La detención del comisario inspector santafesino Gustavo
Pereyra es apenas la punta de un iceberg de incalculable profundidad que
atraviesa a la sociedad en todos sus estamentos. Eso es, ni más ni menos, el
problema de las vinculaciones entre las bandas del narcotráfico y las
instituciones estatales. Un tema que se terminó metiendo en la agenda de la
campaña electoral pero que desde hace tiempo golpea profundamente en organismos
de seguridad y políticos de todos los sectores. Porque la situación en la
Policía de la provincia de Santa Fe no es nueva y, además, es un espejo de
situaciones similares en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, como para
sospechar que nadie está exento de resultar salpicado por ese oscuro paradigma
que no solo impacta en la Argentina sino que es un tema candente en otros
países de la región, aunque lejos en la comparación con la situación local,
como México y Colombia.
Para corroborar esta aseveración, esos mismos días se
comenzaba a sustanciar el juicio político contra Julio Novo, fiscal general del
distrito de San Isidro, acusado de encubrir a una banda de narcotraficantes, la
misma causa por la que fue desplazada la procuradora general de Buenos Aires,
María del Carmen Falbo. El caso data de 2009 e involucra a agentes policiales y
funcionarios judiciales y desliza sospechas sobre dirigentes políticos
comunales bonaerenses.
En Córdoba, mientras tanto, el Tribunal Oral Federal Nº 2
rechazó a fines de setiembre un nuevo pedido de excarcelación presentado por el
ex jefe de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa, Rafael Sosa, a
la espera del juicio oral y público por el denominado «narcoescándalo». El
proceso se inició en 2013 cuando en un programa de TV de Canal 10 un informante
de la Policía denunció a la jefatura de esa dependencia por complicidad con
bandas de narcotraficantes. El
gobernador José Manuel de la Sota, peronista disidente, tuvo que cambiar
entonces la cúpula policial. Lo mismo se vio obligado a hacer un año antes el
mandatario santafesino, Antonio Bonfatti, del Partido Socialista. Y en un
paralelo notable prosigue el juicio contra el exjefe de la Policía provincial,
Hugo Tognoli, quien en octubre de 2012 había saltado a la fama cuando resultó acusado
de haber encubierto a narcotraficantes, de amenazas y de haberse enriquecido
con este tipo de complicidades con quienes debería haber combatido. Junto con
Tognoli están sentados en el banquillo dos exfuncionarios de la Dirección
General de Prevención y Control de
Adicciones y el ex subjefe de Inteligencia de la policía provincial, José Luis
Bella.
En el caso del también santafesino Pereyra, conocido como
Gula, de 54 años, fue procesado por la jueza Alejandra Rodenas, quien le trabó
embargo por 100.000 pesos. La acusación es por haber integrado una banda que se
dedicaba a cometer homicidios, extorsión y amenazas de la que formaban parte
otros miembros de la fuerza junto con una familia vinculada con el delito
conocida en Rosario como «Los Monos». La Justicia lo acusa de poner a
disposición de la banda «información reservada y secreta» que les permitía
mantenerse fuera de la órbita de la ley y escapar a tiempo de procedimientos
que el comisario no podía evitar sin verse involucrado. Es decir, acciones realizadas en el marco de las
funciones para las que la sociedad le pagaba su sueldo.
Acusación por televisión
Un hecho que conmovió a la sociedad en 2008 fue el llamado
triple crimen de General Rodríguez. El 16 de agosto de ese año un lugareño
encontró tres cadáveres en un zanjón a un costado de la ruta 6, en la localidad
bonaerense de General Rodríguez. Los cuerpos de Sebastián Forza, de 34 años;
Damián Ferrón, de 37; y Leopoldo Bina,
de 35, habían sido acribillados con saña y una verdadera muestra de violencia
típica de los homicidios mafiosos. Se supo que estaban vinculados con el
tráfico de efedrina, un principio activo de origen vegetal para medicamentos
vasodilatadores pero al mismo tiempo precursor de anfetaminas.
La trama sobre esas muertes permanece entre las sombras,
aunque fueron condenados Víctor y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios
y los hermanos Christian y Martín Lanatta como autores materiales de los
asesinatos. En tanto permanece prófugo Esteban Pérez Corradi, considerado uno de
los mayores proveedores de efedrina a los carteles mexicanos. El caso volvió a
la escena de un modo impactante una semana antes de las PASO cuando el
periodista Jorge Lanata consiguió entrevistar a su casi tocayo Martín Lanatta
en la prisión y a otro de los implicados, José Luis Salerno, exsocio de Ferrón,
una de las víctimas. Ambos aseguraron que el jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, sería el autor intelectual de los homicidios. Unos días más tarde,
Salerno se desdijo en sede judicial, mientras que tanto familiares como el
abogado de Lanatta aseguraron que en ningún tramo del juicio en su contra había
dicho algo en ese sentido. Pero la sospecha quedó instalada, sobre todo desde
que el que fue secretario de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) entre 2004 y 2011, Ramón Granero,
terminó procesado y a punto de ir a juicio oral en una causa por tráfico de
efedrina iniciada en el despacho de la jueza María Servini de Cubría.
Otro caso oscuro es el del doble homicidio de dos ciudadanos
colombianos en la playa de estacionamiento del shopping Unicenter, del partido
bonaerense de San Isidro, ocurrido en julio de 2008. Hubo una denuncia del
exdiputado provincial Marcelo Saín, que se sumó a otra del entonces fiscal de San Isidro, Luis Angelini.
Ambos consideraron que el fiscal Julio Novo y dos de sus subordinados no
hicieron sino obstaculizar las investigaciones para determinar quiénes habían
sido los responsables de la matanza registrada en un lugar muy concurrido y en
el estilo de las ejecuciones que se ven en las películas de narcos colombianas.
Angelini sospechaba que las maniobras de Novo tenían como
objetivo encubrir las vinculaciones
entre los asesinatos de los colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá,
hijos de un exjefe de la Fuerza Aérea argentina, condenados y presos en España
luego de que les encontraran una tonelada de cocaína en su avión. Angelini fue
más lejos y afirmó que «existe una inmensa actividad institucional estatal
claramente dirigida a encubrir graves delitos de acción pública que ocultan, a
su vez, una enorme trama de narcotráfico nacional y supranacional» y apuntó
directamente contra «una multiplicidad de agentes de competencia decisiva que
integran el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires». La
jueza que investigó esta denuncia es Sandra Arroyo Salgado, exesposa y
querellante a nombre de sus hijas en la investigación por la muerte del fiscal
de la causa AMIA, Alberto Nisman.
Miradas contrapuestas
En este clima de denuncias y sospechas contra fuerzas
policiales y funcionarios de algunos de los organismos estatales, en el marco
de las repetidas «guerras» de narcos en distintos distritos del país, el tema
se coló en la campaña electoral y no solo por la denuncia contra Fernández. Es
así que Sergio Massa, el candidato del frente UNA, aliado con el cordobés De la
Sota, mostró el perfil más duro en la lucha que proponía contra la droga,
mientras que Mauricio Macri, de Cambiemos, se sumaba a la propuesta de combate
de ese flagelo, pero no llegó a proponer, como el exintendente tigrense, usar a
las Fuerzas Armadas para enfrentar a las bandas de narcotraficantes. Fernández,
candidato a la gobernación bonaerense, defendía, en tanto, otro perfil y
reclamaba no penalizar el consumo sino poner el eje en tratar los casos de
adicciones como una enfermedad, un aspecto que desde la otra vereda parecía no
ser tan tenido en cuenta. La posición extrema de Massa de llevar tropas
militares a las villas y clausurar las fronteras despertó críticas desde lo
legal –la legislación vigente impide que las fuerzas de defensa puedan
intervenir en acciones interiores, que deben estar a cargo de fuerzas de
seguridad como la Policía y la Gendarmería–, pero también reflotó los
antecedentes de otros países, donde ese recurso no hizo sino agravar la
situación. Sobre todo por el poder corruptor que muestra el dinero que produce
el negocio de las drogas.
El propio Saín, director de la flamante Escuela Nacional de
Inteligencia, salió al cruce de esas propuestas. Señaló que el candidato
responde a directivas de la embajada estadounidense, el país que promueve desde
hace por lo menos cuatro décadas la guerra al narcotráfico. Así, en un
reportaje publicado por Tiempo Argentino, reconoció que no hay una gran ciudad
donde no haya una red criminal dedicada al tráfico y la distribución de algún
tipo de droga «con la particularidad de que (las redes) son regenteadas por el
propio Estado, porque son reguladas policialmente».
El exjuez y exministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, recordó a su vez que una semanas atrás un grupo de académicos, dirigentes sociales y políticos y organizaciones no gubernamentales presentaron un Documento de convergencia en que destacan que «las drogas son un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar dilemas y retos estructurales que lo nutren y multiplican». Y agregan que «la intervención de las Fuerzas Armadas agravaría las consecuencias, en términos de violencia y abusos (…) que se observan en otros países de América Latina».
El exjuez y exministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, recordó a su vez que una semanas atrás un grupo de académicos, dirigentes sociales y políticos y organizaciones no gubernamentales presentaron un Documento de convergencia en que destacan que «las drogas son un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar dilemas y retos estructurales que lo nutren y multiplican». Y agregan que «la intervención de las Fuerzas Armadas agravaría las consecuencias, en términos de violencia y abusos (…) que se observan en otros países de América Latina».
Guerra perdida
En 2013 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y
Democracia, que integran los expresidentes César Gaviria, de Colombia; Fernando
Henrique Cardoso, de Brasil, y Ernesto Zedillo, de México, entre otros, llegó a
la conclusión de que es necesario buscar otras soluciones para el problema de
la droga y el narcotráfico porque «la guerra contra las drogas» fue una «guerra perdida» que acarreó costos
incalculables.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto reconoció este
hecho cuando aseveró que «los escasos resultados obtenidos en décadas obligan a
un cambio de paradigma». El mandatario, del PRI, sucedió en el cargo a Felipe
Calderón, del PAN, que al llegar al Palacio de los Pinos, en 2006, había
desatado una guerra sin cuartel recurriendo al Ejército. El resultado no puede
ser más aleccionador: en ese lapso la tasa de homicidios aumentó un 300%, se
registraron unos 60.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos. El caso de los
estudiantes de Ayoztinapa, hace un año, es el más dramático: los chicos
quedaron en medio de una disputa entre bandas narcotraficantes del estado de
Guerrero y en su desaparición están implicados policías, militares y hasta el
alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca, del PRD, el partido de la
izquierda que había formado Cuauhtémoc Cárdenas y del que luego se abrió, antes
de que esta trama siniestra saliera a la luz.
Revista Acción
Octubre 15 de 2015
