Una escena de Tiempo de valientes, filme de Damián Szifron,
resulta una revelación sobre lo que ocurría en los servicios de inteligencia
argentinos. El personaje que interpreta Diego Peretti, Silverstein, un
psicoanalista circunstancialmente envuelto en una trama entre policías y
agentes secretos, se las rebusca para ingresar al edificio de la SIDE, en la
porteña esquina de 25 de Mayo y Rivadavia. Cae en manos del siempre eficiente
Oscar Ferreiro, un «malo» de antología que interpreta al jefe de la organización,
de apellido Lebonian. En busca de defenderse, Silverstein-Peretti argumenta
razones por las que no conviene que lo maten.
–Conozco mucha gente, no le va a resultar tan fácil
–sostiene, inocente.
–Yo saqué y puse presidentes, ni te imaginás lo fácil que va
a ser –es la fría respuesta de Lebonian-Ferreiro.
La película es de 2005, la misma época en que la Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE) perdió las últimas dos letras de su sigla
para quedar en SI. Un año antes, el entonces ministro de Justicia, Gustavo
Beliz, había revelado públicamente una imagen de Antonio Horacio Jaime Stiuso,
al que acusó de ser el arquitecto del encubrimiento en la causa por la voladura
de la AMIA y de encabezar una trama de operaciones para mantener bajo control
al poder judicial y político.
Una década más tarde, la imagen en blanco y negro del
misterioso Stiuso que difundió Beliz sigue siendo una de las pocas que se
conoce de ese personaje que, raleado de la Secretaría de Inteligencia por la
presidenta Cristina Fernández, aparece en el centro de cuanta trama se revela
desde la denuncia del fiscal Alberto Nisman y su posterior muerte. Esa
fotocopia se funde ahora con la imagen de Lebonian y parece recordar desde las
sombras que no solo puede haber puesto y sacado presidentes –estuvo en los
servicios desde 1972– sino que conserva poder de fuego.
Poner bajo control democrático ese poder es la razón que
subyace en la reforma a la ley que aprobó el Congreso Nacional, por iniciativa
del Gobierno, mediante la cual se crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
y se disuelve el organismo tan cuestionado desde la recuperación de la
democracia, hace 32 años.
Según cuenta Gerardo Young, autor de SIDE, la Argentina
secreta, editado en 2006, Cristina Fernández nunca tuvo simpatía por Stiuso ni
por quienes lo secundaban en la institución desde que su esposo llegó al poder,
en 2003. Cuando la mandataria decidió reorganizar la SI, a fines de diciembre,
cambiando a la cúpula y forzando el retiro de Stiuso –un personaje que había
atravesado el tramo final del general Alejandro Lanusse, los gobiernos
peronistas del 73 al 75, la dictadura más sangrienta que vivió el país y todo
el período democrático desde 1983 en adelante–, los medios develaron una feroz
interna en el servicio de inteligencia y se puso el foco en los vínculos de los
espías con los funcionarios del Poder Judicial y autoridades políticas.
El tiempo demostró que todavía estaba todo por contarse.
Porque a mediados de enero el fiscal de la causa AMIA pateó el tablero
presentando, en plena feria judicial, una denuncia por encubrimiento contra la
presidenta, el canciller Héctor Timerman y una serie de presuntos operadores
acusados de negociar la impunidad de Irán en el atentado a la AMIA mediante la
firma del Memorándum de Entendimiento. La muerte de Nisman pocos días después
de hacer pública su acusación no hizo sino apurar definiciones del Gobierno en
torno de una reforma profunda del servicio de informaciones estatal. Lo que
pareció revelar una guerra subterránea entre las autoridades y los espías
vernáculos.
La oposición se puso a la cabeza de las demandas contra el
kirchnerismo. « ¿Por qué ahora cambian a la ex SIDE (nunca se terminó de
incorporar al imaginario popular la sigla SI)?». «Hace 12 años que están en el
poder, ¿por qué no lo hicieron antes?», fue uno de los puntos más repetidos. La
respuesta oficial se basó en una verdad irrefutable: salvo la izquierda
trotskista, que coincide en la crítica pero que nunca ocupó el Ejecutivo, a los
dirigentes partidarios les cabían las generales de la ley. Marcelo Sain,
experto en la cuestión y uno de los dos especialistas que se presentaron en el
Senado para proponer modificaciones al texto original del proyecto (ver «Una reforma…»),
indicó que «este tema no ayuda electoralmente a nadie, estas son las razones de
la falta de disposición de la clase política argentina a tratarlo». Esto puede
explicar por qué, si de poner un personaje como emblema se trata, Stiuso haya
sobrevivido a Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y a Eduardo
Duhalde.
Algunas usinas oficialistas incluso recordaron que desde las
arcas de la SIDE salieron los dineros con que se pagaron las coimas para
aprobar la Ley de Flexibilización Laboral, el mayor escándalo que envolvió al
Gobierno de la Alianza, cuando una de las más acérrimas críticas de la nueva
Ley de Inteligencia, principal defensora de la denuncia de Nisman, Patricia
Bullrich, era nada menos que ministra de Trabajo del presidente De la Rúa.
El historial de la SIDE en democracia incluye personajes
como Raúl Guglielminetti, fotografiado como custodio de Alfonsín, y Aníbal
Gordon; ambos estaban en el «lado oscuro» desde la dictadura cívico-militar,
cuando formaron parte de grupos de tareas, pero también participantes de
operativos «menores», como la rotura de vidrieras de un local de la cadena
Modart de la avenida de Mayo durante un acto de la CGT en 1988, o determinantes
como el encubrimiento del atentado a la embajada de Israel, en 1992 y de la
AMIA dos años más tarde. Agentes de la SIDE tuvieron un rol importante en los
incidentes que terminaron con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán en la estación Avellaneda en 2002. Ni qué decir de la red armada
desde el gobierno de Menem –de la mano de quien fue «Señor 5», como se denomina
al secretario en la jerga de los servicios, Hugo Anzorreguy– en torno a los
juzgados federales que ahora están en la picota a partir de los proyectos de
reforma judicial que Cristina Fernández impulsa desde hace dos años.
El problema de los
controles
«Las actividades de espionaje en el país han crecido tanto
que se han vuelto difíciles de manejar, al punto de que nadie sabe realmente
cuánto cuestan, cuánta gente participa en ellas ni a qué se dedican». No se
trata de un informe sobre la situación de la ex SIDE. Es el resultado de una
investigación que el diario estadounidense The Washington Post publicó en julio
de 2010. Fue un trabajo en la línea del realizado con el caso Watergate,
aquella vez a cargo de un equipo especial que investigó durante dos años para
revelar un submundo que en Estados Unidos empleaba para la época a 854.000
personas en varios países y que sirvió para alertar sobre un tema que para los
sectores que en esa nación defienden la transparencia resultaba preocupante.
Conviene no olvidar que en Estados Unidos no solo sacan y ponen presidentes,
sino que los servicios estuvieron involucrados, por caso, en el asesinato del
presidente John Kennedy, y tienen responsabilidad en otros crímenes de estado
tanto dentro como fuera de ese territorio.
Un descontrol con ciertas similitudes subsistía en la
agencia nacional, con un adicional difundido cuando se conocieron los cables
filtrados por el sitio Wikileaks: los responsables de la investigación de la
causa AMIA recibían datos y literalmente obedecían las directivas de la CIA
estadounidense y del Mossad israelí. Datos inútiles para llegar a la verdad, ya
que, si la causa no avanzó, en gran medida se debe a que las pruebas
recolectadas son escasas y poco contundentes, según lo que desliza el juez a
cargo del proceso, Rodolfo Canicoba Corral.
La injerencia en el país de los organismos de espionaje
internacionales incluyó, desde los 90, y en medio de un incremento de eso que
se llama genéricamente «inseguridad», la presencia de agencias de seguridad
privadas ligadas con policías y afines, muchas de ellas con «tecnologías»
provistas por sus socios retirados de la CIA o de agencias internacionales… si
es que un espía alguna vez deja de serlo.
El problema de la seguridad y la investigación en manos
privadas y asociadas a «expertos internacionales» no es solo un tema de
soberanía, sino también de defensa de los derechos individuales. Sin embargo,
en muchos sectores de la sociedad las siglas foráneas tienen un cariz seductor.
Por caso, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, justificó en su momento
la decisión de poner al frente de la Policía Metropolitana a Jorge Alberto
Palacios: «La DEA, la CIA, la SIDE y el Mossad, todos recomendaron al Fino
Palacios» como el mejor para ese puesto. Macri, además, está implicado en una
operación de espionaje armada bajo su gestión contra familiares de víctimas del
atentado a la AMIA pero también contra sus propios parientes en el marco de
disputas por dinero de las sociedades que integran. Sin embargo, como dice la
periodista Clarisa Ercolano, autora del libro Escuchas ilegales, «Macri está
procesado junto con Ciro James y Palacios pero durante toda la etapa de
instrucción del juicio no se pudo comprobar que haya sido el jefe de una banda
de espías que escuchaban para él». En todo caso, el asunto ofrece más aristas
oscuras sobre los vínculos entre espías, policías y magistrados. Al respecto,
la fiscal federal Mónica Cuñarro comentó, sin tapujos, que «es hora de terminar
con esta relación promiscua entre algunos jueces y fiscales con sectores de los
servicios de inteligencia que viene desde los 90».
La discusión se produce en un contexto de tensión entre el
Gobierno y el sistema judicial, que no es nueva. El kirchnerismo impulsó los
juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos
contra la voluntad de muchos representantes del Poder Judicial. Y desde la aprobación
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el clima se espesó aún más a
partir de las trabas que el Grupo Clarín logró interponer en distintos
tribunales.
Una prueba de este enfrentamiento la dio el director del
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami, en un cruce con el
fiscal general Ricardo Sáenz en un programa de TN, cuando daban su
interpretación del 18F. Para Jozami, había que entender la marcha en homenaje a
Nisman en el contexto de que muchos de los fiscales que la habían organizado
estaban acusados de encubrir la causa AMIA y, en el caso concreto de Sáenz,
había considerado en 2003 que las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final eran
constitucionales. Sáenz dijo que no tenía nada que ver con eso, pero junto con
otro fiscal polémico, José María Campagnoli, consideraron, en lugar de
fundamentar una respuesta, que las palabras de Jozami eran como un «carpetazo».
Internas siniestras
Gran parte del poder omnímodo que detentaba la SIDE
consistía en la acumulación de información personal de los principales actores
de la política, la Justicia y el periodismo. A la manera del mítico John Edgar
Hoover, que dirigió el FBI durante 37 años acopiando datos comprometedores
sobre los ocho presidentes que se sucedieron en ese lapso, los espías locales
están acusados de haber difundido carpetas al rojo vivo sobre los personajes
más variados. Uno de los escándalos más resonantes fue el del juez Norberto
Oyarbide, filmado en un prostíbulo masculino en 1998 en una operación de
servicios y policías federales nunca aclarada del todo.
El 23 de diciembre pasado, el fiscal federal de San Isidro,
Fernando Domínguez, le solicitó a la jueza interviniente, Sandra Arroyo
Salgado, a la sazón ex esposa de Nisman, el envío a juicio oral y público de la
causa por espionaje y asociación ilícita y encubrimiento a 8 personas. La
investigación determinó que agentes de la SIDE hackeaban correos y
conversaciones de funcionarios públicos, dirigentes políticos y sociales y
hasta la presidenta para luego vender la información a periodistas y
empresarios de medios. Los acusados son: quien fue titular de la SIDE en el
inicio de la gestión de Menem, Juan Bautista Yofre; los periodistas Carlos
Pagni –uno de los principales columnistas de La Nación–, Edgar Mainhard y
Roberto García; el director del portal Seprin, Héctor Alderete; el militar
retirado Daniel Reimundes; el empresario mediático santiagueño Néstor Carlos
Ick y Pablo Alfredo Carpintero, un espía relacionado con otro ex agente,
prófugo de la Justicia, Iván Velázquez. El 6 de marzo la jueza firmó el
procesamiento de los 8 imputados sin prisión preventiva.
Yofre, uno de los procesados, no se privó de convocar a la
marcha del 18F, y en ese marco reprendió a jueces y fiscales que habían
permitido los juicios por violaciones a los derechos humanos. Señaló que esa
«flaqueza» estaba en el origen de esta puja con el Gobierno.
Para muchos analistas, la llegada al máximo cargo en el
Ejército del general César Milani, en julio de 2013, obedeció al cambio de
rumbo en la relación entre el Gobierno y la SI, bastante dañada desde que se
aprobó el Memorándum de Entendimiento con Irán y de los proyectos de
modificaciones al sistema judicial. En el caso concreto de Stiuso, además, por
la muerte de uno de sus hombres de confianza, Pedro Tomás Viale, más conocido
como El Lauchón, acribillado por agentes de la bonaerense en un vidrioso
operativo antidrogas, para la misma época.
Milani es un especialista en Inteligencia que, en medio de
semejante interna del espionaje, venía a tomar el control del área. Fue entonces
que se difundió que sus primeros pasos en el Ejército fueron en el Operativo
Independencia y luego en La Rioja, entre 1976 y 1978. Y que estaba implicado en
la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, en Monteros, Tucumán.
Con todos estos antecedentes como telón de fondo llegó al
Congreso el proyecto de ley que dispone la creación de la AFI. La iniciativa
enfrentó un fuerte rechazo opositor. La propuesta entró por la Cámara Alta y
los únicos que se presentaron a debatir en la comisión fueron el mencionado
Sain y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), encabezado por su
presidente, el periodista Horacio Verbitsky. Ellos fundamentaron críticas a la
propuesta original, parte de las cuales fueron incorporadas en el proyecto
definitivo. En Diputados la situación fue otra: Elisa Carrió «pateó» el tablero
y fue a las comisiones donde se trató la propuesta para cuestionar a Milani. Su
presencia fue suficiente para que el resto de la oposición entendiera que debía
estar presente en el debate, aun siendo minoría, porque era un tema sensible
para la sociedad. La ley, sancionada con los votos del kirchnerismo y sus
aliados, está vigente desde su promulgación, el 5 de marzo.
Origen militar
En julio de 2004, en su programa A fuego lento, el
periodista Herman Schiller, contó parte de la historia de los servicios de
inteligencia y su vinculación con el aparato militar. Según Schiller, todo
comenzó en 1949, cuando el gobierno de Juan Perón creó, en medio de la huelga
de ferroviarios, un organismo denominado «Control de Estado», que luego mutó en
Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE). El objetivo, relató, era
«neutralizar los bolsones opositores y combativos que aun quedaban entre los
trabajadores». Schiller detalló que los organizadores primigenios de esos
servicios fueron los militares Ramón Solveyra Casares y Jorge Osinde. Este
último sería indicado con los años como uno de los responsables de la Masacre
de Ezeiza cuando Perón regresó definitivamente al país, en mayo de 1973. De él
diría el tres veces presidente, tiempo después, que «era un hombre de los
servicios de inteligencia, es decir, un animal». Todavía bajo la sigla CIDE, el
organismo aparece en escena en el asesinato del abogado Marcos Satanovsky, en
1957, en una disputa por acciones del diario La Razón y cuya trama reveló
Rodolfo Walsh. Fue con la dictadura de Juan Carlos Onganía que la CIDE pasaría
a ser SIDE. Pero las costumbres no cambiaron demasiado.
Marcelo Sain: «Una
reforma sustantiva»
Marcelo Sain, licenciado en Ciencias Políticas y experto
en temas de seguridad, fue interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) y actualmente es diputado provincial bonaerense por Nuevo Encuentro.
Participó del debate del proyecto de ley de inteligencia y aportó sus
conocimientos para recomendar modificaciones en la ley que crea la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI).
– ¿Qué va a
cambiar con la creación de la AFI?
–Es una reforma parcial pero extremadamente sustantiva
porque reconfigura todo el sistema. Se mantiene la función de la AFI de órgano
rector del sistema para establecer las políticas y las estrategias del sistema
de inteligencia en defensa nacional y seguridad interior. Pero se le incorpora
la función de producir inteligencia en materia de delincuencia compleja,
terrorismo, crimen organizado y atentados contra los lugares públicos y el
orden institucional. Implica un reconocimiento de que la Argentina no tenía
inteligencia a nivel de crimen organizado. Diría que la única inteligencia más
o menos seria en materia de narcotráfico la llevaba adelante la DEA y a partir
de allí ejercía influencia sobre las fuerzas federales de seguridad. A nivel
terrorismo había un contubernio entre la CIA y la SIDE, detrás del cual
eclosiona esta crisis. El segundo gran eje de cambio es la transferencia de la
dirección de Observaciones Judiciales.
–Al área de la
Procuración, ¿verdad?
–Exactamente. Ese traspaso tiene dos esferas, una es que
no esté más en el órgano de inteligencia y la otra es el destino del material,
que en este caso es la Procuración General. No hay razón para que un órgano que
tenía como objetivo la ejecución de decisiones judiciales esté en manos de un
organismo administrativo ajeno a las tareas jurisdiccionales. El único sentido
que tenía era inconfesable desde el punto de vista institucional: monopolizar
las escuchas legales para tener conocimiento de lo que ocurría en las causas
más importantes para la SI. Pero eso encubría una gran red de espionaje
político a través de la utilización de escuchas ilegales. Que deje de estar en
la sede central del organismo de inteligencia nacional es un avance
institucional enorme. Un tercer punto es la obligación de que el Gobierno
someta a la consideración del Senado la designación de las autoridades de la
AFI, porque eso lo obliga a establecer políticas y estrategias que deberán ser
explicadas por los candidatos en el Senado, que será quien deba convalidar la
decisión del Ejecutivo.
–Pero se dice que
el control parlamentario nunca funcionó.
–La dirigencia política argentina debería estudiar la ley,
las reformas que se introdujeron, porque lo que hemos visto en este debate es
que son muy pocos los que conocían no solamente las bases legales del sistema
sino cómo funcionaba realmente. Las facultades del control parlamentario de la
comisión bicameral son amplísimas y no fueron llevadas a cabo por ningún sector
político. Siempre se anteponía la resistencia de la SI a ser controlada pero
eso era una excusa, porque fue muy poco el accionar tendiente a garantizar
control parlamentario. Cuando se deja en manos de los espías el manejo de la
inteligencia inevitablemente termina en una situación de crisis, de la misma
manera que cuando se deja la política de defensa nacional en manos de
generales, o la política de seguridad en manos de comisarios. Esta crisis debe
enseñarnos que se tienen que formar cuadros políticos de gestión
especializados, porque si no, inevitablemente, quienes terminan gobernando la
defensa nacional, la seguridad pública y la inteligencia son los generales, los
comisarios y los espías.
–La otra crítica
es por qué no se hizo antes.
–Yo comparto esa crítica, pero creo que hay una
equivocación por parte de la oposición. Con la excusa de que, como no se hizo
antes, ahora no voy a apoyar, lo que se esconde es la disposición a mantener el
sistema tal cual estaba. Esto sería algo así como «mirá, yo no estoy de acuerdo
con el desembarco de Normandía porque nunca estuve de acuerdo con que se lo
dejara crecer tanto a Hitler en la década del 30, la culpa es que las potencias
europeas no se dieron cuenta de lo que el nazismo iba a producir». Esto es lo
mismo.
Revista Acción
Marzo 15 de 2015
Colaboró en la producción Facundo Alé
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