El Estado nacional se quedó con un importante paquete
accionario de firmas particulares que estaba en poder de las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cuando estatizó el sistema
previsional, en octubre de 2008. Era una cartera que las AFJP habían adquirido
en el marco de una ley dictada por el menemismo, y se trataba de inversiones
previstas en ese modelo para la capitalización de empresas con los aportes de
los trabajadores.
Más allá de reiteradas denuncias sobre el valor excesivo al
que muchas de esas acciones fueron adquiridas y sobre la ventaja de las
inversiones realizadas, la nueva legislación dejó en manos del llamado Fondo de
Garantías una cartera con 9% de acciones de Aluar, 20% de Molinos, 27% de la
productora de limones San Miguel, 11% de Petrobras, 26% de Siderar, 20% de
Banco Galicia, 64% del Banco Hipotecario, 25% de Nordelta y 9% de Clarín, entre
otras.
En total son 46 empresas y en 27 de ellas el Estado tiene
directores. Es un paquete que refuerza los recursos que los trabajadores
depositan en la Anses para su futuro y que al mismo tiempo le sirve al Estado
para tener una voz dentro del directorio de algunas de las firmas más
importantes del país.
Para el gobierno de Cristina Fernández, la ley es un
anticuerpo contra las privatizaciones y, a la vez, un símbolo de su gestión
contraria al neoliberalismo. Para la oposición es la pretensión de digitar la
política del futuro gobierno e impedirle que, en caso de necesidad, busque
fondos frescos. Esa fue la misma argumentación que en los 90 se usó para
liquidar el patrimonio de los argentinos.
Revista Acción
Octubre 15 de 2015
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