Francia y
posteriormente participó en investigaciones sobre delitos de lesa
humanidad en varios países del mundo, con organismos dependientes de la
ONU. En diciembre de ese año, Mattarollo, que fue acompañado por
expertos de nueve países, entregó el informe donde se corroboraban las
denuncias previas y se indicaba al gobierno de Evo Morales la necesidad
de investigar a fondo. "La comisión expresa la convicción intelectual y
moral según la cual el 11 de septiembre de 2008, en la localidad de
Porvenir y otros sitios de Pando, Bolivia, se cometió una masacre",
sentenciaba el documento, de 63 páginas.
La situación en Venezuela se asemeja mucho. Otro Leopoldo, López, fue
detenido acusado de instigar las guarimbas, esas marchas violentas que
ya se cobraron 28 víctimas. Cada una de esas vidas perdidas, la prensa
concentrada se las imputa al gobierno, aún cuando entre las víctimas hay
no pocos chavistas. La derecha boliviana se quedó sin argumentos y casi
sin posibilidades políticas luego de aquel ataque. Con que esta
comisión creada bajo la indudable influencia de Bachelet repita el
accionar de su antecesora, también desmentirá la frase que se atribuye a
Perón.
Por lo pronto, la presión mediática se acelera por estas horas y también
las emboscadas criminales. Y es que mucho más que el gobierno nacional
se juega en las calles venezolanas.
Tiempo Argentino
Marzo 14 de 2014
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