El 30 de septiembre de 2010, el presidente ecuatoriano Rafael Correa
permaneció casi todo un día a merced de policías amotinados por demandas
salariales y gremiales. En junio de 2012, el gobierno de Evo Morales y
representantes de policías de baja graduación refrendaron un acuerdo
para solucionar un conflicto que llevaba varias semanas en torno de
demandas similares y por el régimen disciplinario en la fuerza de
seguridad boliviana. Unos meses más tarde, gendarmes argentinos daban la
nota con un autoacuartelamiento que dio mucha tela para cortar a los
medios y los dirigentes opositores.
Desde que las democracias institucionales se fueron recuperando en
América Latina, y tras el período más oscuro para la región, con los
golpes criminales encabezados por militares entrenados en la temible
Escuela de las Américas, las Fuerzas Armadas prácticamente dejaron de
ser un factor desestabilizante en casi todos los países
latinoamericanos. Un poco porque aprendieron la lección en vista de
juicios como los que se sustanciaron en la Argentina por delitos de lesa
humanidad, y otro poco por la condena social donde lograron esquivar a
la justicia. Pero en gran medida, porque el desprestigio de los
uniformes verde oliva es tan alto que ya no tientan a ningún golpista.
Desde entonces, sin embargo, la opción desestabilizadora corre por
cuenta de policías y de estamentos varios dentro del sistema judicial.
Como bien recuerdan los especialistas en la cuestión, son los "azules"
la parte de cualquier Estado más cercana al hombre común. Por tanto los
que más pueden servir en caso de necesidad para crear condiciones o
prevenir situaciones de conflicto.
Había una escena de la excelente película argentina Tiempo de valientes,
de Damián Szifrón, en la que uno de los personajes, el psicoanalista
que interpretaba Diego Peretti, en discusión permanente con un policía
bastante desencantado como Luis Luque, le cuestionaba que los reclamos
de esa fuerza siempre resultaban complicados para la sociedad, aun
cuando en verdad son agentes estatales como un maestro o un médico. "El
detalle es que nosotros estamos armados", era la respuesta cínica, dura,
pero condenadamente cierta del personaje.
El experto en seguridad Marcelo Saín explicó, en un trabajo donde
proponía medidas para democratizar a esa fuerza en América Latina, que
el llamado "policiamiento regulatorio del delito" estableció "un
circuito estable de autofinanciamiento ilegal de la policía, originado
en un conjunto de dádivas y fondos provenientes de diversas actividades
irregulares o delictivas permitidas, protegidas o llevadas a cabo por
los propios agentes policiales". El detalle de esas formas irregulares
de financiación caben perfectamente en el listado de delitos que se
atribuyen a las cúpulas destituidas en Córdoba y en Santa Fe estas
semanas, desde el "peaje" por el robo de autos, la prostitución o
cualquier actividad ilegal hasta el tráfico de narcóticos.
Esta podría ser una respuesta para que tomara en cuenta el gobernador
cordobés José Manuel de la Sota, que terminó cerrando un acuerdo
salarial literalmente con una pistola en la nuca. Luego de varias horas
de descontrol en la capital, asolada por bandas que "casualmente" se
dedicaron a saquear con la tranquilidad de saber que tenían zona
liberada.
Como se difundió en este medio, el clima policial en Córdoba se fue
tensando en las últimas semanas, y desde un desconocido grupo Anonymous
se fue alentando una operación "Juanes en Marcha", por el nombre que
reciben los suboficiales del más bajo rango y la tropa rasa.
La situación se profundizó luego de que a raíz de una denuncia
periodística, De la Sota tuvo que descabezar la cúpula policial e
incluso al ministro de Seguridad, que para colmo es un comisario
general, Alejo Paredes. En 2011, el legislador "juecista" Roberto Birri
había presentado un pedido de informes para que las autoridades
aclararan si Paredes había hecho un curso de adiestramiento en la
International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador.
Para esa misma época, la entonces ministra Nilda Garré y el canciller
Héctor Timerman planteaban sus protestas ante el gobierno porteño por
haber enviado a agentes de la Policía Metropolitana a entrenarse en esa
institución, a la que ambos funcionarios compararon con la conocida como
"escuela de dictadores" de Panamá. "Con estas decisiones, Macri muestra
que está dispuesto a ser heredero de las políticas represivas que el
pueblo argentino rechazó desde 1983, cuando concluyó la dictadura",
decía entonces Timerman, que aprovechaba para recordar que en 2006
Néstor Kirchner había prohibido que miembros del Ejército y la Policía
Federal recibieran cursos en cualquier institución sucesora de la
Escuela de las Américas.
La ILEA, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, según su
traducción al castellano, "nace con la filosofía de unir esfuerzos,
entre las agencias gubernamentales, instituciones, capacitadores y
estudiantes, para lograr una política externa común de aplicación
internacional de la ley", según señala en sus fundamentos. En la página
web reconoce, sin mencionarlo, el desprestigio de su antecesora, al
admitir que "desde principios de 1997, el gobierno estadounidense
comenzaba a buscar un país anfitrión para el establecimiento de la
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica".
La estrategia de penetración y control social, paralela entonces al
Consenso de Washington en el plano económico, comenzó con la primera
ILEA, en Budapest, en el año 1995. La siguieron otras en Bangkok,
Tailandia; en Gaborone, Botswana; y en Roswell, en Nuevo México –el
mismo centro donde presuntamente alguna vez capturaron a seres de otro
planeta.
La sede de San Salvador nació en 2005 y desde entonces se dictaron allí
117 cursos a los que concurrieron 4954 participantes de la mayoría de
los países latinoamericanos, incluidos argentinos. Los cursos de ILEA
están dirigidos a directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces
y otros funcionarios encargados de la aplicación de la justicia
criminal. "Este curso –se indica– hace enfoque en el liderazgo,
administración personal y financiera, ética, regla de derecho y el
manejo del proceso de investigación." La ILEA imparte también
instrucción sobre crimen organizado, cumplimiento de la ley financiera,
contrabando nuclear, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
El canadiense Jean-Guy Allard apunta que la ILEA es ni más ni menos que
una academia para desarrollar un nuevo Plan Cóndor. Y dice que en una
sede de capacitación que tienen en Perú, "se está entrenando a soldados y
policías en contra-insurgencia". Allard agrega que los policías
"regresan a sus respectivos países a reprimir y torturar a su pueblo".
El director por la parte salvadoreña de la academia es Andrés Alexander
Ramírez Medrano; y el estadounidense, Michael Von Perkins. Como suele
suceder con los funcionarios norteamericanos, Perkins no se guarda nada
en su presentación. Policía de carrera oriundo de West Monroe (nombre
premonitorio si los hay), el hombre escribió en su presentación que "la
delincuencia no conoce fronteras" y que "la colaboración entre los
organismos policiales de todo el mundo es crucial para proteger los
intereses estadounidenses".
El organismo de Derechos Humanos School of Americas Watch (SOAW) también
compara a la ILEA con la escuela panameña, a la que recuerda como un
centro de "entrenamiento en represión, espionaje político, tortura
física y psicológica, que garantizó la Doctrina de Seguridad Nacional". Y
no tiene drama en tildarla de "Escuela de Asesinos".
Alguien le recordó al gobernador de la Sota el Navarrazo. En febrero de
1974, el gobernador Ricardo Obregón Cano relevó de su cargo al jefe de
la policía, Antonio Domingo Navarro, porque lo consideraba "poco
confiable" y sin mucho apego a la democracia. Navarro le acuarteló a
7000 efectivos y acusó de "infiltración marxista" al gobierno asumido
menos de un año antes. No duraría mucho la primavera democrática
cordobesa, en lo que fue un prolegómeno de lo que ocurriría en el país.
Obregón Cano y su vice, Atilio López, fueron destituidos por la asonada
policial.
Los tiempos no son los mismos y ya no hay lugar para otro Navarrazo.
Pero la forma en que De la Sota cree haber solucionado la rebelión es un
antecedente peligroso para la democracia del país. Convendría haber
mirado un poco hacia lo que ocurre en otros países de la región y no
aislarse del mundo intentando tirar culpas para otro lado, cuando el
trasfondo de sus cuitas puede estar en cuestiones que escapan incluso a
los que plantearon la protesta, que quedaron inmersos en una operación
en la que no es tanto lo que al fin del día pueden ganar. Los gobiernos
amenazados nunca terminan bien. Los amenazadores, tampoco.
Tiempo Argentino
Diciembre 6 de 2013
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