El pasado que no termina de cerrar

La difusión de archivos secretos de la dictadura pinochetista removió el avispero en la política chilena como hace tiempo no ocurría. Porque implican la demostración de que ese oscuro pasado que acosa a los países del Cono Sur americano es una herida que no termina de cerrar. Y que algunos de aquellos responsables de delitos de lesa humanidad no sólo siguen vivitos y coleando, sino que en el caso del país trasandino, conservan su influencia en lugares clave. Como ocurre con el actual jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Alberto Cardemil, viceministro del Interior de Augusto Pinochet y que, de acuerdo a la información "filtrada" a la agencia alemana dpa estos días, señalaba a los organismos de seguridad a los opositores al régimen.
Esos archivos revelan, además, las operaciones represivas del gobierno no sólo en Chile sino en varios países del mundo, incluida la Argentina. En esos documentos, escaneados en tres CD que, dice la agencia noticiosa, "están repletos de información", aparecen minutas de encuentros con dignatarios del Vaticano dispuestos a neutralizar a los sectores de la Iglesia Católica que criticaban las políticas criminales que llevaba a cabo la dictadura militar.
Un capítulo importante en términos históricos de esos archivos publicados por dpa son las elucubraciones de la Junta Militar cuando era evidente que tendrían que entregar el poder y contaban como prácticamente único respaldo político a la constitución digitada por los uniformados en 1980, a la que –como ahora hacen los militares egipcios para demorar la entrega plena del poder a las fuerzas políticas condicionar la salida democrática.
Una de las claves de los represores chilenos era preservar en la Constitución que inevitablemente deberían reformar en 1989 a instancias de los partidos políticos de centroizquierda que habían formado la Concertación, era "el principio de autoridad", para lo cual hicieron innegociables algunos artículos del entramado legal pergeñado por Pinochet.
Viene a cuento entonces detallar algunos de esos puntos tan importantes para mantener el esquema social armado desde que tomaron el poder en forma cruenta, el 11 de setiembre de 1973.
El artículo 8 de la Constitución pinochetista consideraba como delito a "todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases". El artículo 9, a su vez, consideraba contrario a los Derechos Humanos al "terrorismo, en cualquiera de sus formas". Pero dejaba en manos de una ley de quórum calificado (una figura legal creada a tal efecto que obliga a contar con la mayoría absoluta de los legisladores) la definición de qué actos o conductas serían consideradas terroristas. Mientras tanto, regía la voluntad del déspota de turno, que ya se había cobrado miles de víctimas sin juicio previo ni derecho a la defensa.
Podrían decir los constitucionalistas de entonces que era una ley, la de Pinochet, respetuosa de los elementales Derechos Humanos, ya que la Carta Magna garantizaba "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer".
La Constitución, de más está decir, era un cuerpo legal tendiente a cristalizar el Estado represivo creado por los militares, convencidos de que disputaban la batalla final contra el comunismo y en defensa de "los valores occidentales y cristianos". Se sustentaba, por lo tanto, en la Doctrina de la Seguridad Nacional difundida desde la Escuela de las Américas a todos los ejércitos de la región.
Por lo tanto, no extraña que entre los organismos estatales más importantes figurara el Consejo de Seguridad Nacional, con atribuciones –luego derogadas por la democracia–, en algunos casos, superiores a los legisladores y al Poder judicial. El alcance de sus competencias se detalla en el artículo 96 de la Constitución pinochetista. El artículo 97 –en una muestra indudable de que una cosa se sigue de la otra– determina las incumbencias del Banco Central. Allí destaca que será "un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico (… que) sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con Créditos directos o indirectos del Banco Central."
Firmaban aquella ley máxima, que con decenas de modificaciones todavía rige al país, los funcionarios del régimen. Entre ellos, José Piñera Echenique, ministro del Trabajo y Previsión Social. Es el hermano del actual presidente Sebastián Piñera Echenique e introductor en el continente del sistema privado de jubilaciones, que copió Domingo Cavallo y no pudo derogar la presidenta Michelle Bachelet en 2008.
A veces la realidad entrega algunas pinceladas, quizás para resaltar alguna trama dramática. Porque el martes pasado la derecha chilena celebró el centenario del tal vez máximo teórico del golpe, el estadounidense Milton Friedman. Como se sabe, el Premio Nobel de Economía de 1976 fue el fundamento para las políticas neoliberales que aplicó la dictadura y luego se extendieron al resto de Suramérica. Monetarista y uno de los fundadores de la llamada Escuela de Chicago, propugnaba entre otras cosas, su modelo como forma de estabilizar economías atravesadas por procesos inflacionarios. Es la contrapartida de las teorías keynesianas y Chile fue el primer experimento de ese pensamiento que para entonces ya tenía más de 20 años de vigencia en laboratorio.
Friedman, con los años, intentó desligarse de las violaciones a los derechos y aseguró que sus teorías no necesitaban de la represión para imponerse. Dijo, también, que su pensamiento no buscaba otra cosa que la libertad del individuo, en sociedades atribuladas por regulaciones que asfixiaban las fuerzas creativas del hombre. Tan liberal era que llegó a proponer la legalización de la marihuana. Decía que prohibir el cannabis era inmoral porque impide a la gente usar su cuerpo libremente. Hace un par de semanas un ex guerrillero uruguayo recogió el guante. Fue el presidente uruguayo José Mujica, al que la dictadura oriental mantuvo 14 años en prisión.

Tiempo Argentino
Agosto 4 de 2012