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viernes

Daños colaterales

La aparición de 50 cadáveres en un camión frigorífico estacionado al costado de una autopista en Austria es todo un símbolo de una situación descontrolada en Europa, donde cada día miles de personas intentan ingresar al rico territorio atravesando mares, ríos y montañas a bordo de cualquier medio, incluso algunos tan peligrosos como las balsas con que atraviesan el Mediterráneo o vehículos en los que escasea el espacio y el aire. 
El hallazgo de los 50 cuerpos escandalizó hasta a los más duros de una sociedad sumergida en un caos que aparece como secuela –o daño colateral- de conflictos en otras partes del mundo en los que algunas de sus tropas no son ajenas.  No es casualidad que muchos de esos desesperados que arriesgan su vida para buscar mejores oportunidades vayan de Libia, Túnez, Siria, Etiopía y más allá.
En las últimas semanas creció en algunos decisores europeos la polémica sobre cómo denominar a esa masa humana que presiona en el paso de Calais, en el norte de Francia, o en Alemania, desde el sur de España, Italia y Grecia. Para los editores del británico The Independient, al menos, es necesario denominarlos refugiados y no simplemente inmigrantes. Porque la mayoría huye de guerras civiles o atrocidades étnicas.
Pero otros escapan de situaciones económicas y sociales que también los condenan a la muerte. ¿Cuál sería la diferencia? En este caso el debate parte de las pantallas de la CNN, donde rebotaron los pedidos del Alto Comisionado de la ONU para que tanto Estados Unidos como México y los países centroamericanos consideren a los niños que cruzan la frontera sur estadounidense como refugiados, algo a lo que la Casa Blanca se niega.
En Europa, la canciller alemana Angela Merkel –una dura entre duros- reclamó desde una cumbre de la UE y los países balcánicos acordar un "reparto justo" de los refugiados. El jefe de gobierno austríaco , Werner Faymann - quien  tampoco es un blando- pidió "espíritu de solidaridad" entre todos los países para resolver la cuestión.
Ya se había difundido la noticia de que en la carretera que va de Budapest a Viena la policía austríaca había encontrado un furgón con las puertas abiertas y adentro, medio centenar de cuerpos de personas que, por lo que parece, llevaban varios días fallecidas.
De inmediato las autoridades salieron a condenar a los traficantes de personas. Cada tanto ocurre algo parecido en la frontera estadounidense y la retahíla de cadáveres en vagones de tren que habían partido de México fueron un clásico en  épocas no tan lejanas.
Por esas regiones, la crisis inmigratoria tiene aristas diferentes pero el trasfondo no lo es tanto. Los hay que tradicionalmente buscan mejores condiciones para desarrollar una vida digna. Son los que pueblan mayoritariamente el territorio sureño, un territorio que, por otro lado, perteneció a México. Pero en los últimos años se agregaron miles que cruzan desde América Central huyendo de la violencia social y el narcotráfico en sus naciones de origen. Si no son asesinados en el norte mexicano por bandas criminales, quizás puedan ingresar escapando de la vigilancia estadounidense. Y tal vez, incluso puedan conseguir trabajo. Pero aún el presidente Barack Obama no consiguió que los republicanos le aprobaran una ley para regular la situación de más de 12 millones que, de resultar legalizados, podrían recibir un aumento en sus ingresos. Así como están no solo son carne de violencias cotidianas sino que deben tolerar sueldos que apenas permiten la sobrevivencia. Una buena razón para que algunos empresarios rechacen la idea de incorporarlos a la plantilla regular.
En los últimos meses un precandidato republicano trepó en las encuestas  avivando el fantasma de los inmigrantes, a los que carga de las peores diatribas, y prometiendo construir muros a lo largo de toda la frontera –ahora existe solo un tramo de unos 600 kilometros- y prometiendo echar a todos los ilegales. Donald Trump, que de él se trata, tuvo incidentes con representantes de la comunidad y el miércoles expulsó a un periodista hispano de una conferencia de prensa. Con ese discurso agresivo parece irle bien y es difícil que lo cambie
Al millonario excéntrico se le sumó otro aspirante republicano, Benjamín "Ben" Carson, un reconocido médico cirujano, de prodigioso currículum por haber realizado operaciones impresionantes con pulso firme y decidido. Ahora su aporte a la confusión general fue decir que no dudaría en usar drones contra los inmigrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Tras el vendaval que se le vino en contra salió a aclarar: "No dije que iba a usar aviones no tripulados contra personas, sino contra las cuevas que ellos utilizan para protegerse de las autoridades."
Es por lo menos curiosa la posición de Trump, cuya madre era una inmigrante escocesa y su padre, descendiente de alemanes. La de Carson, un neurocirujano cuya vida fue relatada en el filme Manos milagrosas -con Cuba Gooding Jr. y Kimberly Elise- tiene sus diferencias. Es negro, por lo tanto sus ancestros fueron llevados por la fuerza, y para estar peor que en su tierra original.  Pero su solución de los drones va en consonancia con un recurso aplicado extensivamente por el gobierno de Barack Obama, el primer afrodescendiente en ocupar la Casa Blanca.  En tal sentido, el Wall Street Journal publicó hace unos días que el Pentágono tiene previsto incrementar el uso de drones para misiones de vigilancia e inteligencia en todo el mundo.  Los vuelos no tripulados pasarán de los actuales 61 por día a 90 para el año 2019.
Según una fuente que el periodista Gordon Lubold  no identifica, la mayor parte de las futuras operaciones se llevarán a cabo en "zonas calientes" como el Norte de África, Ucrania, Siria, Irak y el mar de la China Meridional.
La nueva estrategia se inscribe en el marco de un replanteo de ese tipo de acciones bélicas, las preferidas del presidente Barack Obama por varias razones: en primer lugar, como se efectúan desde cómodas poltronas en una oficina implican un juego virtual y no se producen esas tan revulsivas remesas de bolsas negras con cadáveres de soldados caídos en combate, que tanto incomodaron a anteriores mandatarios, desde Vietnam a esta parte. Por otro lado, son un impresionante negocio para la industria bélica, la que más valor agregado aporta a la salud económica de Estados Unidos junto con la tecnología informática, que en este caso van de la mano.
Por ese motivo es que la filtración informativa se coló en los pliegues de un diario económico como el Wall Street Journal. Se trata de un anuncio de los proveedores de equipos hacia los inversores, para que vean los "nichos de negocios" (nunca mejor aplicado el término) que más rendirán en los próximos meses.
Hay que decir que las incursiones teledirigidas son para vigilancia y espionaje como dicen los comandantes, si, pero básicamente han demostrado ser muy útiles en la política de Obama de asesinatos selectivos.
Según revela Micah Zenko  en base a datos provistos por la New America Foundation, desde 2001 y hasta fines de 2014 Estados Unidos llevaba realizados 500 asesinatos selectivos, de los cuales el 98% fueron efectuados con drones. Resultaron eliminadas así 3674 personas, incluidos 473 civiles. En 50 de estos casos la autorización fue del presidente Bush, en el resto, 450, la firma es de Obama.
La pregunta clave es cuántos de esos homicidios fueron personas inocentes que cayeron por "error".  En diciembre de 2013 un drone masacró a 12 personas y dejó gravemente heridas a otras 11 que asistían a un casamiento en Yemen. Situaciones similares se produjeron en Afganistán.
Ante ataques que "vienen del cielo", la población civil no tiene cómo escabullirse fácilmente. Si el blanco elegido es hallado se puede plantear un debate sobre la legalidad de matar sin juicio previo, o aún de la pena de muerte. Pero miles y miles huyen de estos "daños colaterales".  Y los terminan provocando en esta Europa que no sabe qué hacer con ellos. Aunque émulos de Trump y Carson no les faltan. 


Tiempo Argentino
Agosto 28 de 2015


Locademia de Policía de El Salvador

El 30 de septiembre de 2010, el presidente ecuatoriano Rafael Correa permaneció casi todo un día a merced de policías amotinados por demandas salariales y gremiales. En junio de 2012, el gobierno de Evo Morales y representantes de policías de baja graduación refrendaron un acuerdo para solucionar un conflicto que llevaba varias semanas en torno de demandas similares y por el régimen disciplinario en la fuerza de seguridad boliviana. Unos meses más tarde, gendarmes argentinos daban la nota con un autoacuartelamiento que dio mucha tela para cortar a los medios y los dirigentes opositores.
Desde que las democracias institucionales se fueron recuperando en América Latina, y tras el período más oscuro para la región, con los golpes criminales encabezados por militares entrenados en la temible Escuela de las Américas, las Fuerzas Armadas prácticamente dejaron de ser un factor desestabilizante en casi todos los países latinoamericanos. Un poco porque aprendieron la lección en vista de juicios como los que se sustanciaron en la Argentina por delitos de lesa humanidad, y otro poco por la condena social donde lograron esquivar a la justicia. Pero en gran medida, porque el desprestigio de los uniformes verde oliva es tan alto que ya no tientan a ningún golpista.
Desde entonces, sin embargo, la opción desestabilizadora corre por cuenta de policías y de estamentos varios dentro del sistema judicial. Como bien recuerdan los especialistas en la cuestión, son los "azules" la parte de cualquier Estado más cercana al hombre común. Por tanto los que más pueden servir en caso de necesidad para crear condiciones o prevenir situaciones de conflicto.
Había una escena de la excelente película argentina Tiempo de valientes, de Damián Szifrón, en la que uno de los personajes, el psicoanalista que interpretaba Diego Peretti, en discusión permanente con un policía bastante desencantado como Luis Luque, le cuestionaba que los reclamos de esa fuerza siempre resultaban complicados para la sociedad, aun cuando en verdad son agentes estatales como un maestro o un médico. "El detalle es que nosotros estamos armados", era la respuesta cínica, dura, pero condenadamente cierta del personaje.
El experto en seguridad Marcelo Saín explicó, en un trabajo donde proponía medidas para democratizar a esa fuerza en América Latina, que el llamado "policiamiento regulatorio del delito" estableció "un circuito estable de autofinanciamiento ilegal de la policía, originado en un conjunto de dádivas y fondos provenientes de diversas actividades irregulares o delictivas permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales". El detalle de esas formas irregulares de financiación caben perfectamente en el listado de delitos que se atribuyen a las cúpulas destituidas en Córdoba y en Santa Fe estas semanas, desde el "peaje" por el robo de autos, la prostitución o cualquier actividad ilegal hasta el tráfico de narcóticos.
Esta podría ser una respuesta para que tomara en cuenta el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, que terminó cerrando un acuerdo salarial literalmente con una pistola en la nuca. Luego de varias horas de descontrol en la capital, asolada por bandas que "casualmente" se dedicaron a saquear con la tranquilidad de saber que tenían zona liberada.
Como se difundió en este medio, el clima policial en Córdoba se fue tensando en las últimas semanas, y desde un desconocido grupo Anonymous se fue alentando una operación "Juanes en Marcha", por el nombre que reciben los suboficiales del más bajo rango y la tropa rasa.
La situación se profundizó luego de que a raíz de una denuncia periodística, De la Sota tuvo que descabezar la cúpula policial e incluso al ministro de Seguridad, que para colmo es un comisario general, Alejo Paredes. En 2011, el legislador "juecista" Roberto Birri había presentado un pedido de informes para que las autoridades aclararan si Paredes había hecho un curso de adiestramiento en la International Law Enforcement Academy (ILEA) de El Salvador.
Para esa misma época, la entonces ministra Nilda Garré y el canciller Héctor Timerman planteaban sus protestas ante el gobierno porteño por haber enviado a agentes de la Policía Metropolitana a entrenarse en esa institución, a la que ambos funcionarios compararon con la conocida como "escuela de dictadores" de Panamá. "Con estas decisiones, Macri muestra que está dispuesto a ser heredero de las políticas represivas que el pueblo argentino rechazó desde 1983, cuando concluyó la dictadura", decía entonces Timerman, que aprovechaba para recordar que en 2006 Néstor Kirchner había prohibido que miembros del Ejército y la Policía Federal recibieran cursos en cualquier institución sucesora de la Escuela de las Américas.
La ILEA, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, según su traducción al castellano, "nace con la filosofía de unir esfuerzos, entre las agencias gubernamentales, instituciones, capacitadores y estudiantes, para lograr una política externa común de aplicación internacional de la ley", según señala en sus fundamentos. En la página web reconoce, sin mencionarlo, el desprestigio de su antecesora, al admitir que "desde principios de 1997, el gobierno estadounidense comenzaba a buscar un país anfitrión para el establecimiento de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en Latinoamérica".
La estrategia de penetración y control social, paralela entonces al Consenso de Washington en el plano económico, comenzó con la primera ILEA, en Budapest, en el año 1995. La siguieron otras en Bangkok, Tailandia; en Gaborone, Botswana; y en Roswell, en Nuevo México –el mismo centro donde presuntamente alguna vez capturaron a seres de otro planeta.
La sede de San Salvador nació en 2005 y desde entonces se dictaron allí 117 cursos a los que concurrieron 4954 participantes de la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos argentinos. Los cursos de ILEA están dirigidos a directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de la aplicación de la justicia criminal. "Este curso –se indica– hace enfoque en el liderazgo, administración personal y financiera, ética, regla de derecho y el manejo del proceso de investigación." La ILEA imparte también instrucción sobre crimen organizado, cumplimiento de la ley financiera, contrabando nuclear, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
El canadiense Jean-Guy Allard apunta que la ILEA es ni más ni menos que una academia para desarrollar un nuevo Plan Cóndor. Y dice que en una sede de capacitación que tienen en Perú, "se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia". Allard agrega que los policías "regresan a sus respectivos países a reprimir y torturar a su pueblo".
El director por la parte salvadoreña de la academia es Andrés Alexander Ramírez Medrano; y el estadounidense, Michael Von Perkins. Como suele suceder con los funcionarios norteamericanos, Perkins no se guarda nada en su presentación. Policía de carrera oriundo de West Monroe (nombre premonitorio si los hay), el hombre escribió en su presentación que "la delincuencia no conoce fronteras" y que "la colaboración entre los organismos policiales de todo el mundo es crucial para proteger los intereses estadounidenses". 
El organismo de Derechos Humanos School of Americas Watch (SOAW) también compara a la ILEA con la escuela panameña, a la que recuerda como un centro de "entrenamiento en represión, espionaje político, tortura física y psicológica, que garantizó la Doctrina de Seguridad Nacional". Y no tiene drama en tildarla de "Escuela de Asesinos".
Alguien le recordó al gobernador de la Sota el Navarrazo. En febrero de 1974, el gobernador Ricardo Obregón Cano relevó de su cargo al jefe de la policía, Antonio Domingo Navarro, porque lo consideraba "poco confiable" y sin mucho apego a la democracia. Navarro le acuarteló a 7000 efectivos y acusó de "infiltración marxista" al gobierno asumido menos de un año antes. No duraría mucho la primavera democrática cordobesa, en lo que fue un prolegómeno de lo que ocurriría en el país. Obregón Cano y su vice, Atilio López, fueron destituidos por la asonada policial.
Los tiempos no son los mismos y ya no hay lugar para otro Navarrazo. Pero la forma en que De la Sota cree haber solucionado la rebelión es un antecedente peligroso para la democracia del país. Convendría haber mirado un poco hacia lo que ocurre en otros países de la región y no aislarse del mundo intentando tirar culpas para otro lado, cuando el trasfondo de sus cuitas puede estar en cuestiones que escapan incluso a los que plantearon la protesta, que quedaron inmersos en una operación en la que no es tanto lo que al fin del día pueden ganar. Los gobiernos amenazados nunca terminan bien. Los amenazadores, tampoco.

Tiempo Argentino
Diciembre 6 de 2013