La guerra por la basura se cobró una víctima de fuste en
Bogotá, con la destitución del alcalde Gustavo Petro, a manos del procurador
general, Alejandro Ordóñez. Como es fácil suponer, la crisis política que
desató el inefable ultra católico que ya se cargó a cerca de 400 funcionarios
electos a lo largo y ancho de Colombia, no es por las migajas de un negocio
fabuloso sino por lo que significa la medida que se le reprocha al ex
guerrillero del grupo M-19: la recuperación para el Estado de un servicio público
esencial.
Precisamente de eso se acusa a Petro, quien según la
imputación del procurador, "de manera libre, consciente y voluntaria
ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna
experiencia, conocimiento y capacidad", en referencia a los organismos
públicos que tomaron la recolección de residuos, lo que para colmo de males, se
hizo vulnerando "los principios de la libre empresa y competencia".
Decio Machado es un periodista y consultor radicado en Quito
que suele publicar en el periódico Diagonal Global, de España. Allí describe
algunos entrelones de este enfrentamiento insólito. Describe a Ordóñez como
"hombre que reza diariamente el rosario y sigue los cánones de monseñor
Lefebvre respecto a la misa en latín… (que) goza en su curriculum de un extenso
historial como guerrero templario, entre los que destacan episodios como la
quema de libros de autores como Thomas Mann, Rousseau, Marcel Proust o Víctor
Hugo, entre otros, cuando era estudiante en el Colegio San Pedro Claver de
Bucaramanga."
Este ultramontano fiscal de la república ya había exonerado
a la senadora Piedad Córdoba, que fungía como facilitadora en las primeras
negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, tras acusarla de
ser miembro del grupo guerrillero. Machado destaca su militancia en la Orden de
la Legitimidad Proscrita, "un verdadero clan religioso que se integra
dentro del ala más radical de la iglesia católica". O sea, alguien que no
tendría lugar con el actual Papa, sólo que no puede destituirlo.
Como se dijo, la basura es uno de los negocios más
redituables en el mundo actual. Cómo será que en algunos países las mafias más
poderosas construyen la base de su riqueza sobre la recolección de residuos.
Así lo refleja Antonio Nicaso, uno de los que más sabe de la cuestión, que
escribió varios libros sobre temas relacionados con la mafia y es columnista en
Il Corriere Canadese, de Toronto. En tal sentido, el hombre revela que unas 190
familias controlan el 45% de la gestión de residuos urbanos en Calabria,
Nápoles y Sicilia, y desde allí se extendieron a Albania, Bulgaria, Eslovaquia
y Rusia. La fruta del pastel, por así decirlo, no es el residuo urbano sino los
desechos peligrosos como escorias siderúrgicas, polvo de aluminio, residuos de
centrales térmicas, amianto, metales pesados, purines y excrementos ganaderos,
baterías, neumáticos, plomo, teléfonos móviles, por los que se paga dinero
fuerte y en algunos distritos nadie pregunta dónde diablos van a parar con tal
de que se los lleven lejos.
"La mafia se ha dado cuenta de que el narcotráfico
representa un gran riesgo; en cambio, el reciclaje y procesamiento de basura es
un negocio de alta ganancia y bajo riesgo", corrobora Nicaso. Y no es que
habla solamente de su tierra natal; también se refería a su país de residencia,
Canadá.
En el caso de Bogotá, capital de Colombia y del departamento
de Cundinamarca, no se habla de familias mafiosas, pero sí de empresas que
pertenecen a los grupos más poderosos del país como los Patiño Ocampo, Herrera
Barona y Losada Salcedo. Una de ellas, Lime, pertenece a la argentina IMPSA. El
derrocado Petro las acusa de haber conspirado en su contra porque se quedaron
afuera del colosal negocio. Los directivos de algunas firmas le pidieron que
limpiaran su imagen, que no tienen nada que ver con el entuerto. Y más allá de
que no son niños de pecho a la hora de defender su tajada, en el fondo algo de
razón tienen, porque el ensañamiento de Ordóñez con Petro tiene otro cariz, que
entrevieron con perspicacia los dirigentes de las FARC que mantienen
negociaciones de paz con el gobierno de Santos en La Habana.
"Ayer, de un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los
alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la
democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para un ejercicio político
independiente", protestaron ni bien se conoció la destitución del alcalde
bogotano. Y defendieron al ex M-19, a pesar de que resaltaron sus diferencias
políticas y estratégicas. "Lo que le quieren cobrar al alcalde Petro es la
defensa que ha hecho de lo público, por eso, el momento es de lucha por la
auténtica democracia, de lucha unitaria y frontal contra el fascismo y la
reacción", consideraron en una declaración.
Las FARC venían insistiendo desde hace meses en la necesidad
de una reparación y resarcimiento integral a la Unión Patriótica (UP), el
partido nacido en 1985 tras un acuerdo con el entonces presidente Belisario
Betancur en un primer intento por retornar a la lucha política del grupo
guerrillero más viejo de Colombia. Un plan que terminó desastrosamente para
ellos, ya que 4000 de sus militantes fueron masacrados por paramilitares.
El grupo al que perteneció Petro, el Movimiento 19 de abril
o simplemente M-19, surgió como respuesta a un fraude en las elecciones
presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael
Pastrana Borrero. Ante la falta de respuestas, de la lucha política pasaron muy
rápidamente a la contienda armada. Tuvieron enfrentamientos con el gobierno
pero también con los carteles de la droga. A Betancur le propusieron un diálogo
de paz que se suspendió luego de la sospechosa muerte del representante del
M-19, Jaime Alfonso Bateman, en abril de 1983.
En 1985, un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia en
pleno centro de Bogotá, exigiendo el juicio político del presidente. De un modo
brutal, el Ejército atacó con artillería e incendió el edificio. La cifra de
muertos incluye a unos 35 guerrilleros y 53 personas que estaban adentro. Entre
ellos, los magistrados supremos de la nación.
En marzo de 1990, y luego de ingentes negociaciones con las
autoridades, el M-19 depuso las armas y se reintegró a la vida política. Uno de
los impulsores de esta pacificación fue el propio Petro. Por eso el actual
ministro de Trabajo colombiano, Rafael Pardo Rueda, le recordó a Ordóñez que
“Petro ha sido leal con la paz que se firmó hace 20 años”.
Y hay que ser leal, cuando el acuerdo firmado entonces no
trajo sino desventuras para los guerrilleros que quisieron retornar a la vida
civilizada. Por empezar, Carlos Pizarro Leongómez, candidato a la presidencia
de Colombia por el partido político Alianza Democrática M-19, sería asesinado
un mes más tarde, en abril de 1990. Otros seis altos dirigentes de esa
agrupación política serían eliminados en forma violenta, sin contar otros
centenares de cuadros medios y bajos.
Ahora, hasta Washington se permitió cuestionar al
ultraderechista procurador general colombiano. Lo hicieron intendentes de las
más importantes capitales de la región, reunidos precisamente en Bogotá en un
encuentro de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur). En un documento que
firmaron los “burgomaestres” de Lima, Susana Villarán de la Puente; Eduardo
Paes, de Río de Janeiro; Luis Revilla, de La Paz; Carolina Tohá Morales, de
Santiago de Chile; Ana Olivera, de Montevideo; Arnaldo Samaniego, de Asunción;
Augusto Barrera, de Quito; y Mauricio Macri, de Buenos Aires, expresaron su
solidaridad con el derrocado.
En un extremo está la centroizquierdista peruana Susana
Villarán, quien hace casi dos años tuvo que enfrentar un referéndum revocatorio
fomentado por la derecha más retrógrada, que no le perdonó una política más
enfocada a lo social, que en apenas dos años de gestión había construido cuatro
hospitales públicos, entre otros logros. En el otro, el Lord Mayor porteño,
proveniente de una familia poderosa que entre sus empresas tiene recolectoras
de basura.
Hace un mes, la ciudad de Madrid se llenó de basura por una
huelga de trabajadores del sector que protestaban contra los despidos en las
empresas proveedoras, que por la crisis vieron reducidos sus ingresos. Alguna
vez, la Unión Europea tuvo que tirarle de las orejas al gobierno italiano por
las montañas de basura acumuladas en
Nápoles a raíz un conflicto con las empresas.
El problema que justificó la expulsión de Petro fue que
durante dos o tres días de diciembre pasado, los residuos se habían acumulado
en las calles bogotanas. Las empresas habían dejado de retirar los desechos y
la discusión sobre la propiedad de los camiones, que debieron ser del Estado,
impidió que se pudieran usar los vehículos.
La extorsión con la basura se parece mucho a la que produce
la inseguridad. El resultado puede ser el mismo: tratar de demostrar que el
Estado no puede ser eficiente. Y que se le note hasta por el olor. Sobre todo
cuando lo que se huele es otra forma de impedir que las fuerzas progresistas
puedan cambiar la realidad desde la política.
Tiempo Argentino
Diciembre 13 de 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario