Venezuela en la encrucijada

Venezuela está, una vez más, en el centro de una disputa trascendente. Lo supo Simón Bolívar cuando percibió que el Congreso Anfictiónico con el que soñaba unir a las antiguas colonias españolas no llegaba a buen puerto. Lo corroboró cuando vio que se le escapaba como arena entre los dedos la Gran Colombia en la que pretendía nuclear a las naciones del extremo noroeste del subcontinente durante la segunda década del siglo XIX. Lo sabía Hugo Chávez, a quien se lo recordó a un año de su muerte como el gran gestor de la integración regional. Y lo aprendió su sucesor, Nicolás Maduro, que no por casualidad sufre el embate de la oposición más acérrima fronteras adentro y de los sectores de la derecha continental.
Como una voltereta inesperada de la historia, aquel congreso de Panamá, que Bolívar pensó como el ámbito para integrar una suerte de federación hispanoamericana, fue la excusa con la que Estados Unidos vino presionando a los gobiernos latinoamericanos ya desde 1890 para construir «unidad continental». Una unidad, claro, basada en los principios más ventajosos para Washington.  Conviene aquí confrontar algunas fechas clave: el Congreso bolivariano logró reunirse en 1826, tres años después de que el presidente James Monroe proclamara la doctrina que establece que América debe ser para los americanos, lo que al norte del Río Bravo quiere decir exactamente que el continente pertenece a Estados Unidos.
El fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría fue el momento adecuado para que las aspiraciones de Monroe encontraran su cauce. La Organización de Estados Americanos se fundó en 1948, y tiene su sede en Washington. Son conocidos los derroteros del organismo desde entonces. Seguramente el hito más definitorio es la expulsión de Cuba en 1962 por no adherir a los «principios democráticos» al uso estadounidense.
Pero la región se modificó en la última década, y detrás de cada uno de esos cambios está la mano de Chávez y de Venezuela; tanto que Cuba tuvo que ser readmitida, en 2009, por votación de la amplia mayoría de los gobiernos regionales. Con justa razón, la respuesta de los cubanos fue que no tenían interés en reincorporarse. Para entonces, Unasur ya era una instancia de integración para los países sudamericanos que se había probado eficaz al impedir los golpes en Bolivia y Ecuador. Fue entonces que Chávez apuró la creación de una entidad que nucleara a todos los países de América y el Caribe, sin participación de Estados Unidos ni de Canadá, el socio irreductible de su vecino. Así nació la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Mecanismo golpista
Con sagacidad, el líder bolivariano buscó integrar naciones, más allá de gobiernos circunstanciales, y por eso la primera presidencia pro témpore recayó en el chileno Sebastián Piñera, quien luego entregó el cetro a Raúl Castro. Este gesto reciente explica en buena medida las últimas jugadas de la derecha radicalizada de Venezuela. La segunda cumbre de la CELAC se desarrolló el 28 y 29 de enero pasado en La Habana. La importancia del organismo quedó reflejada en que asistió al encuentro el secretario general de la ONU, el coreano Ban Ki-moon. Pero el dato clave es que también participó su homólogo de la OEA, el chileno José Miguel Insulza. Las cartas estaban jugadas a favor de una integración entre pares y con mucho predicamento.
Para comprender mejor cómo se fue armando el mecanismo de relojería que puso en vilo a Venezuela y al resto del continente es bueno recordar que, antes de su última internación en La Habana, Chávez designó como sucesor al que fue su canciller y mano derecha desde sus inicios en la lucha política, Nicolás Maduro. Refrendado para un nuevo mandato en octubre de 2012 con 11 puntos de diferencia sobre el candidato de la oposición –el gobernador de Miranda, Henrique Capriles–, Chávez no llegó a asumir su nuevo mandato. Maduro, presidente provisional, debió enfrentar una crisis económica generada por la inestabilidad a la que se veía sometido el país a raíz del agravamiento de la enfermedad de Chávez –y también por errores de gestión–, y dispuso  una devaluación de casi el 50% de la moneda local en febrero de 2013, lo que agudizó las tensiones en una sociedad que venía enfrentando una crisis económica y el desabastecimiento de productos esenciales. Con la muerte del mandatario, el 5 de marzo, se debió convocar nuevamente a elecciones en un marco de desafío al liderazgo de Maduro, un ex dirigente gremial del transporte público. El oficialismo ganó los comicios del 14 de abril por apenas un punto y medio de diferencia, o 320.000 votos. La derecha, enrolada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no esperó para salir a las calles a denunciar fraude. Ya entonces hubo una decena de muertos en enfrentamientos. Capriles se convirtió en el abanderado de la protesta y tildó a Maduro de «ilegítimo». Siguiendo el manual básico del «golpe blando», se sumó a las campañas para primero deslegitimar al mandatario electo, luego ridiculizarlo y finalmente forzar el derrocamiento.
El 8 de diciembre pasado los venezolanos volvieron a las urnas para elegir alcaldes en 337 distritos de todo el país. La campaña de la MUD se basó en la idea de plebiscitar la tarea aún incipiente de Maduro. Envalentonado por la escasa diferencia de abril, Capriles apostó al desgaste que iba a tener un mandatario que no había alcanzado a afianzar todos los resortes de la nación tras la desaparición física de un líder tan personalista y aglutinante como Chávez. En Venezuela, el Banco Central mide la inflación y también entrega el índice de desabastecimiento, que señala la cantidad de productos que no encuentra el público en los centros de distribución. Los últimos datos señalan una inflación del 56% para 2013 y un faltante de 28% de productos; principalmente, azúcar, harinas, aceite, café y papel higiénico. Son rubros que, se sabe, generan malestar en la sociedad y que fueron, en su momento, desencadenantes de las protestas de las clases medias contra Salvador Allende en Chile en los 70. La acción del gobierno logró revertir algunos de esos inconvenientes y, más aún, hizo rebajar los precios de electrodomésticos a valores compatibles con el dólar oficial –desde 2003 hay mercado de cambios controlado–, que está entre 6,3 y 11,5 bolívares, según qué tipo de operación se haga. A fines de noviembre hubo un boom de ventas que contradijo las expectativas más pesimistas y la derecha también se quejó por este «festival» del consumo.

Hablaron las urnas
En definitiva, el chavismo logró una diferencia de un 10% sobre la derecha en la sumatoria de los votos y retuvo más del 70% de las comunas. Cierto es que perdió en distritos claves como Caracas, Barcelona y Chacao, por mencionar a algunos. Pero si la oposición esperaba apurar algún referendo revocatorio –por la Constitución, correspondería recién en 2016– o pensaba generar condiciones para un levantamiento masivo, no tuvo cómo. De todos modos, tampoco es que la MUD fue aplastada, ya que mantuvo e incluso amplió presencia en bastiones tradicionales del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).
El resultado de diciembre no sólo hizo acallar las sospechas de fraude sino que dejó emerger las diferencias que existen entre los distintos actores de la derecha desde la fundación de ese conglomerado que reúne intereses diversos y hasta contradictorios con el único objetivo de acabar con el modelo chavista. Es decir, a la MUD no la une el amor sino el espanto.
Capriles, el activo gobernador de Miranda, se cargó la campaña al hombro, jugándose una patriada que lo expuso demasiado en un sendero que no todos comparten a su alrededor. El líder opositor fue uno de los más implacables críticos del acercamiento a Cuba y llegó a ocupar la sede diplomática cubana en Caracas en la intentona golpista de abril de 2002, violando las convenciones internacionales. Ante cada protesta del gobierno por la injerencia estadounidense, siempre respondió alegando injerencia cubana. Suele decir que Maduro viaja a La Habana «a recibir instrucciones de los Castro». Su jefe de campaña fue otro notorio anticubano que lo acompañó en aquellas jornadas de 2002: el ex alcalde de la comuna capitalina de Chacao, Leopoldo López. A los 42 años, este economista con un máster en Harvard ya no quiere esperar más y, tras la derrota de diciembre, aceleró su decisión de salir a las calles de todo el país para apurar la caída de Maduro. Poco importaba el apoyo electoral al PSUV; para él, el imperativo era derrocar al presidente. Y no lo disfrazó con un discurso políticamente correcto, lo dijo con pelos y señales.
Lo acompaña en esta gesta la diputada Corina Machado, quien, al margen de su anticubanismo visceral, aparece en filtraciones de Wikileaks como asidua visitante de «la embajada», además de haber sido recibida en alguna ocasión por el entonces presidente George W. Bush para tratar precisamente la situación venezolana. Tampoco ella es de callar sus objetivos: quedarse en la calle hasta que el gobierno se vaya. La disputa estratégica se venía deslizando desde hacía meses. Capriles, si bien usaba todos los micrófonos y estamentos políticos para cuestionar la legitimidad de Maduro, apostaba a derrotarlo en elecciones. Por eso habla de «convencer» a chavistas descontentos para que le den su voto antes que de enfrentar al oficialismo de un modo violento. Sabe que así lo único que lograría sería asustar a quienes temen perder las conquistas que lograron en estos 15 años. Por eso, también, casi le gana a Maduro prometiendo «mejorar» lo que no está bien y mantener los beneficios obtenidos por las capas más bajas de la población.

Línea dura
López, en cambio, sabe que por esa vía él y los más reaccionarios dentro de la derecha no tienen cabida. Pero, además, y en esto está el quid de la cuestión, Estados Unidos necesita tener el «patio trasero» controlado para mantener la ofensiva en otros frentes, como el de Oriente Medio  y el que la Unión Europea le facilitó en Ucrania. La convocatoria de la CELAC es una muy mala noticia para esta estrategia. Y Venezuela es la llave para avanzar sobre el resto de los gobiernos díscolos ue desde el «No al Alca» de Mar del Plata en 2005 le vienen dando tantos dolores de cabeza.

Fue en este marco que López y Machado apuraron una «pueblada» aprovechando una marcha de los estudiantes para celebrar el Día de la Juventud, el 12 de febrero pasado. Bajo la irritación por algunos casos puntuales de estudiantes víctimas de violencia callejera –la inseguridad ciudadana es otra factura que le pasan al chavismo–, lo que podría haber sido una manifestación pacífica terminó con tres muertos y un clima de efervescencia que no se veía en el país desde las guarimbas de 2004. Los cultores de estas protestas violentas se amparan en el artículo 350 de la Constitución bolivariana, que señala como un deber ciudadano desconocer «cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos y menoscabe los derechos humanos». Por eso, de inmediato, los medios concentrados –y sobre todo las cadenas internacionales– pusieron el grito en el cielo contra lo que denominaron un ataque a las libertades civiles en Venezuela. La palabra represión aplicada a un gobierno como el del PSUV fue un baldón contra el que tenían que justificarse las autoridades en medio de un clima destituyente. Poco importaba el «plebiscito» de diciembre a esta altura.
La fiscalía general del país, al cierre de esta edición, había confirmado un total de 22 muertos en las refriegas, entre los que había varios militantes chavistas. También reveló que se investigaba una veintena de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de fuerzas de seguridad, aclarando que no había en ningún caso consentimiento de sus superiores. Entre tanto, la justicia pidió la captura de Leopoldo López, quien se entregó en una estudiada maniobra tras una marcha hasta la fiscalía. No son pocos los que consideran que es un error político, porque lo hace aparecer como víctima de un régimen opresivo. Las autoridades dicen que había un plan de la ultraderecha para asesinarlo y echar las culpas sobre el gobierno.

Diálogos
Sin embargo, la pelota ya estaba lanzada, y hasta en la entrega de los Oscar el actor Jared Leto dio un mensaje de apoyo a los «soñadores» de Kiev y de Caracas. El golpe blando mostraba toda su eficacia. Sólo faltaba que alguien dentro del chavismo «sacara los pies del plato» o que las fuerzas armadas aceptaran el convite de ser la «reserva moral de la Nación», como en otras épocas latinoamericanas. Pero no es el caso y nada hace prever que lo sea en el futuro.
A todo esto, los presidentes de la Unasur mostraban diferencias de enfoques. Mientras Cristina Fernández y Evo Morales daban un decidido apoyo a la democracia y específicamente al presidente Maduro, Dilma Rousseff mantenía una distancia llamativa. Los mandatarios ubicados en el arco conservador fueron algo más evasivos y hablaron de dar lugar al diálogo y de pacificar al país. Maduro, en tanto, convocó a una Conferencia de Paz a la que acudieron todos los gobernantes del oficialismo más un par de gobernadores y diputados enrolados con la oposición, y las cámaras empresarias, que fueron claves en 2002 en el intento de derrocar a Chávez. Capriles y la gente de López y Machado no fueron, alegando que era un circo montado por Maduro para darse un baño de legalidad institucional.
Luego, el presidente de Panamá, el empresario Ricardo Martinelli, «preocupado» por la situación en el vecino país, pidió una cumbre de cancilleres de la OEA para «buscar una salida a la crisis». Venezuela rompió relaciones con esa nación en forma inmediata. Pero aquí viene lo mejor: tras dos jornadas de no menos de 10 horas cada una, y a puertas cerradas, los representes ante el Consejo Permanente del organismo no lograban destrabar un punto esencial: bajo qué condiciones la OEA podía tratar un caso semejante.
Un borrador presentado por Bolivia pedía apoyar el «diálogo nacional», defender la democracia en el país y respetar las garantías constitucionales de todos los actores políticos. Panamá, Estados Unidos y Canadá exigían, en cambio, la intervención de un mediador externo. Seguir debatiendo en esas condiciones hubiese sido una muestra peor de «rebeldía», por lo que el documento salió, pero debajo de la firma de los 29 países que avalaron el texto de consenso está el protesto de Panamá y Estados Unidos, que consideraron –y no se sonrojaron con el planteo– que la OEA debía ser neutral y no tomar partido por una de las partes, igualando al gobierno democráticamente elegido con quienes abiertamente intentan derrocarlo. La soledad en que Estados Unidos quedó dentro de la OEA es una muestra de lo que se avanzó en materia de integración regional desde que en 1999 Hugo Chávez comenzó a batallar por el objetivo de hacer realidad el proyecto de Bolívar.

Revista Acción
Marzo 15 de 2014