Snowden y los carpetazos de Petrobrás

Tal vez la culpa de todo la tenga Edward Snowden, el analista de Inteligencia que denunció el espionaje global realizado por la NSA, el organismo de Inteligencia electrónica estadounidense. Porque entre los documentos que reveló el joven de 31 años –que debió exiliarse en Rusia para preservar su salud– figuran los que demuestran que entre los objetivos de la NSA estaba la petrolera de bandera brasileña Petrobras y el correo personal de la presidenta Dilma Rousseff.
El escándalo estalló en setiembre de 2013, semanas antes de la programada gira de Dilma a Washington en la que sería la visita más importante que recibiría ese año el presidente Barack Obama. La respuesta del gobierno brasileño fue contundente y representó un desaire inusual para la Casa Blanca: Dilma suspendió el encuentro que se llevaría a cabo en octubre de ese año y pidió explicaciones sobre el incidente. Obama tragó saliva y esbozó tímidas disculpas diplomáticas. Faltaba menos de un año para el Mundial de Fútbol y todavía Brasil refulgía en el firmamento de las potencias como una joya inmaculada, y tras dos exitosas gestiones, Lula da Silva había podido colocar a su sucesora en representación del PT, el partido que había fundado en los '80. En agosto, Snowden había pedido asilo en Rusia ya que en su nación le espera una biblioteca de cargos judiciales, el más grave de los cuales es por traición a la patria, lo que implicaría la pena de muerte.
Poco tiempo después, "casualmente", se extendieron por todo el país una cadena de manifestaciones contra los gastos en la Copa del Mundo que sorprendieron a propios y ajenos. Faltaban pocos meses para que comenzara a rodar la bola en los estadios construidos a todo vapor y fue un momento difícil de manejar para el oficialismo. Tras el fracaso de la verde-amarelha se iniciaba una dura campaña electoral para renovar mandato. El PT logró ganar en segunda vuelta, aunque con un margen mucho más estrecho que en otras ocasiones. También resultó reducida la cosecha de legisladores, un dato que no sorprendió porque siempre para gobernar el PT necesitó de aliados como el PMDB, el partido heredero de la formación centroderechista tolerada por la dictadura militar. Pero ya las nubes del vendaval de denuncias por corrupción en Petrobras habían mostrado toda su virulencia.
Cómo fue que la petrolera –que había crecido hasta ser la cuarta empresa del mundo en su rubro y la décima entre las multinacionales en 2013, tras el descubrimiento de los inmensos yacimientos submarinos del Pre Sal– cayó al puesto 416 que hoy ostenta puede ser la crónica de un "carpetazo” monumental o el reflejo de una puja sin cuartel por los recursos fundamentales del país.
Es que tras una dura pelea en el congreso el gobierno había logrado –hace justo dos años– destinar el 75% de las regalías petroleras a planes de educación y el 25 restante a salud en todo el país. Un logro que dejaba fondos fijos para sustentar un proyecto político de envergadura destinado a cambiar para siempre el rostro del Brasil sumergido. En el último balance, la firma computó pérdidas por 8800 millones de dólares en 2014, y poco más de 2000 mil millones bajo el rótulo de quebrantos debidos a la corrupción durante ocho años.
El avance de las investigaciones judiciales, azuzadas por oportunas publicaciones en los medios más influyentes del establishment, tiene a Dilma en jaque desde que asumió su segundo mandato. Se trata de un caso que, como lo presentan los periódicos, apesta por donde se lo mire porque involucra a dirigentes políticos de todos los sectores e incluso salpica al ex presidente Lula da Silva y a la propia Dilma Rousseff. Pero apesta también porque las pruebas reales y concretas para condenar a los imputados no abundan. Gran parte de la acusación se basa en los dichos incriminatorios de un cambista, Alberto Youssef, implicado en el caso que con tal de morigerar su condena por blanqueo de dinero "prendió el ventilador" contra un puñado de ex socios, grandes empresarios y funcionarios de la empresa y del gobierno. De allí la indignación de Lula este martes. "Es inaceptable que una gran democracia como la de Brasil, con 200 millones de habitantes y una de las mayores economías del mundo, se haya transformado en rehén de un criminal notorio y reincidente", publicó el metalúrgico en su página de Facebook.
Como para no protestar, por menos que eso ya había sido condenado en 2012 José Dirceu, quien fuera su jefe de Gabinete y arquitecto de las alianzas que lo llevaron al poder. El fallo del Supremo Tribunal Federal lo sentenció a algo más de siete años de prisión inculpado de haber organizado un esquema para financiar el apoyo de partidos amigos y no tanto para la aprobación de las leyes que necesitó el PT. Lo sustancioso es que fue sentenciado a pesar de que, como reconocieron los jueces máximos, no había evidencias documentadas del ilícito, sólo declaraciones y sospechas que, para los magistrados de la mayoría que firmó el fallo, sonaron creíbles.
Ahora, al menos, hay un balance de Petrobras que le pone cifras al desfalco y además Pedro Barusco, ex gerente de Sete Brasil, una empresa ligada a Petrobras, devolvió unos 57 millones de dólares que, dijo, eran desvíos de fondos, depositados en Suiza. Una bolsa demasiado importante como para que ingresara a las arcas públicas por simple generosidad o una maniobra política.
La situación con Petrobras (el petrolão) tiene similitudes con el llamado "mensalão", el que llevó a la celda a Dirceu. La denuncia es por haber financiado en forma irregular a partidos o dirigentes para aceitar la aprobación de leyes que el gobierno necesitaba para avanzar en su proyecto político. Una trampa, en todo caso, en la que se habría embretado el oficialismo en su afán de cambiar las cosas en el marco de normativas pergeñadas por la derecha para que precisamente nada pueda cambiar.
Ahora en el Congreso aparecieron voces teñidas de virtud que despotrican por el escándalo Petrobras. Pero las denuncias implican a las caras visibles del PT como del PMDB y hasta de partidos menores. Que la gestión de Dilma iba a estar teñida con este perfil se avizoraba desde que remplazó a Lula. En sus primeros dos años en el Planalto, Rousseff desplazó a siete ministros denunciados por distintos casos de irregularidades. La mayoría no eran del PT. Pero no alcanzó con ese gesto firme, o quizás fue visto como señal de debilidad. Lo interesante es que como forma de paliar este momento aciago, la presidenta intentó cambiar la Ley Electoral, cosa de transparentar la voluntad popular. Y para salir del atolladero económico, envió a las cámaras leyes de ajuste y la propuesta para un nuevo juez en la corte. Ninguna de ellas le fue aprobada aún. Curiosa parálisis en momentos en que a nadie se le ocurriría apurar medidas con el recurso de un sobre.
En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet también enfrenta una arremetida por denuncias de corrupción y tuvo que cambiar su Gabinete para recuperar aire político. El personaje más notorio es su hijo y la esposa del vástago, imputados por tráfico de influencia en créditos para la compra-venta de terrenos. Pero los escándalos trasandinos envuelven a dirigentes de todos los partidos, oficialistas y opositores, con empresas que financiaron las carreras políticas de varios.
El caso que afecta a la presidencia repercutió en un juzgado donde una empresa querelló a su nuera por estafa. Las ganancias logradas con información privilegiada sobre modificaciones en la urbanización de la zona fueron fenomenales... Ayer la firma compradora de los terrenos en cuestión recibió la devolución del dinero invertido de manos Natalia Compagnon –la esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet– y asunto arreglado. Claro que el escándalo dejó mal parada a la mandataria, que había logrado reformar leyes fundamentales para el avance de la democracia en Chile. Entre ellas la ley electoral, la tributaria y la de educación venidas del pinochetismo.
El costo de ir por más democracia es alto y los carpetazos están a la orden del día, como bien mostró Snowden. Por eso es necesario caminar con pies de plomo. 

Tiempo Argentino
Mayo 15 de 2015

Ilustró Sócrates

Los amigos incómodos de Dilma

Tensión, gritos, escándalo. Así describen los periodistas destacados en el congreso brasileño a la sesión de ayer, cuando la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) tenía que decidir los cargos para conformar al equipo encargado de llevar adelante la investigación por la corrupción en Petrobrás. El presidente de la CPI apuró la decisión ante la protesta de muchos de sus pares, que esperaban terciar en el debate por los nombres. Un tema no menor en el marco de una cuestión que involucra en el que seguramente es el mayor escándalo en la historia brasileña moderna no sólo a dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), sino a sus principales aliados desde hace 16 años, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
El caso desnuda posibles hechos de corrupción que salpican a las máximas autoridades del partido de gobierno y también a la presidenta Dilma Rousseff, que fuera ministro de Minas y Energía entre 2002 y 2005. Pero también las debilidades del sistema de alianzas que supo construir Lula da Silva, con el beneplácito de José Dirceu, para ganar las elecciones de 2002. Es que el sistema electoral que dejaron los dictadores sigue siendo un mecanismo perfecto para limitar las posibilidades de cambio en la estructura de poder fáctico. El mismo artilugio armaron las dictaduras que se fueron desde principios de los 80 en América Latina, por eso esta es una vieja demanda de los sectores democráticos que aún no pudieron cumplir en Brasil pero va camino a resolverse, en Chile tras e la aprobación de la nueva ley electoral  pinochetista a fines de enero pasado.
Tras las masivas marchas previas al Mundial, Dilma Rousseff presentó, en junio de 2013, un proyecto de plebiscito para reformar el sistema político brasileño. Sus principales propuestas pasaban por modificar las formas de financiación de campañas electorales y terminar con el voto secreto que permite, entre otras cosas, destituir legisladores a puertas cerradas. Es lo que ocurría ayer para la conformación de la CPI, una decisión política de gravedad institucional que se toma a espaldas del electorado.
Pero el proyecto fue desestimado por la oposición con el remanido argumento de que era un tema demasiado delicado como para tratarlo a las apuradas, cuando se acercaban las elecciones…16 meses más tarde. Como el Congreso tiene la facultad de autorizar un plebiscito, la causa quedó archivada. Cuando el PT ganó la segunda vuelta, en octubre pasado, la presidenta anunció que enviaría el proyecto de ley, una verdadera cruzada para el oficialismo. Pero a Dilma le hicieron las cosas difíciles a horas de asumir su segundo mandato, el primer día de este año y no dieron las condiciones para un planteo semejante.
Para gobernar en Brasil se deben realizar alianzas, está establecido en la Constitución. Lo entendió quien era la principal espada política de Lula,  José Dirceu. El dirigente metalúrgico había perdido tres elecciones con el partido que había fundado en 1980 hasta que comprendió que si realmente quería hacer cambios en su país tenía que dejar de lado el purismo ideológico y tejer coaliciones con los "menos malos" dentro del espectro político. También lo comprendió Dirceu, un ex guerrillero que padeció cárcel, exilio y persecución y aceptó que la vía de las armas debía dar paso a la del sistema democrático, aún con las "minas antipersonales" que dejaron sembradas en la arquitectura electoral los militares que habían gobernado entre 1964 y 1985.
Dirceu fue la primera víctima de esta decisión, que llevó a Lula al Planalto en 2003. El escándalo del Mensalão, el procedimiento con que según denunció uno de los beneficiarios del modelo, el "aliado" Roberto Jefferson, de un partido menor, el Trabalhista Brasileiro (PTB) para la aprobación de leyes propuestas por el gobierno. Fue el primer gran escándalo que en 2005 estalló cerca del despacho de Lula.
Dirceu fue condenado en 2009 a 10 años y 10 meses de prisión, otros dirigentes recibieron sentencias menores. Ayer, a uno de sus colegas de infortunios, el ex tesorero del PT José Genoino se le declaró extinguida su pena, según informó el Supremo Tribunal Federal. Es interesante acotar que en la sentencia, el entonces presidente del STF, Carlos Ayres Britto, se descargó en el veredicto contra el sistema político en general. Así, tras condenar a los acusados (dirigentes del PT y algún empresario que habría actuado de intermediario) criticó duramente "el modelo de gobierno de coalición" del que dijo que sólo debería existir en los períodos preelectorales. "Cada partido goza de autonomía política, administrativa y financiera en gran medida. Tiene una identidad ideológica o político-filosófica que se pone en suspenso para formar alianzas en el período electoral", señaló. Una vez terminado este período, considera, "son sustituidas por alianzas tópicas, puntuales, episódicas, para la aprobación de proyectos específicos". El problema es que esos socios puntuales se han puesto cada vez más exigentes y extorsivos.
El "Petrolão", como se dio en llamar a la causa por presunto pago de sobornos en la petrolera estatal, es una daga en el cuello de Dilma. Que además, ve cómo se va diluyendo el apoyo de los aliados en estos años de gobierno petista. La denuncia del procurador general, Rodrigo Janot, tiene a 54 dirigentes en la picota acusados de integrar una trama de aportes ilegales, entre los cuales podrían estar los presidentes de ambas cámaras, el senador Renan Calheiros y el diputado Eduardo Cunha. Junto con el vicepresidente Michel Temer, son dirigentes del PMDB. Tienen la llave para aprobar o bloquear leyes, para abrir el cauce a un juicio político a la mandataria y, además, para remplazarla llegado el caso. Y todo por las vías constitucionales. Con lo que el PT y la izquierda institucional podrían quedar envueltos en un lodazal del que llevaría años salir. Además de lo que implicaría para el resto de América Latina, inmersa en un proceso de integración en el cual Brasil es una pieza fundamental.
Más allá de los detalles de la denuncia -–que como en el caso del Mensalão, avanza por "arrepentidos"; en el primer caso, de un diputado despechado, en el otro por un agente de cambios que negoció denunciar una maniobra en Petrobrás para aliviar su situación personal en un caso de lavado de dinero. Los políticos tiemblan a estas horas ante la posibilidad de estar en la tenebrosa lista del fiscal, que está bajo secreto de sumario y por lo tanto se presta a cualquier operación. Por ahora, se sabe que Dilma queda afuera porque se investigan casos entre 2003 y 2010 y ella no estaba en el gobierno entonces. Pero también están implicadas las empresas más poderosas de Brasil, como es el caso de Camargo Correa y la constructora OAS.
¿Por qué la oposición brasileña se niega a debatir el sistema electoral y la financiación de la política? Cuando hay un crimen conviene ver quién se beneficia. La derecha suele financiarse mediante aportes empresarios, si es que ellos mismos no lo son y se muestran como defensores de la moral y la ética cuando no están en el gobierno.  El sistema de alianzas que hizo el PT ahora se revela como al menos preocupante, porque fue cediendo espacios clave que le podrían granjear un desastre en cualquier momento. Porque muchos de sus "socios", más que antecedentes tienen prontuarios. Lo peor es que cuando se incendian, dejan todo chamuscado a su alrededor y pueden arrastrar en su caída a cuantos se le acerquen.
La debilidad relativa del PT se basa en que si lo dejan solo –aunque no aprieten el gatillo del impeachment- podría no poder conseguir la aprobación de ninguna ley, con lo que se estancaría la gestión con el consiguiente riesgo para la gobernabilidad. En la cámara Baja, el oficialismo es la primera minoría, con 70 diputados sobre 513; en el Senado son ocho bancas sobre 81 legisladores.
Como dice Lula, los medios son implacables cuando se ensañan. Desde que llegó al Palacio del Planalto, Rousseff pidió la renuncia de siete ministros cuando aparecieron en la prensa denuncias o simplemente sospechas. Pareció una política adecuada a un período que, descontaban en el PT, iba a estar sembrado de embestidas por la corrupción. Tras los primeros casos –que implicaban a funcionarios de partidos aliados -las encuestas revelaban un incremento de la popularidad de la presidenta por lo que el método se mantuvo.  Ahora el gobierno aparece como acorralado por una embestida que despertó los más bajos instintos de la derecha tanto como de socios que buscan desprenderse de un partido que avanzó hacia conquistas sociales y civiles que ellos, por las suyas jamás hubiesen planteado.
El desafío es cómo profundizar los cambios, ampliar beneficios para las mayorías y mantener el poder sin el apoyo de esos amigos incómodos que ahora juegan en contra. Y que aparecen, además, amenazados con una investigación secreta. Cualquiera podría ser uno de los 54.

Tiempo Argentino
Marzo 6 de 2015

Ilustró Sócrates

El desafío de lo nuevo en Brasil y Uruguay

El domingo se plebiscitan dos proyectos políticos que atraviesan América Latina casi desde que este puñado de naciones inició su vida independiente. Uno vinculado a clases dominantes y el otro, a las grandes mayorías. En ambos casos, el núcleo político que desafía al establishment es un conglomerado de partidos y sindicatos creados en el curso de los últimos 40 años. En ambos casos, llegaron al gobierno luego de varios traspiés electorales. El precio pagado, además, se hizo sentir e interpela en términos ideológicos hacia el futuro.

El Frente Amplio es una construcción que comenzó en Uruguay en febrero de 1971, cuando esta parte del mundo estaba atravesada los embates de la Guerra Fría y los militares se formaban en la Escuela de Panamá, donde la materia principal era la identificación del enemigo como quien luchaba por los derechos sociales y las reivindicaciones populares.

Gran parte de los militantes del FA fueron presos o debieron exiliarse durante la dictadura. Con el retorno de la democracia, en 1984, y con su líder histórico Líber Seregni de candidato, nunca superó el 22 % de los votos. Escasos como para subir a la cima pero suficientes como para dar testimonio. Dos veces fue candidato y dos veces perdió el médico oncólogo Tabaré Vázquez, aunque el Frente seguía creciendo y en 2004 dio el batacazo: ganó en primera vuelta con casi el 51 por ciento. Era la primera vez en 174 años que alguien por fuera de los tradicionales partidos ocupaba democráticamente el gobierno. Un golpe difícil de asimilar para la derecha uruguaya.

En Brasil la historia fue diferente. El golpe militar de 1964 arrasó con lo que quedaba del Estado Novo creado por Getulio Vargas en 1930 y los intentos progresistas de Juscelino Kubischek y Joao Goulart de principios de los '60. Los viejos gremios ligados al varguismo también se esfumaron en medio de un golpe feroz que había llevado a la cárcel a líderes guerrilleros como la actual presidenta Dilma Rousseff o José Dirceu.

Eso evitó grandes conflictos gremiales en los primeros años del régimen militar, pero a la vez facilitó la creación de nuevos sindicatos, más influidos de propuestas socialistas y marxistas. En ese marco fue ascendiendo en el cinturón industrial de San Pablo el liderazgo de un joven e impetuoso dirigente metalúrgico, Lula da Silva, que por una de esas casualidades del destino, había perdido parte del índice de su mano izquierda en una prensa hidráulica en el mismo año en que se produjo el golpe.

Para 1980, Lula fundaba el Partido de los Trabajadores, una herramienta política a la que se fueron adosando dirigentes e intelectuales de izquierda que en muchos casos ya comenzaban a retornar al país con la tenue apertura que permitía para entonces la dictadura. En abril de ese año, Lula encabezó una huelga de 41 días en las fábricas automotrices y terminó preso y procesado.

Otra vez la Guerra Fría se coló en la historia de estos pueblos: en octubre de 1978 el polaco Karol Wojtyla había sido ungido Papa. Indisimulable anticomunista, Juan Pablo II se reunía semanalmente con el jefe de la CIA, William Casey, para analizar la situación detrás de "la cortina de hierro". También comenzaban los tiempos del neoliberalismo, de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

La gran apuesta de la agencia de inteligencia –y de la Casa Blanca– era un líder también metalúrgico, aunque polaco, Lech Walesa. El hombre había creado Solidarnosc (Solidaridad), y dirigía las protestas contra el régimen comunista. Era el primer sindicato opositor en un país del bloque soviético y la punta de lanza de la ofensiva sobre la Unión Soviética que los estrategas de Washington encontraron para perforar el mundo del socialismo real.

Walesa, católico militante, fue el estandarte del "mundo libre" en contra de la "opresión comunista". ¿Podía, en ese contexto, un aliado incondicional de Estados Unidos como Brasil tener entre rejas a otro metalúrgico que reclamaba derechos? Así fue como Lula fue liberado y terminó desprocesado.

Tras la primera ronda electoral luego del retiro de los militares, el PT decidió que era hora de participar en la lucha por el poder desde la democracia establecida. Tres veces se presentó Lula y tres veces perdió contra candidatos de la derecha, en 1989, 1994 y 1998. El sistema electoral pergeñado por los dictadores no dejaba demasiados resquicios por donde llegar al gobierno. Como detalle a anotar, las últimas dos derrotas del PT fueron ante Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un intelectual de fuste en los movimientos progresistas de los '60 que debió exiliarse pero terminó siendo defensor del modelo neoliberal tres décadas más tarde.

Fue en ese contexto que grupos internos del PT, entre los cuales Dirceu fue quizás el más influyente, resolvieron aliarse con sectores tradicionales para dejar de ser un partido testimonial. Fue así que el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) se convirtió en el principal socio del laborismo brasileño. El PMDB es la continuación del movimiento "opositor" legalmente aceptado por el régimen militar y en tal sentido resultó el ganador del primer comicio tras la dictadura, en 1985. Sarney era el candidato a vicepresidente de Tancredo Neves, el abuelo de Aécio, el mismo que ahora disputa la presidencia con Dilma. Pero Tancredo enfermó tras la elección y murió antes de poder asumir.

Mediante la coalición con sectores centroderechistas, el 1º de enero de 2003 por primera vez un obrero industrial podría llegar al gobierno en un país americano. Pero allí comenzarían también algunos de los problemas que arrastra esta nueva reelección para el PT. Dirceu y encumbrados dirigentes del partido, entre ellos el tesorero, resultaron acusados de pagos irregulares a partidos afines para sacar las leyes que necesitaba el gobierno de Lula. La causa se inició en 2005 con la denuncia de uno de los personeros de esos socios políticos y generó ríos de tinta en los medios concentrados, entre ellos la revista Veja. Culminó con la condena de todos ellos por la Suprema Corte, en 2012.

Cuando Dilma sucedió a Lula, en enero de 2011, sabía que el tema de la corrupción sería un asunto central en su gestión. Por eso obligó a renunciar a todo funcionario que resultara acusado de no ir por el camino correcto. De ese modo, se fueron siete ministros en el primer tramo de su gestión. Todos de partidos aliados. Las condenas a Dirceu y al presidente del PT José Genoino golpearon de lleno en el partido de Lula.

El tema de la corrupción fue, como se esperaba, central en la campaña tanto en la primera vuelta como en la segunda. Pero en ese sentido, nadie quedó exento de acusaciones, como la presidenta se encargó de recordar en los debates televisados a su oponente, quien fuera gobernador de Minas Geraes y a quien le caben también las generales de la ley.

En Uruguay, los avances que logró el FA no se vieron manchados por denuncias y el inefable José Mujica, resistido por algunos sectores de la sociedad en su momento debido a su pasado guerrillero y sus gestos inusitados, deja el cargo con una imagen favorable del 80%, la misma que tenía Lula cuando entregó la banda presidencial.

Tabaré, un socialista moderado, lleva once puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el representante del Partido Blanco Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle. El tercero en discordia, Pedro Bordaberry, es hijo del dictador civil Juan María Bordaberry, quien siendo electo presidente dio un golpe institucional en 1973.

Como eje de todas las campañas, aparte de la corrupción y la inseguridad –en Uruguay hay también un referéndum por la baja en la edad de imputabilidad– figura en lugar destacado la cuestión social. Todos los opositores prometen dejar este esbozo de Estado de bienestar nacido al calor de los gobiernos de Lula y el primer Tabaré. Todos se presentan, también como "lo nuevo".

El recuento de esta historia muestra que nada hubo de nuevo bajo el sol en Brasil y en Uruguay hasta los gobiernos del PT y el FA. Pero que deberán renovar lo nuevo para que esa bandera no la enarbole la derecha, vaciándola de contenido. Un gran porcentaje de los votantes estaba en la escuela primaria cuando lo nuevo llegó al poder, tal vez necesiten más persistencia en el mensaje para percatarse de cómo eran las cosas antes. Y de cómo pueden volver a ser en cualquier momento.

Tiempo Argentino

Octubre 24 de 2014

Ilustró Sócrates

La oportunidad para que Dilma construya nuevos consensos

Finalmente, y contra todas las expectativas, el Mundial de Brasil se está convirtiendo en un problema de inesperadas consecuencias. Y se verá en la final de la Copa Confederaciones hasta qué punto las movilizaciones que comenzaron con una protesta por el aumento del boleto de colectivo calientan el clima en los alrededores del Estadio Maracaná en la final de España con la verdeamarelha.

Que la construcción de megaestadios para el certamen de la FIFA y para las olimpíadas de Río de Janeiro de 2016 estaba levantando indignación era algo visible desde hace tiempo. Ya una edición de nuestro suplemento Claves del Mundo del 28 de abril pasado, con el título "La otra cara del Mundial", lo había advertido. Como dijeron algunos de los columnistas en ese número, no todo era color de rosa en esta etapa en que Brasil se estrena como jugador de las grandes ligas, pero con severas cuentas pendientes hacia adentro de sus fronteras. Lo que nadie imaginaba era que en tan poco tiempo todo estallaría por los aires dejando la sensación de que nadie sabe cómo seguirá la película. Pero con la certeza, también, de que todos los ingredientes están sobre la mesa como pocas veces antes en la historia brasileña.

Se repite con acierto que Brasil es un país de consensos. Lo supo el PT, el partido creado por el metalúrgico Lula da Silva, cuando se dio cuenta de que las reivindicaciones por las que luchaba desde su sindicato paulista –que primero lo habían llevado a la formación de la Central única de Trabajadores como herramienta sindical– chocaba con la realidad de que era necesario tener representación política si no quería que su utopía terminara en una mera lucha testimonial.

Pero una síntesis de ese estilo de negociación pacífica y "civilizada" quedó plasmado –a empellones– con la ley electoral pergeñada por la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985 para que nada cambiara cuando tuvieran que dejar el poder. Por eso de la "gobernabilidad".

Conocido como "sistema de preferencias", la legislación permite que cada candidato "adhiera a un partido pero a la vez junte votos de manera personal", como resalta Ricardo Romero, politólogo de la UBA y la UNSAM y habitual columnista de Tiempo Argentino. Este método garantizó hasta ahora que no haya una mayoría en el Congreso favorable a cambios profundos en la sociedad, ya que la negociación no es sólo con la oposición sino también hacia adentro de cada partido. Y además, hay una sobre representación de los Estados menos poblados en detrimento de los más populosos, lo que en sí mismo no sería un problema, pero genera grandes diferencias entre la posición de los distritos más industrializados y los territorios donde la economía gira en torno producciones con menor valor agregado.

El PT intentó llegar al gobierno de la mano de Lula en 1989, 1994 y 1998. Estuvo cerca, pero ese poquito que faltaba para ganar convenció a los líderes "petistas" de que era necesario rendirse ante la evidencia de que sin alianzas no habría gobierno. Ese papel jugó el ex guerrillero José Dirceu, quien logró aglutinar alrededor del sindicalista a una serie de partidos menores, en un amplio abanico que iba desde la izquierda a la derecha pasando por las iglesias evangelistas. Su vicepresidente fue el fallecido empresario José Alencar, uno de los más ricos de Brasil, que había apoyado el golpe del '64.

Hace diez años, Lula llegaba al Palacio del Planalto como una esperanza para millones que al fin habían logrado coronarlo por una trayectoria impecable como dirigente gremial. Había ganado con un discurso de igualdad social y de fuerte compromiso en contra de la corrupción. Pero allí también comenzaría una saga que incluso podría llevarlo a una condena.

Porque Dirceu, para entonces su hombre de confianza y jefe de Gabinete, terminaría implicado en una denuncia de uno de los socios electorales del "travalhismo" en lo que se llamó el "escándalo del mensalão". Que no era otra cosa que el aporte económico para los partidos aliados. Pero que en boca de un hombre de la derecha más rancia como Roberto Jefferson ante la revista Veja fue el gran titular escandaloso. El PT, que prometía combatir la corrupción, soborna a diputados para que les aprueben las leyes.

Mientras tanto, Brasil desplegó una fuerte política exterior y se posicionó fuerte en el ámbito regional. Aquí también hubo un acuerdo razonable de todos los sectores en pugna. Itamaraty, la cancillería brasileña, tiene políticas nacionales a más largo plazo que los dirigentes políticos. Incluso se dice que la diplomacia brasileña es quien realmente gobierna en el Planalto. En este caso se unió la tradición internacionalista de un partido de izquierdas como el PT y la comunidad de intereses dio sus frutos: Brasil es uno de los países centrales en el siglo XXI, las empresas brasileñas se trasnacionalizaron y tienen negocios en todo el continente y más allá.

En este contexto la realización del Mundial de Fútbol y de las Olimpíadas se convirtió en una necesidad de marketing político. Por eso era importante para el gobierno, que podía demostrar los logros de una gestión encabezada por un tornero mecánico, para Itamaraty, que representa los intereses exteriores de una potencia emergente y no de un país subdesarrollado, y para los empresarios, que si ya venían ganando con los planes económicos que incorporaron casi 40 millones de pobres al consumo, con las obras públicas multiplicaron sus ingresos mucho más.

Hasta que de pronto todo parece desmoronarse. Dirceu fue condenado en octubre del año pasado y lo que comenzó como un simple aumento de un "vintén" como diría Zitarrosa, destapó una olla mucho más grande. Y del boleto se pasó a la represión, que costó la vida de unas 10 personas –otra cuenta pendiente del oficialismo, la democratización de las policías, por más que las fuerzas de seguridad dependan de los gobiernos estaduales– y de allí a protestar por los gastos multimillonarios en eventos organizados por la FIFA y el Comité Olímpico y los déficits en salud y educación.

La primera reacción de la presidenta Dilma Rousseff, cuando salió del estupor, fue decir que había oído el reclamo del pueblo. La segunda fue convocar a un referéndum con la aspiración de reformar la constitución y el sistema electoral y de representación. Los manifestantes, en tanto, consiguieron pequeñas victorias en el Congreso. Así, fue dejada de lado una reforma conocida como PEC 37, que iba a dar mayor poder para investigar a la policía en lugar de los fiscales. Los líderes de la protesta consideraban que esa medida estaba destinada a impedir que se pudiera juzgar delitos de corrupción. Pero también le dejaba las manos libres a los zorros para controlar los gallineros, dicho mal y pronto.

También en estos días se aprobó una ley que pasa a considerar a la corrupción pública como un delito grave, lo que endurece las sentencias. Apurados por el ruido de las calles, la justicia ordenó el arresto de un diputado que había sido condenado por el desvío de fondos públicos.

Al mismo tiempo, los legisladores aprobaron destinar a las áreas de educación y salud a la totalidad de las regalías petroleras correspondientes al gobierno federal, a los estados y los municipios.

Dilma, que tiene un pasado de lucha, recordó en uno de sus discursos lo que le costó a su generación conseguir la democracia. Ahora tiene el desafío de profundizar los derechos y las garantías para todos los ciudadanos. Y ese reclamo de igualar para arriba, justo y también lógico en el marco de los millones de brasileños que ahora tienen ante sí otro horizonte de expectativas, es la gran oportunidad de conseguir lo que por las vías de los consensos no se había alcanzado.

Tras un encuentro de la presidenta con el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Joaquim Barbosa, el primer negro en llegar a ese cargo en la historia brasileña, deslizó algunos conceptos que el gobierno debería tomar como música para sus oídos: "La democracia no está en riesgo (…) el país está sumergido en una grave crisis de legitimidad (…) Brasil está cansado de reformas de cúpulas políticas que atienden sólo sus intereses específicos".

Carlos Ayres Britto, quien fuera presidente de esa misma corte hasta finales del año pasado, sostuvo en los considerandos de la condena a Dirceu que "el sentido de las alianzas (políticas) es el de su transitoriedad", y agregó que "cada partido goza de autonomía política, administrativa y financiera. Tiene una identidad ideológica o político-filosófica que se pone en suspenso para formar alianzas en el período electoral", pero, pontificó, una vez terminado este período deben ser "substituidas por alianzas tópicas, puntuales, episódicas, para la aprobación de proyectos específicos". Una especie de reclamo a la dirigencia para modificar esta legislación que retoma Barbosa.

Dilma está en condiciones de aprovechar la fuerza de las calles, como en las artes marciales, a su favor. Y hacer de esta crisis la oportunidad para nuevos consensos que incluyan a las mayorías que en el país del fútbol protesta contra el Mundial.

Tiempo Argentino
Junio 29 de 2013