Uruguay se enfrenta al tramo final de un litigio que por
insólito no deja de resultar revelador acerca del rol de las multinacionales y
sobre el alcance de las políticas nacionales en esta etapa de la globalización.
El resultado de la causa que la tabacalera Philip Morris inició hace
exactamente tres años ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) es esperado con ansiedad por todos los
organismos de salud y de lucha contra el tabaquismo internacionales.
Como se sabe, el CIADI es el organismo del Banco Mundial
puesto en marcha a fines de los 60 para la solución de disputas entre los gobiernos
y los capitales globalizados. «Una de sus finalidades es dotar a la comunidad
internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad
jurídica a los flujos de inversión internacionales», dice entre los
considerandos de su fundación.
Como también conoce cualquiera que cruzó alguna vez «el
charco» en este último lustro, las leyes uruguayas en cuanto al consumo de
cigarrillos y la publicidad en las marquillas son mucho más severas que en
otros países. De hecho, Uruguay es el modelo que exhibe la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para la prevención de ese flagelo del mundo moderno que es el
tabaquismo.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La historia arranca
con la llegada del Frente Amplio al poder, hace 8 años. El primer presidente de
la agrupación de centroizquierda que rompió con el bipartidismo oriental fue
Tabaré Vázquez, un reconocido oncólogo entre cuyas promesas de campaña figuraba
precisamente convertir al «paisito» en un territorio libre de humo de tabaco.
Un año más tarde cumpliría al dictar una ley por la que Uruguay sería la quinta
nación del mundo y la primera de América Latina en establecer estrictas
prohibiciones de fumar en ámbitos públicos y de hacer publicidad de
cigarrillos.
La medida obviamente fue aplaudida por la OMS y todos los
que en el mundo combaten esta adicción legal que causa millones de muertes al
año por enfermedades ligadas con el consumo de tabaco, principalmente cáncer.
Pero como también es obvio, las tabacaleras no se quedaron
contentas porque sospechaban lo que luego ocurrió, y es que la decisión del
gobierno prendió en el resto del continente y también en el mundo, al punto que
hoy son 60 los países –entre ellos Argentina– que prohíben fumar en espacios
públicos y limitan la publicidad o imponen advertencias cada vez más alarmantes
en las marquillas. Es así que Philip Morris, una de las mayores compañías del
mundo en el rubro, elucubró un insólito recurso para, como dicen las
autoridades uruguayas, castigar la «insolente» decisión de Tabaré, luego refrendada
e incrementada durante la gestión de su sucesor, José Mujica, que la considera
una política de Estado.
Acuerdos multilaterales
La respuesta de la tabacalera vendría por el lugar menos
pensado y en febrero de 2010 planteó una demanda ante el CIADI por considerar
que el Estado uruguayo violó el tratado de inversiones firmado con Suiza, el
territorio donde la multinacional tiene su sede administrativa. El caso, como
aclara la firma (ver Razones...), se refiere específicamente a la regulación de
la forma y presentación de los paquetes y jura que no tiene nada que ver con la
limitación en el consumo en espacios públicos. Dice que la normativa oriental
contraría los acuerdos de inversión y afecta la seguridad jurídica de los
capitales invertidos en Uruguay. Como resarcimiento, pide 2.000 millones de
dólares.
Un punto que destacan todos los que estudiaron el tema,
entre ellos varias ONG internacionales, es que la facturación anual de Philip
Morris ronda los 80.000 millones de dólares anuales, y por lo tanto duplica el
PBI de la República Oriental del Uruguay. Y que reclama una compensación que
equivale al 7% del producto económico total de los 3,4 millones de uruguayos
durante un año, que deberían tener que aportar unos 590 dólares por persona. Es
interesante resaltar además que según la OMS, el tabaquismo provoca la muerte
de unas 5 millones de personas al año y genera pérdidas relacionadas con la
atención médica o ausentismo laboral de alrededor de 500.000 millones de
dólares en el mismo período.
«Nuestro pequeño país es un laboratorio de enfrentamiento
con una multinacional que tiene mucho que ver con el comercio del tabaco y con
todo lo que significa», consideró el presidente Mujica al inaugurar en
noviembre de 2010 la IV Conferencia de las Partes sobre el tratado de la OMS
para el control del tabaco, que se desarrolló en Punta del Este en el marco de
la demanda de Philip Morris.
El encuentro congregó durante seis días en la ciudad
balnearia oriental por antonomasia a representantes de casi 170 naciones y un
puñado de ONG que tomaron ese conflicto como un antecedente para futuras
controversias con las multinacionales. Campaign For Tobacco Free Kids, la
American Cancer Society, la World Lung Fundation y la International Heart
Foundation, entre otras, no quisieron quedar al margen de la cumbre e incluso
loaron al gobierno uruguayo al que celebraron «por su liderazgo en la
implementación de políticas para el control del tabaco y su decisión de
enfrentarse a las tabacaleras». Lo curioso es que también se plegó al apoyo el
alcalde de Nueva York, el conservador Michael Bloomberg, quien llamó por
teléfono a Mujica para ofrecerle «toda la ayuda posible» y decirle que estaba
«hombro con hombro» en esta patriada. Y donó 500.000 dólares para la causa.
El ex presidente Vázquez pronunció entonces un discurso que
para los antitabaquistas resulta memorable: «La empresa está interesada en
darle un escarmiento a Uruguay e intimidar a otros países que sigan su rumbo.
Philip Morris no ahorrará recursos para lograr su objetivo. Tiene mucho dinero
y el dinero tiene mucho poder, el de la frivolidad y la corrupción». Y recordó
que de allí viene la oposición feroz a las leyes contra el cigarrillo, «(esa
oposición) no parte de los fumadores uruguayos, que los hay y muchos, ni de los
comerciantes que venden productos de tabaco, que también los hay y con derecho
a hacer buenos negocios».
Fuera del recinto, integrantes de la Asociación
Internacional de Productores de Tabaco (ITGA, por su sigla en inglés), que se
arrogan la representación de cultivadores de 26 países, se quejaban de que se
les hubiera negado la posibilidad de participar como observadores en la
conferencia. «El objetivo era mostrar el terrible impacto que tendría en
millones de pequeños y medianos cultivadores la aprobación de los artículos en
los que figura la prohibición de utilizar ingredientes en los productos con
tabaco». Precisamente estos ingredientes son los que los estudios científicos
demuestran que aumentan el riesgo de enfermedades y además incentivan la adicción
al tabaco.
«A medida que las ventas a los países en vías de desarrollo
son cada vez más importantes para los gigantes del tabaco, estos incrementan
sus esfuerzos alrededor del mundo para combatir las duras restricciones a la
comercialización de cigarrillos», publicó entonces otro diario neoyorquino de
fama mundial, The New York Times, en un artículo dominical sobre ese encuentro
de fines de 2010 en Punta del Este.
Dinero para gastar
Hace algunas semanas, cuando comenzó esta nueva etapa del
juicio, el canciller Luis Almagro recordó el amplio apoyo de la comunidad
internacional a la posición oriental, sobre todo a través de argumentos
brindados por la OMS y de la experiencia de Australia en su lucha contra las
tabacaleras. Es que el año pasado la justicia australiana desestimó un juicio
de Philip Morris sobre los mismos puntos y las autoridades lograron avanzar con
su propuesta de cajillas únicas y sin publicidad para todas las marcas de
cigarrillos. El planteo de la multinacional es por algo menos rígido: en
Uruguay las normas obligan a colocar imágenes por cierto dramáticas sobre el
mal que produce el cigarrillo y que tienen que ocupar el 80% de la superficie
de los atados. También considera engañosa la oferta de productos suaves o light
ya que son igualmente dañinos para la salud.
De cara a la OMS, las cifras oficiales indican que sólo en
el primer año de vigencia de la ley, el consumo en Uruguay se redujo un 25%,
los infartos al miocardio disminuyeron 17% y también bajó la presencia en el
aire de partículas derivadas del consumo. Mientras tanto, el juicio avanza en
el CIADI, que ya escuchó a las partes y en un par de meses emitiría dictamen.
¿Qué podrá decidir, teniendo en cuenta que se trata inversiones de dinero
contra el valor de la vida humana?
Es difícil decirlo, pero quizás la respuesta de Josefa
Sicard-Mirabal, directora de América del Norte de la Corte de Arbitraje
Internacional a un medio oriental, aporte algo de claridad: «Es un tema muy
interesante, porque en el reclamo se confrontan lo que permite o no la
Constitución y las acciones de una entidad poderosa que tiene dinero para
gastar».
Acción
Marzo 15 de 2013
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