A 40 años del golpe en Chile

De cara a la renovación presidencial, el escenario para la elección que coincide con los 40 años del golpe de Estado que terminó brutalmente con la experiencia del gobierno democrático de Salvador Allende muestra que el 11 de setiembre de 1973 sigue latente como nunca en la sociedad chilena. Y, de alguna manera, la huella trágica de aquel momento también permanece en el resto de América Latina, que alguna vez vio en el proceso que se desarrollaba en ese país un prolegómeno de lo que finalmente ocurrió en el Cono Sur.
La prueba de que ese pasado no se termina de ir es que los tres principales proyectos políticos que se enfrentarán en las presidenciales del 17 de noviembre tienen un fuerte anclaje en aquel suceso histórico. La favorita, Michelle Bachelet, es hija de Alberto Bachelet, un general de aviación constitucionalista que murió luego de una sesión de torturas en 1974. El padre de Evelyn Matthei, la representante de la derecha, integró la junta militar de la dictadura y era el jefe del centro de detención donde murió el padre de la ex presidenta. El tercero con mayores proyecciones, de acuerdo con las encuestas, es Marco Enríquez-Ominami, hijo biológico de uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, asesinado en 1974 por los militares. Su madre rehízo su vida junto con el dirigente socialista Carlos Ominami.
Otro factor que muestra la persistencia del pasado reciente es que el trasfondo de la lucha que se dirimirá en un par de meses es el debate entre esquemas instalados desde la dictadura militar. Chile, que mantiene los grandes lineamientos del neoliberalismo, es uno de los países más inequitativos del mundo. «De modo muy general, las cifras muestran que, en promedio, la participación de los estratos más ricos en el ingreso total del país es alrededor del doble de la participación media que se verifica en los otros 20 países de la muestra», resume un estudio presentado a principios de año por un equipo de la Universidad de Chile bajo el sugestivo título de «La parte del león: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile».
El puntal que implantó Pinochet fue la liberación total de la economía siguiendo los dictados de la Escuela de Chicago. De hecho, el impulsor de esa corriente monetarista, Milton Friedman, visitó Chile en 1975, cuando sus discípulos ocupaban los máximos cargos en el área económica del país. Un año más tarde, recibió el premio Nobel de Economía. Sus influencias no tardarían en llegar a la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y los Estados Unidos de Ronald Reagan. Pero el primer experimento había sido Chile.
La concepción social y política de Allende fue el núcleo de lo que la dictadura militar se propuso eliminar a sangre y fuego de la agenda de los chilenos. No en vano el golpe había sido preparado desde el momento en que el médico socialista ganó las elecciones por el mismísimo secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, la CIA y las grandes multinacionales, según corroboran documentos de la época desclasificados por Washington.

Autoritarismo con proyecto
Enríquez Ominami acaba de cumplir 40 años y en la última elección logró, con una nueva agrupación política, el 20% de los sufragios, resquebrajando el bipartidismo instaurado por la Constitución pinochetista. «A partir del 11 de setiembre de 1973 millones de personas fueron perseguidas y marginalizadas, expulsadas de sus trabajos, convertidas en parias sociales. Miles fueron encarcelados, exiliados, torturados, asesinados. El otrora poderoso movimiento sindical fue destruido, las colectividades políticas fueron prohibidas y reprimidas y la vida cultural quedó amordazada. Se intentó reescribir la historia de Chile, presentar como real un país inexistente en la práctica pero anclado en los deseos de unos pocos, mediante una narrativa sectaria y excluyente. La desconfianza entre los individuos y los grupos pasó a ser el clima imperante. La arbitrariedad su norma», recuerda el candidato por el Partido Progresista (PRO).

Tomás Moulian es sociólogo y politólogo. Integró el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), uno de los partidos que formaban la Unidad Popular (UP), alianza que llevó al poder a Allende. También fue precandidato por el Partido Comunista Chileno (PCCh) en 2005. Docente universitario y autor de varios libros, entre ellos Socialismo del siglo XXI: la quinta vía, El consumismo me consume y Contradicciones del desarrollo político chileno, 1920-1990, considera que aquel 11 de setiembre de 1973 «no fue un acontecimiento de esos que se desvanecen en la historia» y caracteriza al pinochetismo como «una dictadura con proyecto». Un proyecto en el que, ironiza, «hemos sido profetas del exceso». «El programa de reconversión capitalista sólo podía realizarse en el Chile de esa época con una dictadura, pues necesitaba aniquilar al movimiento obrero y a los partidos de izquierda».

¿Cómo pudo ocurrir algo así en una sociedad que se mostraba como ejemplo de democracia y respeto por la voluntad ciudadana para todos los países vecinos? Eduardo Rojas, a los 30 años, era vicepresidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) y militaba en el MAPU. Trabajador portuario entonces, hoy sociólogo, hace 35 años que vive en la Argentina, donde dicta clases en la Universidad Nacional de San Martín. Autor de Memoria de la izquierda chilena junto con Jorge Arrate, sostiene una explicación un tanto inquietante. «Había una transformación subterránea que venía tal vez desde lo profundo de la historia de Chile y no nos dimos cuenta. Nosotros creíamos que el país caminaba hacia el socialismo y la gente se estaba haciendo fascista. El golpe no fue minoritario, tuvo un apoyo notable de la población, había una trasformación de la cultura, del modo de vida, lo que contribuyó a que la dictadura anclara en la sociedad y pudiera transformar no sólo la economía en el sentido neoliberal sino la política y el sistema político, algo que aún se mantiene».

Si en algo hay plena coincidencia de todos los entrevistados es en el carácter individualista y marcadamente economicista que invadió a la sociedad chilena a partir del golpe. Alfredo Troncoso, manager y representante artístico de los grupos más emblemáticos de la música chilena (Inti Illimani y Quilapayún), lo señala con un ejemplo: «Pinochet dijo que quería que todos los chilenos tengan uno o dos televisores y un auto. No pensó en que los chilenos deberían ser buenas personas, gente solidaria».
Con la vuelta de la democracia, en 1990, la dirigencia política aceptó un sistema bipartidista y una constitución amañada por los militares para cuidarse las espaldas luego de las violaciones a los derechos humanos cometidas en 17 años en el poder. Pero fundamentalmente para preservar los privilegios que las clases dominantes habían recuperado en aquel aciago 11 de setiembre. Tan es así que los sucesivos gobiernos de centroizquierda (encarnada por la Concertación), y el actual mandato del conservador Sebastián Piñera firmaron acuerdos de libre comercio con 58 países. Además Chile integra, junto con Perú, Colombia y México, la Alianza del Pacífico, el bloque regional más cercano a Washington. Los sucesivos gobiernos democráticos mantuvieron, además, eso que los economistas llaman «fundamentals», al punto que el PBI chileno fue aumentando a un promedio de poco más del 4% anual desde 1991 en adelante y el país tuvo un ingreso per cápita de 18.419 dólares el año pasado, una cifra que lo acerca al de las naciones desarrolladas –según se entusiasman los voceros de la derecha–, pero de esa riqueza, el 60% queda en manos del 20% más rico de la sociedad. El combate contra la desigualdad fue, efectivamente, el eje del gobierno allendista.

Obreros y pingüinos
La dictadura prohibió y persiguió la actividad gremial. Sin embargo, en 1988 se constituyó la Central Unitaria de Trabajadores. Nicolás Rojas Scherer es magíster en Ciencia Política por la Universidad Diego Portales y comenta que «el movimiento obrero chileno, que fue el pilar de la Unidad Popular en los 70, quedó desarticulado por la dictadura a través de las leyes laborales de José Piñera (ministro de Pinochet y hermano del actual presidente). Hoy, apenas el 5% de los trabajadores está sindicalizado». Sin embargo, en los últimos años tanto la CUT como los profesores, el servicio público y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que nuclea a trabajadores estatales, plantearon movilizaciones y reclamos. Sólo que quedaron invisibilizados porque fueron muy poco numerosas. La primera huelga general de la CUT fue en agosto de 2003, cuando ocupaba al Palacio de La Moneda el socialista Ricardo Lagos.
Recién en 2006, cuando Bachelet estaba asumiendo la presidencia, se produjo la multitudinaria Revolución Pingüina, por el uniforme de los estudiantes secundarios, protagonistas de la movida. Fue el primer hito en una demanda que ya es histórica y que pone de relieve esos resabios de la dictadura enquistados en la sociedad. A ellos se sumarían los universitarios, que desde hace dos años rescatan lo mejor de ese Chile aplastado con las botas en 1973. De hecho, Andrés Fielbaum, el actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), recupera el legado que dejó Salvador Allende para las nuevas generaciones y sobre todo para los jóvenes. «Hay que recordar que Allende da su discurso de triunfo el 4 de setiembre de 1970, desde el balcón de la FECH, que no es el de hoy día –aclara Fielbaum, quien integra la agrupación Izquierda Autónoma–, lo que de alguna manera mostró la alianza férrea que existía entre los estudiantes de la universidad, los obreros y el gobierno popular».
Las masivas movilizaciones de los estudiantes fueron sumando adhesiones tanto entre los universitarios como en el resto de la sociedad. Es que de la mano del reclamo por una educación gratuita y de calidad se fue destapando el aspecto más perdurable del pinochetismo: la privatización de los aspectos esenciales de la vida humana. En ese contexto, la educación apareció en primer lugar quizás porque, como analiza Fielbaum, «las nuevas camadas de la sociedad no tienen ese miedo que dejó la dictadura en los que vivieron aquellos días en carne propia».
La política educativa de Pinochet consistió en estructurar un sistema privado que se paga con créditos familiares, lo que impide que los más pobres tengan las mismas oportunidades y, para peor, hipotecó el futuro de millones de personas.
Por eso las marchas estudiantiles calaron tan hondo en Chile. Porque pusieron el dedo en una llaga que llevaba décadas oculta en los pliegues de la memoria. Porque el sueño de crecimiento a partir de la educación de los hijos, aunque sea al precio de un endeudamiento familiar, fue dejando sólo hilachas cuando el «mercado» no pudo satisfacer las necesidades de empleo y buen vivir acordes con el esfuerzo realizado.

De tal manera que cuatro décadas más tarde, la gestión y, sobre todo, el compromiso de Allende aparecen como un ejemplo que muy pocos pueden sustentar en cualquier disciplina. «Más allá del proyecto político, un aspecto muy destacable de su presencia en la historia política y en la sociedad chilenas hasta hoy es su congruencia, su sacrificio personal, contrastado esto con la impresión que la gente tiene, no sólo en Chile sino en el mundo entero, sobre la deslealtad de los dirigentes políticos», señala Carlos Parker, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Chile y ex embajador de Bachelet en Rumania y Bulgaria. Parker, quien a los 17 años compartió cárcel en un campo de concentración de la Isla Dawson con los ministros del derrocado mandatario a raíz de su militancia en la escuela secundaria, destaca que «Allende llevó su proyecto político, su convicción, hasta el final, hasta la muerte».
Rojas recuerda haber estado presente en una reunión con Allende y otros dirigentes partidarios a quienes les adelantó: «Camaradas, de este lugar a mí no me van sacar vivo». Y, según cuenta el docente e investigador en la UNSAM, el mandatario les mostró una metralleta que tenía guardada en su escritorio. «Nos dijo “Yo voy a morir combatiendo, no voy a ir al exilio, voy a morir aquí”», recuerda. «Fue muy consecuente, se hizo cargo del hecho de que él creía, a fondo, que lo único que justificaba la política de izquierda era la posibilidad de una transformación socialista y democrática». Enríquez-Ominami, por su parte, sostiene que el gobierno del cirujano socialista «encarnó los anhelos de justicia social, progreso democrático, independencia nacional y desarrollo económico al servicio de las mayorías». Y señala que «la huella dejada por Allende es un ejemplo de ética política, integridad personal, dignidad republicana, consecuencia democrática. Por su lealtad a los trabajadores, su vocación por los débiles y desposeídos ante los embates del gran capital y su valerosa independencia frente a los poderes mundiales».
Aquel período histórico que va desde el 4 noviembre de 1970 al 11 de setiembre del 73 es todavía objeto de estudio en todas las academias del mundo. Para los chilenos de hoy, es tanto una huella como un horizonte.

Etapas, candidatos y renovación generacional

La historia política de Chile se puede dividir en un período que va desde 1938 a 1973, que partió de una sociedad estructurada políticamente en tres fracciones (derecha, centro e izquierda), y la era que nace con la restauración democrática, en 1990.
Hasta la llegada de Salvador Allende al poder, se fue conformando un sector más conservador y otro progresista. Así, la Falange Nacional –luego Democracia Cristiana–, y el Partido Radical fueron los grandes protagonistas, con un Partido Comunista y otro Socialista que representaron a los sectores de la izquierda algunas veces en un frente común, como el que llevaron entre el 38 y el 41, y en otras ocasiones, en forma separada. Hasta la crucial elección del 73, que ganó la Unidad Popular, una coalición que se nucleó detrás de Salvador Allende con el PS, el PC, el MAPU y otras agrupaciones menores, junto con las centrales sindicales y las federaciones estudiantiles. Todo eso quedó trunco el día del golpe.
La Concertación, que gobernó entre 1990 y 2010, está conformada por partidos de centro como la Democracia Cristiana, y de izquierda como el PS. En abril pasado se conformó la Nueva Mayoría, que a los miembros de la Concertación añade el PCCh, el Movimiento Amplio Social (MAS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), e Izquierda Ciudadana (IC). Presenta como candidata a Michelle Bachelet.
Desde los 90, los partidos de la derecha están representados por la Unión Demócrata Independiente (UDI), también llamados «gremialistas» por su origen en un movimiento estudiantil en la Universidad Católica en los 60, que son los más cercanos al pinochetismo; y la Renovación Nacional (RN), al que pertenece Piñera. Integran para esta elección la Alianza por Chile, que lleva como candidata a Evelyn Matthei.
Esta vez hubo un verdadero récord de inscriptos para la presidencia. En las boletas electorales también figurarán Marcel Claude, por los partidos Humanista e Izquierda Unida; Ricardo Israel, del Partido Regionalista de los Independientes; el economista Franco Parisi; el ex DC. Tomás Jocelyn Holt; Roxana Miranda, del Partido de la Igualdad y líder de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales; y Alfredo Sfeir, del Partido Ecologista.
El dato relevante es la participación de los jóvenes. Y así como Camila Vallejo es candidata a diputada del PC en Nueva Mayoría, también figuran por ese espacio Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, que ganó la primaria con una alta votación.
Giorgio Jackson, otro líder juvenil que viene de la FECH, es candidato independiente, creador del movimiento Revolución Democrática. Jackson tuvo su bautismo de fuego cuando protagonizó una campaña para votar en contra de Cristian Labbé, que fue brazo derecho de Pinochet y estuvo como alcalde del distrito capitalino de Providencia, desde donde defendió no sólo sus políticas económicas sino la represión contra los militantes populares.
Otra agrupación, Izquierda Autónoma, lleva a una diputación a Gabriel Boric, que fue presidente de la FECH en el 2012; Francisco Figueroa, que ocupó ese cargo en 2011; y Daniela López, ex presidenta del centro de estudiantes de la Universidad Central.
El problema, para muchos de estos jóvenes, piensa Fielbaum, es que «son capaces de hacer tomas de edificios escolares y de marchar en las peores condiciones pero muchas veces no son capaces de levantarse temprano un día para ir a votar». Otro resabio de la dictadura que está en proceso de cambio.

Programa popular

Tomás Moulian resumió para Acción un detalle de las medidas que caracterizaron la gestión de Allende y que aún hoy resultan revolucionarias: «Nacionalización del cobre sin pago de indemnizaciones a las grandes compañías estadounidenses, estatización de la banca a través de la compra de acciones. También la expropiación o intervención de algunas de las principales empresas monopólicas, formando el Área de Propiedad Social, finalización del latifundio improductivo a través de la Reforma Agraria, estímulo a la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas». Este programa de gobierno se conoció como «Primeras 40 medidas del Gobierno Popular» y fue luego el eje de los ataques más concentrados y despiadados de la dictadura. Entre las principales medidas allendistas figuraban algunas destinadas a la transparencia del gobierno y a la lucha contra la corrupción en las instituciones. Pero las más eran de tipo social, como la jubilación y la previsión social para los mayores de 60 años, la protección a las familias, la igualdad en las asignaciones familiares.
«El niño nace para ser feliz», dice la número 12, y es ya toda una definición, porque además, promete dar «matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica». En relación con la infancia, a la copa de leche se sumaba el almuerzo «a aquellos cuyos padres no se lo puedan proporcionar» y los consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones.
El plan social incluía la medicina gratuita para todos y una reforma agraria «de verdad», destinada a «medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos». A los campesinos les prometió crédito agrario pero también mercado para la totalidad de sus productos. Un punto clave es la medida número 30: «No más amarras con el Fondo Monetario Internacional». Al organismo de crédito le anunciaba que iban a «deshauciar los compromisos» y a la sociedad chilena, que terminarían «con las escandalosas devaluaciones del Escudo».
¿Cómo plantarse de aquí al futuro? Para el sociólogo no hay alternativa: se debe perfeccionar la democracia representativa; generar mayores instancias de participación, «en especial a nivel de municipios y regiones, para tender hacia una democracia mucho más participativa; que se promuevan políticas sociales, mejorando la salud pública y las asignaciones de viviendas a sectores populares y capas medias; que se aumente de manera realista la participación del Estado en la economía, en especial en funciones de control; que se creen empresas públicas en sectores donde se necesitan fuertes protecciones medioambientales, relacionados con la energía y con el agua».
Moulian, en pocas palabras, pide que tras esta gestión del empresario Sebastián Piñera y luego de cuatro años de la centroizquierda, un nuevo gobierno acabe con el «neoliberalismo corregido» que se aplicó entre 1989 y 2009. El docente de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) aspira a que en Chile se terminen los resabios dictatoriales que aún hoy rigen la economía del país. En el fondo, recuperar lo mejor de los viejos tiempos allendistas.

 

Revista Acción

Setiembre 1 de 2013