Golpe al desarrollismo en Brasil

La crisis que sufre el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil no se puede entender si tener en cuenta un puñado de datos relevantes sobre el manejo de la cosa pública en el principal socio y aliado de la Argentina, tanto en la región como para enfrentar al mundo. En primer lugar, el sistema electoral fuerza la conformación de alianzas no solo para llegar al gobierno sino para mantenerse, lo que obliga , para poder ejercer el poder y llevar una agenda propia, a conformar coaliciones fuertes y duraderas. 

El otro dato relevante es que los medios son todos del establishment. No hay un solo medio en cualquier plataforma de alto impacto social que pertenezca a sectores cercanos al proyecto político del Partido de los Trabajadores brasileño, salvo algún que otro sitio web.

 La alianza de lleva más de una década con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) se explica, entonces, por la inserción territorial de la agrupación que en tiempos de la dictadura cumplió el papel de oposición tolerada, lo que garantizaba la gobernabilidad. El PT también tuvo su época de cercanía con los movimientos evangelistas para llegar por primera vez al Palacio del Planalto, la sede de la presidencia en Brasilia.  No había entonces otro modo de llegar hasta los millones de votantes que escuchaban sus radios en todos los rincones del país.  Como contrapartida, el partido creado por Lula da Silva sobre bases obreras en 1980 no pudo –o prefirió no romper con aliados- construir un mayor poder territorial al punto que hoy cuenta apenas con 63 diputados en una cámara de 513 bancas y solo 14 senadores sobre 81 escaños.  Tampoco logró que pasara la reforma política, por la obvia obstrucción de los socios legislativos.

Esa es la razón de fondo para que la jefatura de ambas cámaras recayera en dos conspicuos integrantes del PMDB, Eduardo Cunha en diputados y Renan Calheiros en senadores.

Y allí reside la mayor debilidad de Dilma Rousseff y  del PT en general en estos tiempos tormentosos que se desataron a partir de una investigación sobre corrupción en la petrolera de bandera, Petrobras.

La causa que lleva adelante un juez federal del estado de Paraná con la Policía Federal, el órgano que en Brasil cumple las funciones de brazo armado de la justicia. Y ya produjo las primeras condenas: tres directivos de empresas privadas y un funcionario de la firma estatal. El magistrado también llevó a una celda a  dirigentes políticos de partidos que integran la alianza oficialista y a presidentes de dos de las constructoras más grandes de Brasil, que figuran entre las más grandes del mundo, con intereses en varios países latinoamericanos, incluso Argentina, y en África, Odebrecht y Camargo Correa.

Lo que en estos últimos días se vive en el país vecino es una arremetida que muchos de ellos aspiran a definitiva contra Dilma y Lula de parte de los medios concentrados, como la red O Globo y el diario Folha de Sao Paulo. Lo peor del caso es que no solo despliegan un arsenal de cuestionamientos sobre la transparencia del PT y de sus integrantes y socios políticos, sino que marcan agenda sobre el rumbo que el proyecto neoliberal pretende del país y sobre el rol que la sociedad le debería asignar a cualquier gestión presidencial y a las empresas públicas.

En el caso de Petrobras, la oleada de escandaletes que los medios viene mostrando en dosis sutilmente administradas desde fines del año pasado, golpea a las puertas del líder metalúrgico, lo que eventualmente afectaría la continuidad del proyecto “petista”. Pero también amenaza con un juicio político contra la presidenta, para lo cual se viene afilando los dientes el ex candidato Aecio Neves y su partido, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que a pesar del nombre representa al conservadurismo y cuenta entre sus mascarones de proa al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, un intelectual desarrollista en los 60 que devino en neoliberal cuando ocupó la presidencia en los 90 y desplegó gran parte del recetario privatizador recomendado por los Chicago Boys.

Ahora el senador y dos veces candidato presidencial por el PSDB y ex gobernador paulista José Serra pretende que se modifique una ley clave para un verdadero plan social en ese país, la normativa que le da exclusividad a Petrobras en la explotación de las riquezas petroleras de la plataforma submarina. Busca que entren empresas multinacionales, pero fundamentalmente  cambiar el reparto de las regalías, que con la legislación vigente garantiza un alto componente para la educación y la salud populares.

El avance del proceso Petrobras, que está en manos de Sergio Moro, un juez muy cercano a la embajada de Estados Unidos, inundó de rechazo no solo a la gestión petista sino a la dirigencia política en pleno. En la picota están tanto encumbrados dirigentes del oficialismo como del PMDB, lo que incluye al propio Eduardo Cunha y hasta el ex presidente Fernando Collor de Melo, denunciado por corrupción y expulsado mediante un impeachment en 1992.

La respuesta de Cunha a la acusación de que recibió sobornos salidos del bolsillo de Petrobras fue anunciar su paso a la oposición y la amenaza de abrir la puerta para un proceso similar contra Dilma.  Una velada amenaza contra el PT o una extorsión para que ponga un límite a las investigaciones judiciales. 

Sucede que en Brasil eso de la separación de poderes también es otra característica de la organización política, pero al mismo tiempo es una trampa en la que cayó el PT -e incluso de la propia Dilma- cuando aceptaron que la vía para llegar al poder no era por las armas. El proceso político llevó, como en otros países de la región, a “comerse esos sapos” que ahora, y desde la causa que llevó a prisión al principal operador de Lula, José Dirceu -también ex guerrillero- y a altos dirigentes del PT por el llamado “mensalao”, se reporta como un error. Eso de la reforma judicial que en Argentina quiso encarar el gobierno de Cristina y no logró, aunque dejó presentado el tema en la sociedad, en Brasil casi ni se planteó.

 Como en la mayoría de los países latinoamericanos, el poder judicial es otra de las puntas de lanza del establishment y de las concepciones neoliberales. Solo basta observar la queja del veterano periodista brasileño Joaquim Palhares, director de la revista online Carta Maior, uno de los medios que hace fuerza por el PT y una de las pocas voces a favor del proyecto petista en ese país, bombardeado por la oposición mediática. "Jamás en la vida vi a jueces apareciendo en seminarios del grupo Globo o a la Policía Federal filtrando sus investigaciones a la prensa", puntualizó Palhares.

Esta semana ocurrieron dos hechos a destacar. Por un lado, la abogada Beatriz Catta Preta, presentada por los medios concentrados como “una de las mayores especialistas en delación premiada del país”, anunció que deja la defensa de sus principales clientes en esta megacausa, denominada Lava Jato por el lavadero de autos donde comenzó la investigación policial. La mujer le informó al juez Moro que ya no tendría entre sus pupilos a  Augusto Ribeiro Mendonça Neto y a Pedro José Barusco Filho, los que se suman a Julio Camargo, otro de los delatores que ella asesoró.

El sistema de delación premiada, copiado del acuerdo con la fiscalía que figura en el proceso de Estados Unidos, permite que un reo negocie la reducción de una condena en su contra si “colabora” con la justicia. Una invitación a prender el ventilador con tal de salvar el propio trasero. Con eso se llega a una verdad jurídica o apenas mediática. Lo que no implica que se está cerca de la verdad verdadera.

Al mismo tiempo el Ministerio Público de Brasil promovió –demasiado tarde- una contraofensiva sobre algunos personajes del sistema judicial. El jueves anunció un proceso disciplinario contra el fiscal que hace unos días abrió una investigación para determinar su Lula cometió el delito de tráfico de influencia cuando fomentó la participación de la constructora Odebrecht en obras en el exterior. Una de ellas es un megaproyecto en Puerto Mariel, Cuba. La defensa del líder metalúrgico hizo la presentación y el propio Lula explicó que precisamente una de las  funciones de un presidente es abrir puertas en el exterior para vender trabajo nacional y apostar al crecimiento del empresariado nacional.

El fiscal Valtan Mendes Furtado salió, como se dice en la jerga leguleya, “de pesca” en un acto diplomático del anterior gobierno. Y ya se anunció que quiere investigar los créditos que recibió esa firma de parte del Banco Nacional de Desarrollo, el famoso BNDES que tanto contribuyó desde antes de la dictadura al desarrollo de la industria brasileña.

Pegándole a la burguesía nacional, destruyendo a la empresa petrolera de bandera y desprestigiando el banco que fomenta la industria y el trabajo brasileño, se le pega debajo de la línea de flotación al proyecto desarrollista que sin cortapisas desplegó Brasil desde fines de la segunda guerra mundial como política de estado.

Se podrá discutir mucho sobre el desarrollismo como modelo de distribución y de crecimiento. Pero cuando desde la derecha buscan destruirlo uno debe preguntarse qué les molesta. Y allí estará la respuesta a estos ataques a los llamados progresismos latinoamericanos.

Julio 24 de 2015

Snowden y los carpetazos de Petrobrás

Tal vez la culpa de todo la tenga Edward Snowden, el analista de Inteligencia que denunció el espionaje global realizado por la NSA, el organismo de Inteligencia electrónica estadounidense. Porque entre los documentos que reveló el joven de 31 años –que debió exiliarse en Rusia para preservar su salud– figuran los que demuestran que entre los objetivos de la NSA estaba la petrolera de bandera brasileña Petrobras y el correo personal de la presidenta Dilma Rousseff.
El escándalo estalló en setiembre de 2013, semanas antes de la programada gira de Dilma a Washington en la que sería la visita más importante que recibiría ese año el presidente Barack Obama. La respuesta del gobierno brasileño fue contundente y representó un desaire inusual para la Casa Blanca: Dilma suspendió el encuentro que se llevaría a cabo en octubre de ese año y pidió explicaciones sobre el incidente. Obama tragó saliva y esbozó tímidas disculpas diplomáticas. Faltaba menos de un año para el Mundial de Fútbol y todavía Brasil refulgía en el firmamento de las potencias como una joya inmaculada, y tras dos exitosas gestiones, Lula da Silva había podido colocar a su sucesora en representación del PT, el partido que había fundado en los '80. En agosto, Snowden había pedido asilo en Rusia ya que en su nación le espera una biblioteca de cargos judiciales, el más grave de los cuales es por traición a la patria, lo que implicaría la pena de muerte.
Poco tiempo después, "casualmente", se extendieron por todo el país una cadena de manifestaciones contra los gastos en la Copa del Mundo que sorprendieron a propios y ajenos. Faltaban pocos meses para que comenzara a rodar la bola en los estadios construidos a todo vapor y fue un momento difícil de manejar para el oficialismo. Tras el fracaso de la verde-amarelha se iniciaba una dura campaña electoral para renovar mandato. El PT logró ganar en segunda vuelta, aunque con un margen mucho más estrecho que en otras ocasiones. También resultó reducida la cosecha de legisladores, un dato que no sorprendió porque siempre para gobernar el PT necesitó de aliados como el PMDB, el partido heredero de la formación centroderechista tolerada por la dictadura militar. Pero ya las nubes del vendaval de denuncias por corrupción en Petrobras habían mostrado toda su virulencia.
Cómo fue que la petrolera –que había crecido hasta ser la cuarta empresa del mundo en su rubro y la décima entre las multinacionales en 2013, tras el descubrimiento de los inmensos yacimientos submarinos del Pre Sal– cayó al puesto 416 que hoy ostenta puede ser la crónica de un "carpetazo” monumental o el reflejo de una puja sin cuartel por los recursos fundamentales del país.
Es que tras una dura pelea en el congreso el gobierno había logrado –hace justo dos años– destinar el 75% de las regalías petroleras a planes de educación y el 25 restante a salud en todo el país. Un logro que dejaba fondos fijos para sustentar un proyecto político de envergadura destinado a cambiar para siempre el rostro del Brasil sumergido. En el último balance, la firma computó pérdidas por 8800 millones de dólares en 2014, y poco más de 2000 mil millones bajo el rótulo de quebrantos debidos a la corrupción durante ocho años.
El avance de las investigaciones judiciales, azuzadas por oportunas publicaciones en los medios más influyentes del establishment, tiene a Dilma en jaque desde que asumió su segundo mandato. Se trata de un caso que, como lo presentan los periódicos, apesta por donde se lo mire porque involucra a dirigentes políticos de todos los sectores e incluso salpica al ex presidente Lula da Silva y a la propia Dilma Rousseff. Pero apesta también porque las pruebas reales y concretas para condenar a los imputados no abundan. Gran parte de la acusación se basa en los dichos incriminatorios de un cambista, Alberto Youssef, implicado en el caso que con tal de morigerar su condena por blanqueo de dinero "prendió el ventilador" contra un puñado de ex socios, grandes empresarios y funcionarios de la empresa y del gobierno. De allí la indignación de Lula este martes. "Es inaceptable que una gran democracia como la de Brasil, con 200 millones de habitantes y una de las mayores economías del mundo, se haya transformado en rehén de un criminal notorio y reincidente", publicó el metalúrgico en su página de Facebook.
Como para no protestar, por menos que eso ya había sido condenado en 2012 José Dirceu, quien fuera su jefe de Gabinete y arquitecto de las alianzas que lo llevaron al poder. El fallo del Supremo Tribunal Federal lo sentenció a algo más de siete años de prisión inculpado de haber organizado un esquema para financiar el apoyo de partidos amigos y no tanto para la aprobación de las leyes que necesitó el PT. Lo sustancioso es que fue sentenciado a pesar de que, como reconocieron los jueces máximos, no había evidencias documentadas del ilícito, sólo declaraciones y sospechas que, para los magistrados de la mayoría que firmó el fallo, sonaron creíbles.
Ahora, al menos, hay un balance de Petrobras que le pone cifras al desfalco y además Pedro Barusco, ex gerente de Sete Brasil, una empresa ligada a Petrobras, devolvió unos 57 millones de dólares que, dijo, eran desvíos de fondos, depositados en Suiza. Una bolsa demasiado importante como para que ingresara a las arcas públicas por simple generosidad o una maniobra política.
La situación con Petrobras (el petrolão) tiene similitudes con el llamado "mensalão", el que llevó a la celda a Dirceu. La denuncia es por haber financiado en forma irregular a partidos o dirigentes para aceitar la aprobación de leyes que el gobierno necesitaba para avanzar en su proyecto político. Una trampa, en todo caso, en la que se habría embretado el oficialismo en su afán de cambiar las cosas en el marco de normativas pergeñadas por la derecha para que precisamente nada pueda cambiar.
Ahora en el Congreso aparecieron voces teñidas de virtud que despotrican por el escándalo Petrobras. Pero las denuncias implican a las caras visibles del PT como del PMDB y hasta de partidos menores. Que la gestión de Dilma iba a estar teñida con este perfil se avizoraba desde que remplazó a Lula. En sus primeros dos años en el Planalto, Rousseff desplazó a siete ministros denunciados por distintos casos de irregularidades. La mayoría no eran del PT. Pero no alcanzó con ese gesto firme, o quizás fue visto como señal de debilidad. Lo interesante es que como forma de paliar este momento aciago, la presidenta intentó cambiar la Ley Electoral, cosa de transparentar la voluntad popular. Y para salir del atolladero económico, envió a las cámaras leyes de ajuste y la propuesta para un nuevo juez en la corte. Ninguna de ellas le fue aprobada aún. Curiosa parálisis en momentos en que a nadie se le ocurriría apurar medidas con el recurso de un sobre.
En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet también enfrenta una arremetida por denuncias de corrupción y tuvo que cambiar su Gabinete para recuperar aire político. El personaje más notorio es su hijo y la esposa del vástago, imputados por tráfico de influencia en créditos para la compra-venta de terrenos. Pero los escándalos trasandinos envuelven a dirigentes de todos los partidos, oficialistas y opositores, con empresas que financiaron las carreras políticas de varios.
El caso que afecta a la presidencia repercutió en un juzgado donde una empresa querelló a su nuera por estafa. Las ganancias logradas con información privilegiada sobre modificaciones en la urbanización de la zona fueron fenomenales... Ayer la firma compradora de los terrenos en cuestión recibió la devolución del dinero invertido de manos Natalia Compagnon –la esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet– y asunto arreglado. Claro que el escándalo dejó mal parada a la mandataria, que había logrado reformar leyes fundamentales para el avance de la democracia en Chile. Entre ellas la ley electoral, la tributaria y la de educación venidas del pinochetismo.
El costo de ir por más democracia es alto y los carpetazos están a la orden del día, como bien mostró Snowden. Por eso es necesario caminar con pies de plomo. 

Tiempo Argentino
Mayo 15 de 2015

Ilustró Sócrates

Francisco, un reformista en su salsa

En poco más de dos meses, Jorge Mario Bergoglio cumplirá dos años como Francisco. Se dijo y publicó aquel 13 de marzo de 2013 que era el primer jesuita (aunque eligió el nombre de otra orden, menos beligerante, quizás porque la Compañía de Jesús no tiene como premisa aceptar cargos relevantes), también que era el primer latinoamericano y que por primera vez irían a convivir dos papas en el Vaticano. Muchas inauguraciones para el que fuera cardenal de Buenos Aires y que provenía "de los confines de la Tierra", como dijo en su primer arenga en la plaza de San Pedro.
Era un momento dramático para la Iglesia Católica, por la andanada de escándalos sexuales y económicos que la atravesaban desde hacía años y que estallaron con toda la furia en los últimos durante el papado de Joseph Ratzinger, aunque muchas de esas iniquidades se conocían  desde los tiempos de Karol Wojtyla.
 En estos 21 meses, Francisco demostró una pericia y un olfato político que en Argentina nadie le negó jamás pero que en el resto del mundo resultó sorpresivo. El Obispo de Roma tuvo el buen tino suficiente como para comprender qué caldos se estaban cocinando en el mundo actual, con una superpotencia en declive pero aún con capacidad militar y de daño que nadie podría igualarle por décadas, y un puñado de emergentes llamados a liderar los tiempos que vienen. Uno de ellos, Brasil,  con la mayor población católica del planeta, nada menos.
Fue así que intentó dar el salto ecuménico con otras religiones, lo cual no está fuera de los márgenes que la Santa Sede se impone desde épocas pasadas. Lo intentaron Paulo VI, Juan Pablo II y hasta con una falta de sensatez garrafales, Benedicto XVI.  Pero en el juego de las grandes ligas, desde el polaco Wojtyla nadie se había arrimado tanto al poder real como Francisco.
La caída en dominó de los países del área socialista y luego de la propia Unión Soviética no hubiese sido posible sin la Santa Alianza entre el tándem Wojtyla-Ratzinger y el gobierno de Ronald Reagan y la CIA, comandada entonces por Bill Casey. Como acción colateral imprescindible, los sectores más progresistas dentro del catolicismo, enrolados en la Teología de la Liberación –de presencia predominante en Latinoamérica– sufrieron en carne propia la persecución dentro de la grey por Ratzinger al frente de la Inquisición.
Cuando arreció la crisis en el catolicismo y los cardenales optaron por el argentino para remplazar a Benedicto, se deslizó la sospecha de que podría repetir aquella vieja coalición anticomunista, en este caso enfocada a socavar a los gobiernos populares surgidos en lo que va del siglo en esta parte del mundo.
Había reuniones y encuentros secretos entre Washington y el Vaticano. Son dos estados con poder innegable aunque en merma. En un caso, como se dijo, acosado por las potencias emergentes y especialmente China. En el otro, porque las iglesias evangélicas están encontrando huecos por donde sumar fieles. No es el caso debatir los intereses que subyacen bajo algunas de estas confesiones, pero ocupan espacios determinantes en sitios como Brasil, donde nadie puede llegar a la presidencia sin contar con cierta anuencia de líderes evangelistas.
Francisco entró como una tromba en la Curia y uno de los exonerados por Ratzinger, el brasileño Leonardo Boff, le había dicho a este analista en noviembre de 2013 que temía por la suerte del pontífice. Tomar el toro por las astas en los oscuros recovecos vaticanos podría significar un final como el de Juan Pablo I, el efímero Albino Luciani, muerto en circunstancias confusas a 33 días de su pontificado, en septiembre de 1978. De allí el beneplácito de que ocupara la habitación 201 de la Casa de Santa Marta, más seguras para su persona que las del Palacio Vaticano.
La tensión que provocó el argentino se refleja en un libro de reciente aparición, El gran reformador, una biografía escrita por el británico Austen Ivereigh, ex subdirector en el Reino Unido de la revista católica The Tablet y fundador de Voces Católicas, quien vivió en Buenos Aires en los '90 y compartió tertulias con el entonces cardenal. Entrevistado por el chileno Juan Paulo Iglesias en el diario La Tercera, Ivereigh reconoció las presiones que el Papa debe soportar de una burocracia demasiado acostumbrada a disfrutar de los beneficios eclesiales y poco adictos al esfuerzo.
La idea central es que, como toda burocracia, los curiales prefieren la previsibilidad y se irritan con lo inesperado. "A los burócratas les gusta saber dónde están y Francisco ha introducido cierto grado de inseguridad en el Vaticano, que es parte de su reforma", sostiene Ivereigh. Eso explica el constante alegato de Francisco por sacar la iglesia a las calles y el apelativo a la militancia y en contra de la molicie.
Porque quiere captar nuevos feligreses. Pero también porque le quiere dar lugar a las voces que fueron acalladas en estos últimos 40 años de Iglesia. Eso implica "pisar callos", lo que se manifiesta  a través de críticas solapadas dentro de la Curia. "Lo que Francisco quiere es una Iglesia construida para su misión y lo que quieren sus críticos es una Iglesia construida para la claridad. Creo que son dos modelos de Iglesia y el Papa incomoda a ese grupo de personas para el cual el gran logro del Pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI fue precisamente dar cierta claridad en cuanto a doctrina y en cuanto a la verdad", dice el británico.
Sin embargo, en una institución con más de 2000 años que se ufana de que los temas seculares no son de su incumbencia, fue en el ámbito mundano donde Francisco produjo los mayores logros. Intentó laudar en el conflicto palestino-israelí sin éxito, en una gira que despertó más expectativas de las que sensatamente podía resolver. Pero cuando arreció la crisis política en Venezuela y el  gobierno bolivariano de Nicolás Maduro tropezaba con la violencia opositora al precio de más de 40 muertos, ofreció su mediación a través de su secretario de Estado, Pietro Parolin. Al terminar el año, la gran noticia fue que casi desde el inicio de su "gestión", el Papa había buscado canales diplomáticos para acercar a Cuba y Estados Unidos.
No era un desafío menor. La Revolución Cubana fue un grano en las asentaderas estadounidenses desde 1960 y en medio de la Guerra Fría, los países latinoamericanos sufrieron todo tipo de amenazas para dar la espalda a uno de los países hermanos. Un imperio no puede recular tan fácilmente luego de décadas de ruptura. Pero el presidente Obama no tenía demasiadas opciones. Cuando la situación en Oriente Medio y Ucrania se fue poniendo cada día más tensa y los países de eso que despectivamente su secretario de Estado John Kerry llama "patio trasero" le daban la espalda, el gobierno demócrata necesitaba una señal firme de que quiere las paces con la región.
Al cabo de un año en que los distintos países refrendaron en elecciones un curso alejado de las premisas de Washington –Colombia avaló en las urnas el proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana– y cuando las voces antichavistas del congreso estadounidense forzaban sanciones a las autoridades venezolanas, aparecía como una buena jugada arreglar en parte la "cuestión cubana" para congraciarse con los vecinos del sur, tras liberar presos de Guantánamo hacia Uruguay.
El opositor Henrique Capriles anunció que el domingo irá a una reunión con Maduro. Oficialmente poco se avanzó en el diálogo promovido por Francisco para evitar un incendio en Venezuela. Pero la sociedad se fue apaciguando. Un poco por el rol de la iglesia, otro por las políticas del oficialismo y algo más por la inoperancia opositora.
Alguna vez los cristianos, perseguidos por los romanos, convirtieron un emperador a su fe y luego al mismo imperio, que devino en sede de la iglesia. Luego se dividiría el mundo romano entre Occidente y Oriente. Hoy ese mismo Oriente, de raigambre más griega que romana, y que tuvo en Constantinopla a su capital, es un foco de tensión.
Un chiste que circuló estas semanas muestra al Che Guevara con Fidel, preguntándose cuándo se reanudarían las relaciones entre La Habana y Washington. "Cuando Estados Unidos tenga un presidente negro y la Iglesia un papa argentino", es la respuesta, un absurdo para aquel 1961. ¿Quién sabe si la forma de terminar con los desaguisados de la curia que tanto atormentan a Francisco sea una histórica mudanza a América? Estados Unidos ya le debe dos a la Santa Sede, bien podría anotarse en la lista. 

Tiempo Argentino
Enero 2 de 2015

Ilustró: Sócrates

Octubre caliente en América Latina

Si es cierto que la crisis es una oportunidad, la región latinoamericana constituyó, en lo que va de este siglo, una prueba palpable de que es posible aprovechar situaciones críticas para avanzar y construir modelos de desarrollo e integración. Fue un ejemplo, además, del modo en que la pérdida relativa de poder e influencia de Estados Unidos permitió un avance importante en los procesos de integración regional hacia la construcción de modelos de desarrollo autónomo como hacía décadas no sucedía en esta parte del mundo.

Sin embargo, no se puede negar que son horas decisivas para la región. Es que en las elecciones de Brasil, Bolivia y Uruguay no se juega solamente la continuidad de esos proyectos políticos en particular, sino de una estrategia común que, con sus altibajos y diferencias, tiñó de un modo inédito este comienzo de siglo.

El resultado de la primera vuelta en Brasil es, en tal sentido, una buena manifestación de las tensiones que atraviesan sociedades, gobiernos y proyectos en danza. Ganó el Partido de los Trabajadores (PT) creado por Luiz Inácio Lula da Silva que, con un conglomerado de partidos aliados de un extenso arco político que incluye desde un conservadurismo moderado hasta una izquierda más radicalizada, gobierna desde hace 12 años.

Aunque el balance final demuestra que el PT perdió votos en relación con elecciones anteriores, también revela que, tras más de una década en el poder, mantiene a casi el 45% del electorado de su lado. La contracara es que la derecha, representada por Aécio Neves, mantiene un 34% de voluntades. A pesar de que una amplia capa de la sociedad pudo mejorar su propia situación y el país en general ya integra el selecto grupo de los «top ten» a nivel mundial por su poderío económico, hay un tercio de la población que parece ser reacio a los cambios.

Con sólo ver en qué consiste el enfrentamiento entre gobierno y oposición en el plano ideológico se puede percibir qué es lo que está en juego. El gobierno de Dilma Rousseff continuó con las políticas de mayor autonomía llevadas a cabo por Lula, aunque enfocadas más a la profundización de su alianza con el grupo de los BRICS (que Brasil integra junto con Rusia, India, China y Sudáfrica) que con sus vecinos. Eso implicó distanciarse aún más de Washington, un tradicional aliado de la burguesía paulista y, sobre todo, del imaginario de pertenencia de las clases dirigentes brasileñas por décadas.

El punto culminante fue la cancelación, por parte de la presidenta Dilma Rousseff, de una visita programada a la Casa Blanca, después de que el ex agente estadounidense Edward Snowden revelara que el gobierno de Barack Obama espiaba a empresas, organismos y hasta  a la presidenta de Brasil. Se trató de una medida extrema, de un fuerte contenido en la diplomacia internacional: un país latinoamericano enfrentaba de igual a igual a la gran potencia mundial.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que sustenta la candidatura de Neves, es el mismo que aún lidera ideológicamente el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. El intelectual desarrollista de los 60, que devino en defensor del proyecto neoliberal «noventista» en dos presidencias consecutivas, entregó en 2002 la banda presidencial a Lula da Silva. Pero nunca renunció a sus últimas posiciones ideológicas, de una cercanía estrecha con Washington. Cardoso es el padrino político de Neves. Y el candidato del PSDB, nieto de Tancredo Neves, primer presidente electo tras la dictadura, que murió antes de poder asumir el cargo en 1985, expresa esta posición sin ambages: promete que si es electo abandonará las alianzas recientes a nivel global y se volcará, en cambio, hacia el norte.

El ex gobernador de Minas Gerais propone una mayor apertura económica pero también un cambio en el sistema de asociaciones continentales. Esto es, acercarse a los países de la Alianza del Pacífico (AP), un grupo de corte neoliberal creado en 2011 a instancias de los gobiernos conservadores del chileno Sebastián Piñera, el peruano Alan García, el colombiano Juan Manuel Santos y el mexicano Felipe Calderón. Una aspiración que comparte con la poderosa central industrial paulista, que ve en el Mercosur actual una traba para lograr acuerdos comerciales fuera del marco regional, a los que imagina más provechosos para el tamaño de la economía brasileña.

Este es un aspecto central de la disputa política que se da en las tres elecciones de este octubre caliente en Latinoamérica. Porque, al igual que el PSDB en Brasil, también los candidatos de la derecha en Bolivia (el empresario Samuel Doria Medina) y en Uruguay (Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou, hijos ambos de ex presidentes conservadores) proponen respuestas neoliberales a los problemas coyunturales que fueron apareciendo en estos últimos meses en todos los países de la región. Esa convergencia entre las expresiones de la derecha en distintos países de América Latina parece abonar la teoría del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien habla de un intento de «restauración oligárquica» para referirse a este proceso.

 La otra derecha

Es que desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, y de la mano de la consolidación de proyectos de integración regional, los países latinoamericanos fueron ganando crecientes grados de autonomía. Muchos de ellos surgieron al calor del impulso del fallecido líder bolivariano, tomaron vuelo a partir de los gobiernos de Lula da Silva y Néstor Kirchner desde 2003 y se afirmaron con los triunfos del Frente Amplio (FA) en Uruguay y de Evo Morales, con el Movimiento al Socialismo (MAS), en Bolivia.

El gran hito en este rumbo fue, sin dudas, el No al Alca, la primera gran respuesta colectiva al intento de crear un mercado común desde Canadá hasta Tierra del Fuego, impulsado por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y otros gobiernos neoliberales, como consecuencia del Consenso de Washington. La IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005 fue el escenario en el que, por primera vez en la historia latinoamericana, los presidentes de las principales naciones de la región expresaron su oposición a un mandatario estadounidense.

Desde entonces se fue consolidando el camino de la integración. Primero con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que tendría un rol preponderante ante el intento de golpe contra Evo Morales en 2008 y contra Correa en 2010, y luego con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), una entidad continental que genera ámbitos de debate y de políticas al margen de Estados Unidos y Canadá.

El proceso de integración no estuvo exento de altibajos. El firme rechazo de la Unasur a los golpes de Estado en Honduras y Paraguay no impidió que se consolidaran gobiernos ligados con las oligarquías locales vinculadas con Estados Unidos. Paralelamente, las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba para alcanzar acuerdos de paz definitivos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, plebiscitado prácticamente con la reelección del mandatario colombiano, demuestran que otros vientos soplan en América Latina. Santos representa a la derecha, pero una derecha más racional y dispuesta a soluciones democráticas de las controversias políticas.

Hay otra derecha que fluctúa entre las reglas democráticas y la salida golpista. Al venezolano Henrique Capriles le cabe este sayo. Heredero de una familia de fortuna y notorio antichavista, en el intento de golpe contra el líder bolivariano de 2002 ocupó con un grupo de seguidores la embajada de Cuba en Caracas y cuestionó la cercanía del «régimen» con la revolución. Hace dos años se puso al frente de una coalición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que si bien perdió la elección contra el mismo Chávez, tras la muerte del líder venezolano estuvo a apenas un par de puntos de vencer a su sucesor, Nicolás Maduro, a principios de 2013.

Ese resultado estrecho le sirvió para encabezar una campaña de desprestigio que un año después culminó en movilizaciones e intentos de desestabilización que dejaron como saldo más de 40 muertos y una situación que dificultó la consolidación del liderazgo de Maduro. Capriles, que es gobernador de Miranda, hizo campaña comprometiéndose a mantener las conquistas para los menos favorecidos que el chavismo venía poniendo en práctica desde que llegó al Palacio Miraflores, en una sociedad exclusiva y excluyente como era la de Venezuela.

 Juegos peligrosos

Con un discurso similar, la candidata brasileña Marina Silva logró algo más de 22 millones de votos y Neves llegó a la segunda vuelta, con más de 34 millones. En Bolivia, el triunfo de Morales no resultaba cuestionado por ninguna encuesta. El líder cocalero pudo llevar a cabo los cambios más profundos en ese país, hasta no hace mucho convulsionado, al fundar el Estado Plurinacional. Uno de sus mayores logros es haber derrotado –con la ayuda de los vecinos regionales, que bloquearon cualquier intento de golpe– a la derecha más retrógrada, afincada en lo que se conoce como la Media Luna próspera del Oriente, sobre todo en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

Sólo así se puede explicar que, tras una crisis que parecía terminal para la unidad territorial de Bolivia, el MAS esté en condiciones de ganar el comicio departamental y sea la fuerza dominante, como señalaba el investigador Juan Manuel Karg en una charla llevada a cabo en el CCC Floreal Gorini. En ese mismo encuentro, el docente e investigador boliviano Hugo Moldiz señaló que «los grandes empresarios de Santa Cruz que en algún momento quisieron jugar a desestabilizar al gobierno e incidir a nivel político en los destinos de Bolivia, han terminado aceptando el liderazgo de Morales y han dicho “déjanos hacer negocio acá”, dejando de lado lo político». El apenas 14% que logra en los sondeos su más cercano competidor demuestra que algo ocurrió en Bolivia desde que el MAS está en el Palacio Quemado.

En Uruguay sucede algo similar. Hay una derecha que entendió algunos de los cambios que se sucedieron desde que, en 2005, el oncólogo Tabaré Vázquez con el Frente Amplio puso fin a 174 años de bipartidismo entre Blancos y Colorados. Hoy, el propio Vázquez intenta que el FA retenga la presidencia tras el gobierno de José Pepe Mujica.

La derecha parece haber encontrado a su candidato en el representante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle, quien gobernó Uruguay durante la década del 90. Lacalle fue, en palabras del investigador del CCC Agustín Lewit, «el presidente que se asocia con la implantación del neoliberalismo en Uruguay. Gobernó entre 1990 y 1995 y fue el encargado de aplicar el recetario neoliberal que también se aplicaba en el resto de los países de la región».

¿Qué propone Lacalle Pou, el favorito de los medios? Según Lewitt, «despegándose de lo que fue la historia del partido Blanco, muy ligado con los sectores agrarios, se presenta como el candidato de la renovación, el candidato de la modernización política. Y centra todo su discurso en la eficiencia de la gestión. En ese sentido es interesante analizarlo y cuadra bastante bien en lo que algunos han empezado a llamar la nueva derecha regional».

Los nuevos liderazgos

Bolivia, según datos que publicó la Cepal y que corroboró el FMI, es el país que más creció en este año, como lo viene haciendo de manera ininterrumpida desde que Evo Morales asumió el poder. El promedio arroja un 5% durante su gestión y para los próximos años apunta a un 7%. Tasas chinas, se solía decir en otras épocas. Al mismo tiempo, redujo la pobreza extrema del 38% al 18%.

En Brasil las cifras son de igual magnitud, con el agregado de que allí se invirtió el tamaño de la ocupación formalizada. La cantidad de trabajadores en negro se redujo aceleradamente al punto que, como señala Amílcar Salas Oroño, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, se desarrollaron nuevas clases medias que ingresaron al mercado de consumo con el PT –se calcula que son alrededor de 40 millones de personas, entre las cuales hay muchos trabajadores–. «En concreto se crearon 20 millones de puestos de trabajo desde 2008», agregó.

El gobierno del MAS, en tanto, sufrió el embate de la derecha y de instituciones públicas y secretas ligadas con Estados Unidos desde que Evo Morales llegó al gobierno. A la publicidad en contra de Morales por su origen campesino como cultivador de coca, los medios masivos le añadieron su perfil cercano a Chávez y al líder cubano Fidel Castro. Pero, además, logró aprobar una Constitución que a todas luces es revolucionaria y que les da poder a las organizaciones sociales que sustentan este nuevo Estado Plurinacional.

Durante el año de las grandes revueltas contra Morales, el empresario cruceño Branko Marinkovich, de origen croata, era el representante del ala más dura de la burguesía de Santa Cruz y junto con el entonces prefecto del departamento, Leopoldo Fernández, estaba al frente de un movimiento secesionista, ya que no veían posibilidades de recuperar el poder mediante las urnas. La crisis fue finalmente superada con un poco de mano dura desde La Paz, otro poco de ayuda regional y bastante de muñeca política.

Si algo caracteriza a Evo Morales es su capacidad de negociación, adquirida en sus años de dirigente sindical. Una práctica que lo emparenta con Lula da Silva, pero también con Nicolás Maduro, metalúrgico el uno, transportista el otro. Esto implica que saben sentarse a una mesa de diálogo y tensar la cuerda hasta obtener el mejor resultado para quienes representan en una puja con los poderosos. Algo que no suele estar en los cánones de lo que que se espera de la dirigencia política. De allí las acusaciones de «dictadores» que esgrimen la oposición y los publicistas políticos, que pueden calar hondo en ciertos sectores de la sociedad.

¿Por qué la derecha busca canales alternativos para volver al poder si, como sucedió en todos los países de la región tras la llegada de estos movimientos progresistas, los sectores sociales que representan no dejaron de ganar dinero? Quizás sea porque, como señala Salas Oroño, «estas transformaciones golpean por el lado de lo simbólico».
En el caso de Brasil, Bolivia y Uruguay es más evidente. Estos cambios implicaron el ingreso a lugares relevantes en la estructura del poder de dirigentes surgidos de las clases bajas de la población y de algunos que habían participado en los años de plomo en la lucha armada.

Más allá de la historia personal de Dilma o de Mujica, es interesante resaltar el factor que representa la denominada «plebeyización» de la política, un proceso que implicó, además, la pérdida de influencia de los sectores tradicionales, algo difícil de digerir para muchos.

Para Salas Oroño, «de alguna forma el PT ha popularizado no sólo el Parlamento, sino también los ministerios. Ha sido así no sólo por la figura de Lula, porque en Brasil si uno hila un poco más fino y ve quiénes son efectivamente los diputados y quiénes los ministros que llegaron, cuáles son sus orígenes de clase, descubre que también hay una revolución cultural».

Para Salas Oroño, este es «un fenómeno que no es irrelevante, porque no sólo trae autoestima en los sectores populares, sobre todo rompe la visión respecto a que Brasil es un país de las elites, que estaba muy instalada en la sociología. Porque es cierto, Getulio Vargas era un estanciero y ni Joao Goulart ni Juscelino Kubitschek eran personas de origen popular. Entonces, las transformaciones que se dan con Lula, se dan en ese plano simbólico, son impresionantes».

Revista Acción

Octubre 15 de 2014