Rodrigo Rojas, de la ONG Pax: "Las mineras apoyaron y financiaron a grupos paramilitares en Colombia"

El colombiano Rodrigo Rojas Orozco es administrador de Empresas y tiene un posgrado en Geopolítica. Pero en un país como Colombia, para alguien que no quiere quedarse al margen de lo que sucede y busca la forma de contribuir a la solución, una opción razonable es especializarse en Negociación de Conflictos. Es lo que viene haciendo Rojas Orozco desde la organización Pax, y en un tema poco caminado en los noticieros: la violencia paramilitar asociada a las grandes explotaciones mineras en un área muy sensible de la frontera con Venezuela.
"Hace 25 años que estamos en Colombia –dice el asesor para Asuntos Humanitarios y de Paz de la ONG holandesa, de visita en Tiempo– y ocho en que tratamos específicamente la cuestión minera, tanto desde el aspecto de la seguridad humana como de los Derechos Humanos."
–¿Qué los llevó a interesarse en esa cuestión?
–Hace más o menos unos 12 años el gobierno de Álvaro Uribe tomó la decisión de reprimarizar la economía colombiana y nos volvimos dependientes de nuestras exportaciones de carbón y petróleo y de níquel en la costa, más las expectativas de grandes explotaciones de oro en la Cordillera de los Andes. Abrieron las puertas a las grandes mineras internacionales, algunas de ellas con una reputación bastante discutible, y hoy el 54% de las exportaciones de Colombia es petróleo y carbón y el café pasó a un segundo nivel.
–Ustedes elaboraron un informe sobre el apoyo de las multinacionales mineras a los grupos paramilitares en el que entrevistaron a víctimas e incluso a mercenarios. ¿A qué conclusiones llegaron?
–Las primeras explotaciones fueron en la zona del Caribe, al norte del país, y se van expandiendo a Catatumbo. Todo es cerca de la frontera con Venezuela. Esto ha generado una serie de problemas sociales y la conformación de grupos paramilitares. Tenemos denuncias y pruebas de que algunas de estas empresas, la Glencore, Prodeco y la Drummond, financiaron y apoyaron a un grupo paramilitar, el Frente Juan Andrés Álvarez, que generó más de 2600 muertos, miles de desaparecidos y casi 59 mil desplazados, campesinos que tuvieron que salir de la región corridos por la violencia.
–El año pasado hubo marchas y huelgas de campesinos de Catatumbo, ¿Tienen que ver con eso?
–No, esos eran campesinos cocaleros, pero algunos están pensando que también ellos se salgan de esa zona para apoderarse de la explotación. Venezuela tiene de ese lado mejores vías de comunicación y podría facilitar la salida al lago Maracaibo de la producción, lo que reduciría los costos del trasporte.
–Caracas denuncia acciones paramilitares en la frontera.
–La producción de carbón permitió una gran concentración de paramilitares y los venezolanos denuncian que hay infiltración y que alguna fue con fines de atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.
–¿Los grupos fueron financiados por las empresas?
–Fueron apoyados por las empresas pero luego tomaron su propia dinámica y lograron una enorme influencia en la política local. Hay acciones de control social pero también de expoliaciones, fundamentalmente de la tierra.
–¿Quiénes las conforman?
–Hay mercenarios de EE UU que han participado. Hay una persona muy especial, James Adkins, que fue jefe de la base de la CIA de los Contras en Honduras y después responsable del departamento de seguridad de la Drummond y en la embajada de EE UU
y terminó como asesor militar en Irak. De estas personas hay varias, veteranos de la guerra de Irak contratados como asesores y técnicos, pero también colombianos.
–¿Qué pruebas tienen que los relacionen con las empresas?
–Hay denuncias y declaraciones orales y por escrito bajo juramento de campesinos, líderes paramilitares y antiguos contratistas de las empresas mineras. Según las denuncias, los paramilitares iban a la empresa, comían allí y recibían financiación a través de los contratistas. El problema es que hubo abogados no relacionados con nosotros que hicieron demandas en juzgados estadounidenses para pedir reparación a las víctimas. Perdieron en primera y segunda instancia en tribunales en Atlanta. Los jueces dicen que no hubo relación directa entre las casas matrices con los paramilitares. Pero sí la hubo de parte de los administradores locales. Es un mecanismo utilizado por otras empresas.
–Una de ellas es la bananera Chiquita Brands, que viene ganando en otros tribunales estadounidenses donde fue demandada por apoyar a paramilitares en Colombia.
–Lo más grave es que están utilizando contrademandas contra los abogados que los están demandando. Están unificando una misma estrategia para acallarnos y que no podamos seguir demandando para implicarnos en causas por conspiración bajo los términos de la Ley Rico (Una ley federal del año 1970 para combatir la extorsión por parte de organizaciones criminales. RICO es la sigla en inglés para "ley contra las organizaciones corruptas y de influencia mafiosa"). Allá es una figura muy grave. Queda latente la amenaza de demandarnos si insistimos en la denuncia. El hecho es que si no lo denunciamos la situación sigue o empeora, no nos podemos callar.
–¿Las multinacionales financian a autoridades políticas?
–Hay un maridaje de las elites locales con las empresas, algunos de los directivos son sobrinos, primos, tíos, hermanos de los políticos locales que manejan los gobiernos departamentales.
–¿Hacen algún tipo de acciones para mostrar otro rostro ante la sociedad?
–Ahorita han tenido que contratar periodistas y relaciones públicas porque el mayor éxito de ellos era invisibilizar la situación. Para que no se supiera nada de lo que pasaba. Lo que hemos hecho fue visibilizar su lado oscuro.
–¿Este tema no forma parte del dialogo de paz en La Habana?
–No. A Cuba llevaron a algunas de las víctimas del conflicto, pero no a las de las multinacionales. Nosotros creemos que estas multinacionales son responsables, les tienen que decir a las víctimas la verdad, los tienen que reparar y les tienen que dar una garantía de no repetición. La exigencia de nosotros es que por lo menos se reúnan con las víctimas. No se puede hablar de acuerdos de paz si hay situaciones como es el caso del departamento del Cesar, con una población de un millón de habitantes donde hay 403 mil víctimas registradas, el 40%. Nosotros creemos que el tema de las victimas tendría que tener más peso en esas conversaciones. Y que hay una responsabilidad social, política, judicial y también de los empresarios en la financiación del conflicto que no se ha tocado mucho. Me llamó la atención que en Argentina se empezó a investigar a los empresarios que se enriquecieron con la dictadura. En el caso de Colombia la guerra fue una forma de acumulación primaria y secundaria y lo sigue siendo. Se habla de cárcel para guerrilleros, para los militares, pero no ha habido un juzgamiento a los empresarios. El Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Santos, Sergio Jaramillo, habla de 13 mil empresarios que se beneficiaron de la guerra. Es un tema latente que va a tener que salir.
–¿Tienen miedo por represalias en relación con el trabajo que están haciendo?
–La sociedad civil quedó muy destruida, fue muy golpeada por asesinatos, desapariciones, hubo muchos delitos sexuales. Y aún queda terror en la población, personas que requieren asistencia social, hay familias muy traumatizadas y les estamos dando asistencia jurídica para su reclamación. Pero el temor es a la criminalización de la protesta social,  a que empiecen a juzgar y condenar a los dirigentes sociales y a los que de alguna manera protesten contra esas formas de minería. A eso le tengo más temores que a la muerte.

Tiempo Argentino
Mayo 17 de 2015

México y las flores del mal

Hace un par de años, en una charla en el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos (IADEG), Leopoldo González Aguayo, cientista político y docente en el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México, contaba la añeja relación de las fuerzas militares y la dirigencia política de su país con el comercio de droga. Específicamente, ironizaba, en un país que aún lamenta estar tan lejos de Dios como cerca de la principal potencia global, "eso también se lo debemos a los Estados Unidos".

La explicación no tiene desperdicio. Cuando el gobierno de Franklin Delano Roosevelt –que había hecho del aislacionismo en la segunda guerra una bandera, percibió que le iba a resultar imposible mantenerse al margen– evaluó medidas para volver a los campos de batalla. En toda guerra es imprescindible contar con tecnología y una industria poderosa detrás. Pero entonces también se precisaba suficiente y segura provisión de morfina para aliviar los dolores de los soldados heridos o mutilados en combate.

Fue entonces que, recordaba González Aguayo, "Washington le pidió al gobierno mexicano el abastecimiento de la droga, lo que nuestra dirigencia cumplió con esmero, al igual que el Ejército mexicano. Fue así que se estimuló el cultivo masivo de amapolas en el país, esencialmente para producir opio en cantidades industriales." De ese modo se abandonaron cultivos de frutales, legumbres y hortalizas por uno más rentable.

Hay académicos que rechazan esta versión de la historia porque no han encontrado documentación que la verifique. Lo que no es de extrañar ya que se trató de acuerdos secretos. Revelarlos antes hubiese implicado reconocer que EE UU planeaba entrar en guerra. Reconocerlos después, su rol en el desarrollo de un negocio ominoso que cuesta miles de vidas de la forma más violenta y que incluso subyace entre las causas más profundas en la desaparición de los 43 estudiantes del Colegio de Ayotzinapa, un caso que arrastra a la dirigencia política mexicana en pleno a una crisis que bien pudiera ser terminal.

¿Por qué se habría impuesto el proyecto de adormideras el sur del Río Bravo? La primera razón es que las tradicionales regiones asiáticas –el triángulo dorado de Birmania, Laos y Tailandia– habían sido invadidas por Japón. Los "negacionistas" de aquel espaldarazo a una verdadera fiebre por el cultivo de amapolas –de cuyo bulbo se extrae no solo la morfina y la heroína– sostienen que las zonas elegidas en México no son mejores que otras dentro de Estados Unidos.

Sucede que Washington necesitaba garantizarse, además de la morfina, fronteras seguras. En la primera guerra Alemania propuso ayudar al México de la Revolución a recuperar el territorio que le habían birlado medio siglo antes abriendo un frente en el sur estadounidense.

El caso es que abruptamente quedaron miles de hectáreas aptas y productivas sin mercado legal. Ahí es donde comenzaron a tallar las virtudes empresariales de los sectores más dinámicos de otro triángulo dorado, el de Sinaloa, Durango y Chihuahua. "Constituye lo más granado de nuestro emprendedor y exitoso empresariado", ironizaba González Aguayo.

Para esos años, las principales drogas eran la marihuana y posteriormente la cocaína. México era productor de la primera y Colombia se fue haciendo fuerte en nuevas cepas de coca desarrolladas especialmente para cultivarse en la selva. En poco tiempo, los carteles colombianos se convirtieron en verdaderas multinacionales que vendían una cocaína de primera en los principales mercados del mundo. Estados Unidos en primerísimo lugar, y luego Europa. Para ello contaron con la ayuda inestimable de la CIA y la DEA, de fundación más reciente, para cuando el control de drogas se había convertido en una estrategia destinada a la ocupación, con Richard Nixon. Conviene no olvidar el papel de estos organismos en los '80 en la financiación de los Contras en Nicaragua por medio de negocios ilícitos, como la venta de armas a Irán y la comercialización y el peaje para el tráfico de drogas hacia el país del norte, como reveló oportunamente el periodista Carl Bernstein, uno de los investigadores del escándalo de Watergate.

Tras el homicidio de Pablo Escobar Gaviria y el desmembramiento de los cárteles colombianos, comenzaron a destacar los mexicanos, que ingresan la mercadería producida en Colombia o incluso en Perú por la frontera. El 90% de la cocaína que sale de Colombia, atraviesa América Central y sigue ese camino. Pero también venden producción propia: marihuana, heroína y compuestos de diseño, como la metanfetamina. Se supone que el 70% del tráfico de drogas ilegales que entran en Estados Unidos lo hace desde las zonas calientes de Chihuahua, Sonora o Tamaulipas.

Fue así que prosperaron los carteles de Sinaloa, Michoacán, y se hicieron famosos personajes como el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva. Precisamente un desprendimiento de esta última organización criminal, Guerreros Unidos, mantiene una vieja disputa con los Rojos por el control del negocio en el estado de Guerrero.

Según cifras que recopiló el periodista Gustavo Castillo García en el diario La Jornada: "En Guerrero se produce más de 60% de la amapola y goma de opio de México. Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas refieren que en el país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito, al pasar de 6900 hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción de 150 toneladas a más de 325."

En Guerrero permanece sosteniendo su historia de luchas populares, el Colegio Normal Rural de Ayotzinapa. Es uno de las tantas escuelas fundadas en los años 20 para alfabetizar a los campesinos: ese instituto forma maestros rurales con conciencia de su papel en la sociedad. Allí se formaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, miembros luego del grupo Partido de los Pobres en la década del sesenta, ambos tempranamente muertos.

Con estos antecedentes, los distintos gobiernos estaduales o nacionales no vieron conveniente cerrar la escuela, pero en concreto la asfixian financieramente. Es así que los reclamos estudiantiles son moneda corriente entre el distrito de Tixtla y en Chilpancingo, la capital de Guerrero. El 12 de diciembre de 2011 en una de esas manifestaciones la policía reprimió mató a dos de alumnos.

El 26 de septiembre pasado, un grupo de muchachos iban a Iguala también con ánimo de reclamo. Las circunstancias posteriores van saliendo a la luz de a poco. El alcalde José Luis Abarca Velázquez tenía vinculaciones con Guerreros Unidos a través de su esposa. Al parecer, no quería protestas en su municipio, Iguala, y pidió impedir la posible manifestación. Los chicos habían tomado tres ómnibus para trasladarse y fueron detenidos por agentes policiales, quienes los habrían entregado a sicarios del cartel. Al día de hoy 43 siguen desaparecidos y según la fiscalía general de México, fueron asesinados y quemados hasta la disolución en polvo en los fondos de un basural, porque los Guerreros los creyeron miembros de los Rojos.

Los padres de los jóvenes solo confían en el Equipo Argentino de Antropología Forense para identificar los restos hallados. Pero la crisis política arrastra a toda la dirigencia: al PRI en el gobierno central, porque demoró una investigación seria; al PRD, el partido de izquierda fundado por Cuauhtémoc Cárdenas que era la esperanza de cambio, porque tanto el gobernador de Guerrero como el alcalde ganaron con el apoyo de esa agrupación. Las policías, porque se reveló que hasta sus salario suelen ser pagados por los narcos. El Ejército esta vez estuvo casi al margen. Buena la habían llevado en el período del Felipe Calderón en el gobierno, cuando las acciones militares no hicieron más que incrementa a límites demenciales el número y la violencia de las respuestas criminales. Por eso también calla el PAN.

Desde La Habana, los negociadores de paz de las FARC recordaron que Colombia también "ha estado sometida a estas prácticas de intolerancia y barbarie, impuestas por concepciones de defensa diseñadas por la estrategia dominadora de los Estados Unidos".

Las cifras globales no desmienten al grupo guerrillero más viejo de América Latina. Los principales productores de droga del mundo son Colombia, México y Afganistán. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el negocio representa cerca del 1,5% del PBI mundial, unos 683 mil millones de dólares en 2013, y el 7% de las exportaciones mundiales.

Cómo será que hace un mes la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, reveló que el PBI de los 28 países de la comunidad es un 2,3% más grande si se le suman los beneficios de la prostitución y del tráfico de drogas. La ONU también alerta que en 2014 las hectáreas cultivadas con amapola en Afganistán crecieron un 7% y que la producción de opio aumentó un 17 por ciento.

Conviene recordar que Estados Unidos mantiene desde 1999 el Plan Colombia, con un enorme despliegue de bases y de militares para supuestamente combatir el narcotráfico. El Plan Mérida, en México, cumple funciones similares desde 2008. Afganistán fue invadido por tropas estadounidenses y de la OTAN en 2001. 

Tiempo Argentino

Noviembre 14 de 2014

Ilustró Sócrates