La crisis que sufre el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil
no se puede entender si tener en cuenta un puñado de datos relevantes sobre el
manejo de la cosa pública en el principal socio y aliado de la Argentina, tanto
en la región como para enfrentar al mundo. En primer lugar, el sistema
electoral fuerza la conformación de alianzas no solo para llegar al gobierno
sino para mantenerse, lo que obliga , para poder ejercer el poder y llevar una
agenda propia, a conformar coaliciones fuertes y duraderas.
El otro dato relevante es que los medios son todos del
establishment. No hay un solo medio en cualquier plataforma de alto impacto
social que pertenezca a sectores cercanos al proyecto político del Partido de
los Trabajadores brasileño, salvo algún que otro sitio web.
La alianza de lleva
más de una década con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) se
explica, entonces, por la inserción territorial de la agrupación que en tiempos
de la dictadura cumplió el papel de oposición tolerada, lo que garantizaba la
gobernabilidad. El PT también tuvo su época de cercanía con los movimientos
evangelistas para llegar por primera vez al Palacio del Planalto, la sede de la
presidencia en Brasilia. No había
entonces otro modo de llegar hasta los millones de votantes que escuchaban sus
radios en todos los rincones del país.
Como contrapartida, el partido creado por Lula da Silva sobre bases
obreras en 1980 no pudo –o prefirió no romper con aliados- construir un mayor
poder territorial al punto que hoy cuenta apenas con 63 diputados en una cámara
de 513 bancas y solo 14 senadores sobre 81 escaños. Tampoco logró que pasara la reforma política,
por la obvia obstrucción de los socios legislativos.
Esa es la razón de fondo para que la jefatura de ambas
cámaras recayera en dos conspicuos integrantes del PMDB, Eduardo Cunha en
diputados y Renan Calheiros en senadores.
Y allí reside la mayor debilidad de Dilma Rousseff y del PT en general en estos tiempos
tormentosos que se desataron a partir de una investigación sobre corrupción en
la petrolera de bandera, Petrobras.
La causa que lleva adelante un juez federal del estado de
Paraná con la Policía Federal, el órgano que en Brasil cumple las funciones de
brazo armado de la justicia. Y ya produjo las primeras condenas: tres
directivos de empresas privadas y un funcionario de la firma estatal. El
magistrado también llevó a una celda a
dirigentes políticos de partidos que integran la alianza oficialista y a
presidentes de dos de las constructoras más grandes de Brasil, que figuran
entre las más grandes del mundo, con intereses en varios países
latinoamericanos, incluso Argentina, y en África, Odebrecht y Camargo Correa.
Lo que en estos últimos días se vive en el país vecino es
una arremetida que muchos de ellos aspiran a definitiva contra Dilma y Lula de
parte de los medios concentrados, como la red O Globo y el diario Folha de Sao
Paulo. Lo peor del caso es que no solo despliegan un arsenal de
cuestionamientos sobre la transparencia del PT y de sus integrantes y socios políticos,
sino que marcan agenda sobre el rumbo que el proyecto neoliberal pretende del
país y sobre el rol que la sociedad le debería asignar a cualquier gestión
presidencial y a las empresas públicas.
En el caso de Petrobras, la oleada de escandaletes que los
medios viene mostrando en dosis sutilmente administradas desde fines del año
pasado, golpea a las puertas del líder metalúrgico, lo que eventualmente
afectaría la continuidad del proyecto “petista”. Pero también amenaza con un
juicio político contra la presidenta, para lo cual se viene afilando los
dientes el ex candidato Aecio Neves y su partido, el Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB), que a pesar del nombre representa al
conservadurismo y cuenta entre sus mascarones de proa al ex presidente Fernando
Henrique Cardoso, un intelectual desarrollista en los 60 que devino en
neoliberal cuando ocupó la presidencia en los 90 y desplegó gran parte del
recetario privatizador recomendado por los Chicago Boys.
Ahora el senador y dos veces candidato presidencial por el
PSDB y ex gobernador paulista José Serra pretende que se modifique una ley
clave para un verdadero plan social en ese país, la normativa que le da
exclusividad a Petrobras en la explotación de las riquezas petroleras de la
plataforma submarina. Busca que entren empresas multinacionales, pero
fundamentalmente cambiar el reparto de
las regalías, que con la legislación vigente garantiza un alto componente para
la educación y la salud populares.
El avance del proceso Petrobras, que está en manos de Sergio
Moro, un juez muy cercano a la embajada de Estados Unidos, inundó de rechazo no
solo a la gestión petista sino a la dirigencia política en pleno. En la picota
están tanto encumbrados dirigentes del oficialismo como del PMDB, lo que
incluye al propio Eduardo Cunha y hasta el ex presidente Fernando Collor de
Melo, denunciado por corrupción y expulsado mediante un impeachment en 1992.
La respuesta de Cunha a la acusación de que recibió sobornos
salidos del bolsillo de Petrobras fue anunciar su paso a la oposición y la
amenaza de abrir la puerta para un proceso similar contra Dilma. Una velada amenaza contra el PT o una
extorsión para que ponga un límite a las investigaciones judiciales.
Sucede que en Brasil eso de la separación de poderes también
es otra característica de la organización política, pero al mismo tiempo es una
trampa en la que cayó el PT -e incluso de la propia Dilma- cuando aceptaron que
la vía para llegar al poder no era por las armas. El proceso político llevó,
como en otros países de la región, a “comerse esos sapos” que ahora, y desde la
causa que llevó a prisión al principal operador de Lula, José Dirceu -también
ex guerrillero- y a altos dirigentes del PT por el llamado “mensalao”, se
reporta como un error. Eso de la reforma judicial que en Argentina quiso
encarar el gobierno de Cristina y no logró, aunque dejó presentado el tema en
la sociedad, en Brasil casi ni se planteó.
Como en la mayoría de
los países latinoamericanos, el poder judicial es otra de las puntas de lanza
del establishment y de las concepciones neoliberales. Solo basta observar la
queja del veterano periodista brasileño Joaquim Palhares, director de la
revista online Carta Maior, uno de los medios que hace fuerza por el PT y una
de las pocas voces a favor del proyecto petista en ese país, bombardeado por la
oposición mediática. "Jamás en la vida vi a jueces apareciendo en
seminarios del grupo Globo o a la Policía Federal filtrando sus investigaciones
a la prensa", puntualizó Palhares.
Esta semana ocurrieron dos hechos a destacar. Por un lado,
la abogada Beatriz Catta Preta, presentada por los medios concentrados como
“una de las mayores especialistas en delación premiada del país”, anunció que
deja la defensa de sus principales clientes en esta megacausa, denominada Lava
Jato por el lavadero de autos donde comenzó la investigación policial. La mujer
le informó al juez Moro que ya no tendría entre sus pupilos a Augusto Ribeiro Mendonça Neto y a Pedro José
Barusco Filho, los que se suman a Julio Camargo, otro de los delatores que ella
asesoró.
El sistema de delación premiada, copiado del acuerdo con la
fiscalía que figura en el proceso de Estados Unidos, permite que un reo negocie
la reducción de una condena en su contra si “colabora” con la justicia. Una
invitación a prender el ventilador con tal de salvar el propio trasero. Con eso
se llega a una verdad jurídica o apenas mediática. Lo que no implica que se
está cerca de la verdad verdadera.
Al mismo tiempo el Ministerio Público de Brasil promovió –demasiado
tarde- una contraofensiva sobre algunos personajes del sistema judicial. El
jueves anunció un proceso disciplinario contra el fiscal que hace unos días
abrió una investigación para determinar su Lula cometió el delito de tráfico de
influencia cuando fomentó la participación de la constructora Odebrecht en
obras en el exterior. Una de ellas es un megaproyecto en Puerto Mariel, Cuba.
La defensa del líder metalúrgico hizo la presentación y el propio Lula explicó
que precisamente una de las funciones de
un presidente es abrir puertas en el exterior para vender trabajo nacional y
apostar al crecimiento del empresariado nacional.
El fiscal Valtan Mendes Furtado salió, como se dice en la
jerga leguleya, “de pesca” en un acto diplomático del anterior gobierno. Y ya
se anunció que quiere investigar los créditos que recibió esa firma de parte
del Banco Nacional de Desarrollo, el famoso BNDES que tanto contribuyó desde
antes de la dictadura al desarrollo de la industria brasileña.
Pegándole a la burguesía nacional, destruyendo a la empresa
petrolera de bandera y desprestigiando el banco que fomenta la industria y el
trabajo brasileño, se le pega debajo de la línea de flotación al proyecto
desarrollista que sin cortapisas desplegó Brasil desde fines de la segunda
guerra mundial como política de estado.
Se podrá discutir mucho sobre el desarrollismo como modelo
de distribución y de crecimiento. Pero cuando desde la derecha buscan
destruirlo uno debe preguntarse qué les molesta. Y allí estará la respuesta a
estos ataques a los llamados progresismos latinoamericanos.
