En Brasil se las llama "pedaladas", literalmente pedaleo. En este lado del mundo ese procedimiento podría ser traducido como "bicicleteada". El sistema guarda ciertas similitudes con el que había sido aplicado alguna vez por el entonces zar de la economía local Domingo Cavallo, y en su interpretación más extrema se lo conoce como "contabilidad creativa". La versión más delictiva podría estar representada por el ejemplo de algunos grupos económicos que maquillaron cuentas con el propósito de obtener fondos frescos, aunque luego esos aportes terminaron esfumándose en el aire, como hizo la firma de energía Enron en los '90, que quebró dejando colgados a accionistas, inversores y miles de trabajadores en todo el mundo.
El caso que implica a la gestión de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, según el Tribunal de Cuentas de la Unión –un organismo de control administrativo de la Legislatura integrado por dos tercios de representantes elegidos por el congreso y el resto por el Poder Ejecutivo– sería una "grave ofensa" contra la ley de responsabilidad fiscal ya que, explicó el relator del TCU, Augusto Nardes, el gobierno retrasó pagos para programas sociales a los bancos públicos, con el objetivo de dibujar un déficit menor en el presupuesto de 2014. De paso, esa institución estatal desliza la sospecha de que el dinero se hubiera utilizado para fines más oscuros. El guante lo recoge el Tribunal Superior Electoral, que se propone investigar cómo se pagó parte de la campaña del oficialismo, con lo que les deja la puerta abierta a los opositores más extremos, que ven la oportunidad de, en caso de poder demostrar esas irregularidades, anular las elecciones que le dieron un segundo mandato a la primera mujer en llegar al Planalto en la historia de Brasil.
La cifra de esta presunta maniobra fue estimada por el TCU
en el equivalente a 27.300 millones de dólares. La "pedalada" habría
permitido reducir el déficit en las cuentas públicas en 1795 millones, indica
el informe de 1400 páginas ¿Es dinero que se llevó la presidenta, lo utilizaron
sus correligionarios del PT para provecho personal? Nada de eso, la falla
consistió, de acuerdo a la presentación, en que el gobierno aplicó una medida
que en la práctica le habría permitido obtener un "crédito oculto" de
los bancos estatales sin el permiso del legislativo, algo que la ley no
permite, violando ostensiblemente las disposiciones fiscales.
¿El gobierno niega totalmente la información que envió al
tribunal? No, la oficina de prensa de la Presidencia respondió que "los
órganos técnicos y jurídicos del gobierno tienen plena convicción de que hay
motivos legales para el rechazo" del dictamen del TCU –es decir, para
negar las acusaciones–, y agrega que el organismo sancionó maliciosamente al
gobierno por las medidas que tomó en su momento para financiar "programas sociales como la
Bolsa Familia y Mi Casa, Mi Vida". Y añade que lo que busca ahora el TSE,
con este argumento, es convertirse en una suerte de "casación
electoral", o sea, de ponerse como tribunal de alzada para anular la
voluntad del pueblo expresada en las urnas.
La decisión del TCU es, para los grupos más golpistas dentro
del sistema político brasileño, la frutilla del postre para iniciar finalmente
un impeachment contra la mandataria y de paso sacarse de encima al
vicepresidente Michel Temer, del PMDB, aliado del PT desde hace una docena de
años. Acá es donde se juega un ajedrez de alto riesgo, porque el tercero en la
línea sucesoria, el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también del
PMDB, es el principal sostén del juicio político, a pesar de estar obligado
políticamente a defender a su gobierno. Sin embargo Cunha aparece comprometido
con los presuntos sobornos en la petrolera Petrobras, al punto que las
autoridades suizas corroboraron al procurador general de Brasil, Rodrigo Junot,
que el dirigente político tiene cuentas por 2,4 millones de dólares a buen
resguardo en bancos helvéticos. De modo que si el partido de Fernando Henrique
Cardoso, el PSDB, que perdió en octubre pasado con su candidato Aecio Neves,
quiere dar un golpe perfecto, no tiene más que forzar la renuncia de Cunha y
"limpiar" a la fórmula triunfante en 2014.
Así se entiende que Cunha, más reflexivo que hace unos
meses, cuando fue ungido titular de la Cámara Baja, ahora dice que aceptará el
ingreso del dictamen del TCU que recomienda no aceptar la rendición de cuentas
de 2014 por las irregularidades que detectó. Pero que el tratamiento no será
antes de 2016: entre nos, cuando las aguas se calmen... Tanto para Dilma como
para él, por supuesto.
El caso es lo suficientemente espinoso como para espantar a
los sectores "biempensantes" de la sociedad. Es cierto que puede
entenderse como un dibujo presupuestario, pero no constituiría un delito en la
medida en que el dinero no desapareció. Sucede que por más que los entretelones
del hecho sean poco cercanos al hombre común de cualquier esquina brasileña,
los medios lo presentan de tal manera que suena a un escándalo similar al de la
petrolera estatal. Los "malpensantes", incluso, que reprueban los
planes sociales puestos en marcha por el gobierno de Lula da Silva desde 2003,
pueden ver en este desliz una buena ocasión para echar por tierra con este
resabio del "populismo" que permitiría, de paso, reducir el
presupuesto. Empero, por enésima vez la oposición no dio quórum para debatir
los recortes que Dilma envió al Congreso para cumplir con las medidas que le
pide su ministro de Finanzas Joaquim Levy. Sabiendo que bloquear los recortes
impide la gobernabilidad, tal como la entendió Dilma en esta gestión. Avatares
de este momento en el principal socio de la Argentina.
Hurgando en los archivos de O Globo, la periodista Marlen
Couto encontró que no es la primera vez que el TCU encontró irregularidades en
cuentas de un presidente. El antecedente que aparece es de 1937, cuando el
tribunal de la época que rechazó las cuentas del presidente Getulio Vargas en
el presupuesto de 1936, por pagos cuestionados por cuenta del Tesoro y del
Banco de Brasil. Esto fue en abril, en noviembre, y en un clima de
inestabilidad creciente en que el dictamen del TCU era una cuestión menor,
Vargas clausuró el congreso y dictó una nueva Constitución que le permitió
gobernar hasta 1945, cuando fue destituido.
En ese lapso, construyó el denominado Estado Novo con el que
consolidó un gobierno de corte populista-nacionalista, amplió derechos
ciudadanos y a los trabajadores, y creó, entre otras cosas, Petrobras. La misma
empresa que ahora aparece en el centro de las críticas contra el gobierno del
PT, que "corrió el arco" del varguismo hasta donde llegó.
Vargas, reelegido en 1951, se suicidó el 24 de agosto de
1954. En su carta póstuma escribió:
"Más de una vez las fuerzas y los intereses contra el
pueblo se coordinaron y se desencadenaron sobre mí. No me acusan, me insultan;
no me combaten, difaman de mí; y no me dan el derecho a defenderme. Necesitan
apagar mi voz e impedir mi acción, para que no continúe defendiendo, como
siempre defendí, al pueblo y principalmente a los humildes (…) La campaña
subterránea de los grupos internacionales se alió con grupos nacionales contra
el régimen de garantía del trabajo. (…) Quise crear la libertad nacional en la
potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza esta
a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobras fue obstaculizada
hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente (…)”.
Nada indica que Dilma tendrá ese mismo final, pero las
presiones parecen ir en el mismo camino. La cuestión será si puede mantener el
equilibrio.
Tiempo Argentino
Octubre 9 de 2015
Ilustró Sócrates