Fue la principal promesa de su campaña para llegar a la primera magistratura. Y, viniendo de un hombre de la Iglesia que había participado en los movimientos sociales de San Pedro, una de las regiones más pobres de Paraguay, era para creerle.
Justamente por eso, quizás, desde que Fernando Lugo llegó al poder, con una débil alianza política que le permitió derrotar al Partido Colorado, su principal lucha es contra un establishment decidido a no perder ninguno de los privilegios que construyó a lo largo de más de un siglo. Fundamentalmente desde la caída de Francisco Solano López, en 1870, que significó la destrucción del por entonces más desarrollado país de la América del Sur en manos de una coalición trinacional argentino-uruguayo-brasileña con apoyo de las potencias más importantes de la época.
Porque hasta ese momento, y desde 1810, Paraguay había ido construyendo, primero con José Gaspar de Francia y luego con los López, padre e hijo, una nación en que la tierra era un bien estatal, y su explotación se hacía en forma socializada.
Tras la derrota de Solano López, el país quedó devastado y los gobiernos que siguieron –absolutamente maniatados por sus vecinos más poderosos– fueron entregando las mejores tierras a inversores de todo el mundo a cambio de poco y nada. En 1880, por ejemplo, el 95% del territorio fue puesto a la venta para «honrar» deudas de la Gran Guerra. Y hacia 1900, 80 familias eran dueñas de la mitad del territorio cultivable.
Recién con la Revolución Febrerista, en 1936, se pondría en marcha un primer intento de reforma agraria, aunque no logró objetivos demasiado persistentes, ya que el general Rafael Franco duraría año y medio en el poder. En ese lapso se entregaron unas 200.000 hectáreas, apenas el 10% del plan original. Datos actuales indican que el 80% de las tierras están en manos del 2% de la población. Y que ese despropósito se terminó de consolidar durante los años de Stroessner en el poder, que «regaló» latifundios entre sus amigos.
La polémica
El presidente Fernando Lugo, en sus primeros seis meses de gestión, intentó cumplir su compromiso con la reforma agraria beneficiando inicialmente a 2.000 de las 300.000 familias campesinas pobres sin tierra. Su propuesta pasa por la compra de latifundios por el Estado a precio de mercado. En todo caso, a un precio que no implique considerarse que se trata de una expropiación y una enajenación de bienes, con lo que la controversia podría alcanzar peleas en estrados internacionales.
Alberto Alderete es el director del estatal Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), un ente encargado de poner en práctica la reforma agraria. Es, entonces, uno de los principales blancos de la crítica opositora, que lo sometió a una agresiva interpelación en el recinto de Diputados. Fue, por tal razón, el primer acusado luego del anuncio de que irían a comprar unas 22.000 hectáreas a un productor brasileño en algo más de 30 millones de dólares.
«En los departamentos de San Pedro y Kanindeyú fueron asentadas las familias más necesitadas con la asistencia gubernamental en salud pública y educación
–explicó el funcionario, de origen socialista– y para fines de este año tenemos previsto ubicar en sus propias tierras a 4.000 familias».
Cada familia recibió un terreno rural de 10 hectáreas a un costo total de 7.200 dólares cada uno. El Indert planea adquirir 1.150.000 hectáreas que actualmente están en manos privadas, principalmente de terratenientes brasileños que cultivan soja, el principal rubro de exportación.
El problema es que el Indert carece de los fondos necesarios para llevar a la realidad las promesas electorales. Y en eso no son ajenos los legisladores de la oposición, que traban cuanto presupuesto se presente en ese rubro. «Necesitamos realizar el catastro nacional de propiedades pero aún no tenemos el dinero suficiente para cubrir su costo», se queja Alderete.
«No son solamente ministros y funcionarios del gobierno quienes están metidos hasta la gorra en esta vergonzosa operación de sobrevaluación de tierras a ser adquiridas por el Estado, sino el mismísimo Fernando Lugo, porque él estuvo atestiguando las conversaciones iniciales», acusan sin demasiado preámbulo en los foros antiluguistas.
En poco tiempo las denuncias contra Lugo –primero por paternidades no reconocidas en su momento y luego por acusaciones de corrupciones en su gobierno– han logrado tensar la cuerda al máximo en su gestión, al punto que si uno se dejara llevar por lo que muestran los medios de comunicación paraguayos, el ex obispo tiene las horas contadas en el Palacio de los López.
Porque el enfrentamiento con su vicepresidente Federico Franco es total, al punto que éste declaró taxativamente estar dispuesto a hacerse cargo del poder en cualquier momento y que rechaza de plano la orientación política que Lugo pretende para su gestión. Franco, por supuesto, está en contra –ahora– de cualquier intento de reforma agraria y en cuanto micrófono encuentra manifiesta su rechazo a la política social que intenta el ex clérigo.
Por eso el anuncio de la compra de los campos de un brasileño, Ulises Rodríguez Texeira, generó polémicas en la Legislatura (dominada por partidos poco amigos de Lugo), la Justicia (un aparato consolidado durante los 61 años de coloradismo) y los medios de comunicación (garantes del status quo). «Se va a pagar por esos campos por lo menos tres veces más de lo que valen. Es un negociado de enormes proporciones a costillas del pueblo» despotricaron al unísono.
«El sector rural siempre estuvo al servicio del gobierno para salir de este atolladero, pero si no hay paz en el campo no vamos a salir nunca de esta problemática», declaró en tono amenazante el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Juan Néstor Núñez, cabeza visible de un enfrentamiento total por el reparto de los recursos. «No tiene ningún sentido que el Estado paraguayo compre una propiedad pagando casi 6.000 dólares por hectárea de terreno aprovechable para laboreo agrícola», argumentó.
Según el hacendado, por grandes productores no piden nada a cambio de su contribución al erario público, «solo que nos dejen trabajar, que nos den la seguridad y la paz en el campo». Luego añadió con precisión que entiende por paz: «Al decir la paz en el campo, estamos hablando de la reforma agraria, que termine de una vez por todas el circo este que tenemos hoy. Acá no hay quien quiera llevar la reforma agraria verdadera».
Como si no fuera suficiente con este frente de combate, en los últimos meses se conocieron varios operativos cometidos por una organización que se conoce como Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), con actividad centralizada en la región de San Pedro, Concepción y Amambay. El grupo habría nacido al calor de las luchas campesinas no mucho antes de que Lugo llegara al poder, pero para muchos su existencia real es un enigma.
Cuestion de armas
El 31 de diciembre de 2008, el EPP se atribuyó el ataque a un cuartel militar de donde robaron armas y provocaron un incendio. La activista Carmen Villalba, presa en la cárcel del Buen Pastor, dijo también que este grupo fue el que colocó una bomba en el Palacio de Justicia en abril pasado. Según estos indicios, el EPP se declara marxista-leninista y reivindica a Rodríguez de Francia y los López. Y reclaman que «Fernando Lugo no defraude la voluntad popular».
El obispo de Concepción y Amambay, Zacarías Ortiz, es otro de los que aseguran que el EPP es una realidad instalada en la región desde hace por lo menos 5 años. El cardenal se animó a denunciar, incluso que si el presidente no lo combate, «es porque no le interesa lo que sucede o también está dentro». Bueno es recordar que Lugo fue expulsado de la Iglesia cuando decidió participar en la lucha política.
Ahora, el EPP es acusado del secuestro de un productor agropecuario, Fidel Zavala, por el que se pidieron inicialmente 5 millones de dólares de rescate. Por supuesto que también esta factura fue para el presidente. Que no había hecho demasiado por evitar las actividades de una célula guerrillera que está acusada de varios secuestros extorsivos. Incluso lo acusaron de tener relación con las Farc colombianas. Que no se había preocupado como correspondía por la aparición del ganadero.
Lugo salió al ruedo de las críticas declarando que sabe muy bien que «Zavala representa una nueva clase de empresarios que con eficiencia y modernidad desarrolla su actividad económica y al mismo tiempo constituye una nueva camada de la dirigencia gremial dentro del sector de la producción pecuaria».
«Mi gobierno no es ni será indiferente ante esta situación, estamos radicalmente en contra de este tipo de acciones que no tienen ninguna justificación humana ni siquiera política», recalcó el presidente.
Mientras tanto, no tuvo la misma difusión un hecho que para las organizaciones de derechos humanos es trascendente. Por esos mismos días las Fuerzas Armadas de Paraguay entregaron a la Justicia sus archivos sobre el terrorismo de Estado y el Plan Cóndor. Son cerca de 200 carpetas que se encontraron en sótanos del ministerio de Defensa donde habría elementos para probar los vínculos de militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay en le represión ilegal durante los años 70.
Revista Acción
1 Noviembre 2009
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