"Hace 25 años que estamos en Colombia –dice el asesor para Asuntos Humanitarios y de Paz de la ONG holandesa, de visita en Tiempo– y ocho en que tratamos específicamente la cuestión minera, tanto desde el aspecto de la seguridad humana como de los Derechos Humanos."
–¿Qué los llevó a interesarse en esa cuestión?
–Hace más o menos unos 12 años el gobierno de Álvaro Uribe tomó la decisión de reprimarizar la economía colombiana y nos volvimos dependientes de nuestras exportaciones de carbón y petróleo y de níquel en la costa, más las expectativas de grandes explotaciones de oro en la Cordillera de los Andes. Abrieron las puertas a las grandes mineras internacionales, algunas de ellas con una reputación bastante discutible, y hoy el 54% de las exportaciones de Colombia es petróleo y carbón y el café pasó a un segundo nivel.
–Ustedes elaboraron un informe sobre el apoyo de las multinacionales mineras a los grupos paramilitares en el que entrevistaron a víctimas e incluso a mercenarios. ¿A qué conclusiones llegaron?
–Las primeras explotaciones fueron en la zona del Caribe, al norte del país, y se van expandiendo a Catatumbo. Todo es cerca de la frontera con Venezuela. Esto ha generado una serie de problemas sociales y la conformación de grupos paramilitares. Tenemos denuncias y pruebas de que algunas de estas empresas, la Glencore, Prodeco y la Drummond, financiaron y apoyaron a un grupo paramilitar, el Frente Juan Andrés Álvarez, que generó más de 2600 muertos, miles de desaparecidos y casi 59 mil desplazados, campesinos que tuvieron que salir de la región corridos por la violencia.
–El año pasado hubo marchas y huelgas de campesinos de Catatumbo, ¿Tienen que ver con eso?
–No, esos eran campesinos cocaleros, pero algunos están pensando que también ellos se salgan de esa zona para apoderarse de la explotación. Venezuela tiene de ese lado mejores vías de comunicación y podría facilitar la salida al lago Maracaibo de la producción, lo que reduciría los costos del trasporte.
–Caracas denuncia acciones paramilitares en la frontera.
–La producción de carbón permitió una gran concentración de paramilitares y los venezolanos denuncian que hay infiltración y que alguna fue con fines de atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.
–¿Los grupos fueron financiados por las empresas?
–Fueron apoyados por las empresas pero luego tomaron su propia dinámica y lograron una enorme influencia en la política local. Hay acciones de control social pero también de expoliaciones, fundamentalmente de la tierra.
–¿Quiénes las conforman?
–Hay mercenarios de EE UU que han participado. Hay una persona muy especial, James Adkins, que fue jefe de la base de la CIA de los Contras en Honduras y después responsable del departamento de seguridad de la Drummond y en la embajada de EE UU
y terminó como asesor militar en Irak. De estas personas hay varias, veteranos de la guerra de Irak contratados como asesores y técnicos, pero también colombianos.
–¿Qué pruebas tienen que los relacionen con las empresas?
–Hay denuncias y declaraciones orales y por escrito bajo juramento de campesinos, líderes paramilitares y antiguos contratistas de las empresas mineras. Según las denuncias, los paramilitares iban a la empresa, comían allí y recibían financiación a través de los contratistas. El problema es que hubo abogados no relacionados con nosotros que hicieron demandas en juzgados estadounidenses para pedir reparación a las víctimas. Perdieron en primera y segunda instancia en tribunales en Atlanta. Los jueces dicen que no hubo relación directa entre las casas matrices con los paramilitares. Pero sí la hubo de parte de los administradores locales. Es un mecanismo utilizado por otras empresas.
–Una de ellas es la bananera Chiquita Brands, que viene ganando en otros tribunales estadounidenses donde fue demandada por apoyar a paramilitares en Colombia.
–Lo más grave es que están utilizando contrademandas contra los abogados que los están demandando. Están unificando una misma estrategia para acallarnos y que no podamos seguir demandando para implicarnos en causas por conspiración bajo los términos de la Ley Rico (Una ley federal del año 1970 para combatir la extorsión por parte de organizaciones criminales. RICO es la sigla en inglés para "ley contra las organizaciones corruptas y de influencia mafiosa"). Allá es una figura muy grave. Queda latente la amenaza de demandarnos si insistimos en la denuncia. El hecho es que si no lo denunciamos la situación sigue o empeora, no nos podemos callar.
–¿Las multinacionales financian a autoridades políticas?
–Hay un maridaje de las elites locales con las empresas, algunos de los directivos son sobrinos, primos, tíos, hermanos de los políticos locales que manejan los gobiernos departamentales.
–¿Hacen algún tipo de acciones para mostrar otro rostro ante la sociedad?
–Ahorita han tenido que contratar periodistas y relaciones públicas porque el mayor éxito de ellos era invisibilizar la situación. Para que no se supiera nada de lo que pasaba. Lo que hemos hecho fue visibilizar su lado oscuro.
–¿Este tema no forma parte del dialogo de paz en La Habana?
–No. A Cuba llevaron a algunas de las víctimas del conflicto, pero no a las de las multinacionales. Nosotros creemos que estas multinacionales son responsables, les tienen que decir a las víctimas la verdad, los tienen que reparar y les tienen que dar una garantía de no repetición. La exigencia de nosotros es que por lo menos se reúnan con las víctimas. No se puede hablar de acuerdos de paz si hay situaciones como es el caso del departamento del Cesar, con una población de un millón de habitantes donde hay 403 mil víctimas registradas, el 40%. Nosotros creemos que el tema de las victimas tendría que tener más peso en esas conversaciones. Y que hay una responsabilidad social, política, judicial y también de los empresarios en la financiación del conflicto que no se ha tocado mucho. Me llamó la atención que en Argentina se empezó a investigar a los empresarios que se enriquecieron con la dictadura. En el caso de Colombia la guerra fue una forma de acumulación primaria y secundaria y lo sigue siendo. Se habla de cárcel para guerrilleros, para los militares, pero no ha habido un juzgamiento a los empresarios. El Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Santos, Sergio Jaramillo, habla de 13 mil empresarios que se beneficiaron de la guerra. Es un tema latente que va a tener que salir.
–¿Tienen miedo por represalias en relación con el trabajo que están haciendo?
–La sociedad civil quedó muy destruida, fue muy golpeada por asesinatos, desapariciones, hubo muchos delitos sexuales. Y aún queda terror en la población, personas que requieren asistencia social, hay familias muy traumatizadas y les estamos dando asistencia jurídica para su reclamación. Pero el temor es a la criminalización de la protesta social, a que empiecen a juzgar y condenar a los dirigentes sociales y a los que de alguna manera protesten contra esas formas de minería. A eso le tengo más temores que a la muerte.
Tiempo Argentino
Mayo 17 de 2015
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