Acaba de cumplir 60 años. Ya no es el delfín de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del Apra, ni representa una esperanza de cambio para los peruanos. Más bien, desde hace algunas semanas Alan Gabriel Ludwig García Pérez trata de que una nueva crisis política no se lleve por delante su segundo capítulo en el Palacio Pizarro, la sede del gobierno en Lima. De modo que los próximos dos años prometen ser a pura adrenalina para este abogado y sociólogo doctorado en Madrid y París. Su mayor temor es repetir aquellos años finales de los 80, cuando acosado por la hiperinflación, intentó estatizar la banca y terminó en el desprestigio, acosado por el establishment financiero. Esa vez, terminó calzando la banda roja y blanca a Alberto Fujimori, protagonista de una retahíla de iniquidades que aun hoy continúan saliendo a la luz. Ahora, si se dieran ciertas circunstancias, quizás termine cruzando la banda en la hija del inverosímil ex mandatario.
Fujimori fue condenado recientemente a otros siete años y medio de prisión por haber «indemnizado» ilegalmente en 15 millones de dólares al hombre fuerte de su régimen, el temible Vladimiro Montesinos. Hace algunos meses había sido sentenciado a un cuarto de siglo de cárcel por delitos de lesa humanidad. A pesar de estos antecedentes, su hija Keiko, quien terminó siendo la Primera Dama peruana tras el escabroso divorcio de Fujimori, obtendría hoy el 20 por ciento de los votos, según una encuesta realizada por Ipsos Apoyo. Como datos adicionales convendría decir que El Chino, como se lo conoce, está acusado de haber robado alrededor de 1.200 millones de dólares, según estima el procurador anticorrupción José Ugaz, y que hay pruebas de que su hija pagó sus estudios en Nueva York con dineros del Estado.
En todo caso, la saga de los Fujimori es una anécdota menor para García Pérez, quien de acuerdo a los últimos sondeos viene cayendo en picada en la aceptación pública. Sobre todo desde que se agudizó la encarnizada protesta de las comunidades indígenas del Amazonas peruano, que desde hace décadas reclaman por la posesión de las tierras que ocupan ancestralmente. El caso se cobró la vida de 34 personas –24 policías y 10 aborígenes– a principios de junio y puso en crisis al propio gobierno, que se vio en la necesidad de encarar un profundo cambio de gabinete para enfrentar estos dos duros años hasta que finalice el mandato.
Fue así que Yehude Simon dejó su cargo de Primer Ministro tras nueve meses de gestión. Había asumido para aventar otra crisis, desatada por lo que se conoció como el escándalo de los petrodólares, que trascendió tras la difusión de conversaciones telefónicas de un lobista con llegada al presidente para la concesión de lotes petroleros a una empresa noruega. Rómulo León Alegría, el lobista en cuestión, se mantuvo prófugo, fue capturado, obtuvo la libertad domiciliaria, pero lo volvieron a detener y está a la espera de que la justicia abra oficialmente una computadora personal en la que habría pruebas comprometedoras del escándalo.
Oscuros recursos
Olor a petróleo y sabor a recursos naturales tiene esta crisis en la selva. Y se fue macerando por décadas sin que las autoridades centrales tomaran nota de que más temprano que tarde deberían enfrentar la dura realidad de que hay un problema irresuelto en el camino que alguna vez emprendió el bárbaro conquistador Lope de Aguirre.
Pedro Tenorio, en la edición peruana de Poder 360º, señala que «a nivel nacional existen 273 conflictos sociales y que casi la mitad (128) corresponden a temas socioambientales relacionados con la explotación de recursos naturales». Lo más dramático es que entre junio y diciembre del 2008 la cifra de disputas pasó de 138 a 200. En una profunda investigación de la misma publicación –que no podría catalogarse como de izquierda– se recuerda que recién a mediados de los 70 «el Estado peruano reconoció por ley la existencia de los pueblos amazónicos y de sus derechos constitucionales como ciudadanos».
A partir de ese momento comenzaron a exigir la escrituración de sus tierras como propiedad privada y colectiva. Fue en este contexto que nació la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) una ONG que cuenta entre sus líderes a Alberto Pizango Chota, quien aparece ahora comandando la revuelta de Baguá al norte de Lima y cerca de la frontera con Ecuador y pidió asilo político en Nicaragua. Alan García Pérez señaló que detrás de sus acciones estaba la mano de otros gobiernos que «quisieran imponer el modelo político de algunos países de Sudamérica que llevan a la pobreza y la miseria». El enfrentamiento con Hugo Chávez es histórico. Ahora le agregó, hasta ubicarse al borde de la ruptura diplomática, a Evo Morales.
«Ese modelo se impone por la fuerza, tumba presidentes, llama a una Asamblea Constituyente, instala la reelección perpetua y cierra medios de comunicación», abundó en la ceremonia del cambio de gabinete. Lo que no dijo entonces es que como parte de la confrontación con las comunidades de Baguá cerró una emisora (ver recuadro) e inicio la persecución de otras radios que daban cabida a la voz de los originarios.
Escrituras
Tampoco dice el ex paladín de la confrontación con los poderes financieros internacionales que el lentísimo ritmo de regularización de tierras se fue paralizando y que con la reforma constitucional de Fujimori de 1993 se eliminaron garantías fundamentales para la propiedad comunal, lo que permitió la rápida enajenación de territorios que pertenecían a diversas etnias. Tan es así que en la actualidad hay, según el trabajo de Poder 360º, unas 3.800 comunidades de nativos y campesinos a orillas de los ríos que desembocan en el Amazonas sin posibilidades ya de acceder a la posesión formal de territorios que ocupan desde tiempos inmemoriales.
No solamente eso: estas comunidades se saben «descendientes de una extensa civilización adaptada al bosque tropical amazónico que data de hace miles de años», como indica Richard Chase Smith, doctorado en antropología y lingüística por la Universidad de Cornell e integrante de la ONG Instituto del Bien Común. Un dato no menor, ya que en el siglo pasado, «mientras los políticos en Lima promovían la conquista de la Amazonía como deber nacional, los pueblos indígenas sufrieron la invasión masiva de colonos que se apoderaron de sus tierras ancestrales. Esta experiencia traumática ha dejado huellas profundas: un arraigado sentido de inseguridad sobre sus tierras y recursos naturales y una desconfianza generalizada frente a los políticos del gobierno y los intereses económicos externos», remata el catedrático estadounidense.
Sobre este molde se insertó la implementación del TLC con Estados Unidos, firmado en 2006 por el gobierno de Alejandro Toledo pero aprobado con fervor por el Congreso como una política de Estado incontrastable. Y esos acuerdos promueven la inversión sin obstáculos. García Pérez dijo claramente cuál es el concepto básico para los Decretos Legislativos que fueron brutalmente rechazados en Baguá: «Hay tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Es gente que se opone al desarrollo del Perú». Los DL permitían vender grandes extensiones para explotaciones industriales. Sin considerar que no eran tierras abandonadas sino que allí vive gente. Nada menos.
El TLC es también una vía para la recepción de inversiones de otros países que no son precisamente prósperos. Lo que seguramente explique el visceral rechazo de García Pérez a comulgar con los gobiernos más progresistas de sus alrededores. Porque hay capitales bolivianos y ecuatorianos que planean migrar al Perú para beneficiarse del Tratado de Libre Comercio con Washington y de los acuerdos similares que Lima está firmando con otras naciones. Los más interesados en desplazarse son industriales textiles que se vieron afectados por la suspensión de beneficios arancelarios otorgados por Estados Unidos a Bolivia.
Alan García entregó el gobierno, en 1990, con un 2,178 % de inflación y tras cambiar dos veces la denominación de la moneda. Pero también luego de La Matanza de los Penales, una masacre en la que murieron 300 reclusos pertenecientes al grupo Sendero Luminoso, salvajemente reprimidos por fuerzas policiales y militares. No son pocos los que temen en Baguá el germen de más derramamientos de sangre.
Revista Acción
1 Agosto 2009
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