Los amigos incómodos de Dilma

Tensión, gritos, escándalo. Así describen los periodistas destacados en el congreso brasileño a la sesión de ayer, cuando la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) tenía que decidir los cargos para conformar al equipo encargado de llevar adelante la investigación por la corrupción en Petrobrás. El presidente de la CPI apuró la decisión ante la protesta de muchos de sus pares, que esperaban terciar en el debate por los nombres. Un tema no menor en el marco de una cuestión que involucra en el que seguramente es el mayor escándalo en la historia brasileña moderna no sólo a dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), sino a sus principales aliados desde hace 16 años, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
El caso desnuda posibles hechos de corrupción que salpican a las máximas autoridades del partido de gobierno y también a la presidenta Dilma Rousseff, que fuera ministro de Minas y Energía entre 2002 y 2005. Pero también las debilidades del sistema de alianzas que supo construir Lula da Silva, con el beneplácito de José Dirceu, para ganar las elecciones de 2002. Es que el sistema electoral que dejaron los dictadores sigue siendo un mecanismo perfecto para limitar las posibilidades de cambio en la estructura de poder fáctico. El mismo artilugio armaron las dictaduras que se fueron desde principios de los 80 en América Latina, por eso esta es una vieja demanda de los sectores democráticos que aún no pudieron cumplir en Brasil pero va camino a resolverse, en Chile tras e la aprobación de la nueva ley electoral  pinochetista a fines de enero pasado.
Tras las masivas marchas previas al Mundial, Dilma Rousseff presentó, en junio de 2013, un proyecto de plebiscito para reformar el sistema político brasileño. Sus principales propuestas pasaban por modificar las formas de financiación de campañas electorales y terminar con el voto secreto que permite, entre otras cosas, destituir legisladores a puertas cerradas. Es lo que ocurría ayer para la conformación de la CPI, una decisión política de gravedad institucional que se toma a espaldas del electorado.
Pero el proyecto fue desestimado por la oposición con el remanido argumento de que era un tema demasiado delicado como para tratarlo a las apuradas, cuando se acercaban las elecciones…16 meses más tarde. Como el Congreso tiene la facultad de autorizar un plebiscito, la causa quedó archivada. Cuando el PT ganó la segunda vuelta, en octubre pasado, la presidenta anunció que enviaría el proyecto de ley, una verdadera cruzada para el oficialismo. Pero a Dilma le hicieron las cosas difíciles a horas de asumir su segundo mandato, el primer día de este año y no dieron las condiciones para un planteo semejante.
Para gobernar en Brasil se deben realizar alianzas, está establecido en la Constitución. Lo entendió quien era la principal espada política de Lula,  José Dirceu. El dirigente metalúrgico había perdido tres elecciones con el partido que había fundado en 1980 hasta que comprendió que si realmente quería hacer cambios en su país tenía que dejar de lado el purismo ideológico y tejer coaliciones con los "menos malos" dentro del espectro político. También lo comprendió Dirceu, un ex guerrillero que padeció cárcel, exilio y persecución y aceptó que la vía de las armas debía dar paso a la del sistema democrático, aún con las "minas antipersonales" que dejaron sembradas en la arquitectura electoral los militares que habían gobernado entre 1964 y 1985.
Dirceu fue la primera víctima de esta decisión, que llevó a Lula al Planalto en 2003. El escándalo del Mensalão, el procedimiento con que según denunció uno de los beneficiarios del modelo, el "aliado" Roberto Jefferson, de un partido menor, el Trabalhista Brasileiro (PTB) para la aprobación de leyes propuestas por el gobierno. Fue el primer gran escándalo que en 2005 estalló cerca del despacho de Lula.
Dirceu fue condenado en 2009 a 10 años y 10 meses de prisión, otros dirigentes recibieron sentencias menores. Ayer, a uno de sus colegas de infortunios, el ex tesorero del PT José Genoino se le declaró extinguida su pena, según informó el Supremo Tribunal Federal. Es interesante acotar que en la sentencia, el entonces presidente del STF, Carlos Ayres Britto, se descargó en el veredicto contra el sistema político en general. Así, tras condenar a los acusados (dirigentes del PT y algún empresario que habría actuado de intermediario) criticó duramente "el modelo de gobierno de coalición" del que dijo que sólo debería existir en los períodos preelectorales. "Cada partido goza de autonomía política, administrativa y financiera en gran medida. Tiene una identidad ideológica o político-filosófica que se pone en suspenso para formar alianzas en el período electoral", señaló. Una vez terminado este período, considera, "son sustituidas por alianzas tópicas, puntuales, episódicas, para la aprobación de proyectos específicos". El problema es que esos socios puntuales se han puesto cada vez más exigentes y extorsivos.
El "Petrolão", como se dio en llamar a la causa por presunto pago de sobornos en la petrolera estatal, es una daga en el cuello de Dilma. Que además, ve cómo se va diluyendo el apoyo de los aliados en estos años de gobierno petista. La denuncia del procurador general, Rodrigo Janot, tiene a 54 dirigentes en la picota acusados de integrar una trama de aportes ilegales, entre los cuales podrían estar los presidentes de ambas cámaras, el senador Renan Calheiros y el diputado Eduardo Cunha. Junto con el vicepresidente Michel Temer, son dirigentes del PMDB. Tienen la llave para aprobar o bloquear leyes, para abrir el cauce a un juicio político a la mandataria y, además, para remplazarla llegado el caso. Y todo por las vías constitucionales. Con lo que el PT y la izquierda institucional podrían quedar envueltos en un lodazal del que llevaría años salir. Además de lo que implicaría para el resto de América Latina, inmersa en un proceso de integración en el cual Brasil es una pieza fundamental.
Más allá de los detalles de la denuncia -–que como en el caso del Mensalão, avanza por "arrepentidos"; en el primer caso, de un diputado despechado, en el otro por un agente de cambios que negoció denunciar una maniobra en Petrobrás para aliviar su situación personal en un caso de lavado de dinero. Los políticos tiemblan a estas horas ante la posibilidad de estar en la tenebrosa lista del fiscal, que está bajo secreto de sumario y por lo tanto se presta a cualquier operación. Por ahora, se sabe que Dilma queda afuera porque se investigan casos entre 2003 y 2010 y ella no estaba en el gobierno entonces. Pero también están implicadas las empresas más poderosas de Brasil, como es el caso de Camargo Correa y la constructora OAS.
¿Por qué la oposición brasileña se niega a debatir el sistema electoral y la financiación de la política? Cuando hay un crimen conviene ver quién se beneficia. La derecha suele financiarse mediante aportes empresarios, si es que ellos mismos no lo son y se muestran como defensores de la moral y la ética cuando no están en el gobierno.  El sistema de alianzas que hizo el PT ahora se revela como al menos preocupante, porque fue cediendo espacios clave que le podrían granjear un desastre en cualquier momento. Porque muchos de sus "socios", más que antecedentes tienen prontuarios. Lo peor es que cuando se incendian, dejan todo chamuscado a su alrededor y pueden arrastrar en su caída a cuantos se le acerquen.
La debilidad relativa del PT se basa en que si lo dejan solo –aunque no aprieten el gatillo del impeachment- podría no poder conseguir la aprobación de ninguna ley, con lo que se estancaría la gestión con el consiguiente riesgo para la gobernabilidad. En la cámara Baja, el oficialismo es la primera minoría, con 70 diputados sobre 513; en el Senado son ocho bancas sobre 81 legisladores.
Como dice Lula, los medios son implacables cuando se ensañan. Desde que llegó al Palacio del Planalto, Rousseff pidió la renuncia de siete ministros cuando aparecieron en la prensa denuncias o simplemente sospechas. Pareció una política adecuada a un período que, descontaban en el PT, iba a estar sembrado de embestidas por la corrupción. Tras los primeros casos –que implicaban a funcionarios de partidos aliados -las encuestas revelaban un incremento de la popularidad de la presidenta por lo que el método se mantuvo.  Ahora el gobierno aparece como acorralado por una embestida que despertó los más bajos instintos de la derecha tanto como de socios que buscan desprenderse de un partido que avanzó hacia conquistas sociales y civiles que ellos, por las suyas jamás hubiesen planteado.
El desafío es cómo profundizar los cambios, ampliar beneficios para las mayorías y mantener el poder sin el apoyo de esos amigos incómodos que ahora juegan en contra. Y que aparecen, además, amenazados con una investigación secreta. Cualquiera podría ser uno de los 54.

Tiempo Argentino
Marzo 6 de 2015

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